Economía
Albania convoca un referéndum para prohibir la importación de basura
Albaneses temen que con la importanción de residuos también entren sustancias tóxicas
Albania se debate entre cesar de traer basura del exterior y así preservar su medioambiente o continuar con la emergente y lucrativa industria del reciclaje / EFE
La llamada «Alianza contra la Importación de Basura» recogó 62,000 firmas para el plebiscito/ EFE
En la imagen, barrio de Keneta, en las afueras de Durres, la segunda mayor ciudad de Albania, donde habitan inmigrantes llegados del pobre norte del país. / EFE
TIRANA, Albania, (EFE).- La convocatoria en diciembre de un referéndum por iniciativa ciudadana para prohibir la importación de residuos coloca a Albania en un dilema: ¿cesar de traer basura del exterior y así preservar su medioambiente o continuar con la emergente y lucrativa industria del reciclaje?
La llamada «Alianza contra la Importación de Basura» (AKIP), que agrupa asociaciones cívicas, individuos y activistas, ha recogido 62,000 firmas indispensables para la organización del plebiscito.
«Es la primera vez que se escucha la voz de los ciudadanos. Se trata de una práctica nueva relacionada directamente con la vida de la gente y su futuro», afirma en unas declaraciones a Efe Kozara Kati, activista de los derechos humanos y miembro del grupo iniciador de AKIP.
Albania importa sólo 25 tipos de residuos reciclables, que además figuran en la Lista Verde de la UE, de los 400 aprobados por el gobierno en 2010 mediante la ley que autorizó la importación de basura.
Pero la nefasta gestión de la basura doméstica -que ha convertido Albania en uno de los países más contaminados de Europa- y el temor a que bajo la importación de residuos se esconda un posible tráfico de sustancias tóxicas por parte de la mafia, especialmente italiana, son las dos principales razones que esgrime AKIP para demandar la prohibición de la importación de desechos.
Durante el comunismo, en Albania había pocos vehículos, la industria estaba atrasada y las escasas bolsas de plástico y botellas de Coca-Cola que entraban del exterior a través de la frontera más hermética de Europa eran conservadas como raras reliquias en las vitrinas de los cuartos de los huéspedes de los hogares albaneses.
Pero esta cultura dejó de existir después de que el país se abriera a la economía de libre mercado en 1991 y, junto al crecimiento del bienestar y del consumo, se incrementó también la cantidad de basura, que ha invadido calles, praderas, cauces de ríos, laderas de montañas y costas. Actualmente, los albaneses producen 852.000 toneladas de basura al año, de las que sólo un 10 % acaba siendo reciclada.
Solamente Tirana dispone de vertedero de basura, mientras que el resto de ciudades la quema de forma improvisada en campo abierto, mientras que en los pueblos ni siquiera hay contenedores públicos.
Pero la basura, además de ser un problema de salud pública y de contaminación del medio ambiente, se ha convertido en fuente de enriquecimiento para un número creciente de albaneses y extranjeros.
Con este objetivo llegó el año pasado desde el lejano Perú el exministro de Exteriores Augusto Blacker Miller para construir, junto a sus socios italianos, la primera gran incineradora de residuos -por valor de 200 millones de euros- en la ciudad sureña de Fier.
Dueño de la empresa albanesa de gestión de residuos, Apollonia Investments, sobre Miller pesa una orden de busca y captura peruana por participar en el autogolpe del expresidente Alberto Fujimori en 1992.
Además, decenas de firmas italianas operan en el sector del tratamiento de basuras, que según los expertos, podrían ocultar actividades ilegales.
El mayor riesgo es el tráfico de materias tóxicas, que estarían entrando desde el extranjero gracias a la falta de control, las pobres infraestructuras, la poca preparación del personal y la corrupción de los aduaneros, aunque este punto es negado por las autoridades.
«A Albania no ha pasado ningún residuo tóxico. La importación es muy estricta y se hace sólo con el permiso del primer ministro», asegura Vladimir Bezhani, director en el Ministerio del Medio Ambiente.
Pero, según la policía europea Europol, Albania, Rumanía y Hungría son los principales destinos de residuos tóxicos enviados desde Italia y otros países del sur de Europa.
El cese a la importación de residuos, de ser aprobado, llevará a la quiebra a la nueva industria de reciclaje albanesa, que funciona con materia prima importada, ya que en Albania la basura aún no se separa en origen, sino que se tira en contenedores comunes.
«La demanda de AKIP es absurda. No es esta la solución para protegernos de la mafia de la basura, sino el aumento del control y la toma de medidas preventivas», considera Vullnet Haka.
Dueño de una de las mayores fábricas de reciclaje de polietileno, Haka perderá su inversión de 15 millones de euros, mientras que sus 200 obreros se quedarán sin empleo, igual que el resto de los 3.000 trabajadores con que cuenta esta industria, si el referéndum venciera.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo aprovechó la reformulación del Presupuesto 2026 para redistribuir recursos entre instituciones, solicitar autorización para contratar hasta US$4,354.5 millones en préstamos e introducir cambios que amplían su capacidad de maniobra durante la ejecución del gasto público.
La propuesta de reformulación del Presupuesto General del Estado para 2026, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, redistribuye miles de millones de pesos entre instituciones, incluyendo una reducción de 2,000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Además, incorpora la autorización para contratar 23 operaciones de crédito público por 4,354.5 millones de pesos y otorga al Ejecutivo nuevas facultades para realizar ajustes presupuestarios.
El proyecto modifica la Ley 99-25, que aprobó el presupuesto vigente, con el argumento de que el desempeño de las recaudaciones permite aumentar en 40,978.3 millones de pesos tanto los ingresos como las apropiaciones de gasto. Como ambos conceptos crecen en la misma proporción, el déficit fiscal previsto para 2026 permanece sin cambios en RD$280,575.2 millones.
- Sin embargo, uno de los aspectos de mayor alcance es la reincorporación del artículo 71 de la Ley 99-25, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda y Economía a concertar 23 operaciones de crédito con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otras entidades financieras internacionales.
Las operaciones abarcan proyectos de agua potable y saneamiento, ampliación del Metro y el Monorriel de Santo Domingo, redes de transmisión eléctrica, modernización de centrales hidroeléctricas, infraestructura vial, sistemas de riego, desarrollo territorial, resiliencia climática y reforma del sistema penitenciario. En conjunto representan un monto de 4,354.5 millones de dólares.
El texto no establece las condiciones financieras específicas de esas operaciones. En todos los casos dispone que serán contratadas a una «tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana», sin detallar tasas, plazos, períodos de gracia ni el costo financiero estimado de cada préstamo.
Reducen fondos a Educación
La reformulación también reorganiza el gasto entre instituciones públicas. Entre las reducciones figura una disminución de 2,000 millones de pesos para el Ministerio de Educación, y montos menores para el de Turismo y Energía y Minas.
En sentido contrario, aumentan las asignaciones para la Presidencia de la República, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Economía y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.
Además del nuevo paquete de endeudamiento, el proyecto incorpora disposiciones que amplían la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria.
El artículo 10 autoriza al Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de la ley y realizar los ajustes derivados de la ejecución del presupuesto conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.
Santo Domingo, R.D.-El negocio fiduciario ha ganado espacio en la economía dominicana durante la última década. Detrás de proyectos inmobiliarios, inversiones, garantías y otros esquemas de administración de bienes opera una actividad que, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos (SB), ya concentra más de medio billón de pesos en activos administrados.
Los datos disponibles en el portal de la SB muestran que cinco entidades fiduciarias administraban, al cierre de las fechas de actualización correspondientes a junio y julio de 2026, activos por RD$537,702.76 millones. En conjunto también manejaban 1,105 fideicomisos y empleaban a 385 personas.
Las cifras evidencian el tamaño que ha alcanzado este segmento financiero, cuya función no consiste en recibir depósitos o conceder préstamos, sino en administrar bienes y derechos que otras personas o empresas les confían mediante contratos de fideicomiso.
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Bancos, Fiduciaria Reservas administra activos por RD$318,004.73 millones, equivalentes al 59.14% del mercado medido por activos administrados. La entidad reportaba 285 fideicomisos y una plantilla de 141 empleados.
Fiduciaria Popular ocupa el segundo lugar por activos administrados, con RD$100,699.88 millones, una participación de mercado por activo administrado de 18.73%; una participación de mercado por fideicomisos de 39.19%, 433 fideicomisos y 68 colaboradores.
Le sigue Fiduciaria La Nacional, con RD$64,257.70 millones bajo administración, una participación de mercado por activo administrado de 11.95%; participación de mercado por fideicomisos de 20.54%, además de 227 fideicomisos y 104 empleados.
Fiduciaria BHD registra activos administrados por RD$38,437.25 millones, equivalentes al 7.15% del mercado, junto con 108 fideicomisos y 54 empleados.
En tanto, FiduAPAP administra RD$16,303.20 millones, con una participación de 3.03%, además de 52 fideicomisos y una plantilla de 18 personas.
Mientras la distribución por activos presenta diferencias importantes entre las entidades, la participación cambia cuando el indicador observado es la cantidad de fideicomisos administrados. En ese caso, Fiduciaria Popular concentraba el 39.19% de los fideicomisos reportados por estas entidades, seguida por Fiduciaria Reservas con 25.79%, Fiduciaria La Nacional con 20.54%, Fiduciaria BHD con 9.77% y FiduAPAP con 4.71%.
Más que administrar dinero
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) define el fideicomiso como un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad en beneficio de otra persona o incluso del propio fideicomitente.
Ese patrimonio separado es uno de los elementos centrales de esta figura. Los bienes transferidos al fideicomiso no pasan a formar parte del patrimonio propio de la fiduciaria, sino que permanecen independientes y deben administrarse exclusivamente conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
La DGII explica que el fideicomiso no posee personalidad jurídica, aunque sí tiene la condición de contribuyente.
También señala que puede constituirse para cualquier propósito permitido por la ley, contiene bienes de cualquier naturaleza, se formaliza por escrito ante notario y dispone de un régimen de publicidad registral que permite hacerlo oponible frente a terceros.
En ese esquema, la fiduciaria asume la administración de los bienes, pero no adquiere la propiedad para fines propios ni puede utilizarlos en beneficio de sus administradores.
La legislación también establece obligaciones específicas para las fiduciarias. Entre ellas figuran mantener separados los bienes administrados de su propio patrimonio y del resto de los fideicomisos que gestionan, rendir cuentas al fideicomitente o al beneficiario cuando corresponda, administrar los bienes con prudencia, diligencia y cuidado, disponer de ellos únicamente conforme a lo establecido en el contrato y transferirlos a quien corresponda una vez se cumplan las condiciones pactadas.
Igualmente, las fiduciarias deben defender los bienes que administran, no pueden garantizar resultados o rendimientos de las inversiones, tampoco delegar sus funciones, apropiarse de los bienes fideicomitidos ni realizar actos en beneficio de sus propios administradores. Estas obligaciones buscan preservar la independencia del patrimonio administrado y garantizar que los recursos entregados por los fideicomitentes sean utilizados únicamente para los fines previstos en el contrato de fideicomiso.
La Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso contempla distintos tipos de fideicomisos.
Entre ellos se encuentran los fideicomisos de planificación sucesoral, utilizados para organizar la transmisión del patrimonio; los fideicomisos de inversión y los fideicomisos de inversión y desarrollo inmobiliario.
Lo que sí se puede hacer bajo la sombrilla de la ley
La normativa también permite crear otros tipos de fideicomisos, siempre que su objeto no contradiga las disposiciones legales vigentes.
En todos los casos participan al menos tres figuras principales. El fideicomitente, que aporta los bienes o derechos; la fiduciaria, encargada de administrarlos; y el beneficiario o fideicomisario, quien recibe los beneficios derivados del patrimonio fideicomitido o los bienes al finalizar el contrato, según las condiciones acordadas.
De acuerdo con lo explicado por la DGII, las personas jurídicas constituidas exclusivamente para fungir como fiduciarias deben registrarse e informar el inicio de sus operaciones. Asimismo, la legislación permite que bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y otras entidades de intermediación financiera autorizadas por la Junta Monetaria puedan ejercer funciones fiduciarias.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano encabeza el crédito a las a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, y se mantuvo como la entidad de intermediación financiera con el mayor saldo de créditos destinados a este sector.
La entidad cuenta con una cartera de RD$157,310 millones al cierre de abril de 2026, según el más reciente informe del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos (SB).
Este volumen de financiamiento a las mipymes representaba para ese momento el 40.8% de la cartera comercial total del Banco Popular. La cartera para el segmento mipyme en particular registró, además, un crecimiento interanual de 4.1% y contabilizó 59,600 créditos al período referido.
Estos resultados reflejan el respaldo sostenido del Banco Popular a las mipymes dominicanas y su rol como aliado financiero de un sector fundamental para la actividad productiva, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional.
Según el informe “Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” de la SB, las mipymes aportan un valor agregado equivalente al 32% del producto interno bruto (PIB) y generan alrededor de 3.05 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 61.6% del empleo total. Asimismo, representan el 98.5% de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes, de acuerdo con datos de 2024 citados en el reporte. “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, apoyando sus proyectos, sus necesidades financieras y sus planes de crecimiento. Como aliados financieros de las mipymes, en el Banco Popular fortalecemos su capacidad de contribuir al desarrollo de una economía más dinámica, competitiva y sostenible”, afirmó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular.
Popular impulsa el crecimiento de mipymes
El Banco Popular informó que continúa apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante soluciones financieras orientadas a cubrir sus necesidades de operación e inversión, fortaleciendo su competitividad y crecimiento.
Según la Superintendencia de Bancos, la entidad registró una tasa de interés acumulada de 11.7 % para este segmento a abril de 2026, una de las más bajas del sistema, con un índice de morosidad de 1.3 %.