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Agencia EFE resalta consternación en República Dominicana por asesinato de Emely
Tras negar insistentemente alguna participación en la desaparición o en el asesinato de la menor, Martínez confesó el miércoles a las autoridades que lanzó su cadáver en un vertedero de Cenoví, aunque el cuerpo no fue encontrado en el lugar señalado.
Autoridadez Investigan la desaparición de Emely Peguero de 16 años de edad.
Foto: © Edgar Hernández
Fecha:31/08/2017
Santo Domingo, (EFE).- La consternación sacudió hoy a la República Dominicana tras el hallazgo del cadáver de una adolescente de 16 años, embarazada de 5 meses -por cuya muerte guarda prisión el novio y la madre de este- y quien, según las autoridades, falleció a causa de una hemorragia tras un aborto y un golpe en la cabeza.
Desde el pasado fin de semana el país caribeño, donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, estaba en vilo por la desaparición de la adolescente Emely Peguero en la localidad de Cenoví (noreste), cuyo caso movilizó gran parte de la provincia Duarte, a la que pertenece esa comunidad, y provocó reacciones a alto nivel.
La adolescente salió el pasado 23 de agosto con su novio, Marlon Martínez, de 19 años, desde su residencia en Cenoví para ir a una cita médica, pero nunca regresó a su casa.
Tras negar insistentemente alguna participación en la desaparición o en el asesinato de la menor, Martínez confesó el miércoles a las autoridades que lanzó su cadáver en un vertedero de Cenoví, aunque el cuerpo no fue encontrado en el lugar señalado.
La Procuraduría General de la República confirmó hoy que el cadáver encontrado ayer en una maleta en la comunidad La Guama, provincia Espaillat, cercana a Duarte, corresponde a Emely Peguero, sepultada hoy en Cenoví en medio de la tristeza y el llanto.
Según el informe preliminar del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), dado a conocer hoy por la Procuraduría General, la menor falleció a causa de una hemorragia interna del útero por un aborto inducido y por un golpe contundente en la cabeza con hundimiento del cráneo.
El informe detalló que en el examen interno al cadáver de Emely encontraron “restos del feto que llevaba en su vientre, contusión del cuello uterino y canal vaginal, perforación del útero con indicativos de que se aplicó una gran fuerza en esa zona y órganos dispersos propios de un aborto inducido”.
“El cadáver presenta en la cabeza un golpe contundente con rompimiento craneal y hemorragia cerebral lo que indica que dicho trauma se produjo en vida, provocado por un objeto de superficie dura y firme”, agregó la información.
Los padres de la adolescente se enteraron de su embarazo a principios de la semana pasada, unos dos días antes de que Emely desapareciera.
En declaraciones telefónicas hoy a Efe, Genaro Peguero, padre de la menor, dijo que tras enterarse del embarazo, la familia le brindó “todo su apoyo”, pero que Marlin Martínez, madre de Marlon y detenida desde el miércoles, “quería que abortara”, por lo que la acusa de ser “la autora intelectual de todo esto”.
“Me le hicieron de todo. Son unos psicópatas”, agregó Peguero, quien dijo sentirse “devastado” por la muerte de la menor de sus cuatro hijos, y reclamó “que todos los involucrados paguen”.
Aseguró que “Marlon no tenía la capacidad para hacer todo esto que le hicieron a mi hija. Todo fue muy bien planificado por Marlin”, dijo.
Peguero insiste, además, en que hay otros involucrados, ya que, afirmó, el cadáver de la menor fue trasladado de varios lugares antes de ser encontrado por las autoridades.
La Procuraduría General también informó hoy que en las próximas horas solicitará prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de Marlin Martínez, suspendida ayer de su cargo como subdirectora de la Dirección General de Pasaportes.
La vicepresidenta dominicana, Margarita Cedeño, reclamó hoy que los responsables de la muerte de la joven “paguen por su crimen”.
“Que los culpables asuman su responsabilidad y paguen por su crimen. Oremos por una familia que hoy está destrozada”, escribió Cedeño en su cuenta personal de Twitter.
A las muestras de pesar, se unió el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), aliado al oficialismo, quien anunció la expulsión de Marlin Martínez de esta organización por su presunta implicación en el crimen.
En comunicado de prensa, el PRD informó que “se ha dispuesto la separación de las filas de esa organización política a la señora Martínez, hasta tanto la Justicia dominicana determine el grado de participación o no de esta en tan abominable hecho de sangre”. EFE
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.