No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.

Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.

Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.

Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en  realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.

Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.

El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.

El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.

Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.

Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural,  es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que  ponen en tela de juicio las  bases de la dominicanidad.

Así como Nueva York es un ejemplo de progresos y de que todo con esfuerzo se puede, este 4 de noviembre ha enviado el mensaje de empoderamiento democrático con el triunfo de un joven musulmán con apenas siete años de haber obtenido la ciudadanía de los Estados Unidos, condición indispensable para ser candidato a la posición política más importante de la ciudad.

Lo más impresionante de este triunfo es el contexto en que se produce y sobre todo por tratarse de un joven nacido en Uganda de ascendencia india, con muy poco tiempo de haber adquirido la ciudadanía estadounidense, pero además amenazado por el presidente Donald Trump de deportarlo si ganaba la contienda electoral.

El triunfo de Zohan Mandami es el vencimiento de la legalidad en contra de la ilegalidad, de la tolerancia contra la intolerancia y de la vulnerabilidad de aquellos que prefieren inclinarse por la dictadura en vez de la democracia.

Es un mensaje muy grande el que ha dado la ciudad de Nueva York cuando en los Estados Unidos se producen unos retrocesos institucionales y democráticos que son motivos de preocupación para el mundo entero.

La situación es tan delicada que el presidente Trump aparentemente ha logrado doblegar a una de las democracias más sólidas del mundo, cuyos logros constitucionales son un ejemplo y emulados por países del planeta entero.

En realidad, se trata de una situación que nadie podía creer que fuera posible, ya que el alto nivel de institucionalidad de los Estados Unidos no permitía que cupiera en cualquier mente humana que los derechos constitucionales y los derechos humanos quedaran al capricho de un mandatario.

El triunfo de Mandami en Nueva York reafirma esa vocación de ciudad de inmigrantes y además de que ciertamente se trata no sólo de la capital del mundo en términos comerciales, económicos y financieros, sino también políticos.

Una nueva visión se impone en la ciudad de Nueva York en tiempos de retrocesos y de preocupantes violaciones a los derechos constitucionales en la mayor potencia del mundo, donde su presidente impone su voluntad como en los tiempos de las más férreas dictaduras.

La República Dominicana por tener millones de sus hijos en la ciudad de Nueva York es beneficiaria de los nuevos aires democráticos que abrazan a la llamada capital del mundo, cuna de una gran riqueza cultural que enorgullece a todo al que vive en ella y tiene el privilegio de visitarla.

La elección de Mandami  no pude ser mejor, porque en momentos de tantas fricciones y tensiones sociales y raciales y religiosas, sobre todo en  el medio oriente, llega la buena nueva de la tolerancia y de que todos bajo la ley y la democracia pueden convivir en paz.

La República Dominicana hoy es un país que tiene sus propias particularidades, que, naturalmente, genera una realizad nacional que se fundamenta en un espejismo sobre la base de la mentira.

El arma que sirve de soporte a una cultura de vender una percepción que no tiene nada que ver con la verdad, es precisamente un trasfondo para justificar acciones que en nada ayudan a ese anhelado crecimiento y desarrollo nacionales de que tanto se habla.

Por donde quiera que la gente se mueve aparece el engaño y el fraude, ya que si se toma como ejemplo cualquier actividad nacional fácilmente se llega a la conclusión de que se trata de un mecanismo de estafa o de fraude en contra del que tiene necesariamente que trabajar duro para llevar el pan de cada día a la mesa de su familia.

El drama se observa desde los servicios públicos, como la energía eléctrica y el agua potable, cuya manipulación de facturas representa una verdadera desgracia nacional, con el agravante de que los supuestos críticos de ahora son los justificadores después de la misma conducta.

Pero el asunto, si bien tiene un impacto muy preocupante a nivel de todas las instituciones del Estado, sin excepciones, lo propio, pero con peores distorsiones, ocurre en la actividad empresarial privada, dado que si se trata de comprar gas de cocinar o gasolina para su vehículo nunca recibe lo que paga, porque siempre hay un mecanismo sutil de engaño.

Es un mal generalizado, que abarca todos los sectores de la vida nacional, en virtud de que si quiere hacer la valoración a nivel de los productos manufacturados o su venta en los supermercados los precios no sólo se aumentan por factores, que podrían tal vez parecer justificados, sino que la verdadera causa es por una vocación agiotista y de especulación que están en las mismas entrañas del que quiere hacer negocio sobre la base de la estafa al consumidor.

Es decir, que se trata de un problema general, que sólo puede tener solución a través del Estado, de políticas públicas, lo cual tampoco es posible en razón de que quienes lo manejan tienen la misma filosofía de vida y no les interesa que esas cosas cambian.

Pero tal vez lo más grave consiste en que la gente ni siquiera percibe esas distorsiones y ve como normal esas maniobras que se producen en los sectores públicos y privados del país.

Este periódico está convencido de las razones expuestas son las que generan esa vocación mafiosa que se observa en amplios segmentos de la sociedad dominicana, donde sólo importa las ganancias que se obtienen, aunque sea a través de márgenes de beneficiosas abusivos o sencillamente de fraudes y manipulaciones.

Es una cultura,  que su erradicación va costar muchos sacrificios de los que buscan una sociedad diferente, donde los estándares de vida sean ajustados a una honestidad que podría ser la principal arma para lograr el tanto crecimiento y desarrollo nacionales anhelados, que representa  una piedra en el zapato del que persigue un pais diferente.

El Estado, definitivamente, puede imponer valores o antivalores, pero si este propósito y vocación no es parte de la formación y agenda del funcionario público o empresario, pues será muy difícil que pueda operarse ese cambio en la conducta social.

Se impone una campaña nacional, promovida desde el Estado, para imponer y restablecer valores que se aparten del amor monetario impregnado entre los dominicanos por el neoliberalismo salvaje.