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Academia naval gradúa 13 nuevos oficiales
SANTO DOMINGO.- El Presidente Danilo Medina encabezó la mañana de hoy el acto de graduación de la Sexagésima Segunda Promoción de Caballeros Guardiamarinas de la Academia Naval Vicealmirante César De Windt Lavandier, en la que se recibieron 13 nuevos oficiales.
La vistosa ceremonia fue organizada por el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Edwin Rafael Dominici Rosario y contó con la presencia del ministro de Defensa, almirante Sigfrido Pared Pérez y los jefes de Estado Mayor del Ejército y la Fuerza Aérea, Rubén Darío Paulino Sem y Ramón Hernández y Hernández.
Asimismo, el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo y demás miembros de los altos mandos militares.
El Jefe de Estado Danilo Medina llegó a las 9:56 de la mañana a la explanada de la Academia Militar, donde se realizó el ceremonial.
Al pronunciar el discurso central, el director de la Academia Naval, capitán de navío Frank R. Polanco de los Santos, expresó su agradecimiento al Mandatario y al ministro de Defensa por propiciar el impacto positivo que han tenido el remozamiento de las instalaciones académicas, que incluye mejoría en las aulas y cuartel de alistados, así como la ampliación del parque vehicular.
Destacó los esfuerzos que se han hecho con programas educativos que han beneficiado a más de 1400 miembros de la institución, así como los vínculos con otras naciones como Estados Unidos, Guatemala, Venezuela, y El Salvador, que poseen planes de intercambios académicos.
El acto comenzó con la rendición de los honores de estilo y el disparo de una salva de 21 cañonazos. El ceremonial continuó con la solicitud de permiso a cargo del director de la Academia Naval, para dar inicio a la ceremonia de graduación, posteriormente se procedió al cambio de mando en la guardia de banderas del batallón de Guardiamarinas.
En el ceremonial, adornado por los colores blancos de los uniformes y con la emotividad de las madres de los graduandos presentes, se dio entrada a la Sexagésima Segunda Promoción de Caballeros Guardiamarinas correspondiente al periodo 2009-2013, y se prosiguió con la invocación al Altísimo y la bendición de los sables de mando y anillos de graduación por el capellán castrense capitán de navío reverendo Milcíades Florentino Romero.
En ese contexto, se hizo entrega de diplomas a los graduandos de la citada promoción que los acredita como licenciados en Ciencias Navales, lo que estuvo a cargo del rector del Instituto Superior para la Defensa «General Juan Pablo Duarte», mayor general Luis Ramón Payán Areché, y recibió por representación el guardiamarina de cuarto año Pablo Arsenio Mesa Cruz.
Los anillos de graduación fueron entregados por la señora Desiree Núñez de Dominici, presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la Armada de República Dominicana.
Asimismo, el ministro de Defensa, entregó el premio al graduando de honor Pablo Arsenio Mesa Cruz, mientras el viceministro de Defensa, mayor general Pedro Antonio Cáceres Chestaro le entregó el premio «Mayor Espíritu de Cuerpo».
Además, el viceministro de Defensa, vicealmirante Martín Leonardo Medina, entregó el reconocimiento «Mayor Aptitud Naval» al guardiamarina Keyser Juan José Martínez, entre otras acreditaciones y reconocimientos.
Al final del acto, el Mandatario firmó el libro de visitantes distinguidos y, como Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, develizó la placa de la Sexagésima Segunda Promoción de Caballeros Guardiamarinas.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.