Nacionales
Afirman nueva ley de tránsito choca con la Constitución
Considera que debió ser objeto de discusión la autorización a agentes de tránsito que pueden aplicar sanciones de multas a conductores, pasajeros, peatones y personas que realicen trabajos u operen negocios en la vía pública.
Benny Rodríguez
Barahona.- El Instituto Nacional de Investigación y Adiestramiento Jurídico (INNIAJ), cuestionó los fundamentos en los que descansa la nueva legislación de tránsito, que ya se está aplicando en el país que choca con la Constitución de la República.
El INNIAJ, que durante varios días trató el tema en un curso con abogados y estudiantes de la carrera de derecho en la que abordó la problemática de la nueva Ley de Tránsito 63-17, dijo que esta legislación es una copia del modelo europeo de viabilidad.
Considera que debió ser objeto de discusión la autorización a agentes de tránsito que pueden aplicar sanciones de multas a conductores, pasajeros, peatones y personas que realicen trabajos u operen negocios en la vía pública.
“Las decisiones de los nuevos agentes adscritos al sistema pueden llegar hasta los 20 salarios mínimos del sector público centralizado, sumas exorbitantes para un país con tantas precariedades y limitaciones económicas”, observa.
Calificó a los agentes como especie de “jueces”, porque tienen el poder de comprobar conductas como testigos excepcionales y en base a su sentido “juzgar y condenar” en el acto, cuyas decisiones son recurribles mediante el novedoso mecanismo de la impugnación de multas.
A juicio del Director de la entidad, experto en asuntos constitucionales, doctor Carlos Julio Féliz Vidal, cuestiona que las conductas sancionadas pasan por alto el temperamento del pueblo dominicano.
Afirmó que ese poder dado a los agentes de tráfico “parece” chocar con el artículo 149 de la Constitución de la República “que pone en manos del Poder Judicial la función de juzgar y ejecutar lo juzgado”.
Consideró que la nueva Ley de tráfico es un código penal en materia de ruta, con una vocación altamente tributaria que, a su juicio, resulta irracional penalizar la ayuda de un conductor a otro cuando remolca un vehículo, toca bocina, sentarse en la zona rural al lado de una calzada, distribuir tratados en la vía pública, entre otras conductas, con sumas que pueden sobrepasar los cien mil pesos.
No define
En el curso Joaquín Encarnación, un abogado dominicano que vivió varios años en Europa, conductor en el nuevo modelo europeo, cuestionó que la ley dominicana no define lo que debe entenderse por una autopista o por una autovía. A su juicio, en República Dominicana no hay autopistas.
“La autopista es una vía de alta seguridad, debe estar completamente vallada, (sin acceso a colindantes o vecinos), tener por lo menos dos carriles en la misma dirección o el mismo sentido de la marcha, los retornos deben hacerse en pasos soterrados (túneles o falsos túneles) o elevados con respecto a los carriles de desplazamientos ordinarios”, señaló.
Indicó que el acceso a la autopista tiene que contar con los carriles correspondientes que no interrumpan la velocidad de los que se desplazan en los carriles de los viales de la calzada (carriles de aceleración o incorporación a la autopista o carriles de desaceleración o salida de la autopista).
Afirmó que ninguna de las llamadas autopistas dominicanas reúne estas características, “porque en cualquier parte de la vía se permite el acceso de vehículos, transeúntes, animales y el retorno o cambio de sentido de la marcha al mismo nivel de los carriles de los viales de la calzada”.
“De ahí que nuestras infraestructuras viales no soportan una legislación tipo europeo donde el conductor debe adecuar la conducta al tipo de vía por donde se desplaza”, dijo.
Consideró que la nueva legislación de tráfico requiere de un replanteamiento a tono con la realidad dominicana, en varios aspectos en los que se aleja de las estructuras sociales, los sentimientos y temperamentos del pueblo dominicano.
acento.com.do
Nacionales
El Ministerio Público solicita medidas de coerción contra Wander Franco por posesión ilegal de arma
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público informó este martes que ha solicitado medida de coerción contra Wander Franco, campocorto de los Rays de Tampa Bay, por posesión ilegal de arma.
La coerción solicitada por el órgano persecutor contra Franco consiste en presentación periódica ante el fiscal investigador.
El pelotero fue detenido el pasado domingo luego de un incidente con el joven José Jasiel Cohen Sánchez en San Juan de la Maguana, presuntamente derivado de una disputa amorosa.
Además, se está solicitando coerción en contra de Cohen Sánchez, quien presuntamente agredió a una joven que acompañaba a Franco, la cual, según las autoridades, sería su expareja.
El fiscal Adolfo Augusto Féliz Pérez subrayó que, aunque se alcanzó un acuerdo entre las partes involucradas, el caso fue llevado al tribunal debido a su carácter de orden público.
Detalles del incidente
El fiscal Félix detalló que el altercado comenzó el viernes cuando Cohen Sánchez, al ver a su expareja junto a Franco, tuvo una reacción celosa y, presuntamente, la agredió. Franco intentó mediar en la situación sin involucrarse en una confrontación física.
El conflicto continuó el domingo, cuando Franco acompañó a la joven hasta su casa, y Cohen Sánchez llegó al lugar, supuestamente provocando al pelotero.
Según Féliz, Cohen Sánchez intentó llevar a su expareja en su vehículo y ella accedió a subirse.
- «Al salir del área residencial, llegó el papá de Cohen Sánchez, ante un llamado de su hijo, bloquearon la salida y el padre, creyendo que lo que iban a atracar, sacó su pistola y se produjo una situación confusa», explicó el fiscal.
Finalmente, al llegar la policía al lugar, el propio padre de Cohen Sánchez descubrió el arma de fuego en el vehículo de Franco. A raíz de esta situación, todos los involucrados en el altercado fueron arrestados.
Redacción.- La madrugada de este martes cayó abatido «Carnaval» tras enfrentar a miembros del Dicrim, en un hecho ocurrido en el sector La Toronja del Almirante en Santo Domingo Este.
El presunto antisocial identificado como, José Miguel López de 23 años de edad, habría participado en el asalto a la Joyería Argenis Oro en San Luis.
De acuerdo con las informaciones del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, López era activamente buscado mediante tres órdenes de arresto por muertes, heridas a ciudadanos y el caso de la joyería en San Luis. Asimismo, se le ocupó un arma de fuego con la cual atacó a los agentes.
El pasado lunes 28 de octubre, hombres armados asaltaron la joyería Argenis Oro, los individuos llegaron a bordo de una jeepeta gris, vestidos con uniformes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) e irrumpieron en el establecimiento bajo la apariencia de un operativo policial.
El propietario de la joyería, Argenis Pérez Rodríguez, dijo que los delincuentes sustrajeron 4 mil gramos de oro.
En días pasados el vocero de la policía, Diego Pesqueira, explicó que, tras una ardua labor de investigación, logró capturar a cinco de los integrantes de una banda delictiva. Asimismo, añadió que durante el proceso se incluyó levantamientos de cámaras, entrevistas y fueron identificados siete de los participantes en este hecho quienes se encuentran prófugos.
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader eliminó, a través de varios decretos, la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria y el Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa).
El Gobierno dijo que la eliminación de esas instituciones forma parte del plan de racionalización y modernización de la administración pública, «eliminando duplicidades y optimizando el uso de recursos estatales en diferentes sectores».
El decreto 636-24 establece la eliminación de la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, creada en 2004 para asesorar en políticas de ciencia y tecnología; la disposición gubernamental señala que el Ministerio de Educación asumirá la responsabilidad de concluir sus programas en curso y continuará con sus compromisos jurídicos y contractuales.
“Este decreto también deroga disposiciones previas relacionadas con la creación y administración de la comisión, asegurando una transición ordenada hacia una estructura de gestión más coherente con la Constitución y las leyes vigentes en la administración pública dominicana”, indica el comunicado de prensa.
Con el decreto 637-24 se dispone la supresión de la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria, cuyas funciones serán asumidas por la Autoridad Portuaria Dominicana, que también se encargará de los compromisos legales y contractuales vigentes.
Los bienes de esta comisión serán administrados por la Dirección General de Bienes Nacionales, quien traspasará los activos necesarios a la Autoridad Portuaria para continuar sus labores en el sector portuario.
“Además, este decreto deroga varias disposiciones previas que apoyaban la existencia de la comisión, consolidando sus funciones bajo una sola entidad administrativa para mejorar la eficiencia y reducir duplicidades en la administración pública”, resalta el documento de prensa.
Mediante el decreto 640-24 se emite la supresión del Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa), cuyas funciones serán asumidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se convierte también en el continuador jurídico de los compromisos contractuales y legales pendientes.
La Dirección General de Bienes Nacionales administrará los activos de Conapofa y transferirá los necesarios al Ministerio de Salud Pública para garantizar la continuidad de sus funciones.
La Dirección General de Presupuesto (Digepress) gestionará las partidas presupuestarias no ejecutadas de esta comisión, y el Ministerio de Administración Pública colaborará en la reubicación, cesación e indemnización del personal.