BRIGADAS DERRIBAN TARANTINES Y CASETAS DONDE INSTALARON NEGOCIOS
Santiago.-Haitianos indocumentados que se habían establecido con tarantines y casetas en varios puntos de Santiago, ya no se encuentran en esos lugares porque brigadas del ayuntamiento local desmantelaron esos arrabales. Mediante una resolución municipal prohibió que extranjeros ilegales establezcan negocios informales y formales en espacios públicos..
Sin embargo, fue notoria la presencia de pocas mujeres de origen haitiano que caminando por las calles ofertando frutas y vegetales a ciudadanos.
Los parques y otras plazas que habían sido ocupados por indocumentados haitianos que habían instalado casetas y tarantines para realizar diferentes negocios
Algunos de los afectados consultados por el Listín Diario dijeron que la Alcaldía les exige como principal requisito cédulas dominicanas para poder autorizarlos a vender en las calles o en lugares establecidos.
Operativo. Las brigadas de la Alcaldía de Santiago actuaron ayer en plaza y parques de Santiago que estaban arrabalizadas
“Eso es deciéndonos que nos vayamos de aquí, porque la mayoría de los haitianos que vivimos en este país estamos ilegales y es imposible conseguir cédula”, indicó el vendedor haitiano radicado en Santiago Paul Batiste Pierre.
Habla alcalde
El alcalde de Santiago, Abel Martínez, en declaraciones al Listín Diario, recordó que en noviembre la Alcaldía aprobó una disposición municipal que prohíbe a extranjeros ilegales realizar cualquier tipo de negocio en espacios públicos y que eso se está ejecutando con energía actualmente.
Por igual Martínez significó que busca la aprobación ante el Concejo Edilicio de una resolución que declare personas no gratas a los extranjeros indocumentados que viven en este municipio. El alcalde justificó la medida, alegando que contribuye a disminuir el impacto negativo que representa la inmigración ilegal de haitianos en territorio dominicano, principalmente en Santiago.
No obstante, estimó que se necesitan medidas más concretas por parte de las autoridades correspondientes.
Asimismo, dijo que es una preocupación permanente suya y de las autoridades municipales el gran tráfico de haitianos indocumentados hasta República Dominicana y que a ello se añade también el incremento de ilegales procedentes de Venezuela.
En el caso de los haitianos, dijo que ocupaban todas las áreas públicas como parques, avenidas, calles, inmediaciones de bustos culturales y otros, donde instalaban mercados de las pulgas, casetas de ventas de comidas y otros negocios que arrabal izaban la ciudad.
Martínez manifestó que el 15 de noviembre la Alcaldía emitió una disposición municipal que prohíbe que extranjeros que no tengan un estatu migratorio legal puedan ejercer actividades comerciales en espacios públicos, porque arrabalizaba de manera total la ciudad.
DICE NEGOCIAN CON LA NECESIDAD DE HAITÍ:
El arzobispo emérito de Santiago, monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio aseguró ayer que hasta que no se combatan los grupos de mafiosos integrados por dominicanos, haitianos y extranjeros que negocian con la necesidad de los haitianos, el problema de la inmigración ilegal continuará. Dijo que el país necesita hombres valientes como los fueron los Trinitarios, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, que enfrenten con decisión y valentía el problema haitiano.
Explicó el religioso que esos grupos de mafiosos que existen aquí y en otras naciones están negociando con la necesidad y la desesperación en que se encuentran los haitianos producto de la miseria por la que está atravesando el vecino país. De la Rosa y Carpio habló con el periodista Rafael Castro en el Aeropuerto Las Américas.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
