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Agencias internacionales se hacen eco de detenciones en el país
Policías vigilan el Palacio de Justicia como parte de las operaciones que ha iniciado la Procuraduría General de la República, contra presuntos implicados en los sobornos de la constructora Odebrecht en el país, hoy lunes 29 de mayo de 2017, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría
Santo Domingo,- Un juez dominicano ordenó el lunes la detención de una docena de personas, incluido el ministro de Industria, dirigentes políticos y empresarios, por su presunta vinculación con los millonarios sobornos pagados por Odebrecht. Varios legisladores incluidos en el expediente no pueden ser arrestados por su inmunidad parlamentaria.
Las detenciones ordenadas por el juez de instrucción Francisco Ortega ocurren dos semanas después de que la Procuraduría General recibió, como parte de un acuerdo con Odebrecht y las autoridades brasileñas, el expediente de la investigación realizada en Brasil que incluye copias de los interrogatorios a decenas de ejecutivos de la compañía y otras pruebas.
Mediante el acuerdo la Procuraduría renunció a procesar judicialmente a Odebrecht y a sus ejecutivos a cambio de información que permita llevar ante los tribunales a los funcionarios locales que recibieron los sobornos. La compañía mantendrá sus operaciones en el país y podrá participar en futuras licitaciones públicas.
Entre los detenidos el lunes se encuentran el actual ministro de Industria y Comercio, Tamístocles Montás, quien había sido interrogado la semana anterior. Montás fungió en la década pasada como ministro de Economía y ministro de la Presidencia.
Montás, miembro de la cúpula del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue conducido por la mañana a la sede de la fiscalía de la capital.
Junto a Montás fue detenido Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del PLD. Durante su gestión como ministro, entre 2007 y 2012, Díaz Rúa participó en la negociación de varios contratos con Odebrecht.
Andrés Bautista, presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno, también fue detenido por haber sido presidente del Senado cuando el Congreso aprobó los primeros contratos con la compañía brasileña.
Los ejecutivos de Odebrecht revelaron a las autoridades de Brasil y Estados Unidos que desde 2001 pagaron unos 788 millones de dólares a funcionarios de 10 países de América Latina y dos de África a fin de conseguir contratos millonarios con los gobiernos de esas naciones.
Los 92 millones de dólares en sobornos distribuidos en República Dominicana sólo fueron superados por los sobornos entregados en Venezuela y Brasil, según los datos difundidos en diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Odebrecht también trasladó en 2014 a Santo Domingo la oficina desde la cual gestionaba los pagos ilegales.
Las detenciones son el resultado de cinco meses de presión por parte la sociedad civil, dijo Carlos Pimentel, miembro del organismo Participación Ciudadana que junto con otros grupos ha promovido desde enero protestas multitudinarias en diferentes ciudades del país en demanda de procesos judiciales en contra de Odebrecht y de los beneficiarios de los sobornos.
La denominada Marcha Verde demanda que la Procuraduría no sólo procese a los beneficiarios de los sobornos sino que prohíba a la compañía operar en el país y que investigue la posible sobrevaluación de las obras construidas por la empresa brasileña.
También fueron detenidos dos de los exdirectores del órgano regulador de la electricidad, así como el empresario Ángel Rondón, quien durante varios años fungió como representante comercial de Odebrecht en el país.
Desde que comenzó a operar en República Dominicana en 2001 Odebrecht ha participado en 17 de las obras de infraestructura más importantes como autopistas y represas hidroeléctricas. También construye la obra más emblemática de la presente administración: una termoeléctrica de 2.000 millones de dólares que generará 720 megavatios en base a carbón.
Alfredo Pacheco, diputado del opositor Partido Revolucionario Moderno y quien es citado en el expediente, anunció en conferencia de prensa que solicitará el retiro de su inmunidad parlamentaria para ponerse a disposición de la justicia. ?Estoy seguro de que no he sido sobornado?, afirmó Pacheco, quien en la década pasada fue durante algunos periodos presidente de la Cámara de Diputados.
Los detenidos serán presentados ante el juez Ortega para que formalice su eventual arresto.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.