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Denuncian omisiones y falta de respuestas en caso de niña haitiana que murió ahogada.
Santiago, R.D.-Los abogados de la niña haitiana que murio ahogada durante una excursión del colegio donde estudiaba de nombre Leonardo Da Vinci, luego de tres meses y cuatro días de su fallecimiento, cuyo nombre era Stephora Anne-Mircie Joseph, denunciaron un retardo injustificado en las investigaciones del caso y la falta de respuesta a una a una solicitud de medidas de coercion contra otros presuntos implicados no incluido por el Ministerio Público.
Miguel Valdemar y Shesnell Calcaño explicaron que, desde el momento en que se conoció la medida de coerción impuesta a tres profesoras vinculadas al hecho, solicitaron formalmente que se procediera también contra las autoridades administrativas del centro educativo y otros responsables del lugar donde ocurrió la tragedia.
“Desde el día 10 de diciembre que se conoció la medida de coerción contra tres profesoras, nosotros solicitamos ese mismo día una solicitud de medida de coerción para los representantes directos del colegio, dígase el presidente de la Asociación Leonardo Da Vinci Inc, el director del centro Freddy Núñez y los encargados de la Hacienda Los Caballos”, explicó Valdemar.
Asimismo, indicó que a más de dos meses de haberse conocido medidas de coerción contra tres de las cuatro maestras imputadas, no se han producido avances concretos respecto a esa solicitud, lo que calificó como una dilación procesal injustificada.
“Al día de hoy, lo que se ha hecho es ir rebotando esta solicitud. La jueza de Atención Permanente la refirió al juez coordinador de Instrucción de Santiago y este luego la ha remitido al juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción”, añadió.
Además, advirtió que dicho tribunal no tiene competencia para conocer el caso, por lo que existe el riesgo de que el expediente vuelva a ser remitido sin que se adopte una decisión de fondo.
“Ustedes sabrán que este Cuarto Juzgado en Santiago solamente se dedica a los casos de violencia de género y delitos sexuales, así que lo más seguro es que reboten nuevamente el expediente”, concluyó.
En ese sentido, los abogados aseguran que desde el inicio de este proceso han solicitado al Ministerio Público una serie de diligencias procesales las cuales a pesar de haber notificado formalmente se niegan a dar cumplimiento.
“Hemos solicitado que sean interrogados los niños que participaron en esta actividad para ver su parecer, el video completo de todo lo que pasó, entre otras series de diligencias”, dijo.
El abogado Shesnell Calcaño calificó como preocupante la dilación existente por el Tribunal Constitucional del cual no ha recibido respuesta, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ha sostenido públicamente que no existen retrasos en los procesos judiciales.
“En virtud de precedentes existentes que establece que las víctimas y querellantes pueden solicitar medidas de coerción personales o reales en contra de otros imputados en un caso que no hayan sido incluidos por el Ministerio Público” sostuvo.
Finalmente, los abogados recordaron su compromiso en la consecución de este caso para que este fatídico hecho no vuelva a pasar a ningún otro niño.
“Nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestro rol, que es exigir justicia, que se cumpla con toda la parte procesal y que se le dé respuesta a esta familia. Porque lo que pasó con Stephora no puede volver a pasar con ningún otro niño en un colegio, ya sea público o privado” concluyó Calcaño.
Hacienda Los Caballos
En tanto, fueron retirados los letreros de “Cerrado” que permanecían en la Hacienda Los Caballos, lugar donde se realizaba la excursión en la que falleció la menor, pese a que desde la Defensa Civil aseguran que no han recibido ninguna solicitud de reevaluación que permita autorizar la reapertura del establecimiento.
El Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica como medidas de coerción, contra tres miembros del colegio Da Vinci, y dejó en libertad a una de las cuatro presuntamente vinculadas a la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph.
La presentación periódica y la garantía económica fueron impuestas a Yris del Carmen Reyes Adames; Francisca Josefina Tavarez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel, en tanto que, Gisela González, fue dejada en libertad.
El Ministerio Público imputa a las empleadas del colegio bajo la calificación jurídica de homicidio involuntario y negligencia.
Santo Domingo.- El general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), llamó a la población a actuar con prudencia durante el asueto de Semana Santa 2026, al advertir que la conducta individual sigue siendo determinante para evitar tragedias en este período.
Indicó que más de 50,000 hombres y mujeres de distintas instituciones estarán desplegados en todo el territorio nacional, incluyendo organismos de socorro, seguridad vial y salud, con el objetivo de prevenir incidentes y dar respuesta oportuna ante emergencias.
No obstante, insistió en que la prevención depende en gran medida del comportamiento ciudadano. “Nadie te puede cuidar mejor que tú”, afirmó, al subrayar la importancia de respetar las normas de tránsito y actuar con responsabilidad.
El director del COE recomendó a los conductores verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos, evitar el consumo de alcohol si van a manejar, respetar los límites de velocidad y utilizar sistemas de seguridad, especialmente en el caso de niños.
Asimismo, advirtió sobre el alto riesgo del uso de motocicletas durante este período: “Tuvimos 32 fallecidos, dos de ellos fueron asfixia por inmersión y los 30 restantes por accidentes de tránsito”, señaló, al referirse al operativo anterior. Además, precisó que “el 86% de la fatalidad eran motocicletas”.
Santo Domingo.- Los dias de trabajo en la Semana Santa de 2026 para el sector público se extenderan hasta el miercoles 1 de abril a las 4:00 de la tarde, según lo dispuso el Ministerio de Administración Pública (MAP).
La medida está contenida en la circular número 001054, emitida el 26 de marzo de 2026, y dirigida a ministros, directores generales, titulares de instituciones descentralizadas y demás entidades del Estado.
De acuerdo con el documento, el horario aplica de manera general para la administración pública, en cumplimiento del rol del MAP como órgano rector del empleo público y de los sistemas administrativos.
No obstante, la institución establece que los titulares de órganos, entes y empresas públicas podrán ajustar horarios o disponer jornadas especiales cuando la naturaleza del servicio lo requiera. Esto incluye áreas que deben mantener operaciones para garantizar la atención a la ciudadanía.
La disposición busca organizar la jornada laboral durante el asueto de Semana Santa, manteniendo la continuidad de los servicios esenciales en el sector público.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de una prision preventiva de un año fue solicitado este domingo por el Ministerio Público como medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de gestionar y recibir la suma de 10,000 dólares de una persona que se encontraba bajo investigación.
El arresto del imputado se produjo en flagrante delito el pasado viernes, durante una entrega controlada previamente autorizada por un tribunal, según informaron las autoridades.
La solicitud fue depositada por el procurador fiscal Andrés Mena ante la jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz Almonte. El expediente consta de unas 50 páginas.
- De acuerdo con la investigación, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente 200,000 dólares a la persona investigada, monto que luego redujo a 150,000 dólares. Además, presuntamente manifestó interés en recibir un reloj marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz, modelos 350 o 450.
Debido a que el imputado posee privilegio de jurisdicción, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez especial ante el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio César E. Canó Alfau. En respuesta, la corte designó a Muñiz Almonte como jueza de la instrucción especial.
En la instancia, el órgano acusador también solicitó la fijación de la audiencia para conocer la medida de coerción.
La investigación es dirigida directamente por la procuradora general, quien reiteró que no se tolerarán actos de corrupción dentro de la institución.
«Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién lo haga», expresó Yeni Berenice Reynoso, al calificar el caso como grave y subrayar la responsabilidad de los fiscales en la persecución de los delitos.