Santo Domingo.- La libertad pura y simple, o en su defecto, la variación de la prisión preventiva por una medida de coercion menos gravosa, constituyeron las principales peticiones presentadas ayer por cinco imputados del caso Odebrecht, ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), durante la audiencia de conocimiento de los recurso se apelación que sometieron 10 de 13 de los imputados.Nacionales
Acusados piden que los dejen en libertad
CASO ODEBRECHT. JUECES CORTE RECESAN PARA HOY AUDIENCIA DE APELACIÓN
Santo Domingo.- La libertad pura y simple, o en su defecto, la variación de la prisión preventiva por una medida de coercion menos gravosa, constituyeron las principales peticiones presentadas ayer por cinco imputados del caso Odebrecht, ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), durante la audiencia de conocimiento de los recurso se apelación que sometieron 10 de 13 de los imputados.La defensa de esos imputados coincidieron en atacar la resolución de medida de coerción emitida por el juez especial de instrucción, Francisco Ortega Polanco, alegando violaciones constitucionales y legales, principalmente por la vulneración de derechos fundamentales, falta de motivación y de pruebas.
Afirmaron que los imputados tienen suficiente arraigo y que no representan peligro de fuga, en lo cual sustentaron su petición de variación de medida de coerción de prisión preventiva que le impuso el juez Ortega Polanco el siete de junio del 2017, la cual está cumpliendo en la cárcel Najayo Hombres.
Esos alegatos, entre otros, fueron invocados por el presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; el exministro de Industria y Comercio y miembro del Comité Político del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás; el exministro de Obras Públicas y secretario de Finanzas del PLD, Víctor Díaz Rúa; el administrador de Ege-Haina, Máximo D` Oleo, y el exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ruddy González, quienes se encuentran privados de libertad, y fueron los primeros cinco que expusieron en la audiencia que inició a las 9:37 de la mañana.
Mientas, al final de la tarde, expusieron sus argumentos los abogados del diputado del PRM Alfredo Pacheco, quienes solicitaron la nulidad de la medida de coerción que pese en contra de su cliente, consistente en garantía económica de RD$5,0 millones e impedimento de salida del país.
Los implicados en el caso de los sobornos que por US$92 millones admitió pagar Odebrecht en el país expusieron sus alegatos hasta las 6:30 de la tarde de ayer. A esa hora, el tribunal recesó el conocimiento de los recursos de apelación hasta este viernes, a las 9;30 de la mañana.
Explicación de jueza
Los recursos de apelación son conocidos por los cinco jueces de la Cámara Penal de la SCJ, presidida por Miriam Germán Brito, que no se inhibió en el proceso y explicó que la carta que envió al presidente de la SCJ, Mariano Germán, de que no la tomara en cuenta en el caso Odebrecht, fue una reacción apresurada ante opiniones mal intencionadas.
De inmediato procedió a informar el procedimiento que se seguirá en la audiencia. Se determinó que la defensa de los imputados agoten un turno en orden alfabético en función de los apellidos de los implicados y que la audiencia se conocerá en horario de 9:30 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, con un receso a la 1:00 de la tarde hasta las 2:30 para el almuerzo.
Aunque 13 de los 14 acusados de sobornos en el caso Odebrecht tienen medidas de coerción, solo 10 sometieron recursos. El siete de junio, el juez de instrucción especial, Francisco Ortega, impuso un año de prisión preventiva en contra del empresario Ángel Rondón; nueve meses para Díaz Rúa y Pittaluga Arzeno; seis meses a Montás, Bautista, y el exdiputado Ruddy González.
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AUDIENCIA DE HOY Y DEFENSA ACUSADOS
Hoy la audiencia continuará escuchando los argumentos de la defensa de Conrado Pittaluga, Ángel Rondón, César Sánchez, y Radhamés Segura, otros cuatro de los 10 que presentaron recursos de apelación. A cada defensa de los imputados se les otorgó un tiempo de 45 minutos. Después que hablen la defensa, corresponde exponer a los representantes del ministerio público. La Segunda Sala de la SCJ la integran, además de Germán Brito, Esther Agelán Casasnovas, Juan Hirohito Reyes, Fran Soto y Alejandro Moscoso Segarra.
listindiario.com
Desde este viernes hasta el sábado tendrá lugar en la Cancillería la XXVIII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
De los 22 miembros que integran la Cumbre Iberoamericana, 14 estarán presentes en el evento representados con sus presidentes o primeros ministros, mientras que el resto de países enviarán representaciones.
Hasta el momento han arribados al país para participar de la actividad: el rey de España, Felipe VI; el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo De Sousa; la presidenta de Honduras, Xiomara Castro y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien está acompañado del canciller Julio César Arriola.
El presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa,a su arribo a la nación.
Asimismo, han confirmado asistencia el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez; el colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric, el argentino Alberto Fernández y el cubano Miguel Díaz-Canel. También asistirá el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el primer ministro de San Vicente y Granadina, Ralph Gonsalves.
Los demás países estarán representados.
Los que no vienen
Entre los mandatarios que estarán ausentes se encuentran el brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, Daniel Ortega y el salvadoreño Nayib Bukele.
Cumbre Iberoamericana
Este año se llevará a cabo bajo el lema “Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible”, al tener como principales materias de debate la seguridad alimentaria, el medioambiente, los derechos digitales y una nueva arquitectura financiera.
Santo Domingo, RD.-Tres decretos fueron emitidos este jueves por el presidente Luis Abinader en los que se disponen la entrega en extradición de tres dominicanos solicitados por el gobierno de los Estados Unidos.Mediante los decretos 125-23, 126-23 y 127-23, el Poder Ejecutivo dispone la entrega de los nacionales dominicanos Darío Jiménez Castillo, alias El Don, Tomás Vásquez Mejía y Erasmo Martínez Trinidad, alias Eramo, acusados entre otras cosas de distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contiene cocaína, en violación al título 21 del Código de los Estados Unidos.
Darío Jiménez Castillo, cuya extradición se encuentra en el decreto 125-23, fue solicitado en octubre de 2017 mediante una nota diplomática por el gobierno estadunidense, acusado de cuatro cargos en el caso núm. 14-20504 CR-ALTONAGA.
Entre los cargos que se le imputan a Jiménez están confabulación para importar en los Estados Unidos desde el exterior, cinco kilogramos de una mezcla con una cantidad detectable de cocaína; importar a los Estados Unidos desde un lugar fuera de ella cinco kilogramos de cocaína, como también de confabulación para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína en territorio estadounidense.
Todos los cargos de los que se le encarta a Jiménez Castillo, se encuentran tipificados en violación al Título 21 del Código de los Estados Unidos.
Tomás Vásquez Mejía, entrega dispuesta mediante el decreto 126-23, fue solicitado por el país norteamericano en diciembre de 2021, sobre Vásquez Mejía pesan tres imputaciones en el caso núm. 21-239 (PAD).
Las acusaciones en contra de Vásquez Mejía son tres, la primera de ellas relacionada a la asociación para fabricar y distribuir cinco kilogramos de cocaína o más, “a sabiendas de o teniendo motivos razonables para saber que dicha mezcla o sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos o hacia aguas dentro de una distancia de doce millas de la costa de los Estados Unidos”. Asimismo, importar a los Estados Unidos cinco kilogramos o más de cocaína.
Ambas acusaciones violan el Título 21, del Código de los Estados Unidos. Mientras que en violación al Título 46, del Código de los Estados Unidos, se le acusa de “poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína estando a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos”.
En tanto, que en el decreto 127-23, se pone a disposición la entrega en extradición de Erasmo Martínez Trinidad, cuya solicitud por parte de Estados Unidos fue realizada en fecha mayo de 2018, tras ser imputado en el caso núm. 14-448 (FAB).
Martínez Trinidad es acusado de poseer con intención de distribuir en exceso de cinco kilogramos de una mezcla con características detectables de cocaína en violación al título 21 del Código de los Estados Unidos.
Asimismo, de posesión con la intención de “distribuir en exceso de cinco kilogramos de una mezcla o sustancia que contiene cantidades detectables de cocaína y por asistir y ser cómplice en violación del título 21 y 18, el titulo sección 2, del código de los Estados Unidos”.
El Estado dominicano dispuso la entrega de los tres nacionales dominicanos bajo la condición de que no serán juzgados “bajo ninguna circunstancia” de imputaciones diferentes a las solicitadas, ni se les aplicará una pena superior a la establecida en la legislación dominicana, ni pena de muerte.
Santo Domingo, RD.-En el caso de corrupción identificado como Calamar no sólo están involucrados ministros del pasado gobierno de Danilo Medina, sino que también aparece en el expediente el director de Titulación de Tierras de la actual administración, Mérido Torres de Jesús Espinal.De acuerdo al documento, De Jesús Espinal recibió del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, RD$32,065,992.00 por el pago de unos terrenos que supuestamente eran de su propiedad.
Explican que el desembolso se hace en los libramientos 51 y 52 del 24 de enero del 2020; por el pago a Marcial Reyes y compartes, “sucesores” de Generosa Reyes O Ben, Florencia Reyes, Agustina Reyes, Evarista Pérez Reyes, Pablo Reyes, Oliverto Reyes Lora, Domingo Reyes Mosquea y Moisés Reyes O Ben.
Dicen que Donald Guerrero, en su calidad de Ministro de Hacienda, el 13 de enero del 2020, mediante la comunicación núm. MH-2020-001380, le requirió al entonces director de Bienes Nacionales, Emilio César Rivas Rodríguez, la remisión del expediente a nombre del señor Marcial Reyes, correspondiente a la declaratoria de utilidad pública que hiciera el Estado dominicano, sobre una porción de terreno de 67,586.40 m2 dentro del ámbito de la parcela núm. 613, del Distrito Catastral núm. 32, del Distrito Nacional (actual municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo).
En ese momento, de acuerdo al Ministerio Público, no existía ningún requerimiento, ni acuerdo transaccional, entre el Estado dominicano, representado por la Dirección General de Bienes Nacionales y los supuestos sucesores de estas personas.
El nombre de Mérido de Jesús Torres Espinal se hace presente por ser uno de los supuestos propietarios de la parcela 613, amparada en el Certificado de Título núm. 46572, con una extensión superficial de 168,966.00 m2, expropiada mediante el decreto núm. 1159, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año 1955.
Al día siguiente de la orden dada por el exministro de Hacienda (14 de enero), Emilio César Rivas Rodríguez, firmó un acuerdo transaccional con los sucesores de Generosa Reyes O Ben y demás propietarios, en el que también se menciona al abogado Ángel Gilberto Lockward Mella.
Por estos terrenos se acordó pagar RD$1,288,365,750.00, con el fin de que “dejaran sin efectos jurídicos todas las litis judiciales en curso y por venir, que enfrentaran a las partes suscribientes”.
“Como patrón recurrente del maniobrar fraudulento se destaca también en este acuerdo que, Emilio César Rivas Rodríguez, en su condición de director de Bienes Nacionales, consintió la emisión de un primer pago ascendente a la suma de mil treinta millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos pesos dominicanos (DOP 1,030,692,600.00), equivalentes al 80% del precio acordado, sin que los supuestos sucesores acreditaran su calidad de legítimos sucesores, ni los requisitos obligatorios que demandaba el expediente de expropiación”, dice el Ministerio Público.
El Ministerio Público establece que Merido de Jesús Torres Espinal recibió por sus terrenos RD$32,065,992.00; Ángel Gilberto Lockward Mella recibió a título personal RD$70,203,268.00.
Más adelante dicen que Ángel Gilberto Lockward Mella recibió más de RD$150,000,000.00, pagados a título personal y mediante interpósitas personas, “como la razón social Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Joar Emil Ortiz Hernández, y Mérido de Jesús Torres Espinal”.
Dentro de las pruebas documentales que posee el expediente, el Ministerio Público indica la copia de documento titulada “Entrada de Diario de Transacciones” (Libramientos) número y versión 52-1 de fecha 24/01/2020 concepto: “Pago deuda de BN con Marcial Reyes y compartes. Abono del 80% de la expropiación de terreno de 168,966 MTS2 parcela 613 del Distrito Catastral 32 en Santo Domingo. Sentencia Núm. 0030-03-2019 SSEN-00484 fecha 05/12/2019 beneficiarios: Ángel Lockward Mella, Mérido de Jesús Torres Espinal, Joar Emil Ortiz Hernández, Prominex Multiservicios SRL, Rediux Consulting SRL, por un monto de DOP 463,811,670.00”.