Santiago.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago se reservó el fallo de solicitud de medida de coerción contra tres de los implicados en el caso Halcón IV.
Juan de Dios Hidalgo, abogado de uno de los imputados, explicó que el magistrado se reservó el fallo para el jueves debido a que se planteó un incidente de “nulidad del acta de allanamiento”, de los imputados, debido a que el Ministerio Público “cometió una serie de irregularidades”.
Los imputados son Daniel Alfredo Paulino Cáceres, Fernando Divaris Cruz Valerio y Charle Wilson Mosquea Ovalles (Charly), a quienes las autoridades vinculan a la presunta organización criminal que operaba en varias provincias del norte del país.
El órgano persecutor está pidiendo prisión preventiva por 18 meses y que el caso sea declarado complejo.
Sobre los imputados
Daniel Alfredo Paulino Cáceres fue detenido durante la intervención en el distrito municipal Cenoví, en San Francisco de Macorís y se le ocupó 14 paquetes de cocaína, con un peso de 16 kilos; una pistola marca Glock, 9 milímetros, la suma de $994,000 pesos y 3,127 dólares estadounidenses en efectivo.
Mientras que Fernando Divaris Cruz Valerio, fue detenido en otro de los allanamientos en los Cerros de Gurabo en Santiago, incautándole una escopeta calibre 12 milímetros y una pistola 9 milímetros, ambas ilegales.
Por su parte, Charle Wilson Mosquea Ovalle alias Charly, de acuerdo al documento acusatorio, es el encargado de administrar y lavar el dinero proveniente de la venta de sustancias controladas, administrando el punto de drogas de Pekín en esta ciudad, y encargado de guardar las armas de fuego de otro miembro de la red.
Aunque fueron 10 los apresados, sólo a 3 personas se les solicitó medida de coerción. Dentro de los señalados como cabecilla de la red de narcotráfico y sicariato, figura Joel Ambioris Pimentel García (La J), quien ha sido señalado como la persona detrás de las amenazas de muerte en contra de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
Santo Domingo, R.D.-La agresiva política de endeudamiento del Gobierno sigue su agitado curso y La Cámara de Diputados aprobó este jueves, el último día de la legislatura ordinaria, tres convenios de préstamos propuestos por el Poder Ejecutivo que suman en total 160 millones de dólares estadounidenses.
Según indican los documentos de estos contratos, el Gobierno solicitó la aprobación de los diputados para ejecutarlos en la implementación del Plan de Reforma y Modernización del Estado y el mejoramiento de los sistemas nacionales de distribución eléctrica.
Estos préstamos son aprobados antes de marcar el cierre de los trabajos legislativos, que serán reanudados el próximo 16 de agosto con la juramentación del presidente Luis Abinader. Ese día también asumen los legisladores electos y relectos en las pasadas elecciones del 19 de mayo.
Unos 120 millones de dólares
El préstamo más costoso es de 120 millones de dólares, suscrito entre el Gobierno dominicano y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), y estará dirigido al financiamiento del mejoramiento de los sistemas de distribución energética del país.
Se tiene contemplado que esta partida sea enviada a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) para su ejecución.
Dentro de los objetivos específicos se encuentran aumentar la sostenibilidad y eficiencia operativa del sector energético y la reducción de las perdidas eléctricas técnicas en el sistema.
Asimismo, edificar infraestructuras en condiciones sostenibles que no afecten al medioambiente y garantizar el suministro eléctrico ante el crecimiento de la demanda en el territorio nacional.
Este empréstito fue dividido en dos contratos suscritos y depositados en el órgano legislativo en el mismo día, cada uno por 60 millones de dólares. La primera cuota se pagará el 15 de diciembre de 2028 y la última cuota el 15 de junio de 2043. El plazo del préstamo es de hasta 25 años, incluyendo hasta cinco años de periodo de gracia.
40 millones de dólares
Mientras que el otro, que contempla una entrega de 40 millones de dólares, permitirá el desarrollo el Proyecto del Plan de Reforma y Modernización del Estado, correspondiente al Ministerio de Administración Pública (MAP).
La pieza busca con este dinero mejorar la eficiencia, accesibilidad y capacidad de respuesta de los servicios administrativos seleccionados para los ciudadanos y las empresas.
Será amortizado por la República Dominicana mediante el pago único programado para el 15 de noviembre de 2043. El plazo del préstamo es de hasta 20 años incluyendo hasta 19.5 años de periodo de gracia.
Santo Domingo, R.D.-Cincuenta y seis denuncias de fraudes presentó la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) ante el Ministerio Público, los cuales fueron detectados en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en virtud de la competencia que le otorga la Ley 13-20, cuyas irregularidades ya llegan a 288.
Según datos de la TSS, la cantidad de registros fraudulentos identificados asciende a 13,120, lo que representó un perjuicio económico para el SDSS de RD$ 60,870,790.68.
«Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87-01 y sus modificaciones, desde la Tesorería de la Seguridad Social hacemos un monitoreo constante de los registros realizados por los empleadores en el Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR), para poder detectar la evasión, omisión, elusión y el fraude al seguro familiar de salud y denunciar ante las autoridades correspondientes a quienes atentan contra el equilibrio económico y financiero del Sistema a través de la comercialización ilícita del seguro familiar de salud del régimen contributivo”, puntualizó Henry Sahdalá, tesorero de la Seguridad Social.
El Sistema Dominicano de Seguridad Social, a través del régimen contributivo, contempla la cobertura de seguros de salud, vejez, discapacidad y sobrevivencia (pensiones), y riesgos laborales para sus afiliados. En el caso del Seguro Familiar de Salud, también incluye cobertura para los dependientes de los trabajadores registrados.
Santo Domingo, R.D.-La Asociación Dominicana de Profesores (ADP)El fue advertida por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) que no puede proporcionarle los nombres de los docentes que fueron desvinculados y suspendidos por acoso sexual debido a que es una información confidencial, cuya divulgación podría vulnerar el derecho a la privacidad de las personas involucradas.
A través de una comunicación remitida al presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, la cartera educativa dio respuesta a la solicitud que hizo el gremio magisterial de una lista con los nombres de los 32 docentes que fueron apartados del sistema educativo.
El Minerd indicó al colectivo que, aunque comprende su interés en conocer los nombres de los maestros afectados, la Ley General de libre Acceso a la Información Pública No. 200-04; el Decreto No. 130-05 y la Resolución No. 17-2019 consideran esa información confidencial.
El órgano rector del sistema educativo preuniversitario sostiene que es importante proteger los derechos fundamentales de los individuos, incluyendo el derecho a la privacidad.
En la comunicación, el Minerd enfatiza que “mantiene un firme compromiso con la lucha contra el acoso sexual en el ámbito educativo”.
“Contamos con políticas y procedimientos establecidos para prevenir, atender y sancionar este tipo de conductas, y trabajamos constantemente para crear un ambiente escolar seguro y respetuoso para todos los estudiantes y docentes, esfuerzo en el cual siempre hemos contado con la buena disposición de la ADP”, precisa la institución.
En este contexto, el Minerd sugirió al gremio que se dirija al Ministerio Público o a la Procuraduría General de la República para solicitar la información que requiere.
“Estas entidades tienen facultad legal para investigar y procesar casos de acoso sexual, y pueden proporcionarle la información que necesita en el marco de sus investigaciones”, indica la carta.