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Acuerdo con Quirino permitió atacar cartel del Norte del Valle
Santo Domingo.-Quirino Ernesto Paulino Castillo era el típico narcotraficante que sustentaba su imperio en el bajo perfil y en tratar de mezclar su figura y su fortuna con las ya asimiladas en la sociedad mientras su negocio ilícito florecía y se expandía.
Durante muchos años fue un segundón en el mundo del narcotráfico dominicano, hasta que en 1996 convergieron dos situaciones que lo catapultaron a la cima del negocio en la isla la Española y además lo convirtieron en figura importante en la denominada ruta del Caribe del tráfico de drogas.
En República Dominicana ese año era detenido casi de manera accidental el controversial narcotraficante Florián Félix, mientras que en Colombia se consolidaba el cartel del Norte del Valle luego de la captura el año anterior de los cabecillas del cartel de Cali.
En ese momento Paulino Castillo empezó a crecer en el negocio junto con los grandes capos del cartel del Norte del Valle, hasta convertirse en una figura cimera en esa estructura del crimen organizado.
Tras la decadencia de un arrestado y mediáticamente sobreexpuesto Florián Félix, el capo oriundo de Elías Piña pasó, de ser un transportista minorista, utilizando hasta ambulancias, a convertirse en el mayor narcotraficante dominicano, reinado que mantuvo hasta su arresto el 8 de diciembre de 2004.
En esos ocho años las autoridades norteamericanos le contabilizaron haber introducido a territorio de Estados Unidos más de 30 mil kilos de cocaína (30 toneladas) del cartel del Norte del Valle (que en el país es conocido por la popular serie “El Cartel de los Sapos”).
Sin embargo, cuando fue arrestado, la mayor valía de Quirino era la información que tenía sobre las rutas y los cargamentos movidos por esa estructura de narcotráfico, que en 2004 era la más poderosa y violenta del mundo.
En una primera instancia Quirino se mantuvo renuente a cooperar con informaciones que dieran con los líderes del cartel colombiano. Ya el interés por el dominicano sobrepasaba sus actividades en República Dominicana, pues las autoridades de Estados Unidos sabían que podía darles “informaciones valiosas” que les permitirían golpear sensiblemente al cartel del Norte del Valle.
Ya en prisión Quirino empezó a ceder cuando su círculo familiar más cercano se convirtió en objetivo de las autoridades judiciales. Su esposa, madre y hermanos desfilaban por el banquillo de los acusados por las imputaciones de lavado de activos.
La extradición del capo dominicano se produce en febrero de 2005 y es en territorio dominicano donde se materializa la negociación que por el nivel de concesiones otorgadas por las autoridades norteamericanas deja implícita la valía de las informaciones suministradas.
Es justamente en esa misma época cuando resulta golpeada el ala del cartel del Norte del Valle encargada de las rutas del Caribe y posteriormente toda la cabeza de la organización criminal empieza a ser atacada.
En ese momento la fortuna de Quirino fue estimada por las autoridades en 1,100 millones de pesos dominicanos, muy superior a la que logró acumular en sus mejores momentos Florián Félix.
Sin embargo, el acuerdo judicial al que llegó el capo dominicano con las autoridades de Estados Unidos sólo le exigía la devolución de US$14.5 millones (que fueron cedidos al gobierno dominicano), que en ese momento equivalían a menos de 500 millones de pesos, lo que implicaba que dispondría de una fortuna de al menos 600 millones de pesos, limpiados por una decisión judicial.
También Estados Unidos permitiría que se radicaran en ese país los doce hijos de Quirino, su esposa, sus hermanos y hasta su amante (18 personas en total), concesiones poco vistas en la historia de las negociaciones judiciales.
La Fiscalía del Distrito Sur de New York anunció a sus pares dominicanos el 16 de septiembre de 2008 que había llegado a un acuerdo con Quirino, el cual se ejecutó en coordinación con el Ministerio Público de República Dominicana.
Casi diez años después el capo dominicano está próximo a quedar en libertad como parte de esos mismos acuerdos, pero los efectos de su cooperación podrían obligarlo a mantenerse en un bajo perfil, aunque podría estar saliendo a la luz pública para recuperar parte de su fortuna, especialmente la que quedó librada tras ceder solo US$14.5 millones.
Nacionales
Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.