Opinión
Al que escupe para arriba, le cae la saliva en la cara
Por Melvin Mañón
Nadie sabe a ciencia cierta el número, pero según varios estimados, mas de dos millones de dominicanos han emigrado de su país buscando mejor vida. Nadie sabe tampoco a ciencia cierta cuantos de esos dominicanos ingresaron y permanecen ilegalmente en esos países. Tampoco sabemos cuantos de esos dominicanos han tenido descendencia en los países de acogida. ¿Por qué es relevante este recuento? Pues porque, con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ilegales haitianos, la República Dominicana se despoja de toda autoridad moral o legal para encaminar cualquier reclamo a favor de sus nacionales en el extranjero, el día que fuera necesario y ya lo ha sido en mas de una ocasión.
Todo lo que indebida e inmerecidamente las autoridades dominicanas actuales le hagan a los haitianos, le será retribuido con creces al país en su conjunto y en particular a los dominicanos ilegales en el exterior. Ninguna sentencia, de ningún tribunal, sobre ninguna materia, puede sobreponerse a la realidad objetiva de un país, una época, un entorno y sus circunstancias. Podrán decir, hablar, construir muros, perseguir gente, hacer ruido y ganarnos enemigos a granel, pero nada de eso hará cambiar la realidad. No la cambió Trujillo con la matanza de haitianos en 1937, no ha cambiado en Europa ni en EEUU, menos podrá hacerlo aquí ni ahora. Mientras haya un índice de prosperidad mayor en este lado de la frontera, habrá inmigración haitiana y eso es válido para cualquier otro país y para cualquier otro entorno. Si esa inmigración es legal o ilegal, es totalmente irrelevante. Lo que cuenta son los hechos. Sobre todo, si se observan dos aspectos:
Uno, que las leyes y sentencias en papel no pueden reemplazar el incumplimiento, la irresponsabilidad y el abandono reiterado y múltiple de todas las autoridades dominicanas en la administración de la frontera terrestre.
Otro, que la sentencia del tribunal es antihistórica y absurda a mas no poder por cuanto, los países que como EEUU tienen una enorme masa de indocumentados están ultimando detalles de un proyecto de ley para regularizar el estatus de esas personas cediendo así a la realidad de los hechos en lugar de fantasías o pesadillas legales sin sentido y sin futuro. Mientras en EEUU se aprestan a resolver el limbo legal en que viven millones de personas, aquí, alegre e insensatamente, envían al mismo limbo a cientos de miles de haitianos y dominicanos.
Tenia y tiene sentido que un tribunal o autoridad competente, si hubiera alguna en este país, agotando un proceso de consultas múltiples y multidisciplinarias se abocara a buscar una solución legal a la inmigración ilegal haitiana. Eso tendría sentido. Lo que han hecho, en cambio, y como bien apuntaba Felipe Ciprián podría y debería ser invocado contra algunos de los mismos jueces hijos de inmigrantes, acaso ilegales, y una buena parte de la población total del país, del congreso, del gobierno, de la magistratura y sobre todo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Pero el tema haitiano en general y la sentencia del Tribunal Constitucional tiene otras vertientes.
De repente, el tema sobre el que mas se habla, donde todo el mundo opina y en el cual se centra de repente la atención es la sentencia del tribunal sobre el tema haitiano. Ese es un tema muy viejo, pero que conveniente le está resultando al PLD. No tenemos crisis económica, no estamos en peligro de muerte por la inseguridad física y jurídica, tenemos buena energía eléctrica y barata, todo el mundo tiene agua, no hay carreteras malas ni desempleo, la canasta familiar no ha subido ni los impuestos tampoco, los mercados están abastecidos de todo producto al mejor precio, el sistema político nuestro funciona a las mil maravillas y somos un país tan genial que nuestras autoridades no tienen que investigar los actos de corrupción denunciados y pueden ponerse a fondo a perseguir prostitutas. El anti haitianismo es una causa peligrosa y perdida de antemano, pero muy efectiva y oportuna. Ya no tenemos en este país mas problemas de que ocuparnos si no es el tema haitiano y la famosa e indigna sentencia.
Los que invocan los derechos y privilegios de la soberanía para decidir sobre el tema de los ilegales haitianos podrían merecer algún crédito si los hubieran invocado cada vez que este país ha sido invadido por tropas extranjeras, intervenidas sus finanzas, conculcados sus derechos. Quienes jamás han defendido esta patria no tienen moral para invocar este argumento. Son aves de paso, serviles, lambones de banqueros y canallas endémicos de nuestra fauna. Ningún gobierno corrupto ni hijo de la corrupción puede tener credibilidad ni tampoco tendrá autoridad para imponer esa sentencia, pero, mientras tanto y por un buen rato, el país será el hazmerreir de la comunidad internacional. En el gobierno y en el partido de gobierno seguirán riendo a carcajadas y puede suceder que, de la histeria antihaitiana desatada, broten episodios de violencia de los que este país saldrá aun mas ensangrentado y desprestigiado de lo que ya está.
La inmigración ilegal haitiana es un problema, pero no es el problema principal ahora ni tampoco es la sentencia una solución. De hecho, el problema haitiano es en primer lugar un problema dominicano, no solamente por el componente económico, sino porque quien no haya sido capaz de poner orden a lo interno jamás podrá organizar la presencia, el flujo y las relaciones con el vecino Haití y esta, debo decirlo, no es una culpa que se le pueda atribuir o endilgar a Danilo Medina. Suyas son muchas otras, pero esta no.
Por Isaías Ramos
En una nación cuya Constitución proclama un Estado social y democrático de derecho, deberíamos esperar que los gobernantes actúen conforme a esos principios fundamentales. Sin embargo, lo que observamos es una clase política que, al ignorar la Carta Magna, prioriza sus propios intereses por encima del bienestar colectivo.
La promesa de un Estado social implica garantizar derechos básicos y protección social para todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. No obstante, esta élite política y económica perpetúa un sistema neoliberal que beneficia a unos pocos privilegiados mientras deja atrás a quienes más necesitan ayuda. Esto ha resultado en una población cada vez más desilusionada, sumida en la desesperanza y la desconfianza hacia un sistema político que ha fallado en representar sus intereses.
La democracia debería ser el sistema que represente la voluntad del pueblo, asegurando la participación equitativa de todos los sectores en las decisiones políticas. Pero, en la práctica, enfrentamos una partidocracia dominante que, mediante prácticas clientelistas y corruptas, mantiene su poder y ha dejado al pueblo con una sensación de impotencia ante la corrupción, el desempleo y la pérdida de calidad de vida.
En este contexto, es crucial reflexionar sobre la brecha entre lo que establece nuestra Constitución y la realidad política actual. La corrupción y el endeudamiento excesivo reflejan la ineficacia y el cinismo de la clase política, que ha abandonado la promesa constitucional de velar por el interés general y trabajar por el bienestar común. Estos problemas no solo están presentes en el gobierno actual, sino que también han sido perpetuados por los partidos tradicionales que han gobernado previamente, creando un ciclo de saqueo, perversión y despojo.
Ante esta situación desoladora, la población debe plantearse seriamente su rol en las próximas elecciones. La corrupción sistémica y la manipulación política exigen cautela a la hora de votar. En estas circunstancias, una respuesta legítima puede ser abstenerse de votar o votar nulo, enviando un mensaje claro de repudio hacia la clase política dominante. En última instancia, si votar es considerado esencial, es imperativo elegir con sumo cuidado, optando por partidos políticos que no representen un pasado y presente de robo, saqueo, corrupción y endeudamiento.
Es vital que la mayoría de la población reconozca la opresión que enfrenta, uniéndose para desafiar a la clase política que traiciona los principios constitucionales. Debemos recordarles su responsabilidad de servir al pueblo y no solo a sus propios intereses, instándolos a abandonar sus agendas particulares en favor de un proyecto nacional basado en la equidad y la justicia.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que el pueblo dominicano tiene un papel crucial en este proceso: alzar su voz contra las injusticias y luchar por un sistema político más justo y transparente. Es hora de enfrentarse a este sistema inmoral e injusto, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y un verdadero compromiso con los valores democráticos y sociales.
Con valentía, determinación y fe en un cambio posible, podemos construir juntos una nación donde se respeten los derechos de todos los ciudadanos, donde la democracia represente genuinamente la voluntad popular y donde el bienestar común sea el pilar de un futuro más brillante para las generaciones venideras.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Cuando la Corte Penal Internacional ya haya despachado la orden de detención de conformidad con el artículo 58 del Estatuto, pero no cuente con la documentación requerida para fundamentar la solicitud a un Estado para la detención y entrega, los artículos 58 y 59 le permiten a la Corte solicitar al Estado la detención provisional de la persona sujeto de la orden. Tal solicitud para una detención provisional podrá ser utilizada solo en casos de urgencia.
Cabe destacar que la solicitud de detención provisional deberá ser por escrito, pero podrá comunicarse por cualquier medio capaz de dejar constancia escrita, como el correo electrónico. Estos requisitos para la solicitud están enumerados en el artículo 91 del Estatuto de la CPI. En ese orden los Estados están obligados a ejecutar la solicitud inmediatamente.
Si la información requerida para fundamentar la orden de arresto y entrega no esta disponible para el Estado en cierto periodo de tiempo se establecerá en las Reglas de Procedimientos y Prueba. Sin embargo una vez que los documentos estén disponibles, los Estados deberán inmediatamente arrestar de nuevo a la persona.
Procede señalar, que si la persona podrá voluntariamente consentir su entrega a la Corte aun si el Estado no recibe la información que fundamente su detención, siempre que esto sea permitido por el derecho interno del Estado requerido. En tal caso de que esté pendiente una decisión sobre la admisibilidad del caso bajo el artículo 19, cuando una orden de detención ya se haya emitido.
En el marco de las obligaciones los Estados Partes deberán tomar inmediatamente las medidas necesarias en respuesta a las solicitudes de la CPI para la ejecución de órdenes de detención, inclusive las órdenes de detención provisional. Esta obligación es también aplicable a las órdenes despachadas posteriormente para una persona liberada bajo el artículo 92 del Estatuto de Roma debido a que la documentación requerida no fue recibida al momento de la detención provisional.
Si la Corte Penal Internacional así lo solicita, los Estados Partes deberán informar sobre cualquier requisito especial bajo el derecho interno sobre los contenidos de la solicitud de detención y de entrega de la persona.
Todos los oficiales y autoridades de los Estados que tengan contacto con la persona detenida, deberán presumir su inocencia hasta que no se le demuestre su culpabilidad ante la Corte Penal Internacional, de conformidad con el derecho aplicable.
Si una persona ha sido detenida provisionalmente y el tiempo límite para recibir la documentación que la fundamente no ha expirado aún; la persona sujeto de la orden de detención provisional voluntariamente consciente su entrega a la Corte y esto se permite bajo el derecho interno del Estado requerido; entonces el Estado deberá proceder con la entrega de la persona a la Corte lo más pronto posible.
Cuando se solicite, los Estados deberán asistir al Fiscal de la Corte Penal Internacional en la prevención de que ciertas personas evadan la justicia, cuando esté pendiente la decisión de admisibilidad del caso bajo el artículo 19 del Estatuto de Roma, cuando ya se emitió una orden de detención.
Finalmente, los Estados deberán tomar las medidas cautelares con el propósito de decomisar, cuando se solicite, luego del despacho de una orden de detención o comparecencia de la persona.
Por José Cabral
La crisis de valores que impacta fuertemente a la sociedad dominicana no ha dejado espacios para amigos sinceros y lo peor de todo es que ésta se ha llevado de paro la hermandad, la solidaridad y la reciprocidad.
Conozco y he tratado con mucha deferencia a José Guillermo, porque aparte de su sinceridad y amigo inigualable era un excelente profesional de la radio que todo santiaguero se sentía orgulloso de sus dotes y manejo excelente de la palabra hablada.
Recuerdo los días en que fuimos parte, ya unos años después, del equipo de softbol de la Asociación de Cronistas Deportivos y también de la asociación de locutores de Santiago.
No puedo olvidar lo bien que la pasamos cuando fuimos en reiteradas ocasiones a intercambios de este deporte con algunos equipos de Ponce, Puerto Rico, la cual tiene particularidades muy parecidas a Santiago, nuestra ciudad amada.
Todos estos recuerdos inolvidables llevan ahora a tener que escuchar, porque hace muchos años que no lo veo físicamente, la paraplejía que lo aqueja luego de sufrir una caída en una cabaña que tiene en Jarabacoa.
José Guillermo es un ser extraordinario que nunca lo he visto ofender a nadie, cuyo nivel de tolerancia y de comprensión tal vez sea difícil encontrarlas en estos tiempos.
Sin embargo, José Guillermo ha sido bendecido por tener una familia que lo ama y que siempre estará a su lado, principalmente su hija Pamela, quien han mostrado un amor inigualable por su padre.
A Pamela la conocí desde pequeñita e incluso en algún momento tuve el privilegio de cargarla, lo cual me hace sentir orgulloso, no necesariamente por su proyección pública, sino por el amor que profesa hacia su progenitor.
De José Guillermo recuerdo aquellos momentos en que laborábamos en el Noticiero Mundo Noticias, donde el hacia la voz noticiosa conjuntamente Jaime Thomas, entre cuyos directores estuvo el periodista Huchi Lora, así como otros profesionales del periodismo.
Traigo este episodio a colación porque en el año 1978, en pleno apogeo del Gobierno de Joaquín Balaguer, sufrimos las consecuencias de ser jóvenes profesionales con una total entrega a los mejores intereses del país, con una gran vocación de servicio,
José Guillermo fue quien me recogió en el 1978 luego de la derrota de Balaguer en la cárcel pública San Luis, localizada en la calle del mismo nombre, tras permanecer recluido en ella por algunos meses por una acusación de un hecho que no cometí.
Pero fue José Guillermo quien logró que el procurador fiscal de entonces, Lorenzo Rodríguez, firmara la orden de libertad porque después de ordenarse ésta mediante un recurso de habeas corpus conocido por la entonces jueza Semírame Olivo de Pichardo todo el mundo se desapareció y sólo quedaron en el escenario Negro Veras, el general Guaro Estrella, padre de Eduardo Estrella, y el amigo entrañable hoy afectado de una dolencia que le arruina la vida a cualquiera.
Luego de esos hechos mi reencuentro con José Guillermo Sued fue en los años 90 cuando el amigo José Francisco Hernández fue escogido como candidato vicepresidencial del profesor Juan Bosch y en cuyo proyecto también estaban Julián Serulle, Miguel Vega y el cirujano y gran ser humano Higinio López.
José sé que el destino nos tiene reservada nuestra suerte, pero tu recuperación tiene que ser una recompensa a tu bondad y extraordinario ser humano que siempre ha sido.
Que Dios te bendiga siempre