Santiago.- La patente sobrepoblación de la cárcel preventiva que funciona en el Palacio de Justicia de Santiago, diseñada para albergar a 60 prevenidos, pero que en ocasiones llega a encerrar hasta a 200 reos, el hacinamiento, la promiscuidad y falta de ventilación ha provocado, desde mediados de febrero hasta final de mayo de este año, y ha sido causante de cuatro motines y varias trifulcas con saldos de lesionados.Nacionales
Aguaceros con tronadas y temperaturas calurosas debido a una onda tropical
APIÑAMIENTO. CÁRCEL EN PALACIO JUSTICIA CON SOBREPOBLACIÓN DE RECLUSOS
Santiago.- La patente sobrepoblación de la cárcel preventiva que funciona en el Palacio de Justicia de Santiago, diseñada para albergar a 60 prevenidos, pero que en ocasiones llega a encerrar hasta a 200 reos, el hacinamiento, la promiscuidad y falta de ventilación ha provocado, desde mediados de febrero hasta final de mayo de este año, y ha sido causante de cuatro motines y varias trifulcas con saldos de lesionados.El último incidente violento en esta prisión ocurrió el 29 de mayo, cuando un motín terminó con tres reclusos heridos.
No obstante, en esa ocasión el procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Víctor González, aclaró que no se trató de un motín, sino de “una reyerta”.
González subrayó que algunos reos fueron trasladados desde otras cárceles hasta tribunales del Departamento Judicial de Santiago, para conocerles sus casos, y que fueron recluidos en ese centro preventivo, hasta que su situación fuera ventilada, lo que molestó a otros reos y generó un enfrentamiento, con un saldo de tres heridos.
Los reclusos, sus familiares, abogados y activistas de derechos humanos dijeron que a muchas personas en conflicto con la ley, y a las que se les conoce medidas coercitivas consistentes en prisión preventiva, en vez de enviarlas al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres, como sería lo correcto, las encierran en la llamada “carcelita”, como se le conoce a ese centro, aumentando los niveles de promiscuidad.
Otra de las quejas de los reos preventivos son las restricciones para tener encuentros íntimos con sus parejas, la mala alimentación y la falta de colchones para dormir.
Marianela Rodríguez dijo que a su pareja le conocieron una medida de coerción de seis meses de prisión preventiva, de los que ya ha cumplido tres, y que este le ha comunicado, las pocas veces que han podido hablar, que está desesperado y desea se le traslade a otro recinto en condiciones humanas más apropiadas.
Abogados dijeron que como el nuevo modelo penitenciario establece que no se puede tener a un interno en un recinto, por encima de la capacidad de tal albergue, bajo el régimen de este sistema, “muchos reos, en vez de ser enviados a cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, son mantenidos en la cárcel preventiva”.
Ante esa circunstancia, los defensores públicos de Santiago elevaron una acción de amparo que fue conocida en la Segunda Sala Penal del Departamento Judicial de Santiago el 17 de abril de este año, al denunciar que a los reos preventivos encerrados allí se les vulneran sus derechos fundamentales, lo que provoca motines y otras acciones violentas.
“Nosotros gestionamos que enviaran a mi marido a Rafey Hombres, pero nos han informado que no hay espacio para acoger a más internos, porque cada uno tiene su cubículo y su cama y no aceptan que duerma más de uno’’, indicó Marianela Rodríguez.
Derechos humanos opinan
El jurista Dionisio Jerez, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en la provincia Santiago, prevé que los conflictos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, de esta ciudad, seguirán ocurriendo, porque los presos recluidos allí conviven en situaciones infrahumanas.
Según Jerez, ese lugar está diseñado para que las personas en conflicto con la ley permanezcan detenidas no más de 48 horas, hasta que su situación se defina en los tribunales, pero que permanecen encerradas un mes y más, lo que crea promiscuidad y hacinamiento.
Por igual aclaró que a ese lugar lo han convertido en una cárcel preventiva, pero es realmente una celda transitoria, donde llevan a las personas en conflicto con la ley cuando se les va a conocer medidas de coerción.
“Es una celda que la han convertido en una cárcel superpoblada de personas que han entrado en problemas con la ley, y por eso surgen esos problemas”, indicó.
En ese contexto, el defensor de los derechos humanos reiteró que se hace urgente la construcción de una nueva cárcel preventiva bajo el nuevo sistema penitenciario, “para resolver ese deprimente drama humano que hoy padecen cientos de ciudadanos”.
El procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Víctor González, dice que se requiere de la construcción de una nueva cárcel preventiva y que las molestias de los prevenidos son comprensibles, porque no hay condiciones para permanecer allí mucho tiempo.
listindiario.com
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
Hasta el momento, el magistrado de SCJ aún no ha informado si estas son sus pretensiones. Si no fuese confirmado en el puesto, deberá entregarlo cuando se desarrolle la toma de posesión de quien le sustituirá.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
Esta entidad considera que “la ausencia de una convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia”
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
“La noble petición se subsidia en atención a que soslayar el enunciado del mandato constitucional genera que la sociedad quede inscrita en un estado límbico ante la connatural incertidumbre que se genera en el seno de la propia alta instancia judicial”, dijo durante una rueda de prensa el jurista Carlos Balcácer, quien es representante del IDDP.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.