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Alcalde dice que retomará el control de Duquesa si Lajun Corporation vuelve a incumplir
SANTO DOMINGO NORTE. La falta de capacidad técnica y económica fue la razón por la cual varias compañías de capital nacional y extranjero no calificaron para administrar el vertedero de Duquesa, y producir «una verdadera industrialización» de los desechos sólidos que allí se vierten.
El alcalde del municipio Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, justificó que Lajun Corporation, empresa que operó el basurero desde el año 2007 hasta el mes de julio del pasado año -por incumplimiento de contrato-, fue la empresa seleccionada para administrarlo, bajo el argumento de que los nuevos accionistas cumplen los requerimientos exigidos.
En rueda de prensa, el funcionario municipal aseguró que la referida compañía, además de los recursos técnicos y económicos, cuenta con la experiencia y el conocimiento en el tratamiento de la basura.
Las compañías de capital mixto que, a decir de Fernández, adquirieron las cuotas sociales de Lajun, y que a partir del pasado domingo se encuentran al frente de la gestión de Duquesa son NAGELO ENTERPRISES, S.A, representada por Michael Lee Chin (ciudadano jamaiquino) y WILSON COMPANY, SRL, representada por José Luis Asilis (ciudadano dominicano).
«Hemos conversado con los nuevos accionistas de Lajun, considerando las partes que resulta innecesario e infructuoso continuar ventilando nuestras avenencias en los tribunales de la República, por lo que, decidimos de mutuo acuerdo dirimir de manera amigable, definitiva e irrevocable, los conflictos existentes por medio del presente acuerdo», puntualizó.
Esto indica que el contrato suscrito a 20 años el primero de marzo del año 2007, y rescindido por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte en fecha 17 de julio del año 2013, quedó disuelto.
En ese tenor, el alcalde de esa demarcación explicó que Lajun deberá cumplir con las condiciones que se estipulan en ese convenio, además de dar soluciones a «irregularidades» denunciadas por el cabildo, y que desencadenaron la anulación del contrato.
Condiciones
La empresa, que según con Fernández hará una inversión inicial de US$150 millones, estará en la obligación de realizar en un plazo de seis meses un estudio de factibilidad del proyecto para generar energía eléctrica, y uno de un año, a partir de la culminación del mismo, para utilizar la tecnología requerida para esos fines.
Asimismo, en nueve meses el entorno, oficinas administrativas y vías principales de acceso, tendrán que estar iluminados, y en un año colocar una malla metálica ciclónica en la parte frontal de Duquesa.
De igual manera, Lajun tendrá que contar con los equipos pesados necesarios; generar 400 plazas de empleos, realizar operativos médicos y de fumigación en la comunidad Los Cazabes tres veces al año, y reducir de manera gradual la cantidad de vertido de desperdicios a cielo abierto. Max Da Silva, gerente de operaciones del vertedero, y quien representó a Lajun, declaró que cumplirán con el convenio para mejorar Duquesa.
De no cumplir, el cabildo tomaría nueva vez el control de las operaciones.
Irregularidades
La Alcaldía de Santo Domingo Norte decidió rescindir el contrato con Lajun Corporation para operar el vertedero de Duquesa, alegando mal manejo de los lixiviados y del biogás; falta de una verja perimetral, de instalaciones para el manejo sanitario y de protección del medioambiente; relleno sanitario no adecuado; ausencia de drenaje pluvial, de una planta de tratamiento y de un sistema de prevención de incendios, entre otros aspectos.
Nacionales
Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.