Nacionales
Acuerdo con Quirino permitió atacar cartel del Norte del Valle
Santo Domingo.-Quirino Ernesto Paulino Castillo era el típico narcotraficante que sustentaba su imperio en el bajo perfil y en tratar de mezclar su figura y su fortuna con las ya asimiladas en la sociedad mientras su negocio ilícito florecía y se expandía.
Durante muchos años fue un segundón en el mundo del narcotráfico dominicano, hasta que en 1996 convergieron dos situaciones que lo catapultaron a la cima del negocio en la isla la Española y además lo convirtieron en figura importante en la denominada ruta del Caribe del tráfico de drogas.
En República Dominicana ese año era detenido casi de manera accidental el controversial narcotraficante Florián Félix, mientras que en Colombia se consolidaba el cartel del Norte del Valle luego de la captura el año anterior de los cabecillas del cartel de Cali.
En ese momento Paulino Castillo empezó a crecer en el negocio junto con los grandes capos del cartel del Norte del Valle, hasta convertirse en una figura cimera en esa estructura del crimen organizado.
Tras la decadencia de un arrestado y mediáticamente sobreexpuesto Florián Félix, el capo oriundo de Elías Piña pasó, de ser un transportista minorista, utilizando hasta ambulancias, a convertirse en el mayor narcotraficante dominicano, reinado que mantuvo hasta su arresto el 8 de diciembre de 2004.
En esos ocho años las autoridades norteamericanos le contabilizaron haber introducido a territorio de Estados Unidos más de 30 mil kilos de cocaína (30 toneladas) del cartel del Norte del Valle (que en el país es conocido por la popular serie “El Cartel de los Sapos”).
Sin embargo, cuando fue arrestado, la mayor valía de Quirino era la información que tenía sobre las rutas y los cargamentos movidos por esa estructura de narcotráfico, que en 2004 era la más poderosa y violenta del mundo.
En una primera instancia Quirino se mantuvo renuente a cooperar con informaciones que dieran con los líderes del cartel colombiano. Ya el interés por el dominicano sobrepasaba sus actividades en República Dominicana, pues las autoridades de Estados Unidos sabían que podía darles “informaciones valiosas” que les permitirían golpear sensiblemente al cartel del Norte del Valle.
Ya en prisión Quirino empezó a ceder cuando su círculo familiar más cercano se convirtió en objetivo de las autoridades judiciales. Su esposa, madre y hermanos desfilaban por el banquillo de los acusados por las imputaciones de lavado de activos.
La extradición del capo dominicano se produce en febrero de 2005 y es en territorio dominicano donde se materializa la negociación que por el nivel de concesiones otorgadas por las autoridades norteamericanas deja implícita la valía de las informaciones suministradas.
Es justamente en esa misma época cuando resulta golpeada el ala del cartel del Norte del Valle encargada de las rutas del Caribe y posteriormente toda la cabeza de la organización criminal empieza a ser atacada.
En ese momento la fortuna de Quirino fue estimada por las autoridades en 1,100 millones de pesos dominicanos, muy superior a la que logró acumular en sus mejores momentos Florián Félix.
Sin embargo, el acuerdo judicial al que llegó el capo dominicano con las autoridades de Estados Unidos sólo le exigía la devolución de US$14.5 millones (que fueron cedidos al gobierno dominicano), que en ese momento equivalían a menos de 500 millones de pesos, lo que implicaba que dispondría de una fortuna de al menos 600 millones de pesos, limpiados por una decisión judicial.
También Estados Unidos permitiría que se radicaran en ese país los doce hijos de Quirino, su esposa, sus hermanos y hasta su amante (18 personas en total), concesiones poco vistas en la historia de las negociaciones judiciales.
La Fiscalía del Distrito Sur de New York anunció a sus pares dominicanos el 16 de septiembre de 2008 que había llegado a un acuerdo con Quirino, el cual se ejecutó en coordinación con el Ministerio Público de República Dominicana.
Casi diez años después el capo dominicano está próximo a quedar en libertad como parte de esos mismos acuerdos, pero los efectos de su cooperación podrían obligarlo a mantenerse en un bajo perfil, aunque podría estar saliendo a la luz pública para recuperar parte de su fortuna, especialmente la que quedó librada tras ceder solo US$14.5 millones.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.