Santiago.- La patente sobrepoblación de la cárcel preventiva que funciona en el Palacio de Justicia de Santiago, diseñada para albergar a 60 prevenidos, pero que en ocasiones llega a encerrar hasta a 200 reos, el hacinamiento, la promiscuidad y falta de ventilación ha provocado, desde mediados de febrero hasta final de mayo de este año, y ha sido causante de cuatro motines y varias trifulcas con saldos de lesionados.Nacionales
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APIÑAMIENTO. CÁRCEL EN PALACIO JUSTICIA CON SOBREPOBLACIÓN DE RECLUSOS
Santiago.- La patente sobrepoblación de la cárcel preventiva que funciona en el Palacio de Justicia de Santiago, diseñada para albergar a 60 prevenidos, pero que en ocasiones llega a encerrar hasta a 200 reos, el hacinamiento, la promiscuidad y falta de ventilación ha provocado, desde mediados de febrero hasta final de mayo de este año, y ha sido causante de cuatro motines y varias trifulcas con saldos de lesionados.El último incidente violento en esta prisión ocurrió el 29 de mayo, cuando un motín terminó con tres reclusos heridos.
No obstante, en esa ocasión el procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Víctor González, aclaró que no se trató de un motín, sino de “una reyerta”.
González subrayó que algunos reos fueron trasladados desde otras cárceles hasta tribunales del Departamento Judicial de Santiago, para conocerles sus casos, y que fueron recluidos en ese centro preventivo, hasta que su situación fuera ventilada, lo que molestó a otros reos y generó un enfrentamiento, con un saldo de tres heridos.
Los reclusos, sus familiares, abogados y activistas de derechos humanos dijeron que a muchas personas en conflicto con la ley, y a las que se les conoce medidas coercitivas consistentes en prisión preventiva, en vez de enviarlas al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres, como sería lo correcto, las encierran en la llamada “carcelita”, como se le conoce a ese centro, aumentando los niveles de promiscuidad.
Otra de las quejas de los reos preventivos son las restricciones para tener encuentros íntimos con sus parejas, la mala alimentación y la falta de colchones para dormir.
Marianela Rodríguez dijo que a su pareja le conocieron una medida de coerción de seis meses de prisión preventiva, de los que ya ha cumplido tres, y que este le ha comunicado, las pocas veces que han podido hablar, que está desesperado y desea se le traslade a otro recinto en condiciones humanas más apropiadas.
Abogados dijeron que como el nuevo modelo penitenciario establece que no se puede tener a un interno en un recinto, por encima de la capacidad de tal albergue, bajo el régimen de este sistema, “muchos reos, en vez de ser enviados a cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, son mantenidos en la cárcel preventiva”.
Ante esa circunstancia, los defensores públicos de Santiago elevaron una acción de amparo que fue conocida en la Segunda Sala Penal del Departamento Judicial de Santiago el 17 de abril de este año, al denunciar que a los reos preventivos encerrados allí se les vulneran sus derechos fundamentales, lo que provoca motines y otras acciones violentas.
“Nosotros gestionamos que enviaran a mi marido a Rafey Hombres, pero nos han informado que no hay espacio para acoger a más internos, porque cada uno tiene su cubículo y su cama y no aceptan que duerma más de uno’’, indicó Marianela Rodríguez.
Derechos humanos opinan
El jurista Dionisio Jerez, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en la provincia Santiago, prevé que los conflictos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, de esta ciudad, seguirán ocurriendo, porque los presos recluidos allí conviven en situaciones infrahumanas.
Según Jerez, ese lugar está diseñado para que las personas en conflicto con la ley permanezcan detenidas no más de 48 horas, hasta que su situación se defina en los tribunales, pero que permanecen encerradas un mes y más, lo que crea promiscuidad y hacinamiento.
Por igual aclaró que a ese lugar lo han convertido en una cárcel preventiva, pero es realmente una celda transitoria, donde llevan a las personas en conflicto con la ley cuando se les va a conocer medidas de coerción.
“Es una celda que la han convertido en una cárcel superpoblada de personas que han entrado en problemas con la ley, y por eso surgen esos problemas”, indicó.
En ese contexto, el defensor de los derechos humanos reiteró que se hace urgente la construcción de una nueva cárcel preventiva bajo el nuevo sistema penitenciario, “para resolver ese deprimente drama humano que hoy padecen cientos de ciudadanos”.
El procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Víctor González, dice que se requiere de la construcción de una nueva cárcel preventiva y que las molestias de los prevenidos son comprensibles, porque no hay condiciones para permanecer allí mucho tiempo.
listindiario.com
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
En la audiencia, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado al tribunal que se mantuviera la medida de coerción por riesgo de fuga y posible interferencia en la investigación, destacando la gravedad de los hechos.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.