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Afirman convención PRD fue legal
SANTO DOMINGO.- Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) afirmaron que fue totalmente legal la Trigésima Convención Ordinaria de esta entidad política, celebrada el pasado domingo.
En un documento enviado este jueves a ALMOMENTO.NET, salen al frente a un pedido de nulidad de la Convención hecho el miércoles por Alfredo Pacheco; Orlando Jorge Mera, José Leonel Cabrera (Neney) y Eduardo Sanz Lovatón.
El documento está firmado por los regidores César Cabrera y Alejandro Barón, pasado presidente y secretario general electo del Comité del Distrito Nacional del PRD, así como los presidentes electos de frentes de masas Mary Sánchez, de la Federación Dominicana de Mujeres Social Demócratas; Joel Díaz, de la Juventud Revolucionaria Dominicana; Hugo Bautista, del Frente Médico; Julio de Peña, de los Profesionales y Técnicos; José Jáquez, del Frente Agropecuario; Nelson Espinal, de los Contadores; Nelson Vásquez, de las Mipymes; Ramón Ramirez (Tito), del Frente Barrial y Comunal; Onolia Colòn, de los Viejos Robles; César Soto, del Sindical; y Jorge Ramírez, de Deportes, entre otros».
El documento
El texto del documento es el siguiente:
«Sin dejar de respetar las respectivas trayectorias de ustedes en nuestro partido, deploramos que, reproduciendo un antigua y mala práctica de algunos dirigentes, ustedes hayan escogido el escenario público para airear cuestionamientos que siempre la dirección del partido ha estado en disposición de conocer y dilucidar en sus organismos. Vuestra exposición pública nos obliga a esclarecer y precisar sus conceptos por la misma vía.
La Trigésima Convención Nacional Ordinaria Noel Suberví Espinosa, incluyendo la elección del compañero Alfredo Pacheco y las demás autoridades del Comité del Distrito Nacional el día 13 de este mes, y el proceso elector del pasado domingo, ha sido desarrollada en estricto apego a decisiones ceñidas al marco legal que rige el quehacer de nuestro partido, incluyendo resoluciones y decisiones del Comité Ejecutivo Nacional y su Comisión Política, la Comisión Conjunta y la Comisión Nacional Organizadora de la Convención.
Prácticamente todas las decisiones adoptadas por esos organismos, han sido además cuestionadas por ante el Tribunal Superior Electoral, TSE, cuyas sentencias y fallos ha confirmado en cada caso que la Comisión Nacional Organizadora ha administrado el programa convencional en base al debido proceso.
Con relación a la convención nacional ordinaria del pasado domingo, es desafortunado el pronunciamiento público de ustedes pidiendo que sea desconocida la voluntad popular de cientos de miles de perredeístas, expresada en las urnas y las de otros tantos a los que las amenazas y agresiones les impidieron ejercer su sagrado derecho a elegir y ser elegidos, cuando ya estaban en las filas y en locales de votación.
Renuevan ustedes los alegatos a la calidad del nuevo padrón de militantes, ya atacado por diferentes recursos ante el TSE, jurisdicción electoral que en razón de los contundentes argumentos de nuestros abogados reconoció su calidad en base al derecho que tienen los partidos a conformar y actualizar sus listas de dirigentes y militantes.
La conformación y actualización de ese nuevo padrón era especialmente perentoria para el PRD, pues como consta a ustedes el usado en la anterior convención ordinaria fue contaminado con el sufragio de más de 364 mil militantes de los partidos De la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano, quienes desnaturalizando la libérrima voluntad de las bases perredeístas, impusieron un candidato que sirvió a la estrategia electoral del PLD de mantenerse en el poder en las elecciones de 2012.
No escapa al conocimiento de ustedes, de la familia perredeísta y de la opinión pública, que en el momento en que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD trazaba en el coliseo de boxeo Teo Cruz, el 1 de agosto de 2013, las pautas que normarían su Trigésima Convención Nacional, incluyendo la convocatoria a nuevas inscripciones, el grupo que alega haber sido excluido de las votaciones celebraba, ese mismo día, un paralelo y falso Comité Ejecutivo en el club Los Prados, y convocaba una convención nacional ilegal y paralela.
Esa reunión paralela e ilegal del CEN se produjo pese a que algunos de ustedes participaron en un pre acuerdo para celebrar la reunión de manera consensuada, consenso que fuera rechazado por el grupo insubordinado frente a la dirección institucional del partido.
En otro aspecto esencial de su declaración, ustedes vuelven sobre el tema del alegado impedimento de que al candidato Guido Gómez Mazara le fueran aceptados delegados en los centros de votación, cuando él nunca llenó la formalidad de acreditarlos.
Es preciso esclarecer al respecto que, siempre en respeto al debido proceso, en fecha 15 de mayo de 2014, la Comisión Nacional Organizadora de la Convención Nacional emitió su resolución Núm. 99 que en su artículo 3 estableció la norma de acreditación de los delegados de los candidatos a todos los niveles.
Esa resolución de la CNO estableció un plazo que corrió desde las 9 de la mañana del día cinco (5) de julio hasta las 5 de la tarde del 10 de julio, ambas fechas de este año. Posteriormente la CNO emitió una circular en fecha 7 de julio que le fue notificada por acto de alguacil a los candidatos, recordándoles el cumplimiento de la acreditación, dentro del plazo establecido.
Precisamente, la sentencia del TSE que legisla al respecto se basa en esa resolución 99 de la CNO para determinar la entrega de copia de las actas de escrutinios a los delegados, de aquellos candidatos que los hubieran acreditado.
A este respecto debemos subrayar que para fortalecer la institucionalidad interna del PRD y la convivencia civilizada nacional, todos y todas debemos ser respetuosos de las normas, reglas y acuerdos concertados y que nadie –en nombre de nada- puede colocarse por encima de la ley.
No podemos dejar de rechazar con todas nuestras energías la injusta alusión que hacen ustedes a los incidentes que afectaron a integrantes de los medios de comunicación, cuando desde el mismo domingo en la noche nuestro presidente reprobó en términos firmes y creó una comisión de connotados dirigentes del partido para esclarecer y establecer las responsabilidades y sanciones de lugar.
Es desaprensiva esa alusión porque la efectiva diligencia de la comisión, ha sido divulgada en los medios y debidamente recibida y considerada por representantes de los afectados.
Por último, y a propósito de la invocación que hacen ustedes a transitar senderos de unidad y victoria, les recordamos que todos los esfuerzos e iniciativas para mantener la unidad e impedir la división del PRD han partido siempre de la dirección institucional del partido y, muy especialmente, de nuestro presidente el compañero Miguel Vargas, incluyendo el consenso para la elección de la directiva del Distrito Nacional, como reconoció Alfredo Pacheco en su discurso de aceptación de su reelección como presidente del Comité del Distrito Nacional.
Así también es la dirección institucional del partido, con el compañero Miguel a la cabeza, la que hace los mejores esfuerzos por disciplinar, institucionalizar, darle una gerencia moderna y eficiente al partido que, junto a la coherencia de propósitos en la que también enfatizamos, son las mejores herramientas para conducir nuestro partido al poder para hacerlos cambios y transformaciones que urbe nuestra sociedad.»
ALMOMENTO.NET.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.