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Alcaldía saca haitianos de plazas de Santiago

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BRIGADAS DERRIBAN TARANTINES Y CASETAS DONDE INSTALARON NEGOCIOS

Santiago.-Haitianos indocumentados que se habían establecido con tarantines y casetas en varios puntos de Santiago, ya no se encuentran en esos lugares porque brigadas del ayuntamiento local desmantelaron esos arrabales. Mediante una resolución municipal prohibió que extranjeros ilegales establezcan negocios informales y formales en espacios públicos..

Sin embargo, fue notoria la presencia de pocas  mujeres de origen haitiano que caminando por las calles ofertando  frutas y vegetales a ciudadanos.

Los parques y otras plazas que habían sido ocupados por indocumentados haitianos que habían instalado casetas y tarantines para realizar diferentes negocios

Algunos de los afectados consultados por el Listín Diario dijeron que la Alcaldía les exige como principal requisito cédulas dominicanas para poder autorizarlos a vender en las calles o en lugares establecidos.

Operativo. Las brigadas de la Alcaldía de Santiago actuaron ayer en plaza y parques de Santiago que estaban arrabalizadas

“Eso es deciéndonos que nos vayamos de aquí, porque la mayoría de los haitianos que vivimos en este país estamos ilegales y es imposible conseguir cédula”, indicó el vendedor haitiano radicado en Santiago Paul Batiste Pierre.

Habla alcalde
El alcalde de Santiago, Abel Martínez, en declaraciones al Listín Diario, recordó que en noviembre la Alcaldía aprobó una disposición municipal que prohíbe a extranjeros ilegales realizar cualquier tipo de negocio en espacios públicos y que eso se está ejecutando con energía actualmente.

 Por igual Martínez significó que busca la aprobación ante el Concejo Edilicio de  una resolución que declare personas no gratas a los extranjeros indocumentados que viven en este municipio. El alcalde justificó la medida, alegando que contribuye a disminuir el impacto negativo que representa la inmigración ilegal de haitianos en territorio dominicano, principalmente en Santiago.

No obstante, estimó que se necesitan medidas más concretas por parte de las autoridades correspondientes.

Asimismo, dijo que es una preocupación permanente suya y de las autoridades municipales el gran tráfico de haitianos indocumentados hasta República Dominicana y que a ello se añade también el incremento de ilegales procedentes de Venezuela.

En el caso de los haitianos, dijo que ocupaban todas las áreas públicas como parques, avenidas, calles, inmediaciones de bustos culturales y otros, donde instalaban mercados de las pulgas, casetas de ventas de comidas y otros negocios que arrabal izaban la ciudad.

Martínez manifestó que el 15 de noviembre la Alcaldía emitió una disposición municipal que prohíbe que extranjeros que no tengan un estatu migratorio legal puedan ejercer actividades comerciales en espacios públicos, porque arrabalizaba de manera total la ciudad.

DICE NEGOCIAN CON LA NECESIDAD DE HAITÍ:
El arzobispo emérito de Santiago, monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio aseguró ayer que hasta que no se combatan los grupos de mafiosos integrados por dominicanos, haitianos y extranjeros que negocian con la necesidad de los haitianos, el problema de la inmigración ilegal continuará. Dijo que el país necesita hombres valientes como los fueron los Trinitarios, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, que enfrenten con decisión y valentía el problema haitiano.

Explicó el religioso que esos grupos de mafiosos que existen aquí y en otras naciones están negociando con la necesidad y la desesperación en que se encuentran los haitianos producto de la miseria por la que está atravesando el vecino país. De la Rosa y Carpio habló con el periodista Rafael Castro en el Aeropuerto Las Américas.

listindiario.com

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Piden prisión para profesor imputado por acoso sexual contra una estudiante

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SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.

La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.

De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.

El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.

La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.

El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Apelarán condena de 30 años a anciano de 83 años por tentativa de asesinato.

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Santo Domingo, R.D.-Milagros del Carmen Rodriguez, abogada de la Defensoría Pública, anunció que recurrirá la sentencia de 30 años de prisión impuesta a Nicolás Suárez, de 83 años, condenado por tentativa de feminicidio contra su expareja Erminia Núñez Durán, en el distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), quien  argumenta que la edad avanzada y el deteriorado estado de salud del imputado hacen inviable su reclusión en un centro penitenciario.

El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid LiberatoDeyanira Méndez y Kimberly Tatis, impuso a Suárez la pena máxima por tentativa de asesinato. Sin embargo, la defensa sostiene que el tribunal no tomó en cuenta las atenuantes presentadas durante el proceso.

La abogada Milagros Del Carmen Rodríguez señaló que Suárez padece diabetes avanzada que le ha provocado la pérdida de la visión, condición que motivó que durante todo el proceso judicial permaneciera en prisión domiciliaria.

«Hemos solicitado varios permisos para ir al médico porque no ve; tiene una situación de diabetes que le ha quitado la vista», declaró la defensora pública.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 17 de julio de 2024 en un barrio del distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), cuando Nicolás Suárez agredió a su expareja, Erminia Núñez Durán, en un hecho calificado por la justicia como tentativa de asesinato.

A pesar de que el tribunal no acogió los argumentos atenuantes presentados por la defensa, la abogada insiste en que una condena de 30 años resulta desproporcionada e inaplicable dadas las condiciones del imputado.

La Defensoría Pública solicita que, en caso de mantenerse la calificación de tentativa de asesinato, la pena sea sustituida por una condena suspendida que no exceda los tres años.

La defensora invocó el principio de humanización de las penas, establecido en el ordenamiento jurídico dominicano, como fundamento central del recurso de apelación.

«No es posible que en este caso no se tome en cuenta el principio de humanización», afirmó Rodríguez.

El principio de humanización de las penas reconoce que la ejecución de una condena no debe atentar contra la dignidad del condenado ni agravar su situación más allá de lo que la propia pena implica. En casos de personas de edad avanzada con enfermedades graves, los tribunales de alzada dominicanos han considerado este principio como criterio válido para modificar sanciones.

La apelación será presentada ante la Corte de Apelación del departamento judicial de Santiago.

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Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.

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Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.

En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.

Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el  cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.

Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.

Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.

«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.

Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.

En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.

La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

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