Nacionales
Ministerio Público dice que imputados en caso Super Tucano han provocado más de un 90% de dilaciones.
SANTO DOMINGO.-Más de un 90 por ciento de las dilaciones en el caso Super Tucano han sido provocadas por los imputados en el mismo, según el Ministerio Público, cuyos involucrados son acusados de recibir sobornos de tres millones y medio distribuidos por la empresa brasileira de aeronáutica (Embraer) con el propósito de beneficiarse como suplidora de ocho aviones.
Así lo deploró la procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien señaló las tácticas dilatorias utilizadas por las defensas de los acusados, quienes solicitaron al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la extinción penal del caso por vencimiento del plazo máximo.
En este caso son procesados el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como las firmas 4D Business Group y Magycor, quienes enfrentan un nuevo juicio luego de que la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogiera la solicitud del Ministerio Público y anulara en todas sus partes la sentencia emitida el 30 de septiembre del año 2022 por el Tercer Tribunal Colegiado, mediante la cual fueron descargados.
“En el día de hoy se conoció la solicitud de extensión por vencimiento del plazo máximo al proceso que han planteado varios de los acusados en este proceso”, dijo Ortiz.
En ese sentido, sostuvo que el órgano acusador explicó cómo han sido las dilaciones tratadas por los tribunales y, sobre todo, por los acusados, “quienes han provocado más de un 90% de las dilaciones de este proceso, para pretender al día de hoy beneficiarse con una prerrogativa de la ley, que es el vencimiento por el plazo máximo”.
Ortiz habló del proceso mientras respondía preguntas de la prensa a la salida del tribunal, el cual dijo que está ponderando ambas cuestiones y ha fijado su decisión para el 14 del mes próximo.
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por los jueces Keila Pérez Santana, Elías Santini y Arisleida Méndez (presidenta), conoció este lunes la solicitud de extinción penal del caso por parte de las barras de defensa, fijando la decisión para el próximo 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.
Además de Ortiz, el Ministerio Público estuvo representado por el titular de la Pepca, Wilson Camacho, así como por los procuradores fiscales José Miguel Marmolejos, Rosa Alba García y Rosa Pichardo.
El pasado 4 de agosto el inicio del nuevo juicio fue aplazado para el 17 de este mismo mes, después para el 21 y posteriormente para este lunes 28 de agosto, luego de que el tribunal acogiera peticiones de las defensas.
El Ministerio Público señala en su acusación que los procesados recibieron sobornos por parte de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser escogida como la suplidora de ocho aviones de combate, denominados Super Tucano, en el año 2007.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.