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Tribunal Constitucional advierte que sus sentencias deben ser respetadas
Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional (TC), advirtió ayer que las decisiones emitidas por esta alta corte deben ser respetadas y acatadas, pues su incumplimiento es un asunto “particularmente grave”.
En ese sentido, llamó a todas las instituciones y a todos los funcionarios competentes, a que, sin dilaciones innecesarias, cumplan las sentencias constitucionales, dentro de sus respectivos ámbitos, ya que, afirmó, “las autoridades están obligadas a dar el ejemplo”.
“El cumplimiento oportuno de las sentencias, en especial las dictadas en materia de justicia constitucional, es un imperativo del principio de seguridad jurídica y permite asegurar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales”, expresó Ray Guevara durante una audiencia solemne de rendición de cuentas.
Recordó que la Alta Corte cuenta con la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias, encargada de investigar y tramitar las solicitudes constitucionales tendentes a resolver las dificultades o incumplimiento de sus decisiones.
Jueces no están para complacer intereses particulares
En otro orden, Ray Guevara aseguró que los jueces constitucionales no están para complacer o favorecer intereses particulares por encima de los preceptos de la ley sustantiva.
Sobre quienes cuestionan si los tribunales constitucionales no están sometidos a algún tipo de control, el magistrado afirmó que estos organismos están sujetos a la Constitución, no están por encima de ella, y que la legitimidad de los jueces responde al respeto que muestran a la Carta Magna.
“Estos (jueces) no están para complacer o favorecer intereses particulares por encima de los preceptos de la ley sustantiva.
Hacer esto equivaldría a reinstaurar un vicio contra el cual ha luchado el constitucionalismo: el veneno de la arbitrariedad y la desviación del poder”, afirmó en su discurso que duró más de una hora.
Resaltó que ese órgano constitucional se ha consolidado como una de las instituciones más relevantes y respetadas del país.
Dictan más de 500 sentencias
Al rendir cuentas de la labor jurisdiccional, el magistrado presidente informó que en el 2020, el Tribunal Constitucional tuvo un gran avance en materia constitucional, dictando 504 sentencias, superando así la cantidad de las dictadas en los años 2012, 2013 y 2014.
Precisó que la pandemia no fue un obstáculo para que el pasado año se avanzara en materia constitucional y se adopten precedentes que marquen y moldeen el orden constitucional dominicano.
Ray Guevara destacó que, a pesar de la COVID-19, el Tribunal Constitucional logró reinventarse y no se detuvieron los trabajos.
“Aun agobiados por una pandemia de extrema gravedad, el Tribunal Constitucional logró reinventarse seguir contribuyendo a la protección del orden constitucional, la supremacía de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales a través de su jurisprudencia”, dijo.
Refiriéndose al impacto que ha tenido el TC a nivel nacional, Ray Guevara destacó que este organismo ha sido un factor clave en la evolución del derecho en temas relacionados con la dogmática del derecho constitucional y del procesal constitucional.
El magistrado agregó, también, que la gestión del Tribunal Constitucional siempre ha sido eficiente y transparente de los recursos públicos que le son asignados.
Nuevos jueces deben ser apóstoles de la justicia
Para el magistrado presidente, esta rendición de cuentas correspondiente al noveno aniversario tuvo la particularidad de que coincide con la segunda renovación de la matrícula de los jueces de esa alta corte, a la que se unen José Alejandro Vargas, Manuel Ulises Bonnelly Vega, María Santana de Cabrera y Eunisis Vásquez Acosta.
Al dar la bienvenida a los nuevos magistrados constitucionales, Ray Guevara indicó que los jueces entrantes deben saber que la toga color vino de esta Alta Corte, que por primera vez usaron ayer, simboliza “el solemne compromiso de ser apóstoles de la justicia y la cultura constitucional”.
También destacó el trabajo de los salientes magistrados Ana Isabel Bonilla, Katia Miguelina Jiménez, Hermógenes Acosta de los Santos y Wilson Gómez Ramírez, de quienes destacó que culminan su período con la santificación del deber cumplido.
Ray Guevara recordó que al ver el camino trillado durante estos nueve años desde la puesta en funcionamiento de esta corte, puede afirmar que el TC se ha legitimado en el corazón de los dominicanos y dominicanas, “contribuyendo a colocar la Constitución en el pedestal más sagrado del noble templo de la democracia dominicana”.
Santo Domingo, R.D.-Juan Carlos Bircann Sánchez, procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, solicitó este martes la designación de otros jueces en el turno de la tarde-noche en el tribunal de Atención Permanente en el distrito judicial de Valverde.
Bircann Sánchez explicó que con esa designación podrán canalizar las solicitudes que requieren autorización judicial.
Detalló que desde hace un tiempo se ha hecho difícil para el Ministerio Público obtener algunas de esas autorizaciones, ya que el horario de servicio termina a las 4:30 de la tarde.
Indicó que en el mismo distrito la labor judicial sería más eficiente si el Tribunal Colegiado operara por más tiempo. Actualmente, dicha sala solo trabaja dos días a la semana.
Bircann Sánchez planteó que con la implementación de mejoras en el funcionamiento del servicio judicial, como la designación de jueces fijos en la sala unipersonal y la ampliación del horario de atención, se podrán obtener resultados significativos.
El procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, que también abarca la provincia Valverde, hizo la solicitud durante los actos con motivo al Día del Poder Judicial.
En su intervención, el funcionario también se refirió al tema de la violencia de género. Consideró que ese tema sigue como tarea pendiente, aunque, según dice, este año lograron avances significativos.
Expresa la necesidad de que en ese tipo de delitos se concientice más a los jueces y fiscales.
«Aparte de las actitudes que revictimizan a las usuarias en algunas salas de audiencias, existe un divorcio con los estándares probatorios y la doctrina jurisprudencial trazada por la Suprema Corte de Justicia en esta materia», declaró.
Aseguró que en su despacho tiene disponibles las pruebas documentales de lo que está afirmando.
Santo Domingo, R.D.-Tras tres reclusos sufrir sobredosis por consumo de drogas, ha quedado en evidencia un grave problema que afecta las cárceles dominicanas, lo cual ha permitido observar la competencia en torno a este flagelo a partir de lo ocurrido en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca.
Este no es un fenómeno nuevo; a lo largo de los años, múltiples denuncias han revelado la presencia de sustancias ilícitas dentro de los centros penitenciarios del país, a pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema de seguridad.
El dirigente comunitario Guanchi Comprés, de Los Peregrinos de Moca, dio a conocer el caso el lunes 6 de enero, señalando que los internos involucrados en este suceso se encontraban en el módulo dos del penal cuando se produjo la sobredosis.
El incidente ha puesto de relieve no solo el problema del consumo de drogas en las cárceles dominicanas, sino también las graves fallas de seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta.
El dirigente destacó que las cámaras de vigilancia del penal están inoperativas desde hace más de una década, lo que dificulta cualquier intento de esclarecer los hechos. “¿Cómo pueden investigar este hecho si no tienen medios para saber lo que ocurrió?”, cuestionó Comprés, exigiendo una respuesta clara de las autoridades.
“Pedimos el traslado inmediato de todos los agentes de este centro, que son cómplices de lo que pasa”, añadió el dirigente, subrayando que el director del penal, aunque honesto, no tiene control total sobre lo que ocurre en las instalaciones.
Un problema de drogas que no es nuevo en las cárceles de RD
Este caso en Moca se suma a una serie de denuncias similares que han salido a la luz en otros centros penitenciarios de República Dominicana en los últimos años. En marzo de 2024, se reveló que en la cárcel de San Francisco de Macorís los reclusos tenían acceso a drogas y otros artículos ilícitos gracias a mafias internas y la complicidad de algunos agentes penitenciarios.
Por otro lado, en noviembre de 2024, la Penitenciaría Nacional de La Victoria se vio envuelta en una denuncia sobre la venta ilegal de bebidas alcohólicas, drogas y estimulantes sexuales dentro del recinto. Las sustancias ingresaban al penal a través de redes de contrabando, lo que ponía en peligro la seguridad y el orden dentro de la cárcel.
Incluso en el 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció el tráfico de drogas, armas, prostitución y abusos sexuales dentro de las cárceles de República Dominicana, describiendo un panorama de sobrepoblación y falta de control en los centros del viejo modelo penitenciario, como la emblemática Penitenciaría de La Victoria.
El silencio del sistema penitenciario ante las denuncias
El sistema penitenciario de la República Dominicana ha sido blanco de múltiples críticas por su incapacidad para erradicar el consumo de drogas y otros ilícitos dentro de sus recintos. Aunque las autoridades han intentado implementar reformas, como la creación del Nuevo Modelo Penitenciario, los problemas persisten.
En varios casos, la complicidad entre reclusos y agentes penitenciarios ha permitido que sustancias ilícitas sigan entrando a las cárceles. Tambien, en la cárcel de Neiba, agentes de la policía y el Ministerio Público incautaron armas, drogas y otros objetos prohibidos.
Además, la falta de una respuesta oficial y la escasa transparencia en cuanto a las investigaciones sobre estos hechos contribuyen a la desconfianza en el sistema. Aunque el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Prisiones han prometido tomar medidas para mejorar la seguridad, la situación sigue siendo grave.
Santo Domingo, R.D.-Fue convertido en ley este martes por la Cámara de Diputados un proyecto legislativo que tiene el objetivo de modificar la Ley Orgánica 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a través de la cual se altera la integración del pleno y el mecanismo de elección del procurador General de la República (PGR).
Esta iniciativa, propuesta por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; y el senador Omar Fernández, es una respuesta al dictamen colocado el pasado 27 de octubre en el artículo 171 de la Constitución dominicana, luego de ser promulgada por el Poder Ejecutivo la cuadragésima modificación.
¿Quiénes integrarán el CNM?
Este órgano constitucional está conformado, además, por el presidente de la República, quien lo encabeza; el presidente del Senado; un senador del bloque político opositor; el presidente de la Cámara de Diputados; un diputado de bancada no oficialista y un magistrado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Dentro de las funciones del CNM se encuentra designar los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), del TC y sus suplentes. Al igual que elegir al titular de la PGR y la mitad de los procuradores adjuntos, a propuesta de jefe del Estado.
Abstención
La alteración al artículo 16 ordena que “en todos los casos”, en los cuales un miembro del CNM aspire o acepte su postulación como juez o procurador general deberá abstenerse de participar en la elección de este puesto.
“Tampoco podrá participar en la elección de un candidato a juez o al cargo de Procurador General de la República o uno de sus procuradores adjuntos, cuando le unan vínculos sanguíneos o de afinidad hasta el cuarto grado inclusive”, indica el párrafo de este apartado.
Procurador
Esta pieza indica con claridad que el gobernante será quien deba presentar en modo de propuesta al ciudadano que dirigirá la PGR. Sin embargo, precisa que, aun siendo aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional, el CNM deberá desarrollar un reglamento para determinar cuál será el mecanismo que utilizará el primer mandatario.
La etapa de selección pasará por un proceso de entrevistas en el que participarán los 8 integrantes del órgano y deberá realizarse durante los primeros 100 días de promulgada la Carta Magna, que culminan a finales de enero del 2025.
El Consejo Nacional de la Magistratura designará al Procurador General de la República y la mitad de los procuradores adjuntos por un periodo de dos años.
Este plazo tendrá un carácter de inamovilidad, a excepción de que decidan rectificar al ciudadano en el puesto.
Importancia del reglamento
El CNM deberá en un plazo “máximo” de 30 días adecuar el reglamento de aplicación del marco legal de esta entidad independiente del tren gubernamental, según establece la pieza legislativa.
Posible salida de Miriam Germán
Abinader reveló el pasado 12 de agosto que le pediría a la procuradora general, Miriam Germán Brito, que continué en el cargo, hasta tanto se den las modificaciones a la Constitución que pretende el mandatario.
A lo que Brito respondió días después aceptando la solicitud anunciada por el presidente Abinader.
No obstante, no adelantó si optaría nuevamente por ocupar la posición, ni tampoco el gobernante ha anunciado a quien presentará ante el CNM.