Santiago.- El director de Aduanas, Enrique Ramírez Paniagua, al resaltar la importante relación comercial que mantiene República Dominicana con Haití, dijo que es importante formalizar el comercio entre los dos países.Nacionales
Aduanas estima exportaciones de RD hacia Haití en US$600 millones
Santiago.- El director de Aduanas, Enrique Ramírez Paniagua, al resaltar la importante relación comercial que mantiene República Dominicana con Haití, dijo que es importante formalizar el comercio entre los dos países.El funcionario expresó que las exportaciones de República Dominicana al país vecino es de un estimado de 600 millones de dólares al año.
Precisamente, por esa informalidad, no es preciso tener exacto las exportaciones que tenemos hacia Haití”, agregó el funcionario entrevistado por periodistas locales.
La frontera con Haití se usa mucho para actos ilícitos y si hay una colaboración entre las dos Aduanas, es posible evitar que eso siga sucediendo.
Por igual comunicó que las autoridades dominicanas firmaron un acuerdo con sus pares haitianas para colaborar con las Aduanas de la vecina nación, para que puedan cobrar más impuestos de los productos que entran a su país desde República Dominicana.
También manifestó que en el convenio, se acordó que colaboraran en ambas partes evitar los actos ilícitos que se presentan en la zona fronteriza domínico-haitiana.
“La frontera con Haití se usa mucho para actos ilícitos y si hay una colaboración entre las dos Aduanas, es posible evitar que eso siga sucediendo, como ha estado pasando por muchos años”, expresó el funcionario.
“En este momento, firmamos un acuerdo con las autoridades haitianas, va en progreso y vamos a colaborar más”.
Por eso aclaró que Aduanas, es la entidad responsable de administrar la frontera, que representa todos los contactos que tiene el país con el exterior, como aeropuertos, puertos.”No solo es frontera con la del vecino país de Haití y de esa manera no solo es recaudar la responsabilidad de Aduanas, sino hacer cumplir los tratados que ha firmado el país y ratificado por el Congreso y velar que se cumplan de manera ordenada”, observó.
Recaudaciones
Igualmente agregó que la Dirección General de Impuestos Internos recauda del 79 al 80 por ciento de los ingresos fiscales, y Aduanas entre un 20 a un 22 por ciento en total por año.
Pero dijo que para el presupuesto del 2017, los efectivos recaudatorios de la Dirección de Aduanas son RD$120 mil millones.
Importaciones
De otro lado, al ser entrevistado en el programa la Noche con Bélgica que produce la periodista Bélgica Suárez, junto a los comunicadores Víctor Mañaná, Sergio García y Tackon por el canal Teleuuniverso (29), el funcionario aclaró que en en lo que tiene que ver con los vehículos con más de cinco años de fabricación, existe una ley en tal sentido.
“A partir de julio de este año se aplica, que ese vehículo debe tener máximo cinco años de fabricación”, informó.
Según el funcionario, con ello buscan que el parque vehicular del país no sea tan añejo, porque crean dificultades, contaminaciones y afectan situaciones que no se corresponde con lo que interesa al país, que es signatario de acuerdos medio ambientales y que Aduanas tiene que velar que los vehículos que entran al país tienen que cumplir con estos estándares.
Compras por internet
El director de Aduanas se refirió a las compras que hacen por internet y el servicio de envíos, que realizan muchas personas en el país. Aclaró que si una persona compra en el exterior una consola de juego, se supone que es para uso personal.
“Pero si compra diez consolas en días diferentes y cuando vemos las estadísticas, vemos la cantidad de paquetes que el individuo trae al país, si es con fines comerciales, evidentemente debe pagar impuestos”, observó.
Asimismo, refirió que no hay limitaciones para las compras por Internet.
El director de aduanas agotó en Santiago el jueves y el viernes una apretada agenda de actividades, que incluyeron encuentros con diversos sectores productivos y participó en varios programas de televisión y otros medios locales.
Visitó la oficina regional de Aduanas en Santiago, el aeropuerto internacional del Cibao, las zonas francas de Matanzas y Gurabo y además sostuvo un encuentro con los textileros del Norte.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.