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Afirman nueva ley de tránsito choca con la Constitución
Considera que debió ser objeto de discusión la autorización a agentes de tránsito que pueden aplicar sanciones de multas a conductores, pasajeros, peatones y personas que realicen trabajos u operen negocios en la vía pública.
Benny Rodríguez
Barahona.- El Instituto Nacional de Investigación y Adiestramiento Jurídico (INNIAJ), cuestionó los fundamentos en los que descansa la nueva legislación de tránsito, que ya se está aplicando en el país que choca con la Constitución de la República.
El INNIAJ, que durante varios días trató el tema en un curso con abogados y estudiantes de la carrera de derecho en la que abordó la problemática de la nueva Ley de Tránsito 63-17, dijo que esta legislación es una copia del modelo europeo de viabilidad.
Considera que debió ser objeto de discusión la autorización a agentes de tránsito que pueden aplicar sanciones de multas a conductores, pasajeros, peatones y personas que realicen trabajos u operen negocios en la vía pública.
“Las decisiones de los nuevos agentes adscritos al sistema pueden llegar hasta los 20 salarios mínimos del sector público centralizado, sumas exorbitantes para un país con tantas precariedades y limitaciones económicas”, observa.
Calificó a los agentes como especie de “jueces”, porque tienen el poder de comprobar conductas como testigos excepcionales y en base a su sentido “juzgar y condenar” en el acto, cuyas decisiones son recurribles mediante el novedoso mecanismo de la impugnación de multas.
A juicio del Director de la entidad, experto en asuntos constitucionales, doctor Carlos Julio Féliz Vidal, cuestiona que las conductas sancionadas pasan por alto el temperamento del pueblo dominicano.
Afirmó que ese poder dado a los agentes de tráfico “parece” chocar con el artículo 149 de la Constitución de la República “que pone en manos del Poder Judicial la función de juzgar y ejecutar lo juzgado”.
Consideró que la nueva Ley de tráfico es un código penal en materia de ruta, con una vocación altamente tributaria que, a su juicio, resulta irracional penalizar la ayuda de un conductor a otro cuando remolca un vehículo, toca bocina, sentarse en la zona rural al lado de una calzada, distribuir tratados en la vía pública, entre otras conductas, con sumas que pueden sobrepasar los cien mil pesos.
No define
En el curso Joaquín Encarnación, un abogado dominicano que vivió varios años en Europa, conductor en el nuevo modelo europeo, cuestionó que la ley dominicana no define lo que debe entenderse por una autopista o por una autovía. A su juicio, en República Dominicana no hay autopistas.
“La autopista es una vía de alta seguridad, debe estar completamente vallada, (sin acceso a colindantes o vecinos), tener por lo menos dos carriles en la misma dirección o el mismo sentido de la marcha, los retornos deben hacerse en pasos soterrados (túneles o falsos túneles) o elevados con respecto a los carriles de desplazamientos ordinarios”, señaló.
Indicó que el acceso a la autopista tiene que contar con los carriles correspondientes que no interrumpan la velocidad de los que se desplazan en los carriles de los viales de la calzada (carriles de aceleración o incorporación a la autopista o carriles de desaceleración o salida de la autopista).
Afirmó que ninguna de las llamadas autopistas dominicanas reúne estas características, “porque en cualquier parte de la vía se permite el acceso de vehículos, transeúntes, animales y el retorno o cambio de sentido de la marcha al mismo nivel de los carriles de los viales de la calzada”.
“De ahí que nuestras infraestructuras viales no soportan una legislación tipo europeo donde el conductor debe adecuar la conducta al tipo de vía por donde se desplaza”, dijo.
Consideró que la nueva legislación de tráfico requiere de un replanteamiento a tono con la realidad dominicana, en varios aspectos en los que se aleja de las estructuras sociales, los sentimientos y temperamentos del pueblo dominicano.
acento.com.do
SANTO DOMINGO. – Ricardo de los Santos, presidente del Senado de La República, prometió incidir para que le sea dada prioridad a los proyectos que reposan en ambas cámaras legislativas sobre Alerta Amber, una iniciativa que crea un marco jurídico para lidiar con los casos de menores desaparecidos.
De los Santos dijo que la iniciativa formará parte de la amplia agenda legislativa y la comisión que será designada para su estudio, tendrá el compromiso fortalecerla, aplicando una readecuación apegada a los mandatos constitucionales.
El senador insistió en que el Senado dará un tratamiento especial al proyecto Alerta Amber para que sea sancionado de manera oportuna, tal y como lo hizo con el Código Penal, el Código Procesal Penal, y el Código Laboral, piezas legislativas que fueron modificadas y aprobadas en un solo año.
“En la institución seguimos con el compromiso de analizar los proyectos y fortalecerlos, agotando los procesos de análisis correspondientes”, dijo Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República.
En referencia al flagelo de la violencia contra los menores de edad, el senador consideró que los padres y madres deben tener mayor supervisión de sus hijos y no descuidarlos, porque a veces los agresores sexuales suelen ser personas del entorno familiar, “y es que en la confianza está el peligro”.
La alerta Ambert es aplicada en varios países y hace referencia al acrónimo en inglés cuyo significado en español es : Personas perdidas de América, retransmisión de respuestas de emergencia.
Fue concebido tras la desparición de Amber Hagerman, una niña que en 1996, fue violada y asesinada en Texas, mientras jugaba en las proximidades de la casa de sus abielos en Texas, Estados Unidos. Características algo similares a la de la niña Brianna Genao a la que las autoridades, al momento de redactar esta nota, aún no logran localizar.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno anunció que LA Semanal transita una etapa de cambio para incorporar nuevas tecnologías que optimizarán la participación de los medios y democratizarán aún más el acceso a la información.
Terminado este proceso de adaptación técnica, el espacio de diálogo permanente realizado todos los lunes a las 4:30 de la tarde por el presidente Luis Abinader retornará a sus acostumbradas transmisiones en vivo, pero sin una fecha exacta programada, según se puede leer en el aviso.
“Este espacio transita hacia una etapa de evolución que incorporará nuevas tecnologías para optimizar la participación de los medios y democratizar aún más el acceso a la información. Una vez completemos este proceso de adaptación técnica, LA Semanal retornará como el canal de comunicación más moderno, abierto y efectivo para toda la población dominicana”, sostiene el escrito.
El lunes ocho de diciembre del 2025 fue la última reunión de estos encuentros con la prensa transmitidos desde agosto del año 2023 y, según el mandatario, a inicios del 2026 retomaría su dinámica habitual.
Entre los temas más habituales que suelen suceder en estas reuniones se destacan asuntos urgentes del país, respuestas a inquietudes de los periodistas y anuncio de nuevas iniciativas.
Asimismo, el comunicado también resaltó que la razón principal por la que iniciaron estos encuentros respondía a “fortalecer la democracia y garantizar el acceso a información de interés público en todo el territorio nacional y para los dominicanos en el exterior”. Sin más detalles, el retorno de LA Semanal quedará pausado en la agenda presidencial hasta nuevo aviso.
La Vega, RD.-En un hecho ocurrido la madrugada de este domingo una pareja de esposos fue asesinada a tiros en el distrito municipal Tireo, municipio Constanza en La Vega.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Manuel Batista, de 55 años de edad, quien era un empresario agrícola de la zona, y María Magdalena Páez Jerez, de 35 años de edad.
De acuerdo con informaciones preliminares, el ataque ocurrió en la marquesina de la vivienda, cuando fueron sorprendidos por desconocidos que supuestamente se escondían entre los arbustos y esperaban que la pareja se desmontara de su vehículo, para disparar contra ellos y luego escapar en el mismo transporte de las víctimas.
Al lugar llegaron las autoridades, las cuales mantienen el área acordonada, donde levantan evidencias y revisan las cámaras de seguridad para esclarecer el hecho sangriento.
Los cuerpos sin vida fueron levantados por la médico legista actuante, en compañía de representantes del Ministerio Público, de la Policía Preventiva y de miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).