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Opinión

Abril, patrimonio y soberanía

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Por Narciso Isa Conde

Abril es símbolo de la lucha por la soberanía.

NARCISO-ISA-CONDE11111121Por la soberanía negada en tanto autodeterminación política (gobierno de Bosch-Constitución de 1963) y en tanto ocupación militar de territorio (Invasión Yanqui 1965).

Patria y patrimonio, que vienen de patriarcado -y que bien pudiera ser también matria- es Nación, recursos naturales, país, identidad cultural…

Recursos naturales son seres humanos, territorio y entorno marítimo.

Territorio es suelo (superficie, tierra, rocas, piedras…), subsuelo (lo que está debajo del suelo: aguas subterráneas, capas vegetales, rocas profundas, minerales líquidos y sólidas, gases comprimidos, restos de civilizaciones enterradas…) y el sobre-suelo abarca todo lo que está por encima de la superficie terrestre: flora, fauna, ríos, lagos, lagunas, aire, nubes….

Al paso de lo años, décadas, siglos, milenios… los seres humanos se organizan como tribus, poblaciones, sociedades; incluso se forjan como pueblos con determinadas identidades culturales (étnicas, alimenticias, costumbres, trayectorias históricas, cualidades, hábitos, condiciones laborales, relaciones políticas…)

Igual esas poblaciones organizadas pasan a ser colonias, semicolonias y neo-colonias bajo dominios imperialistas; o se constituyen en naciones soberanas o en países con independencias formales o ficticias.

A su vez se organizan como sociedades bajo determinados modos de producción, distribución, Estados, instituciones y sistemas políticos a lo largo de su historia.

En 1963, en el contexto de un capitalismo dependiente, pero no tan dependiente como hoy, el gobierno del profesor Juan Bosch, basándose en la avanzada Constitución de 1963 y en la organización estatal derivada de ella, intentó rescatar soberanía política, ejercer  autodeterminación, construir democracia y establecer control sobre su patrimonio  y su territorio.

Ese le costó su derrocamiento a cargo de los EEUU y del “bando traidor y parricida” (cívico-militar), del que nos habló Juan Pablo Duarte.

Triunvirato: Gobernación de colonia

La asunción del gobierno por el Triunvirato golpista le imprimió de nuevo la condición de gobernación de colonia al poder establecido, hasta que dos años después, en 1965, una revolución popular, cívico-militar, popular y soberana intentó recuperar y profundizar el proyecto liderado por el Profesor Bosch; el cual -tan pronto mostró su rostro victorioso sobre la fuerzas golpistas- fue brutalmente bloqueado por la intervención militar de EEUU, imponiendo a continuación:

-La usurpación para sí del poder político central.

-El control del territorio.

-La apropiación de patrimonios vía contratos, convenios y concesiones.

-La continuidad de la intervención militar, primero a través de sus tropas y luego de sus asesores, de las redes de la CIA y otros cuerpos de seguridad, y de la subordinación de los cuerpos militares y policiales criollos reconstruidos bajo su tutela.

-La dependencia financiera y comercial.

-Las inversiones leoninas.

Recolonización Neoliberal

Y  más allá de esta  lista vale señalar, que en el marco de esa dependencia, de las sucesivas crisis estructurales y el progresivo endurecimiento del sistema  capitalista-imperialista mundial -del cual la República Dominicana y esta isla es un pequeño eslabón de la cadena de dominación de EEUU- tuvo lugar la reestructuración neoliberal impuesta por sus centros hegemónicos y la evolución de sus crisis hacia una crisis integral de toda la civilización burguesa; exhibiendo un sistema imperialista enfermo, senil, militarizado, carente de recursos naturales vitales para su continuidad, negador en mayor escala de soberanía y altamente destructivo.

Eso explica la ofensiva del gran capital sobre todo los países del sistema, incluida la República Dominicana, que registra una deuda extrema superior a la mitad de su PIB y ha comprometido alrededor del 50% de su presupuesto nacional en el pago de sus intereses y amortizaciones.

Explica a la vez la altísima voracidad del capital transnacional (con sede en sus países centrales) sobre los recursos naturales de todos los países del sistema, incluido el nuestro. Veamos:

-Barrick Gold desplegando su plan depredador  y contaminador en Pueblo Viejo y zonas aledañas.

-Xstrata Niquel-Falcondo arrastrando un pasivo ambiental en Loma Peguera y Loma Ortega del 85% del área depredada, equivalente a 2,000 millones de dólares y pretendiendo apoderarse (para destruirla) de Loma Miranda, tesoro de agua y biodiversidad situado en plena Cordillera Central.

-Otras doscientas concesiones de exploración minera a lo largo y ancho de la Cordillera Central, casi todas situadas en las proximidades de nacimientos y cuencas de ríos que nacen en ese enorme reservorio de agua, el principal del país. 475 concesiones de exploración y explotación en todo el país.

-La ominosa amenaza que pende sobre la Sierra de Yamasá (Siete Picos) a cargo de la Gold Corp, que procura extraer oro, plata y cobre precisamente en la zona de nacimiento de los ríos Osama, Isabela, Río Verde, Río Yamasá, Guanuma, Máyiga y Básima.

-La poderosa Gold Guest se apresta a engullirse en San Juan de la Maguana, a costa de una gran tragedia medio-ambiental, enormes yacimientos de oro y plata, cuya explotación a cielo abierto tendría efectos letales sobre ríos, bosques, fauna y flora de esa provincia y especialmente del área de la misma ubicada en la Cordillera Central.

-La determinación de la canadiense UNI Gold de explotar la mina de oro de Restauración, con efectos  catastróficos sobre todo el sistema de ríos y áreas verdes en ese punto fronterizo con Haití.

Esto solo para mencionar los puntos donde el peligro es más inminente en la vertiente de la minera destructiva. Restan por nombrar otras situaciones delicadas en muchos puntos del país, incluido San Cristóbal, Pedernales y Puerto Plata.

A la concesiones mineras -una con fines de explotación, otras con el propósito de violar áreas protegidas y controlar costas, montañas y lagos- se le agregan  los contratos y los fideicomisos para apropiarse de zonas con vocación turísticas, vías de acceso, peajes, que con el avance impetuoso de la rapacidad privatizadora-extranjerizadora del patrimonio publico y natural de la nación, conforman un país concesionado y tomado, en tren de ser totalmente saqueado, depredado, contaminado y destruido.

Magnates criollos, funcionarios y corporaciones extrajeras se han apropiado del patrimonio natural del país, con el apoyo de los gobiernos neo-liberalizados y corrompidos del PLD y PRD; ambos  herederos del balaguerismo.

Abundan los detalles que confirman esos designios:

-A la ricachona Diana Vilches le aprobaron ilegalmente “concesiones de títulos” sobre tres parques nacionales, Sierra Martín García incluida.

-Pablo Piñeira se adueñó de áreas costeras en Samaná, Río San Juan y Bávaro.

-Pepe Hidalgo (Globalia), avanzando hacia Parque del Este, influyó en ley 202-4 para morder una franja costera de 275,000 metros.

-Carlos Sánchez, preso en España (escándalo Marbella), adquirió dolosamente, vía Banco Central, enormes extensiones en la Costa Norte.

-El Central Romana de los Fanjul ocupa terrenos del Parque de Este, procurando modificar la ley.

-Los Hazoury ocuparon Cap-Cana, parte de la Galera y Bahía Rincón, agrediendo áreas protegidas.

Pero la peor corrupción es la privatización y extranjerización del suelo, sub-suelo y sobre-suelo, (incluidas fuentes de agua, recursos naturales diversos y hermosas áreas turísticas) mediante “concesiones mineras” y otros subterfugios, ya para ejecutar explotaciones que conllevan su destrucción, ya para apropiarse de su valor.

-En ese tenor los ríos Artibonito, Mao, Guayubín, Hinaje, Masacre, La Sidra de Toma, Limpio, Soca y Neita se los está cogiendo UNIGOLD; además de concesiones mineras ubicadas al borde del Parque Nalga de Maco.

-El Yaque del Norte, Yuna y afluentes están plagados de concesiones a la Barrick Gold, La Hispaniola  y otras corporaciones mineras.

-Gold Corp –como ya señalamos- tiene concesiones en Sierra de Yamasá, donde nacen los ríos que le dan vida al Gran Santo Domingo y una parte de las provincias del Este del país.

-El Yaque del Sur, Mahoma, Mahomita, Nizao, Nigua y Haina están igualmente afectados.

-Concesiones “mineras” en La Colonia, Nizao, Costa Sur, Llanura Costera del Este, Costa Norte, Higüey y Los Haitises, se dedican a inversiones turísticas e inmobiliarias.

-El empresario peledeista Carlos Osoria tiene licencia para depredar el Yuna, Jayaco, Maimón…

-El Senador de Monte Cristi (PLD) Heinz Vieluf, el general Florentino Florentino y el empresario Freddy López se han adueñado de terrenos y manglares del Área Protegida de la Bahía de Luperón.

-Chester Stward, apoyada oficialmente, se cogió Playa del Puerto.

Rebeca MacDonald se apoderó de valiosas playas en Costa Norte, incluidas Caletón de Darío, Caletón Grande, Caletón Chiquito y La Boquita.

-José Clase, se está apoderando de la playa pública “La Playita”, incluido el monumentos a Héroes del 1949 y el 59 y bloqueando rutas de acceso con escombros.

Lumpen-Imperialismo y pueblos sin territorios y sin soberanía

La “patente de corso” la aprueba o refrenda cada Presidente de turno vía Dirección de Minería y Ministerio de Medio Ambiente; mientras el  denominado proyecto de la Ley de Aguas persigue sentar las bases para convertir en propiedad privada el más valioso de todos los recursos territoriales.

El resultado es un país sin territorio para la vida de su pueblo.

Un país sin soberanía, recolonizado por las grandes potencias  capitalistas ya no para establecer un determinado orden dependiente, sino para apoderarse de esas riquezas naturales a costa de su destrucción. Algo común a todas las naciones recolonizadas.

Esto concuerda con la caracterización formulada por el investigador marxista argentino, experto en prospectiva, Jorge Beinstein, respecto a la esencia del decadente sistema capitalista imperialista, de cara al presente y al futuro de la humanidad:

“El capitalismo ya no tiene horizonte positivo de referencia, su futuro visible se retrae a una velocidad inesperada, la crisis psicológicas de las elites centrales aumenta en una progresión geométrica (y también su peligrosidad, su irracionalidad). Si llevamos hasta las últimas consecuencias las tendencias decisivas del sistema (destrucción ambienal, concentración de ingresos, militarización, parasitismo, etc.) su posible supervivencia aparece bajo la forma de escenarios monstruosos marcados por grandes genocidios y desastres ecológicos cuya magnitud no tiene precedente en la historia humana. (J.Beinstein. COMUNISMO DEL SIGLO XXI, Editorial Trinchera, Caracas, Venezuela, pag. 11)

¡Lumpen imperialismo en acción depredadora!

  • La isla se salva si dos pueblos se rebelan.

Aquí avanza ese proceso perverso y en Haití todo se multiplica para peor. Nuestra hermosa isla caribeña está concretamente amenazada de destrucción.

La reapropiación de la renta territorial en la forma descrita, al tiempo de elevar vertiginosamente las ganancias y el poder de las corporaciones asociadas al bando lumpen-burgués criollo, acelera el proceso de empobrecimiento de los seres humanos y de su entorno en toda la isla, exponiéndolas al colapso económico, político, social y natural.

Sus dos territorios dejan, con ritmos y tiempos diferentes, de ser fuentes de vida para sus pueblos.

La soberanía es previamente anulada para lograr ese objetivo imperial.

Los recursos naturales, incluidos los seres humanos, son rapazmente esquilmados, exprimidos y destrozados por esa impronta brutal del gran capital.

A los pueblos como el nuestro solo lo salva la indignación y movilización multitudinaria, la organización y conciencia capaces de crear un contra-poder popular-ciudadano que recupere el territorio y construya, en permanente creación, un poder del pueblo, armónico con sus intereses colectivos y  con la constante reproducción del  resto de la naturaleza y de la vida.

Abril es un mes para reflexionar y actuar en función de esa imperiosa necesidad.

 

 

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Opinión

Un Futuro Digno, Libre y Democrático

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Por el Dr. Isaías Ramos

En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.

La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.

Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.

Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.

Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.

La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.

En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.

Es por esa razón que en el  FCS creemos que un  llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.

No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!

¡Despierta, RD!

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Opinión

La Competencia de la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

Según el artículo 1 del Estatuto de Roma  la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento  en que se cometió el crimen.

El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la  CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente  a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia  sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga  la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia  de la Corte como un Estado no Parte.

Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.

Los Estados  que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.

Adicionalmente, el Estado podría  tomar en cuenta  para ejercer su competencia sería  la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las  Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos  conceptos de  ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término  en cuanto a que un Estado  puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga  con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

La criminalidad y nuestro entorno

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Por Nelson Encarnación

Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.

Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.

Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.

Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.

Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.

Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.

Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.

El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.

Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.

“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.

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