Santo Domingo.- La libertad pura y simple, o en su defecto, la variación de la prisión preventiva por una medida de coercion menos gravosa, constituyeron las principales peticiones presentadas ayer por cinco imputados del caso Odebrecht, ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), durante la audiencia de conocimiento de los recurso se apelación que sometieron 10 de 13 de los imputados.Nacionales
Acusados piden que los dejen en libertad
CASO ODEBRECHT. JUECES CORTE RECESAN PARA HOY AUDIENCIA DE APELACIÓN
Santo Domingo.- La libertad pura y simple, o en su defecto, la variación de la prisión preventiva por una medida de coercion menos gravosa, constituyeron las principales peticiones presentadas ayer por cinco imputados del caso Odebrecht, ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), durante la audiencia de conocimiento de los recurso se apelación que sometieron 10 de 13 de los imputados.La defensa de esos imputados coincidieron en atacar la resolución de medida de coerción emitida por el juez especial de instrucción, Francisco Ortega Polanco, alegando violaciones constitucionales y legales, principalmente por la vulneración de derechos fundamentales, falta de motivación y de pruebas.
Afirmaron que los imputados tienen suficiente arraigo y que no representan peligro de fuga, en lo cual sustentaron su petición de variación de medida de coerción de prisión preventiva que le impuso el juez Ortega Polanco el siete de junio del 2017, la cual está cumpliendo en la cárcel Najayo Hombres.
Esos alegatos, entre otros, fueron invocados por el presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; el exministro de Industria y Comercio y miembro del Comité Político del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás; el exministro de Obras Públicas y secretario de Finanzas del PLD, Víctor Díaz Rúa; el administrador de Ege-Haina, Máximo D` Oleo, y el exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ruddy González, quienes se encuentran privados de libertad, y fueron los primeros cinco que expusieron en la audiencia que inició a las 9:37 de la mañana.
Mientas, al final de la tarde, expusieron sus argumentos los abogados del diputado del PRM Alfredo Pacheco, quienes solicitaron la nulidad de la medida de coerción que pese en contra de su cliente, consistente en garantía económica de RD$5,0 millones e impedimento de salida del país.
Los implicados en el caso de los sobornos que por US$92 millones admitió pagar Odebrecht en el país expusieron sus alegatos hasta las 6:30 de la tarde de ayer. A esa hora, el tribunal recesó el conocimiento de los recursos de apelación hasta este viernes, a las 9;30 de la mañana.
Explicación de jueza
Los recursos de apelación son conocidos por los cinco jueces de la Cámara Penal de la SCJ, presidida por Miriam Germán Brito, que no se inhibió en el proceso y explicó que la carta que envió al presidente de la SCJ, Mariano Germán, de que no la tomara en cuenta en el caso Odebrecht, fue una reacción apresurada ante opiniones mal intencionadas.
De inmediato procedió a informar el procedimiento que se seguirá en la audiencia. Se determinó que la defensa de los imputados agoten un turno en orden alfabético en función de los apellidos de los implicados y que la audiencia se conocerá en horario de 9:30 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, con un receso a la 1:00 de la tarde hasta las 2:30 para el almuerzo.
Aunque 13 de los 14 acusados de sobornos en el caso Odebrecht tienen medidas de coerción, solo 10 sometieron recursos. El siete de junio, el juez de instrucción especial, Francisco Ortega, impuso un año de prisión preventiva en contra del empresario Ángel Rondón; nueve meses para Díaz Rúa y Pittaluga Arzeno; seis meses a Montás, Bautista, y el exdiputado Ruddy González.
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AUDIENCIA DE HOY Y DEFENSA ACUSADOS
Hoy la audiencia continuará escuchando los argumentos de la defensa de Conrado Pittaluga, Ángel Rondón, César Sánchez, y Radhamés Segura, otros cuatro de los 10 que presentaron recursos de apelación. A cada defensa de los imputados se les otorgó un tiempo de 45 minutos. Después que hablen la defensa, corresponde exponer a los representantes del ministerio público. La Segunda Sala de la SCJ la integran, además de Germán Brito, Esther Agelán Casasnovas, Juan Hirohito Reyes, Fran Soto y Alejandro Moscoso Segarra.
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Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
Nacionales
Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.