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Agencias internacionales se hacen eco de detenciones en el país
Policías vigilan el Palacio de Justicia como parte de las operaciones que ha iniciado la Procuraduría General de la República, contra presuntos implicados en los sobornos de la constructora Odebrecht en el país, hoy lunes 29 de mayo de 2017, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría
Santo Domingo,- Un juez dominicano ordenó el lunes la detención de una docena de personas, incluido el ministro de Industria, dirigentes políticos y empresarios, por su presunta vinculación con los millonarios sobornos pagados por Odebrecht. Varios legisladores incluidos en el expediente no pueden ser arrestados por su inmunidad parlamentaria.
Las detenciones ordenadas por el juez de instrucción Francisco Ortega ocurren dos semanas después de que la Procuraduría General recibió, como parte de un acuerdo con Odebrecht y las autoridades brasileñas, el expediente de la investigación realizada en Brasil que incluye copias de los interrogatorios a decenas de ejecutivos de la compañía y otras pruebas.
Mediante el acuerdo la Procuraduría renunció a procesar judicialmente a Odebrecht y a sus ejecutivos a cambio de información que permita llevar ante los tribunales a los funcionarios locales que recibieron los sobornos. La compañía mantendrá sus operaciones en el país y podrá participar en futuras licitaciones públicas.
Entre los detenidos el lunes se encuentran el actual ministro de Industria y Comercio, Tamístocles Montás, quien había sido interrogado la semana anterior. Montás fungió en la década pasada como ministro de Economía y ministro de la Presidencia.
Montás, miembro de la cúpula del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue conducido por la mañana a la sede de la fiscalía de la capital.
Junto a Montás fue detenido Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del PLD. Durante su gestión como ministro, entre 2007 y 2012, Díaz Rúa participó en la negociación de varios contratos con Odebrecht.
Andrés Bautista, presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno, también fue detenido por haber sido presidente del Senado cuando el Congreso aprobó los primeros contratos con la compañía brasileña.
Los ejecutivos de Odebrecht revelaron a las autoridades de Brasil y Estados Unidos que desde 2001 pagaron unos 788 millones de dólares a funcionarios de 10 países de América Latina y dos de África a fin de conseguir contratos millonarios con los gobiernos de esas naciones.
Los 92 millones de dólares en sobornos distribuidos en República Dominicana sólo fueron superados por los sobornos entregados en Venezuela y Brasil, según los datos difundidos en diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Odebrecht también trasladó en 2014 a Santo Domingo la oficina desde la cual gestionaba los pagos ilegales.
Las detenciones son el resultado de cinco meses de presión por parte la sociedad civil, dijo Carlos Pimentel, miembro del organismo Participación Ciudadana que junto con otros grupos ha promovido desde enero protestas multitudinarias en diferentes ciudades del país en demanda de procesos judiciales en contra de Odebrecht y de los beneficiarios de los sobornos.
La denominada Marcha Verde demanda que la Procuraduría no sólo procese a los beneficiarios de los sobornos sino que prohíba a la compañía operar en el país y que investigue la posible sobrevaluación de las obras construidas por la empresa brasileña.
También fueron detenidos dos de los exdirectores del órgano regulador de la electricidad, así como el empresario Ángel Rondón, quien durante varios años fungió como representante comercial de Odebrecht en el país.
Desde que comenzó a operar en República Dominicana en 2001 Odebrecht ha participado en 17 de las obras de infraestructura más importantes como autopistas y represas hidroeléctricas. También construye la obra más emblemática de la presente administración: una termoeléctrica de 2.000 millones de dólares que generará 720 megavatios en base a carbón.
Alfredo Pacheco, diputado del opositor Partido Revolucionario Moderno y quien es citado en el expediente, anunció en conferencia de prensa que solicitará el retiro de su inmunidad parlamentaria para ponerse a disposición de la justicia. ?Estoy seguro de que no he sido sobornado?, afirmó Pacheco, quien en la década pasada fue durante algunos periodos presidente de la Cámara de Diputados.
Los detenidos serán presentados ante el juez Ortega para que formalice su eventual arresto.
Santo Domingo, R.D.-Nueva vez, el Gobierno dominicano ha anunciado que busca implementar el cobro de impuestos a plataformas digitales de proveedores extranjeros, como Netflix, Spotify, Airbnb, entre otros.
A pesar de que esta medida ha sido comunicada en otras tres ocasiones, en ninguna logró ser implementada.
En su nuevo intento, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) adelantó el martes que avanza en una propuesta para implementar el cobro de un 18% de Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a plataformas digitales.
El funcionario explicó que la DGII ya trabaja en la creación de un mecanismo que permita recaudar el impuesto sobre los servicios digitales consumidos en el país, asegurando que se encuentra en comunicación con todas las plataformas.
El funcionario aseguró que las plataformas digitales han mostrado disposición ante la iniciativa, al asegurar que “sí, muy positivas, sí, todas, Airbnb, Netflix, todas están en eso, Facebook. Ellos no pretenden darle mucha larga a eso”.
Hace un año, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 30-25, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial No. 11186 el 25 de enero de 2025, que establecía la aplicación del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a los servicios digitales consumidos en el país.
El decreto contemplaba gravar plataformas de streaming de música y video, servicios de publicidad y redes , plataformas de intermediación y servicios de almacenamiento en la nube y software.
Es decir, empresas como Netflix, Spotify, Disney+, Google Adss, Facebook Ads, Uber, Airbnb, videojuegos, entre otros tendrían que pagar impuestos. No obstante, tras hacerse público el decreto, el entonces vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó que el mismo sería derogado y, por tanto, no entraría en vigencia.
En 2024, luego de la reelección del presidente Luis Abinader, fue anunciada una reforma fiscal, la cual contemplaba un Impuesto al Valor Agregado (IVA) a plataformas digitales.
No obstante, debido a la falta de apoyo de varios sectores y críticas de la sociedad, el proyecto de reforma fiscal fue retirado, y con ella los planes de cobrar impuesto a estos proveedores extranjeros.
En febrero del año 2022, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) refirió que el Código Tributario Dominicano establece que los servicios digitales no están exentos del ITBIS, lo que implicaba su sujeción a este impuesto.
Pese a los intentos gubernamentales en actualizar el régimen fiscal frente a las plataformas digitales, la falta de consenso y los cuestionamientos sobre su implementación han llevado a abandonar estas medidas en distintas ocasiones.
Santo Domingo, R.D.-Este jueves 21 de mayo del 2026 el Poder Judicial informó que continuará operando en todo el país como parte de las medidas adoptadas para garantizar la continuidad del servicio y asegurar la atención a los usuarios, pese al paro convocado por jueces, juezas y servidores judiciales.
La institución explicó que los trámites y servicios judiciales seguirán funcionando con normalidad en las distintas jurisdicciones y dependencias judiciales del país. Además, la plataforma digital justicia.gob.do permanecerá disponible las 24 horas para garantizar el acceso continuo a los servicios judiciales.
El paro de jueces y servidores judiciales fue convocado en reclamo de mejores condiciones de trabajo, reivindicaciones salariales justas y otras demandas relacionadas con el fortalecimiento del sistema judicial dominicano.
Asimismo, el Consejo del Poder Judicial y los órganos de dirección administrativa adoptaron medidas para asegurar el funcionamiento institucional y la continuidad de los servicios judiciales en todo el territorio nacional.
El Consejo reiteró que la manifestación pacífica constituye un derecho fundamental y reafirmó la importancia del diálogo como vía para fortalecer las instituciones. También recordó que miles de ciudadanos acuden diariamente al sistema judicial en busca de respuestas y soluciones, por lo que preservar el acceso a la justicia forma parte de su compromiso permanente con la ciudadanía.
El Consejo del Poder Judicial puso en marcha medidas concretas para fortalecer el talento humano y la infraestructura del sistema judicial, incluyendo la indexación salarial, la mejora de los espacios de trabajo, la movilidad en la carrera judicial y la agilización de suplencias y vacantes.
Estas acciones, respaldadas por el Ministerio de Hacienda y Economía y contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034, reflejan el compromiso institucional de avanzar en soluciones sostenibles mientras se garantiza la continuidad del servicio judicial en todo el país.
El Poder Judicial reafirmó su compromiso con las iniciativas orientadas al fortalecimiento y mejora continua del sistema de justicia dominicano.
Además, impulsa nuevas medidas en materia de infraestructura, talento humano y mejoras salariales tras la reciente reunión del Consejo del Poder Judicial.
El Ministerio de Hacienda y Economía habilitará recursos presupuestarios para respaldar la indexación salarial, la modernización de las infraestructuras judiciales y la reducción de la mora judicial, iniciativas contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034 impulsado por el Consejo del Poder Judicial.
De igual forma, el Consejo ejecutará iniciativas enfocadas en el fortalecimiento del talento humano y la infraestructura judicial, con el objetivo de avanzar hacia una justicia más ágil, accesible y transparente.
Los recursos presupuestarios serán habilitados de manera gradual en los presupuestos de 2026 y 2027, con el propósito de sostener los objetivos estratégicos del plan, entre ellos la indexación salarial, el fortalecimiento del acceso a la justicia, la modernización de la infraestructura judicial, la optimización de procesos y la reducción de la mora judicial.
Santo Domingo, R.D.-Dos préstamos depositados por el Gobierno fueron aprobados por la Camara de Diputados, cuyos legisladores del PRM no tuvierion reparos en dar sus votos para que continúe el endeudamiento del pais.
Los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados se unieron para favorecer en menos de una hora y media la suscripción de esos contratos que tienen un monto total de USD$600 millones, superando el rechazo de las bancadas políticas opositoras.
Una de estas sería realizada con la Corporación Andina de Fomento (CAF) con el objetivo de permitir la utilización de USD$ 200 millones en “la acción climática”.
El Ministerio de Hacienda y Economía, entidad que estaría encargada de ejecutar los recursos, le permitirá al Poder Ejecutivo tener “resiliencia frente a los impactos del cambio climático”.
“El préstamo tiene como propósito brindar liquidez presupuestaria al gobierno, poniendo a disposición fondos bajo la modalidad de apoyo presupuestario”, dicta el documento legislativo.
Mientras que el segundo empréstito fue acordado por el Poder Ejecutivo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reúso en la Zona de Punta Cana-Bávaro.
Según establece la pieza, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) dispondría de estos fondos para “contribuir a la mejora de la salud pública y la protección del acuífero costero” en esas demarcaciones.
De manera específica, “incrementar el acceso a agua potable segura en las localidades priorizadas; saneamiento seguro en las localidades priorizadas; y mejorar la gestión integrada y sostenible del recurso hídrico en la zona de intervención”.