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Agencias internacionales se hacen eco de detenciones en el país
Policías vigilan el Palacio de Justicia como parte de las operaciones que ha iniciado la Procuraduría General de la República, contra presuntos implicados en los sobornos de la constructora Odebrecht en el país, hoy lunes 29 de mayo de 2017, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría
Santo Domingo,- Un juez dominicano ordenó el lunes la detención de una docena de personas, incluido el ministro de Industria, dirigentes políticos y empresarios, por su presunta vinculación con los millonarios sobornos pagados por Odebrecht. Varios legisladores incluidos en el expediente no pueden ser arrestados por su inmunidad parlamentaria.
Las detenciones ordenadas por el juez de instrucción Francisco Ortega ocurren dos semanas después de que la Procuraduría General recibió, como parte de un acuerdo con Odebrecht y las autoridades brasileñas, el expediente de la investigación realizada en Brasil que incluye copias de los interrogatorios a decenas de ejecutivos de la compañía y otras pruebas.
Mediante el acuerdo la Procuraduría renunció a procesar judicialmente a Odebrecht y a sus ejecutivos a cambio de información que permita llevar ante los tribunales a los funcionarios locales que recibieron los sobornos. La compañía mantendrá sus operaciones en el país y podrá participar en futuras licitaciones públicas.
Entre los detenidos el lunes se encuentran el actual ministro de Industria y Comercio, Tamístocles Montás, quien había sido interrogado la semana anterior. Montás fungió en la década pasada como ministro de Economía y ministro de la Presidencia.
Montás, miembro de la cúpula del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue conducido por la mañana a la sede de la fiscalía de la capital.
Junto a Montás fue detenido Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del PLD. Durante su gestión como ministro, entre 2007 y 2012, Díaz Rúa participó en la negociación de varios contratos con Odebrecht.
Andrés Bautista, presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno, también fue detenido por haber sido presidente del Senado cuando el Congreso aprobó los primeros contratos con la compañía brasileña.
Los ejecutivos de Odebrecht revelaron a las autoridades de Brasil y Estados Unidos que desde 2001 pagaron unos 788 millones de dólares a funcionarios de 10 países de América Latina y dos de África a fin de conseguir contratos millonarios con los gobiernos de esas naciones.
Los 92 millones de dólares en sobornos distribuidos en República Dominicana sólo fueron superados por los sobornos entregados en Venezuela y Brasil, según los datos difundidos en diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Odebrecht también trasladó en 2014 a Santo Domingo la oficina desde la cual gestionaba los pagos ilegales.
Las detenciones son el resultado de cinco meses de presión por parte la sociedad civil, dijo Carlos Pimentel, miembro del organismo Participación Ciudadana que junto con otros grupos ha promovido desde enero protestas multitudinarias en diferentes ciudades del país en demanda de procesos judiciales en contra de Odebrecht y de los beneficiarios de los sobornos.
La denominada Marcha Verde demanda que la Procuraduría no sólo procese a los beneficiarios de los sobornos sino que prohíba a la compañía operar en el país y que investigue la posible sobrevaluación de las obras construidas por la empresa brasileña.
También fueron detenidos dos de los exdirectores del órgano regulador de la electricidad, así como el empresario Ángel Rondón, quien durante varios años fungió como representante comercial de Odebrecht en el país.
Desde que comenzó a operar en República Dominicana en 2001 Odebrecht ha participado en 17 de las obras de infraestructura más importantes como autopistas y represas hidroeléctricas. También construye la obra más emblemática de la presente administración: una termoeléctrica de 2.000 millones de dólares que generará 720 megavatios en base a carbón.
Alfredo Pacheco, diputado del opositor Partido Revolucionario Moderno y quien es citado en el expediente, anunció en conferencia de prensa que solicitará el retiro de su inmunidad parlamentaria para ponerse a disposición de la justicia. ?Estoy seguro de que no he sido sobornado?, afirmó Pacheco, quien en la década pasada fue durante algunos periodos presidente de la Cámara de Diputados.
Los detenidos serán presentados ante el juez Ortega para que formalice su eventual arresto.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.
SANTO DOMINGO.- Como positiva valoró el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) algunas de las medidas fiscales recientemente anunciadas por las autoridades.
En un comunicado enviado ALMOMENTO.NET, considera que pueden contribuir a mejorar la eficiencia del sistema y a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
No obstante, el gremio empresarial subrayó la necesidad de que dichas disposiciones se apliquen bajo criterios de proporcionalidad y temporalidad, a fin de evitar impactos negativos en la actividad productiva, la inversión y el clima de negocios.
El CONEP reiteró que cualquier reforma o ajuste en materia fiscal debe estar sustentado en el diálogo entre los sectores público y privado, privilegiando la estabilidad económica y la competitividad del país.
Asimismo, la organización empresarial insistió en que las medidas deben ser diseñadas con un enfoque equilibrado, que permita alcanzar los objetivos de recaudación sin afectar de forma desmedida a los sectores generadores de empleo y crecimiento.
Reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica del país.
Sostuvo que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que «los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas».
Manifestó que, reconociendo el carácter especial de las medidas planteadas, resulta igual de importante que la atención a los desafíos inmediatos no desplace de la agenda nacional las transformaciones estructurales que se requieren para continuar elevando su productividad, competitividad y capacidad de crear oportunidades.
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