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Agencia EFE resalta consternación en República Dominicana por asesinato de Emely
Tras negar insistentemente alguna participación en la desaparición o en el asesinato de la menor, Martínez confesó el miércoles a las autoridades que lanzó su cadáver en un vertedero de Cenoví, aunque el cuerpo no fue encontrado en el lugar señalado.
Autoridadez Investigan la desaparición de Emely Peguero de 16 años de edad.
Foto: © Edgar Hernández
Fecha:31/08/2017
Santo Domingo, (EFE).- La consternación sacudió hoy a la República Dominicana tras el hallazgo del cadáver de una adolescente de 16 años, embarazada de 5 meses -por cuya muerte guarda prisión el novio y la madre de este- y quien, según las autoridades, falleció a causa de una hemorragia tras un aborto y un golpe en la cabeza.
Desde el pasado fin de semana el país caribeño, donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, estaba en vilo por la desaparición de la adolescente Emely Peguero en la localidad de Cenoví (noreste), cuyo caso movilizó gran parte de la provincia Duarte, a la que pertenece esa comunidad, y provocó reacciones a alto nivel.
La adolescente salió el pasado 23 de agosto con su novio, Marlon Martínez, de 19 años, desde su residencia en Cenoví para ir a una cita médica, pero nunca regresó a su casa.
Tras negar insistentemente alguna participación en la desaparición o en el asesinato de la menor, Martínez confesó el miércoles a las autoridades que lanzó su cadáver en un vertedero de Cenoví, aunque el cuerpo no fue encontrado en el lugar señalado.
La Procuraduría General de la República confirmó hoy que el cadáver encontrado ayer en una maleta en la comunidad La Guama, provincia Espaillat, cercana a Duarte, corresponde a Emely Peguero, sepultada hoy en Cenoví en medio de la tristeza y el llanto.
Según el informe preliminar del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), dado a conocer hoy por la Procuraduría General, la menor falleció a causa de una hemorragia interna del útero por un aborto inducido y por un golpe contundente en la cabeza con hundimiento del cráneo.
El informe detalló que en el examen interno al cadáver de Emely encontraron “restos del feto que llevaba en su vientre, contusión del cuello uterino y canal vaginal, perforación del útero con indicativos de que se aplicó una gran fuerza en esa zona y órganos dispersos propios de un aborto inducido”.
“El cadáver presenta en la cabeza un golpe contundente con rompimiento craneal y hemorragia cerebral lo que indica que dicho trauma se produjo en vida, provocado por un objeto de superficie dura y firme”, agregó la información.
Los padres de la adolescente se enteraron de su embarazo a principios de la semana pasada, unos dos días antes de que Emely desapareciera.
En declaraciones telefónicas hoy a Efe, Genaro Peguero, padre de la menor, dijo que tras enterarse del embarazo, la familia le brindó “todo su apoyo”, pero que Marlin Martínez, madre de Marlon y detenida desde el miércoles, “quería que abortara”, por lo que la acusa de ser “la autora intelectual de todo esto”.
“Me le hicieron de todo. Son unos psicópatas”, agregó Peguero, quien dijo sentirse “devastado” por la muerte de la menor de sus cuatro hijos, y reclamó “que todos los involucrados paguen”.
Aseguró que “Marlon no tenía la capacidad para hacer todo esto que le hicieron a mi hija. Todo fue muy bien planificado por Marlin”, dijo.
Peguero insiste, además, en que hay otros involucrados, ya que, afirmó, el cadáver de la menor fue trasladado de varios lugares antes de ser encontrado por las autoridades.
La Procuraduría General también informó hoy que en las próximas horas solicitará prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de Marlin Martínez, suspendida ayer de su cargo como subdirectora de la Dirección General de Pasaportes.
La vicepresidenta dominicana, Margarita Cedeño, reclamó hoy que los responsables de la muerte de la joven “paguen por su crimen”.
“Que los culpables asuman su responsabilidad y paguen por su crimen. Oremos por una familia que hoy está destrozada”, escribió Cedeño en su cuenta personal de Twitter.
A las muestras de pesar, se unió el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aliado al oficialismo, quien anunció la expulsión de Marlin Martínez de esta organización por su presunta implicación en el crimen.
En comunicado de prensa, el PRD informó que “se ha dispuesto la separación de las filas de esa organización política a la señora Martínez, hasta tanto la Justicia dominicana determine el grado de participación o no de esta en tan abominable hecho de sangre”. EFE
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.