Economía
Ahorrar con poco también es posible: claves para construir un fondo de emergencia
Separar pequeñas cantidades, automatizar el ahorro y revisar los gastos pueden ayudar a crear una reserva para enfrentar imprevistos
Santo Domingo, República Dominicana.– Cuando el ingreso apenas alcanza para cubrir alimentación, transporte, vivienda y otros compromisos mensuales, hablar de ahorro puede parecer poco realista. Sin embargo, comenzar un fondo de emergencia no necesariamente exige grandes cantidades de dinero.
La clave está en dar el primer paso con una meta que se adapte a la realidad económica de cada persona.
Un fondo de emergencia funciona como una reserva destinada exclusivamente a situaciones inesperadas: una enfermedad, una reparación urgente, la pérdida temporal del empleo o cualquier acontecimiento que obligue a realizar un gasto que no estaba contemplado en el presupuesto.
Su objetivo no es financiar vacaciones, compras personales ni gastos habituales, sino evitar que una dificultad inesperada termine convirtiéndose en una deuda difícil de pagar.
No hay que comenzar con una gran cantidad
La contadora y asesora financiera Dileiny Concepción Villar plantea que antes de pensar en acumular varios meses de salario, una persona debe revisar cómo está utilizando sus ingresos.
El ejercicio consiste en identificar cuánto entra, cuánto sale y cuáles gastos pueden reducirse o eliminarse.
A partir de ahí, incluso una cantidad pequeña puede convertirse en el inicio de una reserva.
Para una persona con ingresos limitados, pensar inmediatamente en reunir tres o seis meses de gastos puede resultar desalentador. Una meta demasiado alta puede hacer que el ahorro parezca imposible antes de comenzar.
Por eso, una alternativa es fijar primero objetivos más pequeños y alcanzables.
Ahorrar RD$500, RD$1,000 o la cantidad que permita el presupuesto de manera constante puede ser más efectivo que establecer una cifra elevada que nunca llegue a materializarse.
Separar el dinero evita gastarlo
Otro elemento importante es mantener el fondo fuera de la cuenta utilizada para los gastos cotidianos.
Si el dinero destinado a emergencias permanece mezclado con lo disponible para comprar alimentos, pagar servicios o cubrir entretenimiento, aumenta la posibilidad de utilizarlo sin necesidad.
Una cuenta separada puede ayudar a establecer esa barrera.
También puede resultar útil programar una transferencia automática cada vez que se recibe el salario. De esta forma, el ahorro se realiza antes de comenzar a distribuir el resto del dinero.
Las cooperativas constituyen otra alternativa para quienes prefieren un mecanismo de ahorro periódico y disciplinado.
Revisar pequeños gastos puede abrir espacio
Construir una reserva con ingresos bajos obliga también a observar aquellos gastos que, individualmente, parecen insignificantes pero terminan representando una cantidad considerable al final del mes.
Suscripciones que apenas se utilizan, compras frecuentes por impulso, comidas fuera de casa o pequeños gastos diarios pueden reducir la capacidad de ahorro.
Esto no significa eliminar todo consumo personal, sino determinar qué puede ajustarse sin afectar las necesidades esenciales.
Un presupuesto sencillo permite descubrir con mayor claridad dónde existe margen para comenzar.
¿Cuánto debería tener un fondo de emergencia?
En educación financiera suele recomendarse contar con una reserva equivalente a varios meses de gastos básicos.
Pero esa meta no tiene que alcanzarse de inmediato.
Para una persona que apenas comienza, el primer objetivo podría ser reunir suficiente dinero para cubrir una emergencia pequeña. Después puede avanzar hacia un mes de gastos esenciales y continuar aumentando progresivamente el fondo.
Lo importante es que la meta resulte posible de cumplir.
Una persona que recibe RD$18,000 mensuales, por ejemplo, probablemente tendrá dificultades para acumular rápidamente una reserva cercana a RD$60,000. En esas circunstancias, comenzar con cantidades pequeñas puede ser una estrategia más sostenible.
El hábito puede ser más importante que la cantidad inicial
Crear un fondo de emergencia es, en gran medida, un ejercicio de constancia.
No importa tanto que los primeros depósitos sean pequeños como que puedan realizarse regularmente.
Con el tiempo, ese dinero puede convertirse en una protección frente a situaciones que, sin una reserva disponible, obligarían a recurrir a préstamos, tarjetas de crédito o deudas informales.
El objetivo inicial no tiene que ser acumular una fortuna.
Para quien vive con un presupuesto ajustado, alcanzar primero el equivalente a unas semanas o un mes de gastos esenciales ya representa un avance importante.
El fondo puede crecer después. Lo esencial es comenzar y procurar que el dinero reservado para una emergencia permanezca disponible precisamente para cuando llegue una.
Economía
Alza del dólar encarece alquileres en RD y presiona el presupuesto de familias que ganan en pesos
Expertos advierten que la práctica de pactar rentas en moneda estadounidense, común en zonas exclusivas y turísticas, puede reducir la capacidad de ahorro y afectar otros gastos esenciales de los inquilinos.
Por Angela Martínez
SANTO DOMINGO, República Dominicana. — El aumento del dólar frente al peso dominicano está generando presión económica sobre numerosos inquilinos en el país, especialmente sobre aquellos que deben pagar alquileres fijados en moneda estadounidense mientras perciben sus ingresos en pesos.
La situación impacta con mayor fuerza a quienes residen en inmuebles ubicados en sectores de alta demanda, donde es frecuente que los contratos de arrendamiento se establezcan en dólares como una forma de preservar el valor de la inversión inmobiliaria.
Aunque esta práctica no predomina en todo el mercado, sí es habitual en apartamentos de lujo, torres residenciales modernas, propiedades amuebladas y alojamientos turísticos de corta duración, segmentos en los que la referencia en moneda extranjera suele considerarse parte del modelo de negocio.
Propietarios buscan proteger la rentabilidad de sus inmuebles
Especialistas consultados sobre el tema explican que muchos propietarios fijan los alquileres en dólares para evitar que la depreciación del peso dominicano reduzca el valor real de sus ingresos.
El abogado Francisco Polanco señaló que esta modalidad procura resguardar la rentabilidad del inmueble y proteger al dueño frente a los efectos de la inflación y la volatilidad cambiaria.
En términos similares, Tirso Herrera, vinculado al sector inmobiliario, indicó que la presencia de extranjeros e inversionistas que operan habitualmente en dólares también influye en la expansión de esta práctica.
De acuerdo con su valoración, cuando el inquilino recibe ingresos en una moneda distinta a la pactada en el contrato, la tasa de cambio pasa a tener un efecto directo sobre su presupuesto mensual.
Cada alza del dólar implica más pesos para pagar la misma renta
El efecto es sencillo pero significativo: si el alquiler está fijado en dólares y la moneda estadounidense sube frente al peso, el inquilino necesita más dinero en moneda local para cumplir con la misma obligación.
Eso significa que una renta que aparentemente no ha cambiado en términos nominales puede encarecerse para quien cobra en pesos.
En sentido contrario, una reducción en la tasa de cambio podría aliviar temporalmente el gasto, pero mientras el dólar se mantenga al alza, el impacto inmediato recae sobre el costo de la vivienda.
Esta dinámica convierte al alquiler en una carga más pesada para familias y profesionales cuyos ingresos no aumentan al mismo ritmo que la moneda estadounidense.
Zonas donde predominan los alquileres en dólares
La fijación de rentas en moneda extranjera es más visible en áreas de alta plusvalía del Distrito Nacional y en enclaves turísticos del país.
Entre los sectores señalados por los expertos figuran Piantini, Naco, Evaristo Morales y Bella Vista, donde existe una importante oferta de apartamentos orientados a segmentos de mayores ingresos o a residentes con perfiles internacionales.
Asimismo, esta modalidad se observa en destinos como Punta Cana, Cap Cana, Las Terrenas y Juan Dolio, espacios donde confluyen la inversión inmobiliaria, el turismo y la demanda de extranjeros.
En esos lugares, la cotización en dólares tiende a normalizarse como parte de las condiciones del mercado, lo que deja a muchos inquilinos locales expuestos a la volatilidad cambiaria.
El impacto va más allá del pago mensual de la vivienda
El principal problema surge cuando el incremento del alquiler absorbe una parte mayor de los ingresos del hogar, reduciendo la capacidad de cubrir otros compromisos esenciales.
Francisco Polanco advirtió que el alza del dólar puede disminuir el poder adquisitivo de las familias y limitar su margen de ahorro, al obligarlas a redirigir más recursos al pago del arrendamiento.
Por su parte, Tirso Herrera explicó que el aumento de la carga habitacional termina afectando otros rubros del presupuesto, como la alimentación, el transporte, los servicios básicos y la educación.
En la práctica, esto significa que el encarecimiento del alquiler no se queda en el mercado inmobiliario, sino que repercute en la economía cotidiana de los hogares.
Mercado inmobiliario y desafío cambiario
La realidad descrita por los expertos evidencia cómo la evolución del dólar influye en decisiones que antes parecían exclusivamente inmobiliarias.
La vivienda, especialmente en ciertos segmentos del mercado, ha quedado atada a variables cambiarias que pueden alterar significativamente la estabilidad financiera del inquilino.
Aunque para los propietarios el alquiler en dólares funciona como una herramienta de protección patrimonial, para quienes generan ingresos en pesos representa un riesgo que puede agravarse cada vez que la moneda estadounidense sube.
El comportamiento del tipo de cambio, por tanto, no solo incide en importaciones o costos empresariales, sino también en un aspecto tan sensible como el acceso y la permanencia en una vivienda alquilada.
Un tema que toca a las familias y al mercado de vivienda
La expansión de esta práctica revela una tensión creciente entre la lógica de protección de las inversiones y la capacidad real de pago de los arrendatarios.
Mientras el mercado continúa adaptándose a la presencia de inversionistas, extranjeros y modelos de renta vinculados al turismo, también se profundiza el debate sobre cómo estas modalidades afectan a las familias dominicanas que viven y cobran en moneda local.
En un contexto de aumento del dólar, los alquileres pactados en moneda extranjera se convierten así en un factor adicional de presión para miles de personas que deben reorganizar sus finanzas para poder conservar su vivienda.
Economía
Altos costos y barreras tecnológicas frenan la expansión de los pagos digitales en República Dominicana
Especialistas advierten que el país necesita acelerar la modernización de sus sistemas financieros, reducir los costos de las transacciones y facilitar la incorporación de pequeñas y medianas empresas a los medios electrónicos de pago.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – A pesar del crecimiento de las herramientas financieras digitales en América Latina, la República Dominicana continúa enfrentando importantes obstáculos para reducir su dependencia del dinero en efectivo y avanzar hacia un sistema de pagos electrónicos más accesible, eficiente y competitivo.
Los elevados costos de determinadas operaciones, los desafíos regulatorios y la necesidad de ampliar la infraestructura tecnológica figuran entre los factores que dificultan una mayor utilización de los medios digitales, particularmente entre pequeños negocios y sectores vinculados a la economía informal.
El panorama fue abordado por Gonzalo Troncoso, socio de Boston Consulting Group (BCG) y responsable de la práctica de Pagos y Fintech en América Latina, quien destacó el potencial de las nuevas soluciones financieras para transformar las operaciones comerciales en el mercado dominicano.
Transferencias directas podrían reducir costos para consumidores y comercios
Entre las alternativas con posibilidades de expansión se encuentran los pagos de cuenta a cuenta, que permiten transferir recursos directamente entre usuarios mediante plataformas financieras.
Según Troncoso, este mecanismo representa una oportunidad para simplificar las operaciones, disminuir los costos de procesamiento y ofrecer una experiencia más ágil tanto a consumidores como a establecimientos comerciales.
La banca móvil, las tarjetas y otros instrumentos electrónicos también desempeñan un papel fundamental en la sustitución gradual del efectivo.
Sin embargo, el especialista considera que el desarrollo de estas tecnologías debe acompañarse de condiciones que incentiven su utilización cotidiana.
Pequeños negocios enfrentan desafíos para incorporarse
Uno de los principales retos consiste en conseguir que las soluciones digitales sean utilizadas no solamente por quienes realizan los pagos, sino también por las empresas encargadas de recibirlos.
Esta situación resulta especialmente relevante para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que necesitan alternativas de cobro asequibles, seguras y fáciles de implementar.
La velocidad con la que bancos, empresas tecnológicas y demás participantes del sistema financiero desarrollen servicios adaptados a las necesidades de los usuarios será determinante para ampliar la adopción de estas herramientas.
También será necesario examinar los factores tributarios y regulatorios que pueden desincentivar la recepción de pagos electrónicos.
América Latina registra una transformación acelerada
El comportamiento de la industria regional muestra una expansión de los pagos instantáneos, impulsada por la innovación tecnológica, el desarrollo de las plataformas móviles y una mayor participación de los actores financieros tradicionales.
Las proyecciones presentadas por Boston Consulting Group apuntan a un crecimiento anual cercano al 7 % de los ingresos de la industria de pagos latinoamericana hacia 2030, por encima del ritmo estimado para el promedio mundial.
Las tarjetas continuarían desempeñando un papel destacado dentro de ese mercado.
De acuerdo con las estimaciones divulgadas, representarían aproximadamente el 60 % de los ingresos regionales de pagos en 2025 y podrían superar el 70 % para 2030.
Mientras tanto, los sistemas de transferencias instantáneas seguirían aumentando su participación en el número de operaciones realizadas.
No obstante, el incremento de transacciones no necesariamente se reflejará en un crecimiento equivalente de los ingresos, debido a que muchas de estas plataformas funcionan con comisiones reducidas o sin cargos directos para los usuarios.
Modernización financiera y competitividad económica
La adopción de pagos digitales constituye un desafío que va más allá de la innovación bancaria, debido a sus posibles repercusiones sobre la formalización económica, los costos operativos y la competitividad empresarial.
Para la República Dominicana, ampliar el acceso a estas herramientas permitiría mejorar la experiencia de los consumidores y facilitar las transacciones de numerosos establecimientos comerciales.
Sin embargo, el aprovechamiento de esas oportunidades dependerá de la capacidad del sector financiero, las empresas tecnológicas y los organismos reguladores para desarrollar soluciones sostenibles y adaptadas a las condiciones del mercado nacional.
El reto dominicano no consiste únicamente en disponer de nuevas tecnologías de pago, sino en conseguir que utilizarlas resulte suficientemente económico, sencillo y confiable para consumidores y empresas.
Información basada en declaraciones de Gonzalo Troncoso, de Boston Consulting Group, divulgadas el 21 de octubre de 2026.
Economía
Gobierno somete exportaciones de azúcar a mayores controles y prioriza abastecimiento nacional
El Decreto 719-26, emitido por el presidente Luis Abinader, regula la zafra 2026-2027 y establece obligaciones de información, permisos de exportación y posibles sanciones a los ingenios que incumplan las disposiciones.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. — La industria azucarera dominicana estará sometida a nuevas disposiciones de supervisión estatal durante la zafra 2026-2027, luego de que el presidente Luis Abinader emitiera el Decreto núm. 719-26, que regula la producción y comercialización del azúcar, con prioridad en el abastecimiento del mercado nacional.
La medida también busca garantizar el cumplimiento de los compromisos comerciales asumidos por República Dominicana en los mercados internacionales, particularmente aquellos que ofrecen condiciones preferenciales para la exportación del producto.
El Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) tendrá una participación fundamental en la aplicación de las disposiciones, al asumir funciones de autorización y vigilancia sobre las operaciones de los productores.
Producción deberá cubrir necesidades del mercado interno
La normativa dispone que una parte de la producción correspondiente a la zafra 2026-2027, junto con las existencias acumuladas del período anterior, deberá destinarse a satisfacer las necesidades de consumo de la población dominicana.
El objetivo es mantener el suministro del producto en el territorio nacional, sin desconocer los compromisos de exportación establecidos con Estados Unidos y otros destinos comerciales.
En caso de que resulte necesario importar azúcar para complementar la oferta disponible, el INAZUCAR será la institución responsable de emitir las licencias correspondientes.
Ningún embarque podrá realizarse sin autorización
Entre las medidas establecidas por el Poder Ejecutivo figura la obligación de obtener un permiso del INAZUCAR antes de exportar azúcar, melaza o cualquier otro subproducto comprendido en la regulación.
El decreto también restringe la emisión de los Certificados de Elegibilidad sobre Cuota (CQE), documentos utilizados para acceder al mercado preferencial estadounidense.
Estos certificados solamente podrán concederse a los ingenios y empresas productoras autorizadas, quedando prohibida su expedición a terceros que no reúnan las condiciones establecidas.
Empresas tendrán plazos para reportar ventas internacionales
Las nuevas disposiciones contemplan obligaciones específicas de información para las compañías dedicadas a la producción y exportación de azúcar.
Las empresas deberán comunicar sus ventas internacionales dentro de los ocho días posteriores a cada operación, tanto cuando se realicen hacia Estados Unidos como hacia la Unión Europea u otros mercados.
Asimismo, tendrán que remitir una copia de los contratos comerciales en un plazo de ocho días hábiles después de recibirlos.
Otra exigencia consiste en entregar los certificados relativos a las cantidades comercializadas, la polarización del azúcar y la presencia de materias extrañas, dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción del informe de desembarque.
Estas obligaciones permitirán a las autoridades disponer de información periódica sobre las operaciones comerciales de los ingenios y el cumplimiento de los compromisos de exportación.
Incumplimientos podrían reducir cuotas futuras
El decreto establece que las empresas azucareras deberán comunicar mensualmente cualquier modificación en sus estimaciones de producción o en las cantidades disponibles para atender las cuotas de exportación.
Cuando un ingenio no informe oportunamente sobre posibles déficits, el Poder Ejecutivo podrá aplicar reducciones proporcionales a la cuota que le corresponda durante la siguiente zafra.
La disposición introduce una consecuencia administrativa destinada a promover el cumplimiento de las obligaciones de información y la planificación de los compromisos comerciales.
Sector azucarero bajo mayor vigilancia institucional
La aplicación del Decreto 719-26 representa una medida de ordenamiento para una actividad vinculada con el empleo rural, la agroindustria y la generación de divisas.
La intervención del Estado procura mantener un equilibrio entre el consumo nacional y las exportaciones, en un sector cuya producción depende de factores agrícolas, industriales y comerciales.
Con este nuevo marco regulatorio, los ingenios deberán ajustar sus programas de molienda, producción y comercialización a las condiciones establecidas para el período 2026-2027.
El alcance de la medida dependerá de su ejecución efectiva y de la capacidad de las autoridades para supervisar las operaciones de la industria, preservar el abastecimiento interno y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales.