Nacionales
Miles de personas han sido detenidas durante operativos de la DNCD.
Santo Domingo, R.D.-La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha llevado a cabo diversos operativos durante los primeros ocho meses de 2024, que han resultado en la detención de al menos 20,000 personas, en su mayoría dominicanos. De esta cifra, se desconoce cuántas han sido sometidas a la justicia.
Entre los detenidos hay individuos vinculados al micro y macrotráfico de drogas, personas solicitadas en extradición, con órdenes de arresto, y otros capturados mediante allanamientos y en flagrante delito, entre otras acciones.
De los detenidos, más de 50 han sido extraditados y deportados. Actualmente en proceso de extradición hay 10 personas.
El organismo asegura que estos arrestos reflejan los esfuerzos de las organizaciones que trabajan conjuntamente con ellos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en República Dominicana. Sin embargo, la entidad ha sido reservada en cuanto a la divulgación de los nombres de los detenidos, ya que pasan directamente al Ministerio Público.
Algunos de los detenidos
Recientemente, las autoridades se incautaron de una tonelada de cocaína frente a las costas de la provincia La Altagracia. Durante este operativo, que involucró unidades aéreas, marítimas y terrestres, fueron arrestados Wander Guerrero, Wilkin Antonio Brito, Gary Alexander Brito y Maikel Calderón Ramírez.
De acuerdo con el informe, los detenidos supuestamente viajaban a bordo de una lancha y, además de las drogas, se les confiscó un fusil calibre AR-15, un teléfono satelital, combustible, entre otras supuestas evidencia.
El 13 de agosto, César Vicente Arias Cordero y Eladio Martínez de Jesús fueron detenidos con un cargamento de 484 paquetes de cocaína, frente a las costas de la provincia La Altagracia, durante un operativo por aire, mar y tierra que tardó aproximadamente 15 horas.
Las autoridades destacaron que estos detenidos emplean un modus operandi que consiste en eludir los controles aéreos, marítimos y terrestres para introducir importantes cantidades de drogas desde Sudamérica al país utilizando lanchas rápidas.
La DNCD involucra a José Luis Féliz Ramírez, Carlos Alberto Durizo Rodríguez (colombiano), Moreta Suero y Ramón David Carbajal Santana en un cargamento de 532 paquetes de presunta cocaína y otros 11 de marihuana, interceptado frente a las costas de la provincia Peravia el pasado 1ero de agosto.
Se presume que los acusados se dedicaban a introducir grandes cargamentos de drogas al país en lanchas rápidas, procedentes de Sudamérica.
Las autoridades antinarcóticas arrestaron el pasado 24 de julio a un italiano de 30 años en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia, al detectar bolsas de sustancias controladas en su estómago.
De acuerdo con el informe, Kelvin Okpamen fue detenido en el área de migración y, tras ser sometido al protocolo de rigor, se detectaron «cuerpos extraños» en sus vías digestivas. Por instrucciones del fiscal actuante, fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de La Altagracia, donde expulsó 33 bolsitas de la sustancia.
Durante el proceso, Okpamen presentó síntomas que alertaron a los médicos, quienes procedieron a intervenirlo quirúrgicamente, extrayendo de su estómago otras 71 bolsitas, para un total de 104, pesando más de un kilogramo.
Fabricio Marte Castillo y Fausto Marte Quezada fueron arrestados el 18 de julio durante varios allanamientos en la provincia La Vega al supuestamente vincularlos con el decomiso de 387.51 kilogramos de cocaína, camuflados en tanques cargados de miel en el Puerto Multimodal Caucedo.
La droga estaba en contenedores para exportación, que alegan serían embarcados a Bélgica, desde la terminal.
En las costas de Villa Sombrero, provincia Peravia, agentes de la DNCD arrestaron a los venezolanos Diego Delgado Villalobos, Gelvis Gregorio Rodríguez y Ender Antonio Villasmil, quienes transportaban 134 paquetes de cocaína a bordo de una lancha rápida mientras intentaban introducir la droga al país.
De acuerdo con la entidad, al percatarse de las autoridades, empezaron a lanzar la droga al agua.
El 6 de julio, agentes arrestaron a Jean Carlos Lugo, Randy Alejandro Corporán y Herman Reynoso Ibarra (colombiano) durante un operativo de más de 15 horas, en el cual confiscaron un cargamento de 316 paquetes de presunta cocaína frente a las costas del municipio de Baní, en la provincia Peravia.
El febrero también fue apresado el alemán Frankfurt durante el decomiso de 36 paquetes de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Nacionales
RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
Nacionales
Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.