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Alcalde dice que retomará el control de Duquesa si Lajun Corporation vuelve a incumplir
SANTO DOMINGO NORTE. La falta de capacidad técnica y económica fue la razón por la cual varias compañías de capital nacional y extranjero no calificaron para administrar el vertedero de Duquesa, y producir «una verdadera industrialización» de los desechos sólidos que allí se vierten.
El alcalde del municipio Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, justificó que Lajun Corporation, empresa que operó el basurero desde el año 2007 hasta el mes de julio del pasado año -por incumplimiento de contrato-, fue la empresa seleccionada para administrarlo, bajo el argumento de que los nuevos accionistas cumplen los requerimientos exigidos.
En rueda de prensa, el funcionario municipal aseguró que la referida compañía, además de los recursos técnicos y económicos, cuenta con la experiencia y el conocimiento en el tratamiento de la basura.
Las compañías de capital mixto que, a decir de Fernández, adquirieron las cuotas sociales de Lajun, y que a partir del pasado domingo se encuentran al frente de la gestión de Duquesa son NAGELO ENTERPRISES, S.A, representada por Michael Lee Chin (ciudadano jamaiquino) y WILSON COMPANY, SRL, representada por José Luis Asilis (ciudadano dominicano).
«Hemos conversado con los nuevos accionistas de Lajun, considerando las partes que resulta innecesario e infructuoso continuar ventilando nuestras avenencias en los tribunales de la República, por lo que, decidimos de mutuo acuerdo dirimir de manera amigable, definitiva e irrevocable, los conflictos existentes por medio del presente acuerdo», puntualizó.
Esto indica que el contrato suscrito a 20 años el primero de marzo del año 2007, y rescindido por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte en fecha 17 de julio del año 2013, quedó disuelto.
En ese tenor, el alcalde de esa demarcación explicó que Lajun deberá cumplir con las condiciones que se estipulan en ese convenio, además de dar soluciones a «irregularidades» denunciadas por el cabildo, y que desencadenaron la anulación del contrato.
Condiciones
La empresa, que según con Fernández hará una inversión inicial de US$150 millones, estará en la obligación de realizar en un plazo de seis meses un estudio de factibilidad del proyecto para generar energía eléctrica, y uno de un año, a partir de la culminación del mismo, para utilizar la tecnología requerida para esos fines.
Asimismo, en nueve meses el entorno, oficinas administrativas y vías principales de acceso, tendrán que estar iluminados, y en un año colocar una malla metálica ciclónica en la parte frontal de Duquesa.
De igual manera, Lajun tendrá que contar con los equipos pesados necesarios; generar 400 plazas de empleos, realizar operativos médicos y de fumigación en la comunidad Los Cazabes tres veces al año, y reducir de manera gradual la cantidad de vertido de desperdicios a cielo abierto. Max Da Silva, gerente de operaciones del vertedero, y quien representó a Lajun, declaró que cumplirán con el convenio para mejorar Duquesa.
De no cumplir, el cabildo tomaría nueva vez el control de las operaciones.
Irregularidades
La Alcaldía de Santo Domingo Norte decidió rescindir el contrato con Lajun Corporation para operar el vertedero de Duquesa, alegando mal manejo de los lixiviados y del biogás; falta de una verja perimetral, de instalaciones para el manejo sanitario y de protección del medioambiente; relleno sanitario no adecuado; ausencia de drenaje pluvial, de una planta de tratamiento y de un sistema de prevención de incendios, entre otros aspectos.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.