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Miles de personas han sido detenidas durante operativos de la DNCD.
Santo Domingo, R.D.-La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha llevado a cabo diversos operativos durante los primeros ocho meses de 2024, que han resultado en la detención de al menos 20,000 personas, en su mayoría dominicanos. De esta cifra, se desconoce cuántas han sido sometidas a la justicia.
Entre los detenidos hay individuos vinculados al micro y macrotráfico de drogas, personas solicitadas en extradición, con órdenes de arresto, y otros capturados mediante allanamientos y en flagrante delito, entre otras acciones.
De los detenidos, más de 50 han sido extraditados y deportados. Actualmente en proceso de extradición hay 10 personas.
El organismo asegura que estos arrestos reflejan los esfuerzos de las organizaciones que trabajan conjuntamente con ellos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en República Dominicana. Sin embargo, la entidad ha sido reservada en cuanto a la divulgación de los nombres de los detenidos, ya que pasan directamente al Ministerio Público.
Algunos de los detenidos
Recientemente, las autoridades se incautaron de una tonelada de cocaína frente a las costas de la provincia La Altagracia. Durante este operativo, que involucró unidades aéreas, marítimas y terrestres, fueron arrestados Wander Guerrero, Wilkin Antonio Brito, Gary Alexander Brito y Maikel Calderón Ramírez.
De acuerdo con el informe, los detenidos supuestamente viajaban a bordo de una lancha y, además de las drogas, se les confiscó un fusil calibre AR-15, un teléfono satelital, combustible, entre otras supuestas evidencia.
El 13 de agosto, César Vicente Arias Cordero y Eladio Martínez de Jesús fueron detenidos con un cargamento de 484 paquetes de cocaína, frente a las costas de la provincia La Altagracia, durante un operativo por aire, mar y tierra que tardó aproximadamente 15 horas.
Las autoridades destacaron que estos detenidos emplean un modus operandi que consiste en eludir los controles aéreos, marítimos y terrestres para introducir importantes cantidades de drogas desde Sudamérica al país utilizando lanchas rápidas.
La DNCD involucra a José Luis Féliz Ramírez, Carlos Alberto Durizo Rodríguez (colombiano), Moreta Suero y Ramón David Carbajal Santana en un cargamento de 532 paquetes de presunta cocaína y otros 11 de marihuana, interceptado frente a las costas de la provincia Peravia el pasado 1ero de agosto.
Se presume que los acusados se dedicaban a introducir grandes cargamentos de drogas al país en lanchas rápidas, procedentes de Sudamérica.
Las autoridades antinarcóticas arrestaron el pasado 24 de julio a un italiano de 30 años en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia, al detectar bolsas de sustancias controladas en su estómago.
De acuerdo con el informe, Kelvin Okpamen fue detenido en el área de migración y, tras ser sometido al protocolo de rigor, se detectaron «cuerpos extraños» en sus vías digestivas. Por instrucciones del fiscal actuante, fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de La Altagracia, donde expulsó 33 bolsitas de la sustancia.
Durante el proceso, Okpamen presentó síntomas que alertaron a los médicos, quienes procedieron a intervenirlo quirúrgicamente, extrayendo de su estómago otras 71 bolsitas, para un total de 104, pesando más de un kilogramo.
Fabricio Marte Castillo y Fausto Marte Quezada fueron arrestados el 18 de julio durante varios allanamientos en la provincia La Vega al supuestamente vincularlos con el decomiso de 387.51 kilogramos de cocaína, camuflados en tanques cargados de miel en el Puerto Multimodal Caucedo.
La droga estaba en contenedores para exportación, que alegan serían embarcados a Bélgica, desde la terminal.
En las costas de Villa Sombrero, provincia Peravia, agentes de la DNCD arrestaron a los venezolanos Diego Delgado Villalobos, Gelvis Gregorio Rodríguez y Ender Antonio Villasmil, quienes transportaban 134 paquetes de cocaína a bordo de una lancha rápida mientras intentaban introducir la droga al país.
De acuerdo con la entidad, al percatarse de las autoridades, empezaron a lanzar la droga al agua.
El 6 de julio, agentes arrestaron a Jean Carlos Lugo, Randy Alejandro Corporán y Herman Reynoso Ibarra (colombiano) durante un operativo de más de 15 horas, en el cual confiscaron un cargamento de 316 paquetes de presunta cocaína frente a las costas del municipio de Baní, en la provincia Peravia.
El febrero también fue apresado el alemán Frankfurt durante el decomiso de 36 paquetes de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Santo Domingo, R.D.-Un decomiso maritimo de drogas, uno de los mayores que se producen en el pais, logró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la madrugada del pasado contra el narcotráfico en la República Dominicana, producido al sur de Baní en colaboración con Estados Unidos.
El cargamento, que se estima podría superar las dos toneladas, era transportado en una lancha rápida procedente de zona de la Guajira, Colombia. Tras la interdicción, la droga fue trasladada a la base militar de Caldera, en Baní, donde quedó bajo custodia de los organismos de seguridad para los análisis y el proceso judicial correspondiente.
En la operación fueron detenidos seis tripulantes, todos de nacionalidad dominicana.
Su geografía (costas extensas, escasa presencia estatal en amplias áreas y cercanía relativa a rutas marítimas internacionales) ha sido aprovechada por organizaciones criminales para enviar cargamentos hacia Centroamérica y el Caribe, desde donde posteriormente se dirigen al mercado norteamericano.
Autoridades antinarcóticos sostienen que el uso de lanchas rápidas es una modalidad frecuente: embarcaciones livianas, de gran potencia y difícil detección que intentan atravesar el Caribe en pocas horas, para evadir los sistemas de vigilancia.
Según informes la detención fue posible gracias al intercambio de información entre agencias, especialmente datos suministrados por Estados Unidos a los organismos dominicanos, lo que permitió ubicar la embarcación antes de su llegada a nuestro territorio.
Destacan que la cooperación bilateral continúa activa, pese a la suspensión temporal anunciada la semana pasada por la embajada estadounidense respecto a la oficina local de la DEA. Esa medida, según se explicó, no implicó el cese de operaciones conjuntas, sino la separación provisional de agentes bajo investigación por un presunto fraude vinculado al programa de visas.
O sea, los mecanismos de asistencia técnica, intercambio de datos e interdicción marítima permanecen en funcionamiento.
El pasado sábado las autoridades del Ministerio Público y de la DNCD también informaron que persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos, en relación a un gran cultivo de marihuana desmantelado en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa de Baní, provincia Peravia.
El operativo se desarrolló con un equipo de fiscales y agentes de la DNCD que contaron con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).
Las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería, Baní.
Santo Domingo, R.D.-Un nuevo reglamento emitió la Junta Central Electoral (JCE) mediante el cual busca regular las afiliaciones y desafiliaciones de los partidos.
Las disposiciones generales señalan que el plazo anual establecido para la entrega de duplicados de los registros de afiliados actualizados de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos será cada día uno de agosto o el siguiente día hábil, a partir del año 2026.
El reglamento señala que los partidos tendrán la potestad de decidir el procedimiento de registro de sus afiliados, a través de una plataforma digital desarrollada por estos (la cual deberá ser compatible con la JCE y cuya utilización deberá ser notificada por escrito) o de utilizar la plataforma digital desarrollada por el órgano electoral.
El mismo, aprobado por el pleno encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, la JCE, de común acuerdo con las organizaciones políticas, podrá incorporar las medidas que considere oportunas o necesarias para implementar las iniciativas que faciliten el proceso de afiliación y la comprobación del mismo, incluyendo pruebas de vida técnicamente disponibles en la institución.
La Junta Central Electoral, una vez reciba los registros de afiliados, realizará los cruces pertinentes, para determinar que los mismos cumplen con lo establecido en este artículo y comunicarlo a las respectivas organizaciones.
“La JCE entregará a más tardar cinco días laborables las observaciones detalladas de los casos con los/las ciudadanos/as que no reunieron los requisitos para pertenecer a una organización política”, reseña el documento.
La JCE establece que para afiliarse a un partido, agrupación o movimiento político se requiere ser ciudadano inscrito y habilitado en el Padrón Electoral.
Mientras que no podrán afiliarse a partidos, agrupaciones o movimientos políticos los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse los representantes del Ministerio Público, miembros, funcionarios y colaboradores de JCE, juntas electorales, miembros de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y adjuntos.
Cuando los aspirantes ingresen a esos órganos previamente señalados, deberán presentar una declaración jurada sobre el hecho de estar o no afiliados a un partido, agrupación o movimiento político, con cuya declaración, la institución o el organismo correspondiente, comunicará por escrito tal circunstancia a la JCE y esta al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, el cual procederá a cancelar la afiliación de la persona a la organización política.
La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, la participación en actividades o la aceptación de candidaturas por otras organizaciones implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior.
“Hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán la renuncia automática de los militantes que procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso”, indica el documento.
El documento señala que todo afiliado a un partido, agrupación o movimiento político podrá renunciar a él, en cualquier momento, sin expresión de causa.
“La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por la Junta Central Electoral dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción”, dice la propuesta.
Por igual se indica los afiliados podrá renunciar, en cualquier momento, sin expresión de causa.
La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por JCE dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción o ante el órgano electoral, quien remitirá copia y el debido reporte con los datos personales de los renunciantes cada 30 días calendario a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos correspondientes.
El reglamento realizado por el órgano electoral indica que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos realizarán el procedimiento de registro a través de la Plataforma Digital habilitada en la página web de la JCE.
La Dirección de Partidos Políticos otorgará un acceso a cada organización política que haya decidido utilizar la plataforma de la JCE, la cual operará a través y bajo la responsabilidad de un/a Administrador/a, quien tendrá a su cargo crear el/los usuarios/s necesarios para sus registros.
“Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos usuarios de la referida plataforma, mediante instancia firmada por su presidente o secretario general, designarán un Administrador/a que será la persona autorizada y responsable de crear el/los usuario/s necesarios para realizar sus registros a través de la Plataforma Digital. El/La Delegado/a Político/a será el/la encargado/a de tramitar dicha designación ante la Junta Central Electoral”, señala el nuevo reglamento.
La plataforma de la JCE operará de forma permanente. En el caso de que la Junta Central Electoral requiera suspender temporalmente dicha Plataforma, se informará por los medios correspondientes a los partidos.
El formato establecido para la entrega del Registro de Afiliaciones, en cumplimiento con lo indicado en la Ley núm. 33-18, contendrá el logo y nombre del Partido, Agrupación o Movimiento Político; el Nombre del/ de la afiliado/a o desafiliado/a; la Cédula de Identidad y Electoral; el municipio /Distrito Municipal que corresponda; el código de circunscripción; la fecha de afiliación y la documentación soporte de las afiliaciones o desafiliaciones.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta descartó hablar sobre el caso del exsupervisor dominicano de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
Raful respondió a una pregunta de uno de los periodistas durante la conferencia de prensa celebrada después de la reunión en el Palacio de la Policía Nacional. La funcionaria no amplió sus comentarios sobre este caso.
También asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.
“Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero”, reveló la fiscalía.
Cordero “presuntamente recibió miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, indicó la fiscalía federal.
Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en el país.
“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, añadió.
En 2024, el presidente Abinader otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Cordero, según el decreto 520-24 archivado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.