Santo Domingo, RD.-Con el arresto ayer de un grupo de 10 personas, correspondientes a exfuncionarios y vinculados a ellos, la Procuraduría General de la República dio las primeras señales de que perseguirá sanción para los actos de corrupción y otros delitos que les atribuye a incumbentes de la pasada gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y allegados, lo cual ha sido un clamor de los ciudadanos.Nacionales
Afirma que hicieron movimientos para ocultar sus bienes
Santo Domingo, RD.-Con el arresto ayer de un grupo de 10 personas, correspondientes a exfuncionarios y vinculados a ellos, la Procuraduría General de la República dio las primeras señales de que perseguirá sanción para los actos de corrupción y otros delitos que les atribuye a incumbentes de la pasada gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y allegados, lo cual ha sido un clamor de los ciudadanos.En un comunicado enviado anoche, el ministerio público señaló que varios de los 10 exfuncionarios y testaferros detenidos estaban destruyendo y ocultando evidencias, intimidando a testigos y haciendo movimientos financieros con el propósito de ocultar estados financieros injustificados.
En el grupo que el ministerio público acusa de corrupción administrativa, de ser testaferros y haber sido proveedores privilegiados del Estado, figuran dos hermanos del ex presidente Danilo Medina.
Se trata de Alexis y Carmen Magalis Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
La lista de acusados de corrupción y de fungir como testaferros de exfuncionarios la completan el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; el exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán; el ex presidente del Fonper, Fernando Rosa; el ex contralor general de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar, Aquiles Alejandro Cristofer, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, y Domingo Antonio Santiago Muñoz.
La la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) estableció que los imputados aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de gobierno de Danilo Medina.
Operativo de madrugada
Los arrestos empezaron en la madrugada de ayer, mediante allanamientos realizados en sus residencias, pero algunos fueron detenidos después de ser sometidos a interrogatorios en la Procuraduría.
Las investigaciones, que se realizan en la actual gestión de la procuradora Miriam Germán Brito están siendo encabezadas por el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, y la procuradora adjunta Yeni Berenice, quien dirige la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, que son apoyados por un equipo de fiscales.
El operativo en el que se realizaron los arrestos fue denominado por los investigadores como “Operación anti Pulpo”, con la intervención de fiscales que dirigieron las pesquisas, acompañados de decenas de agentes de las tropas élites de la Policía Nacional, según precisó la PGR.
Oculta rostro
Los detenidos fueron conducidos a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ubicada en el cuarto nivel del edificio.
El último en ser llevado fue el hermano del ex gobernante, Alexis Medina Sánchez, a quien lo trasladaron esposado pasado el mediodía de ayer desde la Procuraduría. El imputado, además de mascarilla por prevención del Covid-19, portaba una gorra y mientras era conducido a la cárcel permaneció con la cabeza abajo para ocultar el rostro. No dio ninguna declaraciones sobre su apresamiento.
Al recinto fueron llevados colchones para que duerman los arrestados, ya que permanecerán en esa preventiva hasta que se les conozca medida de coerción.
La vigilancia de esa cárcel está a cargo de los agentes del nuevo modelo penitenciario, después que el 17 de noviembre la PGR asumió el control de esa preventiva alegando actos de corrupción y otras irregularidades, y traspasó su administración al sistema nuevo, que estaba en poder de la fiscalía del Distrito Nacional y de la seguridad judicial. La Pepca señaló en un comunicado que el proceso de investigación contra los exfuncionarios entró en una nueva fase con los arrestos de los primeros imputados y que serán presentados ante un juez de la instrucción para que le conozca medidas de coerción.
CLAVES
Debido proceso.
La Procuraduría informó que mantendrá enterada a la ciudadanía de manera oportuna, respetando siempre el debido proceso penal y los derechos de los imputados.
Familiares.
Familiares y amigos de los arrestados fueron a la fiscalía con bultos y fundas en las manos, a llevarles comidas y ropas a los apresados. Pero a varios no se les permitió dejarles camisetas blancas, afeitadoras y otros artículos, porque violan el protocolo.
Un médico.
Se vio salir de la cárcel preventiva a un médico que no dio detalles del paciente que fue atender por no estar autorizado.
listindiario.com
Santo Domingo. – Tras una declaración de urgencia y en dos lecturas consecutivas el Senado de la República aprobó las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38, y 39; y se agregan los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente, e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biósfera.
La iniciativa refiere que desde la promulgación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, no obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de estos.
La normativa establece que el manejo y la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley No. 225-20, ya que el aumento de la población, junto a los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un incremento en la cantidad de residuos que se generan en el país. En virtud de esto, se hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta normativa tiene la finalidad de modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario, garantizando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y la calidad de los productos que consume la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como órgano del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes, servicios y alimentos de calidad, debe poseer las cualidades administrativas que lo doten de las competencias sancionadoras necesarias, propugnando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura el Pleno aprobó el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau el Bulevar Turístico del Atlántico, comprendido desde el cruce el Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce el Limón, con la carretera de Samaná, de la provincia Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró como el mayor desafío del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina reconoció que «la mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad«, por lo que implementan medidas en la ruta de que «estamos transformando esa realidad».
“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte resolvieron el 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.
El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
«Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Santo Domingo, R.D.-El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana a un “enfrentamiento diplomático” con Venezuela.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido indicó que “lo prudente” sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio.
Mediante el documento, el partido encabezado por Guillermo Moreno ratificó su apoyo a la “institucionalidad democrática” de Venezuela y se opone a “cualquier tipo de presión foránea para solucionar sus problemas internos”.
“Conforme los principios que rigen en la Constitución y los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, los Estados son soberanos para dirimir sus conflictos internos sin injerencias, presiones o intervenciones de fuerzas extranjeras. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que se susciten en su país y ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponde resolver a los venezolanos”, señala Alianza País.
La reunión entre el presidente Abinader y Edmundo González está programada a realizarse el próximo jueves nueve de mayo a las 11:00 de la mañana mediante un acto en el Salón de Embajadores de la sede de Gobierno.
El acto estará centrado en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela; la actividad contará con intervenciones de González, Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y uno de los expresidentes que componen la delegación del Grupo IDEA.
“En esta reunión, se abordarán temas relacionados con la situación política en Venezuela, los retos para la democracia en la región y las oportunidades para una transición pacífica y ordenada”, reseña un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, que señala que luego se hará un almuerzo que contará además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor (Ito) Bisonó.
Hasta el momento el Gobierno dominicano no ha reconocido ni ha Edmundo ni a Nicolás Maduro como ganadores oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas a finales de julio.
El Gobierno sí ha exigido en reiteradas ocasiones la publicación de las actas electorales, sin embargo el Consejo Nacional de Elecciones de ese país declaró ganador a Maduro sin dar a conocer las mismas.
Todo, mientras Edmundo señalaba que los datos que manejaba su equipo de campaña lo daban como un “amplio ganador”.