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Acuerdo con Quirino permitió atacar cartel del Norte del Valle
Santo Domingo.-Quirino Ernesto Paulino Castillo era el típico narcotraficante que sustentaba su imperio en el bajo perfil y en tratar de mezclar su figura y su fortuna con las ya asimiladas en la sociedad mientras su negocio ilícito florecía y se expandía.
Durante muchos años fue un segundón en el mundo del narcotráfico dominicano, hasta que en 1996 convergieron dos situaciones que lo catapultaron a la cima del negocio en la isla la Española y además lo convirtieron en figura importante en la denominada ruta del Caribe del tráfico de drogas.
En República Dominicana ese año era detenido casi de manera accidental el controversial narcotraficante Florián Félix, mientras que en Colombia se consolidaba el cartel del Norte del Valle luego de la captura el año anterior de los cabecillas del cartel de Cali.
En ese momento Paulino Castillo empezó a crecer en el negocio junto con los grandes capos del cartel del Norte del Valle, hasta convertirse en una figura cimera en esa estructura del crimen organizado.
Tras la decadencia de un arrestado y mediáticamente sobreexpuesto Florián Félix, el capo oriundo de Elías Piña pasó, de ser un transportista minorista, utilizando hasta ambulancias, a convertirse en el mayor narcotraficante dominicano, reinado que mantuvo hasta su arresto el 8 de diciembre de 2004.
En esos ocho años las autoridades norteamericanos le contabilizaron haber introducido a territorio de Estados Unidos más de 30 mil kilos de cocaína (30 toneladas) del cartel del Norte del Valle (que en el país es conocido por la popular serie “El Cartel de los Sapos”).
Sin embargo, cuando fue arrestado, la mayor valía de Quirino era la información que tenía sobre las rutas y los cargamentos movidos por esa estructura de narcotráfico, que en 2004 era la más poderosa y violenta del mundo.
En una primera instancia Quirino se mantuvo renuente a cooperar con informaciones que dieran con los líderes del cartel colombiano. Ya el interés por el dominicano sobrepasaba sus actividades en República Dominicana, pues las autoridades de Estados Unidos sabían que podía darles “informaciones valiosas” que les permitirían golpear sensiblemente al cartel del Norte del Valle.
Ya en prisión Quirino empezó a ceder cuando su círculo familiar más cercano se convirtió en objetivo de las autoridades judiciales. Su esposa, madre y hermanos desfilaban por el banquillo de los acusados por las imputaciones de lavado de activos.
La extradición del capo dominicano se produce en febrero de 2005 y es en territorio dominicano donde se materializa la negociación que por el nivel de concesiones otorgadas por las autoridades norteamericanas deja implícita la valía de las informaciones suministradas.
Es justamente en esa misma época cuando resulta golpeada el ala del cartel del Norte del Valle encargada de las rutas del Caribe y posteriormente toda la cabeza de la organización criminal empieza a ser atacada.
En ese momento la fortuna de Quirino fue estimada por las autoridades en 1,100 millones de pesos dominicanos, muy superior a la que logró acumular en sus mejores momentos Florián Félix.
Sin embargo, el acuerdo judicial al que llegó el capo dominicano con las autoridades de Estados Unidos sólo le exigía la devolución de US$14.5 millones (que fueron cedidos al gobierno dominicano), que en ese momento equivalían a menos de 500 millones de pesos, lo que implicaba que dispondría de una fortuna de al menos 600 millones de pesos, limpiados por una decisión judicial.
También Estados Unidos permitiría que se radicaran en ese país los doce hijos de Quirino, su esposa, sus hermanos y hasta su amante (18 personas en total), concesiones poco vistas en la historia de las negociaciones judiciales.
La Fiscalía del Distrito Sur de New York anunció a sus pares dominicanos el 16 de septiembre de 2008 que había llegado a un acuerdo con Quirino, el cual se ejecutó en coordinación con el Ministerio Público de República Dominicana.
Casi diez años después el capo dominicano está próximo a quedar en libertad como parte de esos mismos acuerdos, pero los efectos de su cooperación podrían obligarlo a mantenerse en un bajo perfil, aunque podría estar saliendo a la luz pública para recuperar parte de su fortuna, especialmente la que quedó librada tras ceder solo US$14.5 millones.
Nacionales
La Finjus advierte que CNM no tiene la capacidad técnica para evaluar a jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Santo Domingo, R.D.-Llega a su fin la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, quien el pasado sábado alcanzó su séptimo año en la posición, por lo que llega al tope de tiempo que establece la Constitución de la República.
A partir de ahora el presidente de la SCJ tiene que ser evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, quien deberá determinar si éste debe seguir al frente del sistema de justicia, cuyo principal escollo para su ratificación es que llegó a la posicion mediante una decision politica y mientras era miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana (PLD).
Este procedimiento de evaluación de desempeño a los jueces del Poder Judicial se ha realizado desde el año 1997. Sin embargo, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) considera que el CNM no tiene la capacidad técnica para analizar el ejercicio de los jueces.
El vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que para el CNM “siempre será un reto” elegir jueces de altas cortes, ya que la mayoría de sus integrantes provienen del sector político.
“La composición del consejo es política. Hay quienes no quisiéramos que políticos lleguen a la Suprema”, así lo expresó este martes al ser entrevistado por reporteros en el Congreso Nacional.
Ante la falta de “capacidad técnica” del órgano constitucional, considera necesario incluir en una próxima reforma de la Carta Magna limitar el tiempo de trabajo de los magistrados designados a la SCJ a tan solo siete años, sin repetir en el cargo.
“Nosotros siempre hemos abogado porque en una eventual reforma a la Constitución, los jueces de la SCJ sean nombrados para un periodo y que no los tengamos que estar sometiendo a procesos de evaluación de desempeño”, manifestó.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, identificó “nudos críticos” que representan un retroceso en las garantías ciudadanas.
Mientras tanto, el representante de la organización no gubernamental espera que en esta ocasión el Concejo Nacional de la Magistratura sea “lo más objetivamente posible” al decidir sobre el futuro de la presidencia de la SCJ, así como de otros 10 jueces que deberán ser evaluados.
“Que eso no se trate de un concurso de oposición, se trata de evaluaciones que deben estar sobre la base de la objetividad. No sobre la base de presunciones… Tienen toda la oportunidad de hacer una buena evaluación a quienes quieran continuar siendo jueces de la Suprema ”, precisó.
Aunque prefiere esperar por el dictamen del CNM, Castaños Guzmán adelantó su valoración positiva a la gestión del magistrado Henry Molina, indicando que este ha tenido “un excelente desempeño”, al igual que otros jueces.
“Ha dignificado el Poder Judicial, creo que lo ha puesto en un nivel que se puede comparar con países del área. Desde el punto de vista de lo que son los indicadores internacionales, el poder judicial ha sacado notas sobresalientes conforme a lo que había sido evaluaciones anteriores”, dijo.
¿Políticos a la justicia?
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los funcionarios que ocupan un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura.
A pesar de que aclaró hablar de manera individual, aseguró que la intención de la mayoría de los miembros del CNM está centrada en “nombrar personas calificadas y que no prime el criterio político”.
“Eso yo te lo puedo garantizar”, declaró Pacheco al contestar las preguntas de periodistas en la sede del Poder Legislativo.
Pacheco adelantó que “dentro de muy poco tiempo” el CNM sería convocado. No obstante, aún el presidente Abinader no ha realizado una convocatoria oficial.
Composición del CNM
Los demás funcionarios que acompañan al presidente de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura son el presidente del Senado, un senador o senadora que representa a la segunda mayoría política.
Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, junto a un legislador del principal bloque político opositor, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un magistrado de su pleno que le acompañe. Por último, el presidente del Tribunal Constitucional.
El pasado 22 de diciembre, el CNM juramentó a cinco nuevos jueces, tras realizar un procedimiento de entrevistas a alrededor de 83 perfiles interesados en ser escogidos.
Estos fueron Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.
¿Cuáles son los requisitos?
El artículo 152 de la Constitución establece que la Suprema Corte de Justicia es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales, el cual estará conformado por no menos de 16 jueces.
Dentro de los requisitos para aplicar se encuentran ser licenciado o doctor en Derecho. Así como haber ejercido durante al menos 12 años la profesión de abogado, docencia universitaria del derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, afirmó que la corrupción en el sistema de justicia es de las peores formas de corrupción que pueden existir, «porque afecta la seguridad jurídica y hace que el derecho sea soluble en dinero».
El procurador adjunto calificó de «grave» el caso que involucra al fiscal adjunto Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10,000 dólares de parte de Roberto Canaán, testigo en el caso Senasa.
Valdez Alcántara es procesado tras una operación de «entrega vigilada» ejecutada por el propio Ministerio Público.
Ante la interrogante de si el hecho constituye una extorsión o un soborno, Camacho aclaró que la imputación formal es por soborno.
Según el procurador adjunto, el imputado solicitaba beneficios económicos a cambio de alterar el curso de las investigaciones que estaban bajo su responsabilidad.
El magistrado destacó que este caso es el resultado de un proceso de inteligencia y ejecución interna, diseñado para extirpar conductas ilícitas dentro de la institución. Asimismo, reiteró que la línea de acción trazada por la Procuradora General de la República y la Dirección de Persecución es de tolerancia cero.
Sobre la posible implicación de otras personas o la vinculación del imputado con otros casos previos, Camacho precisó que se trata de una investigación abierta.
Explicó que el arresto fue posible gracias a una técnica de investigación autorizada judicialmente, lo que permitió atrapar al implicado en flagrante delito.
Santo Domingo, R.D.- Tres meses de prisión preventiva impuso el juez del juzgado de atención permanente de Santo Domingo Este en contra del coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, imputado de agredir físicamente a una adolescente durante un incidente captado en video y viralizado en las redes sociales.
El magistrado Leomar Cruz Quezada dispuso que el oficial cumpla la prisión en en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo de Santo Domingo Oeste.
El tribunal tomó la decisión al acoger una solicitud de medida de coerción presentada por los fiscales de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de la Fiscalía de Santo Domingo Este. En la audiencia los abogados Bunel Ramírez, Ambiorix Arnold y Sócrates Franco habían solicitado al juez rechazar la solicitud de prisión preventiva e imponer una medida de coerción menos gravosa.
A la salida del tribunal el coronel rehusó hablar con los medios momentos en que era trasladado bajo estricta medida de seguridad.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos denunciados por la joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro ocurrieron la madrugada del pasado 30 de marzo en el sector Los Mina.
Según la denuncia, la víctima se encontraba dentro de un vehículo junto a una hermana menor de edad y el propietario del automóvil, cuando fueron abordados de manera insistente por una patrulla dirigida por el coronel Madé Ramírez.
Ante el daño a la propiedad, la joven y sus acompañantes descendieron del auto para documentar lo sucedido con sus teléfonos móviles. Fue en ese momento cuando, tras percatarse de que estaba siendo grabado, el coronel Madé Ramírez reaccionó de forma violenta.
Aduce que el imputado procedió a agredir física y verbalmente a la joven, tomándola por el pelo de forma brusca y lanzándola al suelo.