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Agoniza Yaque del Norte y su muerte sería como una bomba atómica en contra de los dominicanos.
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5 años agoon
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Elba GarcíaPor Elba García
La herencia cultural de países colonizados por España son un ejemplo de la mayor improvisación y falta de planificación.
La conducta proveniente de la cultura católica, apostólica y romana no tiene prácticamente ninguna similitud con la anglo protestante en la que la planificación y la vida a futuro es una de su localización y principales características, aunque no sean las únicas
En cualquier país anglo protestante hay diferencias de fondo con aquellos que fueron colonizados por España, la cual fue la propietaria de prácticamente todas las riquezas en América, pero que como resultado del sub-desarrollo también estableció su forma improvisada y poco planificada de sobrellevar su vida.
Todo esto tiene su origen en el fenómeno que se diferenció de los demás países de Europa, donde el capitalismo naciente fue derrotado por los que se conocían como los moros, una representación del faudalismo.
Esa cultura católica, apostólica y romana ha impactado de tal manera a las naciones llamadas en vía de desarrollo o sencillamente como países del tercer mundo que les ha sido muy difícil avanzar en términos institucionales y en políticas anti-corrupción.
La República Dominicana como país colonizado por el España ha sufrido la cultura de la improvisación y la falta de planificación de tal manera que podría llevarla hacia su propia destrucción.
En términos de políticas medioambientales, la República Dominicana tiene déficit tan peligrosos que podría quedarse sin recurso hídrico, tanto así que se advierte que el país podría llegar a padecer una gran escasez del preciado liquido.
Un ejemplo de la carencia de una seria política de conservación del medio ambiente, entre los que están los recursos hídricos, es el hecho de que pueblos enclavados en el mismo corazón de la Cordillera Central con una diversidad de ríos, tanto superficiales como subterráneos, así como lagos, entre otros, no disfrutan de un buen servicio de agua potable, como por ejemplo el municipio de Baitoa, sin que nadie pueda tener una explicación lógica del problema.
Lo otro es que prácticamente todos los recursos hídricos están contaminados y en vía de desaparición, entre los que se encuentra el principal suplidor de agua de todo el territorio nacional, como lo es el Yaque del Norte.
Las amenazas están muy cerca de cumplirse porque las autoridades nacionales amagan y no dan en lo que respecta a hacer las inversiones económicas que demanda el problema.
De acuerdo a un informe publicado por el periódico Listín Diario, calzado con la firma de Luis Trinidad, el Yaque del Norte no tiene suficiente agua para suplir la demanda que se presenta para el próximo año 2020.
Y agrega el trabajo que en el 2006, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) presentó en el Plan Hidrológico Nacional, una serie de estudios sobre los recursos hídricos del país, y proyecciones sobre la disponibilidad y demanda de agua.
Según dicho plan, en el 2005, la presión hídrica de la cuenca Yaque del Norte, indicador usado por organismos internacionales que se establece entre la relación de la disponibilidad de agua de una cuenca y la demanda total de los usuarios, era de un 93.19%, y para el 2020 se estimaba que rondaría 103.43%, es decir la demanda superaría la disponibilidad de agua en esta zona del país.
“Lo que se avecina (respecto al suministro de agua) pasa de ser una crisis latente, a una inminente”, indicó José Raúl Pérez, asesor técnico de cooperación internacional del Indrhi y gerente de planificación de la institución del 2009 al 2013. Pérez afirma que las industrias y la población crecen y desde la publicación de este estudio se han realizado pocas iniciativas para evitar una escasez de agua en esta zona del país.
La cuenca Yaque del Norte es más importente del país, con una extensión de 7,053 kilómetros cuadrados, lo que representa el 14.6% del territorio nacional, con una incidencia directa en 40 municipios dentro de seis provincias en la región Cibao Central y Cibao Noroeste.
El río Yaque del Norte alimenta los dos distritos de riego más extensos del país, ellos son el Bajo Yaque del Norte, que comprende una superficie de 40,646 hectáreas (638,254 tareas), y que se extiende por las localidades de Las Matas de Santa Cruz, Villa Vásquez y Dajabón, y el Alto Yaque del Norte, con 37,232 hectáreas (561,946 tareas), y que provee de agua a las plantaciones localizadas en Santiago, Mao, Esperanza e Isabela.
El Plan Hidrológico Nacional establece, siempre con el trabajo periodistico del Listin Diario, que en el país existe una desproporcionalidad en el uso del agua que producen sus cauces, por lo que este recurso no es utilizado con sentido de economía, con visión de largo plazo. Basados en datos publicados por la Organización de la Naciones Unidades para la Alimentación (FAO), República Dominicana es el país que consume la mayor cantidad de agua per cápita de Centro América y El Caribe, con 700 metros cúbicos por año, y junto con Haití, los que más destinan agua al sector agrícola, el 80 % de su producción hídrica.
Aquí radica uno de los grandes retos del país: reducir el consumo de agua en el campo. Según explica Pérez, el Indrhi ha realizado varios proyectos para tratar de mejorar el uso del agua de parte de los productores, a través de sistemas de agua presurizada eficientes. Aunque dichas acciones han ofrecido resultados positivos en la reducción del consumo, les ha resultado difícil que los agricultores asuman la tecnología.
Por otra parte, Pérez también reconoce que no han contado con el acompañamiento técnico requerido.
Simpre de acuerdo con el técnico consultado por el trabajo del diario de circulación nacional, contar con sistemas de información para el pronóstico y estudio de las lluvias es parte esencial, no sólo para el uso adecuado del agua, sino también para gestión de embalses y para emitir alertas tempranas en casos de inundaciones, explica el ingeniero Israel Acosta, encargado del departamento de Hidrología del Indhri, quien también consultado al respecto.
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Baja calidad de educación no garantiza desarrollo cognitivo en el país pese inversión del 4% del PIB.
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2 días agoon
diciembre 18, 2024Por Elba García
Las quejas han sido constantes y permanentes del bajo nivel de la educación dominicana a pesar de la relativa alta inversión económica hecha en el sector.
Más de un billón de dólares ha invertido el país en un sistema educativo que cada día se degrada y en el que prevalece una corrupción que avergüenza a todos y cada uno de los dominicanos decentes.
Desde 2013 cuando se acordó destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana a la educación, el país ha destinado una buena parte de estos recursos para alimentar y estimular el principal flagelo de que adolece la nación, que no es otra cosa que la corrupción administrativa.
El Ministerio de Educación (Minerd) en el 2023 ejecutó el 3.88% del 4% del PIB, lo que equivale a unos 226 mil 232 millones de pesos, la cual es la segunda inversión más alta desde 2013.
En el 2020 fue el año en que se cumplió con el 4%, debido a la pandemia de COVID-19. En ese año, el gasto fue de RD$201,501,223,632.
En cuanto al gasto público per cápita en educación, en 2022 fue de 383 euros por habitante, un aumento del 41,85% respecto a 2021.
En el ranking de países por importe invertido en educación, República Dominicana subió del puesto 70 en 2021 al 63 en 2022. Sin embargo, sigue estando entre los países con un bajo gasto público en educación.
Está demostrado que la educación es el instrumento más ideal y eficiente para lograr un verdadero desarrollo nacional.
Estudios hechos por psicólogos han dado como resultado que el coeficiente intelectual más alto se produce en aquellas naciones donde hay una alta inversión en educación.
Entre todos los países latinoamericanos Uruguay es el que aparece con un más alto coeficiente de inteligencia con 96 puntos, seguido por Argentina con 93 y Chile con 90, pero el nombre de la Republica no figura por ningún lado, lo cual también habla de la poca inversión en esta materia.
El cociente intelectual (CI) ha sido por años un indicador clave para medir las capacidades cognitivas de las personas y un estudio global al respecto, liderado por los psicólogos Richard Lynn y Tatu Vanhanen, destaca a Uruguay como el país con el promedio más alto en América Latina, seguido por Argentina.
En este renglón es importante preguntarse sobre los factores detrás de este desempeño y las implicaciones para el desarrollo socioeconómico de la región.
El caso uruguayo, uno de los países más pequeños del hemisferio, ha captado la atención en el mundo, no solo por su desempeño, sino también por las posibles políticas y condiciones que podrían haber permitido el nivel de desarrollo cognitivo.
El estudio presenta un ranking con los puntajes promedio de CI en los países latinoamericanos, evidenciando una considerable brecha entre las naciones.
Según el análisis de Lynn y Vanhanen, Uruguay tiene un promedio de CI de 96 puntos, ubicándose a la cabeza de América Latina (Archivo)Nicolás Janowski – Lugares
- Uruguay: 96
- Argentina: 93
- Chile: 90
- Costa Rica: 89
- Ecuador y México: 88
- Bolivia y Brasil: 87
- Cuba y Perú: 85
- Colombia, Paraguay y Venezuela: 84
- Honduras: 81
En la investigación quedan claras diferencias sustanciales que podrían estar influenciadas por factores como la inversión en educación, la estabilidad económica y el acceso a recursos básicos.
Los autores del estudio, identifican variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación, y factores socioeconómicos como determinantes en los niveles promedio de CI.
Países con políticas que priorizan la educación, programas de nutrición infantil y acceso a tecnología suelen tener mejores resultados en el desarrollo cognitivo de su población.
Por ejemplo, la exposición a entornos que estimulan la creatividad y el pensamiento crítico desde la infancia es crucial. En contraste, los países que enfrentan desigualdades económicas y educativas tienden a registrar promedios más bajos de CI.
En este tema Singapur saca la cabeza con (108), Corea del Sur (106) y Japón (105), cuyas naciones no solo se destacan por sus inversiones en educación de calidad, sino también por sus avanzados sistemas de investigación, tecnología y políticas públicas orientadas a potenciar el capital humano.
De acuerdo con los autores, variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación y factores socioeconómicos son determinantes en los niveles promedio de CI.
El estudio también subraya la relación entre el CI promedio de un país y su capacidad de desarrollo económico. Países con mayores índices de inteligencia suelen ser más innovadores y eficientes en la resolución de problemas, lo que les permite mantener economías más avanzadas. En este sentido, América Latina tiene una oportunidad significativa: priorizar políticas educativas y sociales que fomenten el desarrollo intelectual como una estrategia para potenciar su crecimiento económico.
El liderazgo de Uruguay en el ranking de CI en América Latina no es casualidad. Su enfoque en políticas públicas inclusivas y su inversión en educación de calidad han sido factores clave para este logro, destaca el estudio. Este ejemplo puede servir como un modelo para otros países de la región que buscan mejorar sus índices de inteligencia y, con ello, su proyección económica a largo plazo.
Sin embargo, el caso de la República Dominicana radica en un problema integral, donde la inversión en educación no es una prioridad y el hecho de que se destinen más recursos al sector no implica una mejoría en la misma, sino un mayor aprovechamiento para el enriquecimiento ilícito.
El 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación, aunque todavía es uno de los más bajos de la región, el monto no deja de ofrecer una buena oportunidad para que el país ocupe otros niveles mundiales en este renglón.
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El “talón de Aquiles” del TC es la revisión de acciones de amparo, vía para reponer derechos fundamentales.
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2 semanas agoon
diciembre 9, 2024Por Elba García
El Tribunal Constitucional decide con celeridad algunos casos que, si bien envían el mensaje de una cierta fortaleza del Estado de Derecho, hay otros que son manejados mediante lo que se conoce como denegación de justicia.
Es evidente que todos aquellos procesos que tienen una mayor importancia política, el TC los falla en un tiempo relativamente corto, mientras que los recursos de revisión de las acciones de amparo de extrema urgencia duermen el sueño eterno sin que se determine claramente la razón de ello.
Resulta inconcebible que un recurso de revisión de una acción de amparo sea fallado por el Tribunal Constitucional hasta dos años después de haber sido sometido en violación de su propia legalidad, cuya Ley 137-11 habla de 30 días para que se produzca una decisión, pero, además, es como que, si se tratara de la violación del principio de igualdad, el cual ha sido el más trabajado por la referida alta corte.
El criterio con que el TC maneja estos casos deja la impresión de que sus decisiones son retrasadas cuando se trata de examinar jurídicamente la conducta de los partidos políticos, cuyas sentencias no surten el efecto esperado.
No se sabe con claridad cuál es el criterio que la Presidencia del Tribunal Constitucional aplica en los casos que son depositados en su secretaria, pero se entiende que el lugar de mayor preponderancia debía tenerla la revisión de los recursos de amparo porque son asuntos que se refieren a los derechos fundamentales, los cuales son sumarios y se caracterizan por la celeridad.
El tema parece ser una de las principales razones para que mucha gente entienda que el TC tiene la tendencia a no priorizar aquellos casos que tienen que ver con los derechos fundamentales, sobre todo cuando están involucrados los partidos políticos.
La explicación que muchos ciudadanos ven es que los obstáculos para conocer los recursos de revisión de las acciones de amparo electorales provienen de que los partidos políticos juegan un papel fundamental para que se tome una decisión al respecto porque son los que controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que tiene la responsabilidad de escoger a los jueces, incluidos a los del Tribunal Constitucional.
Y ciertamente no parece haber otra razón para que el TC viole en estos casos el articulo 102 de su propia ley orgánica, la 137-11, que manda que los recursos de revisión de amparo sean fallados en un plazo de 30 días.
El Tribunal Constitucional con la facultad que le otorga la Constitución de la Republica y su ley orgánica, la 137-11, debía cuidar su imagen para que no se contamine como ocurre con todo el sistema de justicia, el Congreso Nacional y el propio Poder Ejecutivo.
El desbalance temporal que se observa en el conocimiento de casos que no tienen la misma prioridad que la violación de un derecho fundamental, que generalmente es planteado a través de una acción de amparo, causa preocupación de que el TC caiga en la misma deficiencia que se observa en prácticamente todo el sistema de justicia dominicano.
En los últimos días se ha observado que el Tribunal Constitucional le da prioridad a la acción directa de inconstitucionalidad frente a los recursos de amparo, pese que éste último trata cuestiones que tienen mayor urgencia.
En los actuales momentos hay recursos de revisión de acciones de amparo que tienen depositados en el TC hasta dos años y que no han sido fallados, lo cual pone en tela de juicio en el principal tribunal del país el principio que dice que sentencias tardías es denegación de justicia.
El problema con relación a los recursos de revisión de las acciones de amparo puede ser una causa para el sometimiento de los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual puede derivar en comprometer civil y penalmente al Estado dominicano.
Pese a que juristas y otros doctrinarios del país no conciben lo ocurrido con el TC en lo que respecta a los recursos de revisión de las acciones de amparo falladas por jurisdicciones especializadas, como el Tribunal Superior Electoral, lo cierto es que parece que todavía pesa mucho la escogencia de los primeros jueces de la alta corte a través del llamado pacto de las corbatas azules.
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Basura y dinero tratados con el mismo criterio en alcaldía de Santiago, cuya carta de presentación es el dispendio.
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3 semanas agoon
noviembre 29, 2024Son preocupantes las sumas que supuestamente ha invertido la alcaldía de Santiago en recogida de basura, cuyo monto alcanza los tres mil cincuenta y dos millones cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con dos centavos (3,052,144,930.72) para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, según lo ha denunciado un regidor de la oposición.
Sólo en el mes de septiembre del corriente año hubo una licitación con la autorización y firmada por la directora financiera del cabildo, Rosa Morel, por la astronómica suma de dos mil millones cuatrocientos cuarenta y un millones quinientos quince mil doscientos sesenta y cinco pesos (2,441,515,00, lo cual revela las peligrosas andanzas del alcalde Ulises Rodríguez.
El dinero destinado sólo en el mes de octubre del 2024 para los fines indicados, según lo establece la ejecución de ingresos y fuentes de financiamiento correspondientes al referido periodo, llega a los doscientos noventa y siete millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos con sesenta y dos pesos (297,688,538.72.
Pero los gastos excesivos no se paran ahí, sino que en el mes de noviembre se dispuso de la suma de trescientos doce millones novecientos diecisiete pesos (312,941,117 pesos, lo cual advierte que, con la política de compromisos asumidos por el ayuntamiento de Santiago para el pesaje, control y de mantenimiento de las instalaciones y gestión interna de la disposición final de los residuos sólidos en el ecoparque de Rafey Santiago, lleva a una quiebra segura a la ciudad.
El periódico Listín Diario en una investigación realizada al respecto pudo comprobar que los montos establecidos en documentos consultados alcanzan un total de DOP$3,052,144,930.72 (Tres mil cincuenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con setenta y dos centavos), destinados por los trabajos concernientes a la recolección y disposición de los desechos sólidos del municipio en los últimos tres meses del año.
Las alertas al respecto han sido dadas, mientras el municipio de Santiago camina hacia una situación financiera insostenible, todo como resultado de la improvisación y la incapacidad que caracteriza a los funcionarios de la actual administración, encabezada por Ulises Rodríguez.
Además, está sobre la mesa que la mayoría de los contratos de las compañías recolectoras de basura están vencidos, pero que se les paga normalmente. La pregunta que está en el aire y que se espera que alguien pueda responder es por qué los acuerdos de recogida de basura han subido a casi mil millones de pesos, sin que haya una reacción de los regidores del cabildo de Santiago.
Históricamente el ayuntamiento ha sido una fuente de empleos parasitarios utilizados por el partido político en el poder para satisfacer las aspiraciones que se crean a través del llamado clientelismo político, pero además de promover un nivel de corrupción que se expresa a través del principal problema de la ciudad como es la recogida de basura.
Sin embargo, lo que ocurre en la actualidad con la recogida de basura parece ser el nivel más alto de corrupción por parte del actual incumbente, Ulises Rodríguez, lo cual se veía venir por tratarse de un funcionario con una conducta que deja mucho que desear.