Nacionales
Denuncian omisiones y falta de respuestas en caso de niña haitiana que murió ahogada.
Santiago, R.D.-Los abogados de la niña haitiana que murio ahogada durante una excursión del colegio donde estudiaba de nombre Leonardo Da Vinci, luego de tres meses y cuatro días de su fallecimiento, cuyo nombre era Stephora Anne-Mircie Joseph, denunciaron un retardo injustificado en las investigaciones del caso y la falta de respuesta a una a una solicitud de medidas de coercion contra otros presuntos implicados no incluido por el Ministerio Público.
Miguel Valdemar y Shesnell Calcaño explicaron que, desde el momento en que se conoció la medida de coerción impuesta a tres profesoras vinculadas al hecho, solicitaron formalmente que se procediera también contra las autoridades administrativas del centro educativo y otros responsables del lugar donde ocurrió la tragedia.
“Desde el día 10 de diciembre que se conoció la medida de coerción contra tres profesoras, nosotros solicitamos ese mismo día una solicitud de medida de coerción para los representantes directos del colegio, dígase el presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci Inc, el director del centro Freddy Núñez y los encargados de la Hacienda Los Caballos”, explicó Valdemar.
Asimismo, indicó que a más de dos meses de haberse conocido medidas de coerción contra tres de las cuatro maestras imputadas, no se han producido avances concretos respecto a esa solicitud, lo que calificó como una dilación procesal injustificada.
“Al día de hoy, lo que se ha hecho es ir rebotando esta solicitud. La jueza de Atención Permanente la refirió al juez coordinador de Instrucción de Santiago y este luego la ha remitido al juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción”, añadió.
Además, advirtió que dicho tribunal no tiene competencia para conocer el caso, por lo que existe el riesgo de que el expediente vuelva a ser remitido sin que se adopte una decisión de fondo.
“Ustedes sabrán que este Cuarto Juzgado en Santiago solamente se dedica a los casos de violencia de género y delitos sexuales, así que lo más seguro es que reboten nuevamente el expediente”, concluyó.
En ese sentido, los abogados aseguran que desde el inicio de este proceso han solicitado al Ministerio Público una serie de diligencias procesales las cuales a pesar de haber notificado formalmente se niegan a dar cumplimiento.
“Hemos solicitado que sean interrogados los niños que participaron en esta actividad para ver su parecer, el video completo de todo lo que pasó, entre otras series de diligencias”, dijo.
El abogado Shesnell Calcaño calificó como preocupante la dilación existente por el Tribunal Constitucional del cual no ha recibido respuesta, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ha sostenido públicamente que no existen retrasos en los procesos judiciales.
“En virtud de precedentes existentes que establece que las víctimas y querellantes pueden solicitar medidas de coerción personales o reales en contra de otros imputados en un caso que no hayan sido incluidos por el Ministerio Público” sostuvo.
Finalmente, los abogados recordaron su compromiso en la consecución de este caso para que este fatídico hecho no vuelva a pasar a ningún otro niño.
“Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestro rol, que es exigir justicia, que se cumpla con toda la parte procesal y que se le dé respuesta a esta familia. Porque lo que pasó con Stephora no puede volver a pasar con ningún otro niño en un colegio, ya sea público o privado” concluyó Calcaño.
Hacienda Los Caballos
En tanto, fueron retirados los letreros de “Cerrado” que permanecían en la Hacienda Los Caballos, lugar donde se realizaba la excursión en la que falleció la menor, pese a que desde la Defensa Civil aseguran que no han recibido ninguna solicitud de reevaluación que permita autorizar la reapertura del establecimiento.
El Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica como medidas de coerción, contra tres miembros del colegio Da Vinci, y dejó en libertad a una de las cuatro presuntamente vinculadas a la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph.
La presentación periódica y la garantía económica fueron impuestas a Yris del Carmen Reyes Adames; Francisca Josefina Tavarez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel, en tanto que, Gisela González, fue dejada en libertad.
El Ministerio Público imputa a las empleadas del colegio bajo la calificación jurídica de homicidio involuntario y negligencia.
Nacionales
SNS reintegra más de cien agentes de seguridad para reforzar servicios en centros de salud
Santo Domingo.– El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que ha iniciado el proceso de reintegración de más de cien agentes de seguridad, militares y civiles, en distintos centros hospitalarios del país, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la protección del personal sanitario, pacientes y visitantes.
Acciones de la autoridad
- La institución explicó que algunos agentes no estaban prestando servicio de manera regular, por lo que, tras coordinaciones con los organismos correspondientes, se dispuso su reincorporación conforme a los centros asignados.
En ese sentido, el director del Servicio Nacional de Salud, Dr. Julio Landrón, informó que este jueves que de los agentes reincorporados, 60 fueron colocados en el Hospital Salvador B. Gautier, más de 30 en el Robert Reid y más de 60 en el Darío Contreras, para reforzar la vigilancia de esos centros hospitalarios.
«Estamos fortaleciendo la seguridad de nuestros centros de salud con la reintegración de agentes que, acorde a sus designaciones, deben prestar servicio en estas instalaciones. Esta medida forma parte de un plan que se implementa en toda la geografía nacional para garantizar entornos seguros para pacientes, familiares y personal sanitario», expresó Landrón.
¿Qué declararon las autoridades sobre la seguridad?
El titular del SNS reiteró el llamado a la población a mantener el respeto dentro de los establecimientos de salud y a evitar cualquier tipo de agresión contra el personal médico y administrativo.
«Exhortamos a la ciudadanía a ser respetuosa y comprensiva con nuestros colaboradores. Cada prestador de servicios de salud trabaja con vocación para ofrecer atenciones de manera humanizada, digna y oportuna», indicó.
Landrón aseguró que la Red Pública de Servicios de Salud continúa implementando estrategias que permitan mejorar la seguridad y la calidad en la atención brindada a los usuarios.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades estadounidenses arrestaron a un supervisor de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) asignado a la oficina en la República Dominicana por su presunta participación en el abuso de un programa de visas destinado a informantes confidenciales.
La detención ocurre después de que la administración del presidente Donald Trump ordenara el cierre abrupto de la oficina antinarcóticos en el país caribeño. Las autoridades calificaron el caso como una “repugnante y vergonzosa violación de la confianza pública”.
La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, anunció el cierre temporal de la oficina de la DEA sin ofrecer detalles específicos sobre las razones. A través de la red social X, afirmó que no tolerará “ni siquiera la percepción de corrupción en ninguna parte de la embajada” que dirige.
Cada año, la DEA, el FBI y otras agencias federales permiten el ingreso a Estados Unidos de cientos de ciudadanos extranjeros que, debido a su vínculo con actividades criminales, normalmente no podrían obtener una visa. Estas agencias patrocinan su entrada para que colaboren como informantes en investigaciones. Con el tiempo, muchos de ellos pueden solicitar la residencia permanente.
En 2019, un informe del inspector general del Departamento de Justicia detectó fallas en la supervisión de este programa. El informe reveló que las autoridades habían perdido el rastro de hasta 1.000 personas patrocinadas, lo que generó riesgos para la seguridad pública y nacional debido a sus antecedentes delictivos.
Las autoridades no han ofrecido más detalles sobre los cargos contra Cordero y ni el DHS ni la DEA han respondido a solicitudes de comentarios hasta el momento.
Santo Domingo, R.D.-El tribunal Colegiado del Juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Ocoa condenó a 30 años de cárcel a Nazario Mercedes, de 66 años de edad, presunto asesino en serie.
Mercedes es sindicado de ultimar al menos cinco mujeres y dar por muerta a una sexta, en crímenes que datan desde 1995.
La condena se ejecuta tras ser encontrado culpable de la muerte de Daylin Darmelin de los Santos Ramírez, de 23 años, madre de 4 hijos, en un hecho ocurrido el 19 de marzo de 2022 en el municipio de Rancho Arriba, provincia Ocoa.
El tribunal lo declaró culpable de homicidio, agresión sexual y violencia de género configurados en el Código Penal en los artículos 295, 304 y 309 numerales 1 y 330.
Además, los jueces Alfis Brandeli Castillo, Dayham E. Rodríguez y Loida Amador Sención, lo condenaron al pago de 3 millones de pesos en favor de la madre de la occisa, Bilexis Margarita Ramírez.
Familiares de la mujer muerta por Nazario Mercedes lloraron de la alegría al escuchar la sentencia y expresaron su agradecimiento a los fiscales, abogados del Ministerio de la Mujer y a los jueces por la reclusión de Nazario quien deberá cumplirla en Najayo hombres donde actualmente guarda prisión.
Este medio observó cómo Nazario Mercedes fue rápidamente sacado del tribunal pasada la una de la tarde de este jueves, fuertemente custodiado.
La fiscalía de Ocoa estuvo representada por el fiscal titular Francis Valdez, Juan Ysidro Minyetty, MA. José Castillo, Germania Méndez, y en audiencia por el equipo de litigación, Ysidro Minyetty y los aspirantes a fiscalizadores Adonis Ramírez Zabala y Ramón Kinsley.
La fiscalía de Ocoa probó que en el caso hubo violencia y amenaza y que falleció por estrangulación mecánica.