Análisis Noticiosos
Abusos fiscales en campañas y desguañangue institucional
Por Juan Bolívar Díaz
Cuatro expertos, participantes en un foro organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), coincidieron en que en las dos últimas elecciones, bajo gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, se ha desbordado el gasto fiscal, con un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.
Datos ofrecidos por el experto en asuntos fiscales José Rijo y por la Comisión Económica del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indican un incremento del déficit fiscal en la actual coyuntura electoral, aunque en menor medida que en la anterior, cuando el desbordamiento prosiguió aún en el período de transición al nuevo Gobierno.
Del mito a la realidad. En la exposición fundamental de un foro organizado por el área de Negocios del INTEC el martes 12 sobre el gasto público en períodos electorales, el economista Pavel Isa Contreras sostuvo que es un mito el planteamiento de que siempre en los años de elecciones el gasto del Gobierno, corriente o de capital, se desborda generando desbalances fiscales, pero que sí fue una realidad en el 2008 y 2012.
Al analizar el gasto público en los últimos 25 años, con seis elecciones presidenciales, Pavel Isa concluyó que “el gasto público y el déficit fiscal se desbordan solo en las últimas dos”, con la particularidad de que en el 2008 el exceso fue fundamentalmente del gasto corriente, y en el 2012 del gasto de capital. En el primer caso el presidente Leonel Fernández buscaba la reelección, y en el segundo la continuidad de su partido en el poder con Danilo Medina de candidato presidencial.
En el 2012, cuando se alcanzó un déficit fiscal histórico en virtud de que el Gobierno central gastó más de 155 mil millones de pesos sobre lo presupuestado, una proporción significativa ocurrió aún después de las elecciones, lo que pareció obedecer al interés del presidente Fernández de concluir y avanzar obras buscando rentabilidad política para abonar una vuelta al poder en el 2016, frustrada por el predominio del proyecto reeleccionista del presidente Medina.
Isa contreras documentó que en los años electorales el gasto gubernamental crece significativamente entre enero y abril y decae de mayo a noviembre, mientras en años no electorales el gasto es menor en los primeros meses y mayor en la segunda mitad.
Desguañangue institucional. Los cuatro expositores coincidieron en que en los dos últimos procesos electorales no solo hubo muy alto déficit fiscal, sino también un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.
De diversa forma lo expusieron Pavel Isa, José Rijo, experto en asuntos fiscales, el también economista Ernesto Selman, director del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y el sociólogo Carlos Pimentel, del área de Transparencia del movimiento Participación Ciudadana.
El consenso fue absoluto en que los organismos de control no funcionan, generando impunidad, con un Congreso que no cumple su función de fiscalización, deficiencias de la Cámara de Cuentas, politización de órganos judiciales, ignorancia del paquete de leyes de control presupuestario, transparencia y rendición de cuentas, “con prevalencia de una cultura política que obstruye el funcionamiento de las instituciones democráticas”, según Pimentel.
Selman señaló la responsabilidad de las élites empresariales y sociales, empeñadas en la búsqueda de beneficios particulares, denunció las políticas populistas y clientelares, sostuvo que entre 2007 y 2008, durante el último proceso reeleccionista, concedieron la mayor cantidad de exoneraciones impositivas vigentes, y concluyó demandando un pacto ético.
Mientras Pimentel denunció la existencia de un “Estado capturado” por la coalición de intereses económicos y políticos, con gobiernos que ignoran todo un conjunto de normativas presupuestales, de transparencia y controles en los que la sociedad dominicana se empeñó durante las últimas dos décadas.
También en el actual proceso. José Rijo convino en que la mayor crisis es institucional, con el secuestro del Congreso, la justicia y los mecanismos de control por parte del Poder Ejecutivo, sosteniendo que en la actual coyuntura electoral se está produciendo otro desbordamiento del gasto en aras del proyecto continuista, resaltando que en el primer trimestre hay un déficit fiscal de 29.5 mil millones de pesos, muy superior al de 4 millones registrado en el mismo período del año pasado.
Al comparar el comportamiento del gasto en el primer trimestre del 2016 con el mismo período del 2015, el experto en asuntos fiscales sostuvo que se está disparando tanto el gasto corriente como el de capital Y ejemplificó: en obras para edificación no residencial el gasto creció de 4,351 millones a 7,392 millones de pesos. En infraestructura terrestre y obras anexas pasó de 1,943 millones a 7,290 millones de pesos.
En nominillas y personal transitorio, el Ministerio de Obras Públicas pasó de un gasto de 196 a 329 millones de pesos, la Presidencia de la República de 139 a 221 millones de pesos, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 60 a 188 millones de pesos.
Rijo ofreció abundantes datos para resaltar el crecimiento en el primer trimestre de este año del gasto gubernamental en publicidad y propaganda, en pasajes, viáticos y gastos de representación, renglones que vincula a la campaña electoral.
Otro foro de denuncias. Otro foro académico, celebrado el jueves con auspicios de la Fundación Ebert sobre “Las altas cortes y la crisis del sistema de justicia”, concluyó también denunciando la quiebra institucional de la nación.
Aquí los expositores centrales fueron el destacado jurista y dirigente social Francisco Alvarez Valdez y el vicepresidente ejecutivo de la influyente Fundación Institucionalidad y Justicia, también reconocido jurista Servio Tulio Castaños Guzmán.
Alvarez Valdez trazó el proceso de ascenso del sector justicia a partir de la reforma constitucional derivada de la crisis política de 1994, hasta el retroceso con la politización y subordinación de los órganos judiciales, especialmente tras la Constitución del 2010 y la captura del Consejo Nacional de la Magistratura por el Poder Ejecutivo.
Castaños Guzmán convino en que todo el sistema de justicia está en crisis, resaltando los bajos niveles de aceptación que le marcan las encuestas.
Se remitió al último índice de competitividad del Foro Económico Mundial que coloca la independencia del Poder Judicial dominicano en la posición 124 entre 140 naciones evaluadas.
Resaltó el descrédito de la Policía Nacional, con alta proporción de miembros involucrados en crímenes.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.