Opinión
Acuerdo de Paz y Cese de la Guerra Rusia-Ucrania
Por Rommel Santos Díaz
Las evidencias de violaciones de los derechos humanos en Ucrania son abrumadoras: ejecuciones sumarias, violencia sexual, tortura y otros tratos inhumanos y degradantes contra civiles y prisionero de guerra en las zonas controladas por los rusos.
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) que abrió una investigación en Ucrania tras la invasión rusa el 24 de febrero, dijo que ¨en su opinión los ecos de Núremberg deberían ser oídos actualmente¨, en referencia a la ciudad alemana donde se juzgaron a un grupo de dirigentes nazis por crímenes contra la humanidad.
Por otro lado el conflicto ucraniano es el gran tema de la Asamblea General de la ONU en un ejercicio de la diplomacia internacional marcada por la guerra en Ucrania y en un momento en que Rusia avanza su ofensiva como respuesta a los avances de Kiev que le han permitido parte del territorio que Rusia había ocupado.
Hasta ahora una, una clara mayoría de países del mundo ha respaldado a Ucrania en Naciones Unidas y se espera que las potencias occidentales busquen ganarse también el apoyo de países importantes que durante meses se han mantenido mas o menos al margen, como es el caso de la India.
No cabe duda de que el mundo afronta uno de los mayores retos para la paz y la seguridad globales , la guerra rusa de agresión contra Ucrania, que se suma a la crisis y fracturas geopolíticas existentes como las causadas por el COVID -19 y por el cambio climático.
En este contexto procede tener presente el carácter vinculante de la Carta de las Naciones Unidas en su totalidad ( paz y seguridad , derechos humanos, igualdad de genero, dignidad humana, igualdad de derechos de las naciones grandes y pequeñas) y la universalidad de los principios fundacionales de las Naciones Unidas, lo cual plantea la lógica de que en nuestros tiempos los países no están en capacidad de resolver los problemas por si solos, si no que deben abordarse de manera conjunta debido a su carácter y alcances mundiales.
Los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz Rusia-Ucrania no deben escatimarse para que el mundo sea para todos un lugar más seguro, para vivir, defendiendo la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho y asegurando la paz y la prosperidad para ambas naciones.
Se hace necesario defender la Carta de las Naciones Unidas y el Estado de derecho, atender las consecuencias mundiales de la agresión rusa contra Ucrania, promover el desarrollo sostenible y los derechos humanos, luchar contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, asi como configurar la agenda digital mundial.
Las crisis múltiples, y a menudo concurrentes de los últimos años han revelado algunos déficits notables en la gobernanza mundial y han puesto de manifiesto la necesidad de modernizar y reformar las Naciones Unidas ante la profundización de las fracturas geopolíticas en el orden de la paz y la seguridad internacionales.
Es urgente la necesidad de que se acometan cambios transformativos para convertir las Naciones Unidas, que estén dotadas de financiación sostenible, sean más inclusivas, transparentes y responsables y, en última instancia , estén adecuadamente preparadas para los retos y oportunidades del futuro.
Un acuerdo de paz y cese de la guerra Rusia – Ucrania requiere que se adopten pasos concretos para poner fin a la guerra y alejar el riesgo de un desastre nuclear, lo cual no se descarta partiendo de las amenazas de Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia.
Finalmente, los Estados Rusia –Ucrania conforme lo establece la Declaración de Paz y Cese de Guerras de HWPL deben reconocer la obligación de resolver sus conflictos internacionales a través de métodos pacíficos, incluida la referencia a la Corte Internacional de Justicia , otros órganos judiciales, acuerdos regionales, o por medio de arbitraje , mediación, conciliación u otras formas alternativas para la resolución de conflictos, y de tal manera que la paz y la seguridad internacional no se vean amenazadas. En ese orden Rusia-Ucrania deben aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia , de acuerdo con el artículo 36. Párrafo 2, del Estatuto de la Corte, sin reservas como un medio para asegurar que el conflicto será resuelto pacíficamente y de acuerdo con el derecho internacional.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.