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Acuerdo con Quirino permitió atacar cartel del Norte del Valle
Santo Domingo.-Quirino Ernesto Paulino Castillo era el típico narcotraficante que sustentaba su imperio en el bajo perfil y en tratar de mezclar su figura y su fortuna con las ya asimiladas en la sociedad mientras su negocio ilícito florecía y se expandía.
Durante muchos años fue un segundón en el mundo del narcotráfico dominicano, hasta que en 1996 convergieron dos situaciones que lo catapultaron a la cima del negocio en la isla la Española y además lo convirtieron en figura importante en la denominada ruta del Caribe del tráfico de drogas.
En República Dominicana ese año era detenido casi de manera accidental el controversial narcotraficante Florián Félix, mientras que en Colombia se consolidaba el cartel del Norte del Valle luego de la captura el año anterior de los cabecillas del cartel de Cali.
En ese momento Paulino Castillo empezó a crecer en el negocio junto con los grandes capos del cartel del Norte del Valle, hasta convertirse en una figura cimera en esa estructura del crimen organizado.
Tras la decadencia de un arrestado y mediáticamente sobreexpuesto Florián Félix, el capo oriundo de Elías Piña pasó, de ser un transportista minorista, utilizando hasta ambulancias, a convertirse en el mayor narcotraficante dominicano, reinado que mantuvo hasta su arresto el 8 de diciembre de 2004.
En esos ocho años las autoridades norteamericanos le contabilizaron haber introducido a territorio de Estados Unidos más de 30 mil kilos de cocaína (30 toneladas) del cartel del Norte del Valle (que en el país es conocido por la popular serie “El Cartel de los Sapos”).
Sin embargo, cuando fue arrestado, la mayor valía de Quirino era la información que tenía sobre las rutas y los cargamentos movidos por esa estructura de narcotráfico, que en 2004 era la más poderosa y violenta del mundo.
En una primera instancia Quirino se mantuvo renuente a cooperar con informaciones que dieran con los líderes del cartel colombiano. Ya el interés por el dominicano sobrepasaba sus actividades en República Dominicana, pues las autoridades de Estados Unidos sabían que podía darles “informaciones valiosas” que les permitirían golpear sensiblemente al cartel del Norte del Valle.
Ya en prisión Quirino empezó a ceder cuando su círculo familiar más cercano se convirtió en objetivo de las autoridades judiciales. Su esposa, madre y hermanos desfilaban por el banquillo de los acusados por las imputaciones de lavado de activos.
La extradición del capo dominicano se produce en febrero de 2005 y es en territorio dominicano donde se materializa la negociación que por el nivel de concesiones otorgadas por las autoridades norteamericanas deja implícita la valía de las informaciones suministradas.
Es justamente en esa misma época cuando resulta golpeada el ala del cartel del Norte del Valle encargada de las rutas del Caribe y posteriormente toda la cabeza de la organización criminal empieza a ser atacada.
En ese momento la fortuna de Quirino fue estimada por las autoridades en 1,100 millones de pesos dominicanos, muy superior a la que logró acumular en sus mejores momentos Florián Félix.
Sin embargo, el acuerdo judicial al que llegó el capo dominicano con las autoridades de Estados Unidos sólo le exigía la devolución de US$14.5 millones (que fueron cedidos al gobierno dominicano), que en ese momento equivalían a menos de 500 millones de pesos, lo que implicaba que dispondría de una fortuna de al menos 600 millones de pesos, limpiados por una decisión judicial.
También Estados Unidos permitiría que se radicaran en ese país los doce hijos de Quirino, su esposa, sus hermanos y hasta su amante (18 personas en total), concesiones poco vistas en la historia de las negociaciones judiciales.
La Fiscalía del Distrito Sur de New York anunció a sus pares dominicanos el 16 de septiembre de 2008 que había llegado a un acuerdo con Quirino, el cual se ejecutó en coordinación con el Ministerio Público de República Dominicana.
Casi diez años después el capo dominicano está próximo a quedar en libertad como parte de esos mismos acuerdos, pero los efectos de su cooperación podrían obligarlo a mantenerse en un bajo perfil, aunque podría estar saliendo a la luz pública para recuperar parte de su fortuna, especialmente la que quedó librada tras ceder solo US$14.5 millones.
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.