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Tribunal Constitucional advierte que sus sentencias deben ser respetadas
Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional (TC), advirtió ayer que las decisiones emitidas por esta alta corte deben ser respetadas y acatadas, pues su incumplimiento es un asunto “particularmente grave”.
En ese sentido, llamó a todas las instituciones y a todos los funcionarios competentes, a que, sin dilaciones innecesarias, cumplan las sentencias constitucionales, dentro de sus respectivos ámbitos, ya que, afirmó, “las autoridades están obligadas a dar el ejemplo”.
“El cumplimiento oportuno de las sentencias, en especial las dictadas en materia de justicia constitucional, es un imperativo del principio de seguridad jurídica y permite asegurar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales”, expresó Ray Guevara durante una audiencia solemne de rendición de cuentas.
Recordó que la Alta Corte cuenta con la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias, encargada de investigar y tramitar las solicitudes constitucionales tendentes a resolver las dificultades o incumplimiento de sus decisiones.
Jueces no están para complacer intereses particulares
En otro orden, Ray Guevara aseguró que los jueces constitucionales no están para complacer o favorecer intereses particulares por encima de los preceptos de la ley sustantiva.
Sobre quienes cuestionan si los tribunales constitucionales no están sometidos a algún tipo de control, el magistrado afirmó que estos organismos están sujetos a la Constitución, no están por encima de ella, y que la legitimidad de los jueces responde al respeto que muestran a la Carta Magna.
“Estos (jueces) no están para complacer o favorecer intereses particulares por encima de los preceptos de la ley sustantiva.
Hacer esto equivaldría a reinstaurar un vicio contra el cual ha luchado el constitucionalismo: el veneno de la arbitrariedad y la desviación del poder”, afirmó en su discurso que duró más de una hora.
Resaltó que ese órgano constitucional se ha consolidado como una de las instituciones más relevantes y respetadas del país.
Dictan más de 500 sentencias
Al rendir cuentas de la labor jurisdiccional, el magistrado presidente informó que en el 2020, el Tribunal Constitucional tuvo un gran avance en materia constitucional, dictando 504 sentencias, superando así la cantidad de las dictadas en los años 2012, 2013 y 2014.
Precisó que la pandemia no fue un obstáculo para que el pasado año se avanzara en materia constitucional y se adopten precedentes que marquen y moldeen el orden constitucional dominicano.
Ray Guevara destacó que, a pesar de la COVID-19, el Tribunal Constitucional logró reinventarse y no se detuvieron los trabajos.
“Aun agobiados por una pandemia de extrema gravedad, el Tribunal Constitucional logró reinventarse seguir contribuyendo a la protección del orden constitucional, la supremacía de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales a través de su jurisprudencia”, dijo.
Refiriéndose al impacto que ha tenido el TC a nivel nacional, Ray Guevara destacó que este organismo ha sido un factor clave en la evolución del derecho en temas relacionados con la dogmática del derecho constitucional y del procesal constitucional.
El magistrado agregó, también, que la gestión del Tribunal Constitucional siempre ha sido eficiente y transparente de los recursos públicos que le son asignados.
Nuevos jueces deben ser apóstoles de la justicia
Para el magistrado presidente, esta rendición de cuentas correspondiente al noveno aniversario tuvo la particularidad de que coincide con la segunda renovación de la matrícula de los jueces de esa alta corte, a la que se unen José Alejandro Vargas, Manuel Ulises Bonnelly Vega, María Santana de Cabrera y Eunisis Vásquez Acosta.
Al dar la bienvenida a los nuevos magistrados constitucionales, Ray Guevara indicó que los jueces entrantes deben saber que la toga color vino de esta Alta Corte, que por primera vez usaron ayer, simboliza “el solemne compromiso de ser apóstoles de la justicia y la cultura constitucional”.
También destacó el trabajo de los salientes magistrados Ana Isabel Bonilla, Katia Miguelina Jiménez, Hermógenes Acosta de los Santos y Wilson Gómez Ramírez, de quienes destacó que culminan su período con la santificación del deber cumplido.
Ray Guevara recordó que al ver el camino trillado durante estos nueve años desde la puesta en funcionamiento de esta corte, puede afirmar que el TC se ha legitimado en el corazón de los dominicanos y dominicanas, “contribuyendo a colocar la Constitución en el pedestal más sagrado del noble templo de la democracia dominicana”.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.