BRIGADAS DERRIBAN TARANTINES Y CASETAS DONDE INSTALARON NEGOCIOS
Santiago.-Haitianos indocumentados que se habían establecido con tarantines y casetas en varios puntos de Santiago, ya no se encuentran en esos lugares porque brigadas del ayuntamiento local desmantelaron esos arrabales. Mediante una resolución municipal prohibió que extranjeros ilegales establezcan negocios informales y formales en espacios públicos..
Sin embargo, fue notoria la presencia de pocas mujeres de origen haitiano que caminando por las calles ofertando frutas y vegetales a ciudadanos.
Los parques y otras plazas que habían sido ocupados por indocumentados haitianos que habían instalado casetas y tarantines para realizar diferentes negocios
Algunos de los afectados consultados por el Listín Diario dijeron que la Alcaldía les exige como principal requisito cédulas dominicanas para poder autorizarlos a vender en las calles o en lugares establecidos.
Operativo. Las brigadas de la Alcaldía de Santiago actuaron ayer en plaza y parques de Santiago que estaban arrabalizadas
“Eso es deciéndonos que nos vayamos de aquí, porque la mayoría de los haitianos que vivimos en este país estamos ilegales y es imposible conseguir cédula”, indicó el vendedor haitiano radicado en Santiago Paul Batiste Pierre.
Habla alcalde
El alcalde de Santiago, Abel Martínez, en declaraciones al Listín Diario, recordó que en noviembre la Alcaldía aprobó una disposición municipal que prohíbe a extranjeros ilegales realizar cualquier tipo de negocio en espacios públicos y que eso se está ejecutando con energía actualmente.
Por igual Martínez significó que busca la aprobación ante el Concejo Edilicio de una resolución que declare personas no gratas a los extranjeros indocumentados que viven en este municipio. El alcalde justificó la medida, alegando que contribuye a disminuir el impacto negativo que representa la inmigración ilegal de haitianos en territorio dominicano, principalmente en Santiago.
No obstante, estimó que se necesitan medidas más concretas por parte de las autoridades correspondientes.
Asimismo, dijo que es una preocupación permanente suya y de las autoridades municipales el gran tráfico de haitianos indocumentados hasta República Dominicana y que a ello se añade también el incremento de ilegales procedentes de Venezuela.
En el caso de los haitianos, dijo que ocupaban todas las áreas públicas como parques, avenidas, calles, inmediaciones de bustos culturales y otros, donde instalaban mercados de las pulgas, casetas de ventas de comidas y otros negocios que arrabal izaban la ciudad.
Martínez manifestó que el 15 de noviembre la Alcaldía emitió una disposición municipal que prohíbe que extranjeros que no tengan un estatu migratorio legal puedan ejercer actividades comerciales en espacios públicos, porque arrabalizaba de manera total la ciudad.
DICE NEGOCIAN CON LA NECESIDAD DE HAITÍ:
El arzobispo emérito de Santiago, monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio aseguró ayer que hasta que no se combatan los grupos de mafiosos integrados por dominicanos, haitianos y extranjeros que negocian con la necesidad de los haitianos, el problema de la inmigración ilegal continuará. Dijo que el país necesita hombres valientes como los fueron los Trinitarios, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, que enfrenten con decisión y valentía el problema haitiano.
Explicó el religioso que esos grupos de mafiosos que existen aquí y en otras naciones están negociando con la necesidad y la desesperación en que se encuentran los haitianos producto de la miseria por la que está atravesando el vecino país. De la Rosa y Carpio habló con el periodista Rafael Castro en el Aeropuerto Las Américas.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.
