Santo Domingo.-Un capitán del Ejército de la República fue ultimado de dos impactos de balas la mañana de este domingo cuando se dirigía a San Cristóbal en un carro de concho. El hecho ocurrió en el carretera Sánchez por el sector Ana Ramírez.

La información fue confirmada por la Policía Nacional.  Dijo que el oficial Roberto Doñé de la Rosa recibió el ataque de hombres que se desplazaban a bordo de un motor y «emprendieron la huida».

La víctima recibió los disparos en la cabeza y el cuello.

Diego Pesqueira, vocero de la uniformada, explicó a Diario Libre que la ahora víctima estaba en un carro de concho como pasajero cuando fue impactado. Agregó que el caso pasó a ser investigado por el Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim).

 «Hasta el momento, él iba a bordo de un carro del transporte público de los que denominan concho y le dispararon sin mediar palabras (…), pero le dispararon a él dentro del vehículo», agregó.

Explicó que, de acuerdo a los informes preliminares, la víctima iba por la carretera Sánchez por el sector Ana Ramírez. El hecho ocurrió a las 6:40 de la mañana.

«Dos personas a bordo de una motocicleta le dispararon a ese capitán por razones que se encuentran bajo investigación y emprendieron la huida», dijo.

La Policía Nacional ha sumido las investigaciones a través del personal de la Dicrim. Están haciendo los levantamientos correspondientes de cámara y entrevistas», detalló.

Un carnet de Doñé de la Rosa refiere que se desempeñaba como miembro de la seguridad de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa).

Se desconoce hacia dónde se dirigía el capitán del Ejército cuando fue ultimado.

Santo Domingo, R.D.-El político opositor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de Venezuela, Edmundo González Urrutia, permaneció por mas de dos horas en territorio dominicano en su ruta hacia España donde había solicitado asilo político.

De acuerdo con los detalles González Urrutia viajó en un avión de la Fuerza Aérea Española e hizo una escala técnica en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, para que la aeronave en la que viajaba se reabasteciera de combustibles.

De acuerdo con la información ofrecida el excandidato presidencial venezolano permaneció en el país desde la 10:00 p. m. de la noche, y salió a las 12:28 de la madrugada con destino a Madrid, España.

El dirigente opositor venezolano de las elecciones presidenciales pasadas en Venezuela recibió asistencia en el salón privado FBO, de la empresa Server, que ofrece servicios a vuelos privados internacionales por varios aeropuertos internacionales en el país.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este domingo que España le concederá el asilo que ha solicitado, en unas declaraciones a la prensa en Mascate, durante una escala de su desplazamiento a China junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El jefe de la diplomacia española explicó que ha pedido también acogerse al derecho de asilo, el cual, dijo, «por supuesto, el Gobierno de España va a tramitar y conceder».

Fue presentada este jueves por el Ministerio Público una acusación formal y de inmediato solicitud de apertura a juicio en contra de los imputados por la explosión de una fábrica de plástico de San Cristóbal ocurrida el 14 de agosto del 2023, en la que hubo 38 victimas mortales y decenas heridos, así como edificios destruidos y varias viviendas afectadas.

La acusación fue depositada en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal contra los propietarios de la fábrica de plástico; Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar, Mercedes Altagracia Vidal y de la empresa Vidal Plast SRL, donde se originó la fuerte explosión con ondas expansivas que ocasionó el siniestro.

El Ministerio Público indica que, producto de su torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos previstos para las actividades comerciales de almacenamiento de plásticos, de salud y medioambientales, los imputados ocasionaron la explosión mortal ocurrida a las 3:10 pm, del 14 de agosto del 2023, en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado, (Antiguo Mercadito), de la provincia San Cristóbal.

En el relato de los hechos, el expediente refiere que la inobservancia de los reglamentos cometida por los imputados empezó a dar señales de alerta el día 18 de marzo del 2023, cinco meses antes del siniestro, cuando en horas de la mañana, Manuel Hernández, conjuntamente con sus trabajadores, se encontraban realizando trabajos de herrería en la que fuera su oficina.

Indica que mientras se encontraba realizando dichos trabajos saltó una chispa hacia el área donde se encontraba el almacenaje de plástico que allí tenía la empresa Vidal Plast, SRL, acción que desató una reacción química de denso humo irritante y calor que le ocasionó quemaduras a uno de los empleados.

Explica que al lugar del siniestro se presentaron los miembros del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, quienes después de identificar que no estaban ante un incendio provocado por la electricidad, sino por una sustancia desconocida, lograron determinar que el detonante de dicha explosión fue el químico de nombre Autofina-Luporox A 70S (Peróxido Orgánico 5.2), que es utilizado en las industrias de plástico y caucho para la fabricación y modificación de polímeros, los cuales tienen diversos usos en el quehacer cotidiano.

Este químico, potencia el material a diluir convirtiéndolo en más provechoso para los fines a los que se dedicaba la empresa imputada, señala la acusación.

Precisa que, por la imprudencia de manejar y almacenar en un ambiente cerrado sin acondicionamiento, al lado de residuos de plásticos, combustionó el 14 de agosto del 2023 en la gran explosión que retumbó en la ciudad de San Cristóbal, ya que el gas que circundaba en el lugar producto del Peróxido Orgánico de años almacenados allí, encontró su punto con la acumulación centrada y desmedida que guardaba dicho local.

El amplio documento está sustentado con 128 elementos de pruebas, testimoniales, documentales, periciales y audiovisuales en contra de los acusados por la explosión, quienes tienen medidas de coerción por un año, con declaratoria de caso complejo, impuestas el 5 de septiembre del 2023.

El Ministerio Público los acusa de violar los artículos artículos 319 del Código Penal, 153, numeral 2, de la Ley General de Salud 42-01, y 175, numeral 7, 176, 183 y 187 de la Ley 64-00 sobre Medioambiente y Recursos Naturales.