Nacionales
Admiten abusos en las expropiaciones de tierras
SANTO DOMINGO. El director general del Catastro Nacional, Bolívar Marte, reconoció ayer que se han cometido muchos abusos con las expropiaciones de terrenos por parte del Estado en las que se han lesionado intereses económicos y se ha afectado la parte humana y emocional de numerosas familias.
Sostuvo que el rol de la institución es ponerle precios a los terrenos que son embargados por el Estado.
«Cualquier valor que nosotros le pongamos a esos terrenos es poco por el daño que se le ha venido haciendo por años a todas esas familias afectadas», manifestó.
Precisó que hay sumo interés del presidente Danilo Medina, en ir solucionando situaciones de personas, cuyos terrenos son declarados de utilidad pública.
Asimismo, dijo respecto a los terrenos de Bahía de las Águilas que ha estado trabajando junto a Mensura Catastral, en su identificación.
«Si el Estado fuera a adquirir algo, el Estado debería pagarle si se demuestra que esa persona es propietaria, si fuera a expropiarse algo y ese es nuestro papel valorizar esos precios», especificó.
Marte habló tras asistir a una misa de acción de gracias en la iglesia Nuestra Señora de la Paz en el Centro de los Héroes, por el 64 aniversario de fundación de esa dependencia.
Entre los logros alcanzados durante este 2013, citó el plan piloto que realizan en ubicación de terrenos para titulación en sectores como Los Alcarrizos, Los Mina, Los Frailes, Sabana Perdida y Villa Altagracia.
Además, los terrenos de La Barquita, donde se levantará un proyecto habitacional, los cuales serán tasados. La mayoría de esos terrenos han sido utilizados en construcciones y ampliaciones de avenidas y carreteras.
«La idea es darle un justo precio a las personas que han sido afectadas, sin lesionarlas, ni tampoco al Estado», apuntó.
La Dirección General de Catastro Nacional fue fundada mediante la Ley 317-49, con la misión de formar, conservar y actualizar los inventarios de los bienes inmuebles del país.
Además de la eucaristía, los funcionarios de la institución depositaron una ofrenda floral en el Altar de la Patria. Estuvieron presentes, además de Marte, el subdirector técnico, Claudio Peña, y el subdirector administrativo, José Mercedes Regalado.
Nacionales
Proyecto para modificar Ley de aviación civil fue enviada a la Comisión de Justicia del Senado.
Santo Domingo, R.D.-El proyecto que modifica la Ley 491-06 fue enviado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República la tarde de este martes, el cual fue sometida por el Poder Ejecutivo con el objetivo de modernizar y someter a los nuevos tiempos con la inclusión de controles para regular el uso de drones en el país.
El proyecto fue citado por Ricardo de los Santos, presidente de la Cámara Alta, quien, de inmediato, la remitió a la comisión para sus análisis y rendición de informe favorable en las próximas asambleas.
Una vez la pieza sea estudiada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos será sometida a votación por el Pleno. Luego, pasará a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión, y más adelante volverá al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación o su observación.
La Comisión de Justicia está integrada por Pedro Catrain, presidente; Yván Lorenzo, vicepresidente; y los miembros Dionis Sánchez, José Manuel del Castillo, Alexis Victoria Yeb, Franklin Romero, Félix Bautista y Faride Raful.
Cambios propuestos a ley Aviación Civil
Entre los cambios que busca el Ejecutivo es que operadores de drones, vehículos aéreos muy de moda en la actualidad, deban tener una licencia y, que, en caso de cometer faltas, estos deberán pagar entre RD$25,000 hasta RD$500,000 de multas.
Además, los operarios podrían pagar una multa de hasta un millón de pesos si el dron obstruye o desvía el objetivo de cualquier inspección o investigación.
De igual manera, la nueva ley también suspenderá las licencias de los pilotos que operen un avión bajo los efectos del alcohol o las drogas, al igual que penaliza a los que usen aviones para el narcotráfico y transporte ilegal de armas.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del ex-procurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado en la Operación Medusa, Carlos Balcácer, Nelys Rivas y Gustavo Biaggi, acusaron al Ministerio Público de violentar el debido proceso.
Los abogados presentaron varios incidentes en los que detallaron las presuntas infracciones que anularían la acusación contra el imputado.
De acuerdo con Biaggi, la primera de las violaciones fue el arresto del exprocurador en el 2021, en la cual no se le permitió la libertad de tránsito, impidiendo que viajara y, posteriormente, ejecutando un arresto sin ninguna orden o investigación formal en su contra.
Asimismo, señaló los «embargos ilegales» realizados por la Procuraduria Especializada Contra la Corrupción (Pepca) durante el arresto del exprocurador, sin haber alegadamente presentado documentos que avalaran esa acción.
También manifestó que al exprocurador ( (2016-2020) le fueron incautados bienes, los cuales fueron adquiridos de forma licita y previo al período de investigación, que es cuando él desempeñaba como funcionario público (2016-2020).
«Si usted persigue bienes ilícitos tiene que ser bienes que fueron adquiridos durante el período en que se le imputa haber hecho esas previsiones»
Entre ellos fueron señalados un apartamento en el residencial Las Gabrielas, que el exprocurador adquirió hace 22 años, además de una villa adquirida en 2006 y la embarcación Carpe Diem, comprada en 2014.
«Al momento de la Pepca incautar de forma irregular ha violentado las disposiciones de la Constitución dominicana, específicamente el articulo 51 cuando se habla de derecho fundamental a la propiedad», intervino Rivas.
Asimismo, comentó sobre la incautación de un local propiedad de la empresa Jurinvest Abogados SRL.
También, un inmueble en Casa de Campo, dos solares y un vehículo propiedad de otra compañía denominada Inversiones Cavalieri.
Indicó que la Pepca incautó, incluso, una vivienda de los padres de la esposa de Rodríguez, la cual no forma parte de los bienes de ambos
Filtración a la prensa
Otros señalamiento hechos por la barra de defensa contra el MP, fue la presunta filtración de información a la prensa.
De acuerdo con los alegatos de Biaggi, el órgano persecutor facilito la acusación a la prensa antes de la defensa conocerla, premisa que el Ministerio desmintió.
Pepca
Otros de los incidentes, expuestos por Balcácer fue «la falta de competencia del Pepca» para llevar la acusación y la investigación del acusado, indicando que a quien le corresponde es a la Fiscalia de Distrito Nacional, por una cuestión de jurisdicción.
Por esto, solicitaron al juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, anular la acusación contra Rodríguez.
Santo Domingo, R.D.-Un ciudadano neerlandés recibió prisión preventiva por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, quien es reclamado en extradición por narcotráfico y blanqueo de dinero por el Reino de los Países Bajos.
El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Francisco Ortega Polanco, Fran Soto, María Garabito, dispuso que Enriq Girigori Martha, cumpla la medida de coerción en el pabellón de extraditable del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo.
Los jueces tomaron la decisión, tras acoger una solicitud de medida de coerción presentada por el procurador adjunto Andrés Chalas, director del Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República.
Asimismo, el tribunal fijó para el 9 de mayo a las 12 del mediodía el conocimiento de la solicitud de extradición en contra de Girigori Martha, remitida a la Procuraduría por el Reino de los Países Bajos, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De acuerdo al pedido de extradición Girigori Martha es requerido para procesarlo penalmente por estar implicado en la importación de aproximadamente 200 kilos de cocaína y blanqueo de dinero, en violación de varias disposiciones del Código Penal neerlandés.
Los instrumentos jurídicos internacionales en que se fundamenta la solicitud de extradición son la conversación de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000 (Convención de Palermo).
También está sustentada la solicitud de extradición en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada el 19 de diciembre de 1988, en Viena, Austria.