Opinión
Abril, patrimonio y soberanía
Por Narciso Isa Conde
Abril es símbolo de la lucha por la soberanía.
Por la soberanía negada en tanto autodeterminación política (gobierno de Bosch-Constitución de 1963) y en tanto ocupación militar de territorio (Invasión Yanqui 1965).
Patria y patrimonio, que vienen de patriarcado -y que bien pudiera ser también matria- es Nación, recursos naturales, país, identidad cultural…
Recursos naturales son seres humanos, territorio y entorno marítimo.
Territorio es suelo (superficie, tierra, rocas, piedras…), subsuelo (lo que está debajo del suelo: aguas subterráneas, capas vegetales, rocas profundas, minerales líquidos y sólidas, gases comprimidos, restos de civilizaciones enterradas…) y el sobre-suelo abarca todo lo que está por encima de la superficie terrestre: flora, fauna, ríos, lagos, lagunas, aire, nubes….
Al paso de lo años, décadas, siglos, milenios… los seres humanos se organizan como tribus, poblaciones, sociedades; incluso se forjan como pueblos con determinadas identidades culturales (étnicas, alimenticias, costumbres, trayectorias históricas, cualidades, hábitos, condiciones laborales, relaciones políticas…)
Igual esas poblaciones organizadas pasan a ser colonias, semicolonias y neo-colonias bajo dominios imperialistas; o se constituyen en naciones soberanas o en países con independencias formales o ficticias.
A su vez se organizan como sociedades bajo determinados modos de producción, distribución, Estados, instituciones y sistemas políticos a lo largo de su historia.
En 1963, en el contexto de un capitalismo dependiente, pero no tan dependiente como hoy, el gobierno del profesor Juan Bosch, basándose en la avanzada Constitución de 1963 y en la organización estatal derivada de ella, intentó rescatar soberanía política, ejercer autodeterminación, construir democracia y establecer control sobre su patrimonio y su territorio.
Ese le costó su derrocamiento a cargo de los EEUU y del “bando traidor y parricida” (cívico-militar), del que nos habló Juan Pablo Duarte.
Triunvirato: Gobernación de colonia
La asunción del gobierno por el Triunvirato golpista le imprimió de nuevo la condición de gobernación de colonia al poder establecido, hasta que dos años después, en 1965, una revolución popular, cívico-militar, popular y soberana intentó recuperar y profundizar el proyecto liderado por el Profesor Bosch; el cual -tan pronto mostró su rostro victorioso sobre la fuerzas golpistas- fue brutalmente bloqueado por la intervención militar de EEUU, imponiendo a continuación:
-La usurpación para sí del poder político central.
-El control del territorio.
-La apropiación de patrimonios vía contratos, convenios y concesiones.
-La continuidad de la intervención militar, primero a través de sus tropas y luego de sus asesores, de las redes de la CIA y otros cuerpos de seguridad, y de la subordinación de los cuerpos militares y policiales criollos reconstruidos bajo su tutela.
-La dependencia financiera y comercial.
-Las inversiones leoninas.
Recolonización Neoliberal
Y más allá de esta lista vale señalar, que en el marco de esa dependencia, de las sucesivas crisis estructurales y el progresivo endurecimiento del sistema capitalista-imperialista mundial -del cual la República Dominicana y esta isla es un pequeño eslabón de la cadena de dominación de EEUU- tuvo lugar la reestructuración neoliberal impuesta por sus centros hegemónicos y la evolución de sus crisis hacia una crisis integral de toda la civilización burguesa; exhibiendo un sistema imperialista enfermo, senil, militarizado, carente de recursos naturales vitales para su continuidad, negador en mayor escala de soberanía y altamente destructivo.
Eso explica la ofensiva del gran capital sobre todo los países del sistema, incluida la República Dominicana, que registra una deuda extrema superior a la mitad de su PIB y ha comprometido alrededor del 50% de su presupuesto nacional en el pago de sus intereses y amortizaciones.
Explica a la vez la altísima voracidad del capital transnacional (con sede en sus países centrales) sobre los recursos naturales de todos los países del sistema, incluido el nuestro. Veamos:
-Barrick Gold desplegando su plan depredador y contaminador en Pueblo Viejo y zonas aledañas.
-Xstrata Niquel-Falcondo arrastrando un pasivo ambiental en Loma Peguera y Loma Ortega del 85% del área depredada, equivalente a 2,000 millones de dólares y pretendiendo apoderarse (para destruirla) de Loma Miranda, tesoro de agua y biodiversidad situado en plena Cordillera Central.
-Otras doscientas concesiones de exploración minera a lo largo y ancho de la Cordillera Central, casi todas situadas en las proximidades de nacimientos y cuencas de ríos que nacen en ese enorme reservorio de agua, el principal del país. 475 concesiones de exploración y explotación en todo el país.
-La ominosa amenaza que pende sobre la Sierra de Yamasá (Siete Picos) a cargo de la Gold Corp, que procura extraer oro, plata y cobre precisamente en la zona de nacimiento de los ríos Osama, Isabela, Río Verde, Río Yamasá, Guanuma, Máyiga y Básima.
-La poderosa Gold Guest se apresta a engullirse en San Juan de la Maguana, a costa de una gran tragedia medio-ambiental, enormes yacimientos de oro y plata, cuya explotación a cielo abierto tendría efectos letales sobre ríos, bosques, fauna y flora de esa provincia y especialmente del área de la misma ubicada en la Cordillera Central.
-La determinación de la canadiense UNI Gold de explotar la mina de oro de Restauración, con efectos catastróficos sobre todo el sistema de ríos y áreas verdes en ese punto fronterizo con Haití.
Esto solo para mencionar los puntos donde el peligro es más inminente en la vertiente de la minera destructiva. Restan por nombrar otras situaciones delicadas en muchos puntos del país, incluido San Cristóbal, Pedernales y Puerto Plata.
A la concesiones mineras -una con fines de explotación, otras con el propósito de violar áreas protegidas y controlar costas, montañas y lagos- se le agregan los contratos y los fideicomisos para apropiarse de zonas con vocación turísticas, vías de acceso, peajes, que con el avance impetuoso de la rapacidad privatizadora-extranjerizadora del patrimonio publico y natural de la nación, conforman un país concesionado y tomado, en tren de ser totalmente saqueado, depredado, contaminado y destruido.
Magnates criollos, funcionarios y corporaciones extrajeras se han apropiado del patrimonio natural del país, con el apoyo de los gobiernos neo-liberalizados y corrompidos del PLD y PRD; ambos herederos del balaguerismo.
Abundan los detalles que confirman esos designios:
-A la ricachona Diana Vilches le aprobaron ilegalmente “concesiones de títulos” sobre tres parques nacionales, Sierra Martín García incluida.
-Pablo Piñeira se adueñó de áreas costeras en Samaná, Río San Juan y Bávaro.
-Pepe Hidalgo (Globalia), avanzando hacia Parque del Este, influyó en ley 202-4 para morder una franja costera de 275,000 metros.
-Carlos Sánchez, preso en España (escándalo Marbella), adquirió dolosamente, vía Banco Central, enormes extensiones en la Costa Norte.
-El Central Romana de los Fanjul ocupa terrenos del Parque de Este, procurando modificar la ley.
-Los Hazoury ocuparon Cap-Cana, parte de la Galera y Bahía Rincón, agrediendo áreas protegidas.
Pero la peor corrupción es la privatización y extranjerización del suelo, sub-suelo y sobre-suelo, (incluidas fuentes de agua, recursos naturales diversos y hermosas áreas turísticas) mediante “concesiones mineras” y otros subterfugios, ya para ejecutar explotaciones que conllevan su destrucción, ya para apropiarse de su valor.
-En ese tenor los ríos Artibonito, Mao, Guayubín, Hinaje, Masacre, La Sidra de Toma, Limpio, Soca y Neita se los está cogiendo UNIGOLD; además de concesiones mineras ubicadas al borde del Parque Nalga de Maco.
-El Yaque del Norte, Yuna y afluentes están plagados de concesiones a la Barrick Gold, La Hispaniola y otras corporaciones mineras.
-Gold Corp –como ya señalamos- tiene concesiones en Sierra de Yamasá, donde nacen los ríos que le dan vida al Gran Santo Domingo y una parte de las provincias del Este del país.
-El Yaque del Sur, Mahoma, Mahomita, Nizao, Nigua y Haina están igualmente afectados.
-Concesiones “mineras” en La Colonia, Nizao, Costa Sur, Llanura Costera del Este, Costa Norte, Higüey y Los Haitises, se dedican a inversiones turísticas e inmobiliarias.
-El empresario peledeista Carlos Osoria tiene licencia para depredar el Yuna, Jayaco, Maimón…
-El Senador de Monte Cristi (PLD) Heinz Vieluf, el general Florentino Florentino y el empresario Freddy López se han adueñado de terrenos y manglares del Área Protegida de la Bahía de Luperón.
-Chester Stward, apoyada oficialmente, se cogió Playa del Puerto.
Rebeca MacDonald se apoderó de valiosas playas en Costa Norte, incluidas Caletón de Darío, Caletón Grande, Caletón Chiquito y La Boquita.
-José Clase, se está apoderando de la playa pública “La Playita”, incluido el monumentos a Héroes del 1949 y el 59 y bloqueando rutas de acceso con escombros.
Lumpen-Imperialismo y pueblos sin territorios y sin soberanía
La “patente de corso” la aprueba o refrenda cada Presidente de turno vía Dirección de Minería y Ministerio de Medio Ambiente; mientras el denominado proyecto de la Ley de Aguas persigue sentar las bases para convertir en propiedad privada el más valioso de todos los recursos territoriales.
El resultado es un país sin territorio para la vida de su pueblo.
Un país sin soberanía, recolonizado por las grandes potencias capitalistas ya no para establecer un determinado orden dependiente, sino para apoderarse de esas riquezas naturales a costa de su destrucción. Algo común a todas las naciones recolonizadas.
Esto concuerda con la caracterización formulada por el investigador marxista argentino, experto en prospectiva, Jorge Beinstein, respecto a la esencia del decadente sistema capitalista imperialista, de cara al presente y al futuro de la humanidad:
“El capitalismo ya no tiene horizonte positivo de referencia, su futuro visible se retrae a una velocidad inesperada, la crisis psicológicas de las elites centrales aumenta en una progresión geométrica (y también su peligrosidad, su irracionalidad). Si llevamos hasta las últimas consecuencias las tendencias decisivas del sistema (destrucción ambienal, concentración de ingresos, militarización, parasitismo, etc.) su posible supervivencia aparece bajo la forma de escenarios monstruosos marcados por grandes genocidios y desastres ecológicos cuya magnitud no tiene precedente en la historia humana. (J.Beinstein. COMUNISMO DEL SIGLO XXI, Editorial Trinchera, Caracas, Venezuela, pag. 11)
¡Lumpen imperialismo en acción depredadora!
- La isla se salva si dos pueblos se rebelan.
Aquí avanza ese proceso perverso y en Haití todo se multiplica para peor. Nuestra hermosa isla caribeña está concretamente amenazada de destrucción.
La reapropiación de la renta territorial en la forma descrita, al tiempo de elevar vertiginosamente las ganancias y el poder de las corporaciones asociadas al bando lumpen-burgués criollo, acelera el proceso de empobrecimiento de los seres humanos y de su entorno en toda la isla, exponiéndolas al colapso económico, político, social y natural.
Sus dos territorios dejan, con ritmos y tiempos diferentes, de ser fuentes de vida para sus pueblos.
La soberanía es previamente anulada para lograr ese objetivo imperial.
Los recursos naturales, incluidos los seres humanos, son rapazmente esquilmados, exprimidos y destrozados por esa impronta brutal del gran capital.
A los pueblos como el nuestro solo lo salva la indignación y movilización multitudinaria, la organización y conciencia capaces de crear un contra-poder popular-ciudadano que recupere el territorio y construya, en permanente creación, un poder del pueblo, armónico con sus intereses colectivos y con la constante reproducción del resto de la naturaleza y de la vida.
Abril es un mes para reflexionar y actuar en función de esa imperiosa necesidad.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026