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Abogados de Hipólito Mejía critican SCJ por ‘‘tinte peledeísta’’ en demanda de 5 años contra Wilton Guerrero
‘‘La forma en que este proceso ha sido conducido por la Suprema Corte de Justicia es un reflejo del manejo partidista del mismo, para tratar de salvar al dirigente del PLD, Wilton Guerrero, de una condena inevitable’’, expresó Eddy Olivares, vocero de Mejía
/Edgar Hernández/Eddy Olivares junto a los abogados de Hipólito Mejía: Julio Cury y Jesús Féliz .
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los abogados de Hipólito Mejía criticaron este jueves a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por suspender el rol de audiencia de ayer miércoles, ‘‘sin ofrecer ninguna explicación’’, donde el expresidente conocería la demanda por difamación e injuria contra del senador Wilton Guerrero.
El expresidente Hipólito Mejía introdujo una demanda por difamación e injuria en contra el senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, por considerarse injuriado durante el proceso electoral del 2012.
‘‘La forma en que este proceso ha sido conducido por la Suprema Corte de Justicia es un reflejo del manejo partidista del mismo, para tratar de salvar al dirigente del PLD, Wilton Guerrero, de una condena inevitable’’, expresó Eddy Olivares, vocero de Mejía.
En una rueda de prensa en la que Olivares estuvo acompañado de los dos abogados del exmandatario que siguen el proceso: Julio Cury y Jesús Féliz, se arremetió contra jueces que deberían inhibirse de participar en este proceso.
‘‘Estimamos que este caso se suma a otros, igualmente lamentables, que vienen descalificando a la Suprema Corte de Justicia ante la sociedad y, particularmente, ante los demás jueces del orden judicial para exigirles el cumplimiento de los principios previstos por el Código de Ética del Poder Judicial’’.
El jurista Jesús Féliz señaló de manera directa al juez Frank Soto Sánchez quien, a su juicio, es del ‘‘escuadrón del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)’’.
‘‘La innegable relación política que ha unido al senador Wilton Guerrero con varios de los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia, debió ser un motivo más que suficiente para que se inhibieran, en lugar de obstaculizar la justicia, para intentar impedir la condena del demandado’’, dijo Olivares en nombre de Mejía.
Reclamaron que la SCJ ha desconocido abusivamente los derechos a la tutela judicial, que el artículo 69 de la Carta Sustantiva le reconoce a toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses y, en particular, a una justicia oportuna y a ser oído dentro de un plazo razonable.
La bancada judicial de Mejía recordó que este proceso judicial fue incoado en 2012 con el presidente de la SCJ, Mariano Germán, quien en 2013 declaró inconstitucional el artículo 46 de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, que señala como pasibles de ser autores principales de las penas que constituyen la represión de los crímenes y delitos por vía de la prensa, a los directores y editores de publicaciones.
Ese mismo año Mejía impugnó la decisión de Mariano Germán y se sometió un recurso de casación. ‘‘Es la primera vez que el pleno de la Suprema Corte casa una sentencia de su presiente’’, subrayó Cury. Sin embargo, los jueces le han dado largas a un asunto que debió resolverse en no más de un año, según entienden los juristas.
‘‘A pesar de haber sido apoderada el 26 de abril de 2013 de un recurso de casación interpuesto por el exmandatario contra el Auto No. 18-2013, del 17 de abril de 2013, dictado por su presiente, Dr. Mariano Germán Mejía, la Suprema Corte de Justicia n ovino a fallar el 25 de octubre del 2017, es decir, 4 años y 6 meses después, en violación del artículo 427 del Código Procesal Penal, que le impone un plazo de ‘‘hasta treinta días’’ al alto tribunal para decidir los recursos de casación que en materia penal le son sometidos’’, es el argumento legal que utilizan los defensores de Hipólito Mejía para contextualizar su crítica contra ‘‘la injusticia’’ que, dicen, se está cometiendo en este caso.
acento.com.do
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Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.