Opinión
Ada Balcácer y los años sesenta
Por Andrés L. Mateo
Lo que ha quedado en el espíritu de quienes sobrevivimos a la movilidad social de los años sesenta habiéndola reflexionado es sobrecogedor. Los del sesenta hemos sobrevivido de derrumbe en derrumbe, y casi naufragado en el amargo signo de nuestra época: la perversión y la muerte. Con la desaparición de Trujillo sobrevino una idea de la libertad; quitamos los cerrojos de los labios, hicimos poemas, pintamos cuadros y armamos esculturas, nos desgarramos gritando el sueño de una reconquista de nosotros mismos, casi perdidos y tomados por los bríos del ideal, con las camisas en llamas, jurando exterminar la explotación del hombre por el hombre. Fue un viaje, un largo periplo hacia nosotros mismos que no estuvo libre del martirologio y la lucha ideológica.
Justo ahí, en esa década convulsa, aparece Ada Balcácer. Y es importante referirnos a la década de los años sesenta, porque mucha gente piensa que la desaparición de Trujillo sirvió únicamente para situarnos de golpe en medio de los aires de libertad que el continente americano respiraba. Pero no fue así, porque el trujillismo era también la forma más concreta de enajenación de la identidad que conoce la historia dominicana y la manera más efectiva de desvincularnos de las corrientes del pensamiento universal.
Con Trujillo se enmascaró de tal forma al ser dominicano que él nos podía emparentar con la gesta hispánica del Cid Campeador y abolir de un plumazo al ser concreto que se expresaba en la realidad social; desterrando al negro, suprimiendo por decreto las creencias mágico-religiosas, apostrofando las manifestaciones de la cultura popular y adulterando los imaginarios que conforman la vida del pueblo llano, para convertirnos en españoles allende los mares.
Si miramos las series con las que ella se presenta, de inmediato nos asaltará el carácter subversivo de sus propuestas pictóricas.
Lo que se abrió fue, por lo tanto, una búsqueda desesperada del ser nacional. Fue de ahí que surgieran los movimientos como Arte y Liberación, los grupos literarios como La Generación del Sesenta, los grupos El Puño, La Isla, La Máscara, etc. Y surgieron, también, los pintores que, viniendo de la academia, se lanzaron a buscar las raíces del ser nacional. Ada irrumpió en ese momento, y ella no lo sabía, pero hoy podemos leer su pintura como la insurgencia de un discurso contestatario que se plantaba ante sí mismo, derribando las barreras de la enajenación ideológica que el absolutismo trujillista había legitimado. La palabra enajenación quiere decir alejarse de sí mismo, no reconocerse en su mismidad, ser distante de lo que constituye el verdadero ser de una persona o de una comunidad nacional. Y eso era lo que había ocurrido en la historia dominicana de los treinta y un años de la Era. Si miramos las series con las que ella se presenta, de inmediato nos asaltará el carácter subversivo de sus propuestas pictóricas.
¿Qué había en esos trazos amenazantes, en esa persistencia de la luz (la luz es una obsesión ingobernable en Ada, no cualquier luz, a lo Caravaggio, por ejemplo; sino la luz del trópico que es tan sugerente y omnipresente que ciega), en esa recuperación de lo ancestral que prefiguran la mirada elusiva y las múltiples tetas de “Tatica madre África”, la conga encojonada de “Robalagallina, rey del carnaval”, o el signo alegórico de una historia particular y traumática del bacá? Simplemente, el encuentro de lo múltiple en el arte y lo variado de la realidad del ser nacional. La dominicanidad había sido el discurso de lo idéntico (la hispanidad) hasta entonces, y esta pintura rescata lo múltiple, lo variado, el arcoíris infinito de nuestro ser. Nosotros no habíamos leído todavía a Claude Lévi-Strauss, ni Roland Barthes había escrito su “Mitologías”. Dagoberto Tejeda no soñaba con conseguir una beca para Brasil, y Fradique Lizardo ni pensaba en irse a Bélgica o a Venezuela a estudiar antropología y folklor. Pero ya Ada era Ada, y todos comenzábamos a ver en ella la expresión artística de una recuperación épica de lo propio de nuestro ser. Todos comenzamos a llamarle a Ada “La Bacá”, y ese sesgo denominativo, ahora lo sabemos, reinterpretaba en su persona un aspecto de la cultura dominicana que había sido clandestinizado por la cultura oficial: las manifestaciones de los mitos y leyendas populares del dominicano. La década de los años sesenta es de una gran movilidad social en nuestro país y en casi todo el continente americano. Con la caída de Trujillo se orientó un fuerte sentimiento de ruptura con la cultura anterior. En estos cuadros podemos notar cómo es en la pintura de Ada que, desde el punto de vista de la plástica, esta ruptura se instala. No era gratuito entonces que, a sus espaldas, nosotros le llamáramos “La Bacá”, y no es extraño tampoco que su serie se inscribiera bajo el título de “El bacá derribando el mito”.
Lo que estaba ocurriendo es que los mitos populares se reinterpretaban como parte de la expresión cultural auténtica del dominicano, y ello entrañaba una provocación y una revolución frente a la cual las creencias mágico-religiosas venían a ser valoradas como parte del mundo espiritual del dominicano. ¿Por qué el bacá derribaba al mito? Porque la dominicanidad había falsificado en la ideología hispanista el espejo de sí misma y apostaba a la ilusión de ser lo que no era. A las experimentaciones pictóricas de Ada vinieron a parar todos estos bríos de ruptura de los años sesenta, y solo un espíritu intranquilo como el alma de esta mujer pudo haber conseguido los dones de expresar en una obra de arte consistente todos estos valores de nuestra vida espiritual que antes no habían sido reconocidos en las artes plásticas nacionales.
Cuando Fernández Pequeño me habló de este acto, yo pensé en una mesa redonda en la que estuvieran Norberto James, René Alfonso, Miñín Soto, Carlos Francisco Elías y algunos otros que la vida ha desperdigado por ahí; o que la muerte ha entrampado en sus garras, como René del Risco. Porque entonces sí que hubiéramos molido canela fina y discutido de manera ensordecedora sobre esos años convulsos. Y tal vez, solo tal vez, hubiéramos tenido una idea de por qué en los años sesenta del siglo pasado esta mujer era “La Bacá”.
Todos comenzamos a llamarle a Ada “La Bacá”, y ese sesgo denominativo, ahora lo sabemos, reinterpretaba en su persona un aspecto de la cultura dominicana que había sido clandestinizado por la cultura oficial: las manifestaciones de los mitos y leyendas populares del dominicano.
Por Isaías Ramos
Subsidiar futuro o financiar privilegios
La advertencia de Estados Unidos no es el problema; es el espejo. Durante décadas, República Dominicana llamó competitividad a un modelo que subsidia sectores, celebra récords y deja a demasiados trabajadores sin salario suficiente para vivir.
Estados Unidos incluyó a República Dominicana entre economías investigadas por fallas para impedir que bienes producidos con trabajo forzoso entren al comercio internacional, dentro de procesos de la Sección 301. No es condena a cada empresa; es alerta nacional: el mundo ya no aceptará como competitividad la vulnerabilidad laboral convertida en ventaja comercial.
También es una pregunta constitucional: si el Estado debe proteger la dignidad humana y el trabajo, ningún incentivo público puede sostener un modelo que abarata al trabajador para vender competitividad.
Durante años hemos denunciado que República Dominicana no puede seguir presentando zonas francas y turismo hotelero como símbolos absolutos de éxito si quienes sostienen esos sectores permanecen atrapados en salarios que no permiten una vida digna. No hablamos de esclavitud jurídica clásica. Hablamos de servidumbre salarial moderna: empleo sin movilidad, crecimiento sin dignidad y vulnerabilidad laboral convertida en ventaja competitiva.
Detrás de cada récord turístico y de cada contenedor exportado hay manos dominicanas: camareras que limpian habitaciones que difícilmente podrían pagar, operarios que producen para mercados ricos y vuelven a casas donde la compra se lleva el mes, jóvenes que trabajan diez horas y aun así no ven ahorro ni futuro.
La vergüenza es que una presión externa nos recuerde lo que la dirigencia política debió defender hace décadas: ningún incentivo público debe sostener salarios de subsistencia ni privilegios sin retorno social.
La historia agrava la comparación. Taiwán inauguró la zona de procesamiento de exportaciones de Kaohsiung en 1966. República Dominicana inició sus zonas francas en 1969, en La Romana, apenas tres años después. Taiwán lo convirtió en escalera hacia tecnología; nosotros seguimos discutiendo exenciones, salarios insuficientes y poca movilidad social.
El problema dominicano no es falta de inversión o recursos. El problema es que demasiadas reglas extraen trabajo barato, exenciones del Estado y rentabilidad de la vulnerabilidad, pero devuelven poco en salario digno, tecnología, productividad o movilidad social.
Un país no fracasa porque no produzca riqueza. Fracasa cuando permite que esa riqueza se concentre arriba y no abra camino abajo.
La encuesta ACD confirma el dolor cotidiano: el alto costo de vida y la economía aparecen como principal problema; la comida es el gasto que más pesa en el hogar; y bajar precios de alimentos sería el mayor alivio doméstico. LS Consulting completa el cuadro: 86% entiende que es muy difícil progresar aunque se trabaje duro, y 84% no siente el crecimiento económico en su vida diaria.
Miremos la contradicción. En el turismo hotelero, rostro celebrado del modelo dominicano, el salario mínimo llegará a RD$21,840 en junio de 2026. Mientras tanto, la Global Living Wage Coalition estima para Santo Domingo un salario digno de RD$40,051 mensuales en 2025. Celebramos récords de visitantes e inversión, pero muchos trabajadores de esa vitrina siguen lejos de un ingreso suficiente. Un empleo que no permite salir de la pobreza no es movilidad social: es contención social.
Lo mismo ocurre con los incentivos. El informe oficial de gasto tributario estima para 2026 RD$393,541.54 millones, equivalentes al 4.54% del PIB: recursos que el Estado decide no cobrar mediante exenciones e incentivos. No todo incentivo es indebido. Pero todo apoyo público debe responder una pregunta: ¿qué recibe la nación a cambio?
Ahora el Gobierno anuncia un paquete tributario para recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones. Algunas medidas pueden tener sentido progresivo; otras pueden generar presiones inflacionarias indirectas al encarecer transacciones, servicios, conectividad, costos operativos y formalidad. Ninguna carga tributaria existe en el vacío: una parte puede trasladarse a precios, reducir consumo o presionar aún más la canasta básica. Y esa factura llega a una clase media y trabajadora sin margen.
Por eso la pregunta sigue intacta: ¿por qué pedir más carga tributaria antes de auditar la eficiencia del gasto público, transparentar el presupuesto, explicar el destino de los préstamos tomados y revisar los casi RD$393,541 millones de gasto tributario estimado para 2026? No hay reforma fiscal justa sin eficiencia, transparencia, control del endeudamiento y auditoría de privilegios.
Si el Estado deja de cobrar, tiene derecho a exigir. Si subsidia, debe auditar. Si exonera, debe condicionar. Si protege un sector, debe exigir salario digno, productividad, tecnología, compras locales, trazabilidad laboral, sostenibilidad y movilidad social. El apoyo público no puede ser regalo: debe ser contrato.
Una de las peores distorsiones de un gobierno es sustituir competitividad con subsidios y eficiencia con regulación burocrática. La competitividad verdadera nace de productividad, tecnología, energía confiable, logística, educación, trabajo digno y reglas claras. Cuando el Estado subsidia lo que no compite y regula para tapar lo que no funciona, castiga al que produce, protege al ineficiente y carga la factura al pueblo.
República Dominicana no tiene que escoger entre inversión y dignidad laboral. Debe construir una coalición productiva responsable bajo una regla común: todo apoyo público debe producir retorno público.
La inversión que genera empleo digno, tecnología, productividad y encadenamientos debe ser aliada nacional. La inversión que solo extrae ventajas, paga salarios de subsistencia y no deja capacidades debe ser revisada.
Porque un país que subsidia al sector y abandona al trabajador no está desarrollando la nación: está financiando explotación salarial normalizada. Y un país que exporta riqueza mientras reproduce pobreza está comprando vulnerabilidad futura.
Ya basta de financiar privilegios: es tiempo de subsidiar futuro, exigir trabajo digno y gobernar con orden constitucional.
Por Robinson Lebrón
3 de 3
La manifestación más radical del principio de dignidad humana en el ecosistema electoral dominicano durante el periodo 2006–2026 ha sido la progresiva implementación del voto para los internos preventivos, conocido formalmente como el Voto Penitenciario. Históricamente, el ingreso al sistema carcelario dominicano conllevaba una muerte civil de facto, donde las personas privadas de libertad perdían la totalidad de sus derechos, independientemente de su estatus procesal.
Sin embargo, el artículo 24 de la Constitución Dominicana establece con claridad que los derechos de ciudadanía solo se suspenden de manera irrevocable tras una sentencia condenatoria que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Amparada en este precepto y bajo el impulso del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, la JCE, en coordinación con la Procuraduría General de la República, diseñó recintos electorales especiales dentro de las cárceles tradicionales y los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR).
La habilitación de este padrón especial para aquellos reclusos que esperan juicio y que, por tanto, gozan de la presunción de inocencia representa un avance ético sustancial. Al permitirles elegir a las autoridades de los niveles presidencial y legislativo, el Estado dominicano reafirma que la privación de libertad ambulatoria no despoja al ser humano de su dignidad intrínseca ni de su derecho a incidir en el destino político de la nación, combatiendo la marginalización institucionalizada de una de las poblaciones más vulnerables del país.
El análisis de los procesos político-electorales en la República Dominicana durante el periodo 2006–2026 revela una profunda contradicción entre el ordenamiento jurídico y la praxis cultural. La reforma constitucional de 2010 marcó un hito indiscutible al situar a la dignidad humana como el eje transversal del Estado Social y Democrático de Derecho. Desde una perspectiva formal, este mandato se tradujo en una expansión de derechos sin precedentes: la institucionalización del Voto Accesible para personas con discapacidad, la dignificación y restitución ciudadana de los internos preventivos mediante el Voto Penitenciario, y el blindaje jurisprudencial del debido proceso partidario y la equidad de género por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional (TC). Estos avances demuestran que el Estado dominicano ha diseñado una robusta armadura normativa orientada a proteger la autonomía y el valor intrínseco del ciudadano en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El autor es abogado y Docente Universitario.
Por Oscar López Reyes
Recuperar más de seis mil millones de pesos sustraídos malévolamente del patrimonio público, imputar judicialmente a 274 personas, lograr la apertura a juicio de 174 y condenas a 74 se configura, inequívocamente, como un acontecimiento récord. Y un hito que pulsa como punto de referencia en un terruño en el que, ondeando en el encubrimiento, jueces se quitan de los ojos la venda de la Diosa Temis para liberar sospechosamente, escudados en cuestionados tecnicismos legales, a personas señaladas por la comisión de delitos penales.
Solo un hijo de Satanás, integrante del tinglado de peculado que amerita ser fumigado con cubetas de desinfectantes, impugna o ignora con desdén la ejecutoria del Ministerio Público, liderado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el director de la Pepca, Wilson Camacho. Con valentía y sin miedo en el filo de un alto riesgo están escribiendo un capítulo de la historia de la contienda contra la corrupción –que incluye el cazar y someter a la Justicia a colegas fiscales en travesuras de sobornados- que puede servir de brújula ético-moral.
¡Échale!, sumando los del Ministerio Público y los del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP), apalancados independientemente por los sostenidos esfuerzos del presidente Abinader, el Gobierno ha recuperado, por intermedio de procesos legales, cerca de 6 mil 500 millones de pesos provenientes de activos de corrupción.
Con las denuncias que perennemente se graban y dejan huellas para la historia, los sometimientos judiciales, el inicio de juicios, las sentencias condenatorias y los decomisos, los que se sirvieron con la cuchara grande o el cucharón han tenido que comerse una brasa de carbón encendido. Esas cicatrices, ¿quedarán marcadas en infraestructuras en líneas que no se borran?, aunque se observe estrictamente la presunción de inocencia.
¿Quiénes han salido quemados? Se les han confiscado emolumentos a encartados en las operaciones Calamar, Medusa, Antipulpo, Coral y Coral 5G, la embajada dominicana en Panamá, los de la compra del Inmueble Peralvillo, los de Castillo R. Diseño & Construcciones, Maxi Montilla, la Operación 13 y el Ministerio de Educación.
¿Y ya…?
“A Dios rogando y con el mazo dando”. Buscando más decomisos de bienes de origen ilícito o recuperaciones, según nuestras indagatorias, 165 mil millones de pesos están en proceso de reclamación de las operaciones citadas, así como también de la Operación Lobo, Intrant, Senasa y Minerd. ¿Qué cantidad será conseguida, en acuerdos con la justicia o con la aplicación de nuevas leyes especializadas, como la de Extinción de Dominio?
¿Solo dos…?
Además de esmerarse con la designación de Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, el presidente Abinader creó, en 2021, la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República para hurgar sobre actos de corrupción, prácticas irregulares o erradas en el Gobierno. Y, entre ese año y el 2025, esta división institucional dirigida por Leónidas Radhamés Peña ha remitido a la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PEPCA) 426 reportes de datos para investigaciones, y 64 informes para iniciar indagaciones penales a partir de los hallazgos planteados en dichos registros.
¿Acaso son un cuento de hadas las declaratorias de culpabilidad y la imposición de penas por la comisión de una transgresión, y regresos monetarios al Estado? ¿O concretizan el alcance de una meta, por la perseverancia inquebrantable, con una dosis extra de fuerza de voluntad?
Las cifras antes citadas proclaman un salto decisivo y sin precedentes, tocado en el brinco de barreras tendidas por pillos que por doquier están a dos por chele. Representan un antes y un después en la brega contra el envilecimiento y la perversión administrativa estatal, en las entretelas de un sistema en que se torna enmarañado perseguir y sentenciar a ex funcionarios gubernamentales y particulares que olímpicamente se metieron en los bolsillos fondos públicos.
La batida 2020-2026 contra el soborno, el cohecho, el fraude y otros hechos punibles entraña un aprendizaje, porque demuestra que sí es posible rescatar los dineros robados al erario, y que quien mete la mano donde no debe puede quedarse sin ella.
El avance ha sido trascendental, aunque cuantitativamente parcial. Identificar, incautar y devolver a las arcas públicas metálicos malversados o hurtados mediante procesos legales y judiciales cuesta trabajo, por las presiones interesadas de estructuras del poder económico y político, la complicidad justificada por los de la bandera del color partidario, la resignación e inacción de pobres diablos de villas miserias que venden sus votos por un mendrugo de pan duro, la lentitud de procesos judiciales con jueces que se dejan corromper y sobornar, abogados penalistas que obstruyen la Justicia en el pantano de la mugre y leyes sin sanciones ejemplarizantes que socorran a los defraudadores.
Echando a un lado la consabida escasez financiera y las falencias del Ministerio Público, con tantos factores adversos, no viene fácil batir el cobre para conseguir condenas en un 100% de los involucrados en actos de corrupción. Por deducción lógica, habrá que formular una ecuación matemática –calculando los pro y los contra- para fijar unos valores aproximados de sentenciados, y compararlos con los de Corea del Norte, China y Cuba, donde los jueces acogen excepcionalmente el auto de “No ha lugar”.
Las luces están prendidas, para que todos vean muy bien y sepan cómo caminar y dónde amarrar los caballos, para no tropezar con recientes leyes aprobadas, como la de Compras y Contrataciones Públicas, la de Extinción de Dominio y la 74-25 o nuevo Código Penal, que establecen cárceles de hasta de 20 años e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
¿Quiere usted seguir siendo el viejo músico que toca el mismo compás?, ¿o el que se roba una gallina que ya no puede esconderle las plumas, para no ir por lana y volver trasquilado?
………………………….
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.