Santiago.- La patente sobrepoblación de la cárcel preventiva que funciona en el Palacio de Justicia de Santiago, diseñada para albergar a 60 prevenidos, pero que en ocasiones llega a encerrar hasta a 200 reos, el hacinamiento, la promiscuidad y falta de ventilación ha provocado, desde mediados de febrero hasta final de mayo de este año, y ha sido causante de cuatro motines y varias trifulcas con saldos de lesionados.
El último incidente violento en esta prisión ocurrió el 29 de mayo, cuando un motín terminó con tres reclusos heridos.
No obstante, en esa ocasión el procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Víctor González, aclaró que no se trató de un motín, sino de “una reyerta”.
González subrayó que algunos reos fueron trasladados desde otras cárceles hasta tribunales del Departamento Judicial de Santiago, para conocerles sus casos, y que fueron recluidos en ese centro preventivo, hasta que su situación fuera ventilada, lo que molestó a otros reos y generó un enfrentamiento, con un saldo de tres heridos.
Los reclusos, sus familiares, abogados y activistas de derechos humanos dijeron que a muchas personas en conflicto con la ley, y a las que se les conoce medidas coercitivas consistentes en prisión preventiva, en vez de enviarlas al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres, como sería lo correcto, las encierran en la llamada “carcelita”, como se le conoce a ese centro, aumentando los niveles de promiscuidad.
Otra de las quejas de los reos preventivos son las restricciones para tener encuentros íntimos con sus parejas, la mala alimentación y la falta de colchones para dormir.
Marianela Rodríguez dijo que a su pareja le conocieron una medida de coerción de seis meses de prisión preventiva, de los que ya ha cumplido tres, y que este le ha comunicado, las pocas veces que han podido hablar, que está desesperado y desea se le traslade a otro recinto en condiciones humanas más apropiadas.
Abogados dijeron que como el nuevo modelo penitenciario establece que no se puede tener a un interno en un recinto, por encima de la capacidad de tal albergue, bajo el régimen de este sistema, “muchos reos, en vez de ser enviados a cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, son mantenidos en la cárcel preventiva”.
Ante esa circunstancia, los defensores públicos de Santiago elevaron una acción de amparo que fue conocida en la Segunda Sala Penal del Departamento Judicial de Santiago el 17 de abril de este año, al denunciar que a los reos preventivos encerrados allí se les vulneran sus derechos fundamentales, lo que provoca motines y otras acciones violentas.
“Nosotros gestionamos que enviaran a mi marido a Rafey Hombres, pero nos han informado que no hay espacio para acoger a más internos, porque cada uno tiene su cubículo y su cama y no aceptan que duerma más de uno’’, indicó Marianela Rodríguez.
Derechos humanos opinan
El jurista Dionisio Jerez, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en la provincia Santiago, prevé que los conflictos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, de esta ciudad, seguirán ocurriendo, porque los presos recluidos allí conviven en situaciones infrahumanas.
Según Jerez, ese lugar está diseñado para que las personas en conflicto con la ley permanezcan detenidas no más de 48 horas, hasta que su situación se defina en los tribunales, pero que permanecen encerradas un mes y más, lo que crea promiscuidad y hacinamiento.
Por igual aclaró que a ese lugar lo han convertido en una cárcel preventiva, pero es realmente una celda transitoria, donde llevan a las personas en conflicto con la ley cuando se les va a conocer medidas de coerción.
“Es una celda que la han convertido en una cárcel superpoblada de personas que han entrado en problemas con la ley, y por eso surgen esos problemas”, indicó.
En ese contexto, el defensor de los derechos humanos reiteró que se hace urgente la construcción de una nueva cárcel preventiva bajo el nuevo sistema penitenciario, “para resolver ese deprimente drama humano que hoy padecen cientos de ciudadanos”.
El procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Víctor González, dice que se requiere de la construcción de una nueva cárcel preventiva y que las molestias de los prevenidos son comprensibles, porque no hay condiciones para permanecer allí mucho tiempo.
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