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Agencia EFE resalta consternación en República Dominicana por asesinato de Emely
Tras negar insistentemente alguna participación en la desaparición o en el asesinato de la menor, Martínez confesó el miércoles a las autoridades que lanzó su cadáver en un vertedero de Cenoví, aunque el cuerpo no fue encontrado en el lugar señalado.
Autoridadez Investigan la desaparición de Emely Peguero de 16 años de edad.
Foto: © Edgar Hernández
Fecha:31/08/2017
Santo Domingo, (EFE).- La consternación sacudió hoy a la República Dominicana tras el hallazgo del cadáver de una adolescente de 16 años, embarazada de 5 meses -por cuya muerte guarda prisión el novio y la madre de este- y quien, según las autoridades, falleció a causa de una hemorragia tras un aborto y un golpe en la cabeza.
Desde el pasado fin de semana el país caribeño, donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, estaba en vilo por la desaparición de la adolescente Emely Peguero en la localidad de Cenoví (noreste), cuyo caso movilizó gran parte de la provincia Duarte, a la que pertenece esa comunidad, y provocó reacciones a alto nivel.
La adolescente salió el pasado 23 de agosto con su novio, Marlon Martínez, de 19 años, desde su residencia en Cenoví para ir a una cita médica, pero nunca regresó a su casa.
Tras negar insistentemente alguna participación en la desaparición o en el asesinato de la menor, Martínez confesó el miércoles a las autoridades que lanzó su cadáver en un vertedero de Cenoví, aunque el cuerpo no fue encontrado en el lugar señalado.
La Procuraduría General de la República confirmó hoy que el cadáver encontrado ayer en una maleta en la comunidad La Guama, provincia Espaillat, cercana a Duarte, corresponde a Emely Peguero, sepultada hoy en Cenoví en medio de la tristeza y el llanto.
Según el informe preliminar del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), dado a conocer hoy por la Procuraduría General, la menor falleció a causa de una hemorragia interna del útero por un aborto inducido y por un golpe contundente en la cabeza con hundimiento del cráneo.
El informe detalló que en el examen interno al cadáver de Emely encontraron “restos del feto que llevaba en su vientre, contusión del cuello uterino y canal vaginal, perforación del útero con indicativos de que se aplicó una gran fuerza en esa zona y órganos dispersos propios de un aborto inducido”.
“El cadáver presenta en la cabeza un golpe contundente con rompimiento craneal y hemorragia cerebral lo que indica que dicho trauma se produjo en vida, provocado por un objeto de superficie dura y firme”, agregó la información.
Los padres de la adolescente se enteraron de su embarazo a principios de la semana pasada, unos dos días antes de que Emely desapareciera.
En declaraciones telefónicas hoy a Efe, Genaro Peguero, padre de la menor, dijo que tras enterarse del embarazo, la familia le brindó “todo su apoyo”, pero que Marlin Martínez, madre de Marlon y detenida desde el miércoles, “quería que abortara”, por lo que la acusa de ser “la autora intelectual de todo esto”.
“Me le hicieron de todo. Son unos psicópatas”, agregó Peguero, quien dijo sentirse “devastado” por la muerte de la menor de sus cuatro hijos, y reclamó “que todos los involucrados paguen”.
Aseguró que “Marlon no tenía la capacidad para hacer todo esto que le hicieron a mi hija. Todo fue muy bien planificado por Marlin”, dijo.
Peguero insiste, además, en que hay otros involucrados, ya que, afirmó, el cadáver de la menor fue trasladado de varios lugares antes de ser encontrado por las autoridades.
La Procuraduría General también informó hoy que en las próximas horas solicitará prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de Marlin Martínez, suspendida ayer de su cargo como subdirectora de la Dirección General de Pasaportes.
La vicepresidenta dominicana, Margarita Cedeño, reclamó hoy que los responsables de la muerte de la joven “paguen por su crimen”.
“Que los culpables asuman su responsabilidad y paguen por su crimen. Oremos por una familia que hoy está destrozada”, escribió Cedeño en su cuenta personal de Twitter.
A las muestras de pesar, se unió el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aliado al oficialismo, quien anunció la expulsión de Marlin Martínez de esta organización por su presunta implicación en el crimen.
En comunicado de prensa, el PRD informó que “se ha dispuesto la separación de las filas de esa organización política a la señora Martínez, hasta tanto la Justicia dominicana determine el grado de participación o no de esta en tan abominable hecho de sangre”. EFE
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.