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Opinión

Advertencia a militares y policías

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Por Hamlet Hermann

HAMLET-HERMANN1Los mercenarios que golpearon recientemente a quienes ejercían el derecho ciudadano de protestar un cínico acto de Leonel Fernández fueron protegidos por la Policía Nacional mientras, a palos, se impedía la manifestación. Por eso, los militares y policías debían cuidarse también de sus propios jefes, quienes ocupan esos cargos por un desempeño político.

Los recientes asesinatos en Estados Unidos de dos adolescentes negros a manos de policías blancos, las consiguientes movilizaciones populares y el incremento de la represión gubernamental contra quienes reclamaban justicia, debían poner a pensar sobre el futuro a los militares y policías dominicanos. Los “uniformados” de este paisito de nosotros deben reflexionar cuidadosamente porque, a final de cuentas, si el Estado de Derecho sigue deteriorándose a la velocidad de 2014, es probable que el sector político que se siente más evidenciado por la lucha contra la impunidad de los corruptos los lance a la calle a reprimir a quien exija castigo para los culpables.

La Historia dominicana está repleta de episodios en los que, después que los políticos cometen sus fechorías y el pueblo protesta, lanzan la guardia a la calle a matar o apalear a cuantos exijan respeto por la Constitución y las leyes. Luego de ordenar a las fuerzas represivas disparar a discreción, los políticos gobernantes se refugian en su “bunker” mientras la sangre corre. Con ese mecanismo hipócrita, los guardias y policías quedan como los asesinos, mientras los políticos gobernantes, quienes dan las órdenes para ultimar a los principales opositores, quedan como mansas ovejas que a nadie hacen daño.

¿Recuerda alguien que cuando asesinaron a las hermanas Mirabal el Presidente de la República era el doctor Joaquín Balaguer, gran aliado del Partido de la Liberación Dominicana? Un grupo de miserables paleros fue sometido a juicio y condenado por el triple crimen mientras los autores intelectuales de esa matanza volvieron y volvieron a gobernar una y otra vez para enriquecerse y vender este país al crimen organizado.

¿Recuerda alguien que cuando asesinan a Manolo Tavárez y sus compañeros del Movimiento Revolucionario 14 de Junio quien gobernaba este país era el grupo oligárquico pro estadounidense que derrocó a Juan Bosch y a la Constitución de 1963? Eso parece haberse olvidado aunque los militares quedaron como chivos expiatorios al cumplir la orden impartida por los golpistas. Los políticos se limpiaron con tanto cuidado de aquella sangre que su descendencia todavía controla la economía nacional y se postula como árbitro excelente de la democracia occidental.

¿Recuerda alguien la matanza de gente humilde que ordenó el gobierno de Salvador Jorge Blanco en abril de 1984? Esa masacre permanece oculta porque el Partido Revolucionario Dominicano eludió su responsabilidad culpando a militares y policías que cumplían órdenes del Palacio Nacional. Así, ellos han estado hablando de democracia sin que esa sangre haya, históricamente, coagulado. Nunca se sabrá cuántos centenares de dominicanos humildes encontraron la muerte en esos días por órdenes de los políticos.

Los mercenarios que golpearon recientemente a quienes ejercían el derecho ciudadano de protestar un cínico acto de Leonel Fernández fueron protegidos por la Policía Nacional mientras, a palos, se impedía la manifestación. Por eso, los militares y policías debían cuidarse también de sus propios jefes, quienes ocupan esos cargos por un desempeño político.

La Constitución dominicana es clara:

A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe.

Con esos ejemplos debía ser suficiente para que militares y policías, en sentido general, se abstengan de servir como instrumento represivo para proteger la corrupción y la impunidad de los políticos actuales. Ellos debían estar conscientes de que, como decía el periodista Juan Bolívar Díaz pocos días atrás:

Cada vez es mayor la convicción de que la única ley que tiene plena vigencia es la de la conveniencia política, de la que no escapan ni siquiera las llamadas altas cortes que actúan como brazo político, dejando bajo fuertes interrogantes al Estado de Derecho prevaleciente en el país.

Debíamos vernos en el espejo de México donde la profundización de las políticas neoliberales creó una rapaz plutocracia cuya única divisa es la ganancia, empobreciendo a más de la mitad de la población y anulando las conquistas que se habían logrado en la Constitución. Aquí como allá, se ha generalizado un clima de extrema violencia, corrupción e impunidad que mantiene en estado de ilegitimidad a todas las instituciones del Estado.

Visto el caso y comprobados los hechos, los militares y los policías deben cuidarse de no volver a servir de instrumento de los políticos corruptos, quienes siempre los han utilizado como escudo criminal para esconder sus fechorías. Mientras los politiqueros siguen enriqueciéndose y forjando una imagen de mansas ovejas que nunca han sido.

Ojalá los gobernantes actuales no se dejen narigonear y eviten caer en esa trampa histórica.

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Opinión

La Semana Santa: Un Espacio de tiempo Apropiado para Pensar en Valores.

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Por José Cabral

La Semana Santa, la cual es utilizada para invertir ese tiempo en asuntos que generalmente no son los más recomendables, debían servir en esta época  de crisis de valores para pensar en aquellas cosas que pueden repercutir en favor de nuestros hijos, nietos, la familia en sentido general y toda la sociedad.

Ello así, porque la República Dominicana prácticamente ha tocado fondo en lo que respecta a los valores, no sólo cívicos y democráticos, sino también morales y éticos.

La cercanía de las elecciones para escoger las autoridades nacionales, dígase presidente, vicepresidente, diputados y senadores, manda que los paradigmas que prevalecen ahora puedan ser cambiados para que de alguna manera nos acerquemos a una democracia más acorde con una nación civilizada.

Las pasadas elecciones municipales enviaron un mensaje muy contundente en lo que respecta a que por lo menos los gobiernos municipales han sido escogidos afectados de una peligrosa ilegitimidad, es decir, que no representan a la mayoría de los munícipes, lo cual podría implicar un profundo problema de gobernabilidad.

A este fenómeno se le ha dado una y mil explicaciones, pero el asunto radica en que la sociedad dominicana se rige por valores profundamente antidemocráticos, tal vez como una expresión fiel de su herencia histórico-cultural, la cual se fundamenta en el machismo, el caudillismo, el patriarcado, el jefismo y el amiguismo.

Estas distorsiones ahora también son alimentadas por el fenómeno del clientelismo, es decir, que porcentajes importantes de votantes acuden a depositar su voto no sobre la base de que haya mayores garantías para sus hijos, la familia y la sociedad, sino con la exigencia de que primera se les entregue los suyos.

Entonces, esta crisis de valores tiene que ser una razón más que suficiente para que reflexionemos cómo vamos a afrontar una distorsión que podría llevar al abismo a la sociedad dominicana.

La Semana Santa aparte de ser un momento importante para fortalecer los lazos afectivos familiares, también debe servir para que reflexionemos con mucha profundidad sobre el destino que nos espera si continuamos por este derrotero.

Una consecuencia evidente esta crisis tiene que ver con el colapso de prácticamente todos los partidos políticos dominicanos, los cuales hoy atraviesan por una falta de credibilidad que muy difícilmente en algunos años puedan permanecer con vida.

Naturalmente, entre los dominicanos ya es una cultura que se espere la desgracia total para entonces pensar en las que pueden ser las soluciones.

La sociedad dominicana, dentro de cuyo contexto hay que incluir al Estado, está gravemente amenazada por la falta de credibilidad de las instituciones que deben servir de soporte a la democracia, pero nadie parece tomar el asunto en serio.

La Semana Santa podría ser un espacio de tiempo para que se asuma con seriedad una crisis que tiene una diversidad de aristas que no se ven a simple vista, pero que corroen el sistema de una forma muy acelerada.

Ya hemos llegado a tener autoridades ilegitimas a nivel de los gobiernos locales, ahora falta ver cuál será el comportamiento del ciudadano frente a las elecciones presidenciales y congresuales, porque podría ser que ahí sí la puerca tuerza el rabo.

Aprovechemos la Semana Mayor para escrudiñar como asumir el reto, ya que la democracia nacional está agonizante, cuyas debilidades deben repartirse entre todos los actores que han propiciado la actual situación.

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Opinión

Momento de reconciliarnos con nuestro lema nacional.

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Por Isaías Ramos

En estos tiempos tan inciertos y complicados que vive la nación dominicana, una nación cuyo espíritu danza al ritmo del merengue y cuya fortaleza se ha forjado en la fe y el valor, nos encontramos ante una encrucijada que pone a prueba nuestra esencia. Una élite política ha oscurecido las esperanzas de muchos, sembrando un sentimiento de amargura en gran parte de nuestra población. Mientras tanto, las continuas crisis de nuestros vecinos nos recuerdan el valor de la estabilidad y la importancia de la unidad.

Recordemos las palabras de Juan Pablo Duarte, el padre de nuestra independencia: «Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor». Estas palabras resuenan con una verdad inquebrantable, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. La nación se ve sacudida no solo por los vaivenes internos, sino también por las crisis que azotan a nuestros vecinos, recordándonos la fragilidad de nuestra estabilidad y la importancia de la unidad.

La Semana Santa se nos presenta como una pausa reflexiva, un momento sagrado para mirar hacia dentro y preguntarnos: ¿Hemos sido fieles al legado de quienes nos precedieron? En el silencio de estas jornadas, hallamos un espacio para la introspección, para volver a conectar con esos valores eternos de fe en Dios, amor patrio y libertad que nos legaron nuestros fundadores.

¿Cómo podemos, entonces, trascender la amargura y el descontento que parecen nublar nuestro horizonte? La respuesta yace en el poder transformador de la fe en Dios y en el amor incondicional por nuestra tierra. Al igual que en las luchas pasadas por nuestra independencia y soberanía, la fe en algo más grande que nosotros mismos fue el faro que guió a nuestros héroes. En esta Semana Santa, miramos hacia la cruz no solo como símbolo de sacrificio, sino como un recordatorio de la esperanza y la renovación.

La historia nos sirve de espejo, mostrándonos las huellas de aquellos que nos precedieron y las encrucijadas donde otros han tropezado. Las lecciones de naciones hermanas como Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua resuenan como ecos de advertencia y guía. Nos recuerdan la importancia de permanecer fieles a nuestros principios y los peligros de desviarnos del camino.

Imaginemos, por un momento, una República Dominicana renacida, donde el temor, la inseguridad y la corrupción sean meras sombras del pasado. Una nación donde cada ciudadano, movido por el temor reverente a Dios y el amor a su patria, contribuya a forjar un futuro lleno de esperanza y oportunidades. Este es el futuro que podemos construir juntos.

Que esta Semana Santa marque el inicio de un compromiso renovado, no solo con nuestras creencias personales, sino también con el legado que deseamos dejar. La cruz de Cristo, más allá de su significado religioso, simboliza la intersección entre nuestro pasado y nuestro futuro, entre nuestros errores y nuestra redención.

Así, en este momento sagrado, desde el Frente Cívico y Social hacemos un llamado a cada corazón dominicano: despertemos a la grandeza de nuestra herencia, a la fortaleza que reside en nuestra unidad y fe en Dios. Juntos, podemos transitar este camino hacia la redención, abrazando los desafíos como oportunidades para reafirmar nuestra identidad y propósito.

Que la Semana Santa sea el umbral que crucemos hacia un nuevo capítulo de nuestra historia, uno lleno de luz, paz y prosperidad.

¡Despierta, RD!

 

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Opinión

Implementación de leyes y procedimientos con la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

En términos generales los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán contar con leyes y procedimientos que les permitan cumplir con todas las solicitudes de asistencia de la IPC. Estas leyes y procedimientos necesitan ser suficientemente flexibles para permitir el cumplimiento de los Estados Partes de cualquier especificación contenida en la solicitud, tal como el modo de ejecución de una solicitud en particular, o el procedimiento a seguir. Este podría incluir requisitos tales como la confidencialidad, u otras formas de protección de la información, así como la urgencia de la solicitud.

Todos los Estados deberán establecer un método efectivo de comunicación con la Corte para que resuelva cualquier problema que pueda surgir en relación con las solicitudes de asistencia de la Corte. Por ejemplo, alguien que trabajara en la Embajada del Estado en La Haya debería ser designado como contacto con la Secretaría de la Corte, para que así se puedan identificar posibles dificultades de manera incipiente. Como mínimo, se debería designar una persona contacto que mantenga archivos actualizados de todas las comunicaciones con la Corte y sus distintos órganos.

Cuando los Estados Partes del Estatuto de Roma debían cumplir con requisitos particulares para ejecutar las solicitudes de la Corte Penal Internacional, deberán hacérselo saber a la Corte cuanto antes, luego de la ratificación. Si no lo hacen deberán estar preparados para hacerlo cuando la Corte solicite tal información.Los Estados Partes podrían también necesitar leyes que permitan a las personas especificadas por la Corte para presenciar y asistir en el proceso de ejecución, luego de el Estado Parte   Consultado

. Estas personas incluirán a personal de la CPI, tales como el Fiscal y Fiscales Adjuntos. Podrían también incluir al Abogado Defensor, en el caso de una persona investigada por la CPI, cuando sea una orden o solicitud de cooperación de la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el artículo 57 del Estatuto.

En líneas generales, los artículos 94 y 95 del Estatuto de Roma facultan a los Estados para aplazar la ejecución de las solicitudes en ciertas situaciones. El artículo 94 describe la situación en que la solicitud interfiera con una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto.

En el caso anterior el Estado requerido  podrá consultarlo ante la Corte Penal Internacional  y acordar un periodo de tiempo de prórroga  para la ejecución. Este periodo no excederá  de lo necesario para concluir la investigación o el enjuiciamiento de que se trate la ejecución de la solicitud. El Estado requerido podrá también prestar asistencia con sujeción a ciertas condiciones, en el caso en que decida prestar la asistencia de inmediato.

El artículo 95 describe el caso en que la solicitud de asistencia se aplace por estar pendiente la impugnación de admisibilidad de la causa. La Corte Penal Internacional es competente para decidir todos los asuntos jurisdiccionales que le conciernen.

Sin embargo, el Estado requerido podrá suspender la ejecución de una solicitud por estar pendiente una decisión de la Corte, a no ser que la Corte haya resuelto expresamente que el Fiscal puede recolectar prueba antes de que la Corte decida sobre la admisibilidad del asunto. En otras palabras, podría ser confuso ante tal situación si quien investigara el asunto sería la CPI o una autoridad nacional estatal.

Finalmente, por las razones anteriores los Estados podrán esperar hasta que se determine definitivamente la competencia de la Corte Penal Internacional, antes de que la ejecución de la solicitud sea obligatoria, según la parte 9 del Estatuto, salvo que la Corte disponga lo contrario.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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