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Miles de personas han sido detenidas durante operativos de la DNCD.
Santo Domingo, R.D.-La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha llevado a cabo diversos operativos durante los primeros ocho meses de 2024, que han resultado en la detención de al menos 20,000 personas, en su mayoría dominicanos. De esta cifra, se desconoce cuántas han sido sometidas a la justicia.
Entre los detenidos hay individuos vinculados al micro y macrotráfico de drogas, personas solicitadas en extradición, con órdenes de arresto, y otros capturados mediante allanamientos y en flagrante delito, entre otras acciones.
De los detenidos, más de 50 han sido extraditados y deportados. Actualmente en proceso de extradición hay 10 personas.
El organismo asegura que estos arrestos reflejan los esfuerzos de las organizaciones que trabajan conjuntamente con ellos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en República Dominicana. Sin embargo, la entidad ha sido reservada en cuanto a la divulgación de los nombres de los detenidos, ya que pasan directamente al Ministerio Público.
Algunos de los detenidos
Recientemente, las autoridades se incautaron de una tonelada de cocaína frente a las costas de la provincia La Altagracia. Durante este operativo, que involucró unidades aéreas, marítimas y terrestres, fueron arrestados Wander Guerrero, Wilkin Antonio Brito, Gary Alexander Brito y Maikel Calderón Ramírez.
De acuerdo con el informe, los detenidos supuestamente viajaban a bordo de una lancha y, además de las drogas, se les confiscó un fusil calibre AR-15, un teléfono satelital, combustible, entre otras supuestas evidencia.
El 13 de agosto, César Vicente Arias Cordero y Eladio Martínez de Jesús fueron detenidos con un cargamento de 484 paquetes de cocaína, frente a las costas de la provincia La Altagracia, durante un operativo por aire, mar y tierra que tardó aproximadamente 15 horas.
Las autoridades destacaron que estos detenidos emplean un modus operandi que consiste en eludir los controles aéreos, marítimos y terrestres para introducir importantes cantidades de drogas desde Sudamérica al país utilizando lanchas rápidas.
La DNCD involucra a José Luis Féliz Ramírez, Carlos Alberto Durizo Rodríguez (colombiano), Moreta Suero y Ramón David Carbajal Santana en un cargamento de 532 paquetes de presunta cocaína y otros 11 de marihuana, interceptado frente a las costas de la provincia Peravia el pasado 1ero de agosto.
Se presume que los acusados se dedicaban a introducir grandes cargamentos de drogas al país en lanchas rápidas, procedentes de Sudamérica.
Las autoridades antinarcóticas arrestaron el pasado 24 de julio a un italiano de 30 años en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia, al detectar bolsas de sustancias controladas en su estómago.
De acuerdo con el informe, Kelvin Okpamen fue detenido en el área de migración y, tras ser sometido al protocolo de rigor, se detectaron «cuerpos extraños» en sus vías digestivas. Por instrucciones del fiscal actuante, fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de La Altagracia, donde expulsó 33 bolsitas de la sustancia.
Durante el proceso, Okpamen presentó síntomas que alertaron a los médicos, quienes procedieron a intervenirlo quirúrgicamente, extrayendo de su estómago otras 71 bolsitas, para un total de 104, pesando más de un kilogramo.
Fabricio Marte Castillo y Fausto Marte Quezada fueron arrestados el 18 de julio durante varios allanamientos en la provincia La Vega al supuestamente vincularlos con el decomiso de 387.51 kilogramos de cocaína, camuflados en tanques cargados de miel en el Puerto Multimodal Caucedo.
La droga estaba en contenedores para exportación, que alegan serían embarcados a Bélgica, desde la terminal.
En las costas de Villa Sombrero, provincia Peravia, agentes de la DNCD arrestaron a los venezolanos Diego Delgado Villalobos, Gelvis Gregorio Rodríguez y Ender Antonio Villasmil, quienes transportaban 134 paquetes de cocaína a bordo de una lancha rápida mientras intentaban introducir la droga al país.
De acuerdo con la entidad, al percatarse de las autoridades, empezaron a lanzar la droga al agua.
El 6 de julio, agentes arrestaron a Jean Carlos Lugo, Randy Alejandro Corporán y Herman Reynoso Ibarra (colombiano) durante un operativo de más de 15 horas, en el cual confiscaron un cargamento de 316 paquetes de presunta cocaína frente a las costas del municipio de Baní, en la provincia Peravia.
El febrero también fue apresado el alemán Frankfurt durante el decomiso de 36 paquetes de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.