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Se repite la historia de Bahía de las Águilas con comisión de gran fraude en Parque Nacional Sierra de Bahoruco
Santo Domingo, R.D.- Los recursos naturales de la República Dominicana están hoy gravemente amenazados por la falsificación de títulos de propiedad dentro del espacio correspondiente al Parque Nacional Sierra de Bahoruco. La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas denunciaron este miércoles posibles fraudes millonarios al Estado relacionados con demandas de indemnizaciones que abarcan casi el 70 % del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.
Esto fue dado a conocer en una rueda de prensa por la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, en el edificio del Instituto Sismológico de la UASD.
Según el grupo ambientalista, en un contexto donde las áreas protegidas dominicanas enfrentan amenazas constantes de privatización, surge ahora una táctica novedosa: demandas en justiprecio. Estas reclamaciones buscan compensación por la expropiación de terrenos tras la declaración de un área como protegida. Sin embargo, la Coalición alerta que estos reclamos se están efectuando sobre terrenos carentes de un derecho de propiedad depurado.
Durante la rueda de prensa explicaron que al menos siete demandas en justiprecio han sido interpuestas en los tribunales contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por dos personas que reclaman ser los propietarios de casi el 70% de los 1,100 kilómetros cuadrados que conforman el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, en las provincias de Pedernales e Independencia.
Los alegados propietarios de siete porciones de terreno que superan los 184,262,447 metros cuadrados dentro del ámbito de las Parcelas 4213, 3866 y 3250 del D.C. 3, exigen al Estado compensación por miles de millones de pesos.
Estos reclamantes a la fecha ya han obtenido dos sentencias a su favor emitidas por el Tribunal Superior Administrativo (TSA): la primera, dictada el 16 de febrero del 2023 y marcada con el No. 0030-04-2023-SSEN-00088, mediante la cual se ordena el pago de 590 millones de pesos por una porción de terreno de 2,950,000 metros cuadrados y la segunda, dictada el 30 de junio de 2023 y marcada con el No. 0030-02-2023-SSEN-00343, mediante la cual se ordena el pago de 676 millones de pesos por una porción de terreno de 16,900,000 metros cuadrados y sus mejoras, ambas porciones ubicadas dentro del ámbito de la Parcela No. 4213, D.C. 3, municipio Duvergé, provincia Independencia.
La Coalición expresó su preocupación y sospecha de irregularidades en las sentencias emitidas por el Tribunal Superior Administrativo, y anunció su decisión de recurrir en tercería para evitar un posible fraude al Estado dominicano. Asimismo, insta al Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría General Administrativa a profundizar en la investigación y procesar penalmente a los responsables de este presunto esquema mafioso.
Destacando la necesidad de proteger el sistema de áreas protegidas, la Coalición resalta casos anteriores de fraudes y obtención irregular de títulos en áreas como el Parque Nacional Cotubanamá y la zona Bucanyé-Pedernales. Además, enfatiza la violación de bloqueos registrales impuestos por la Ley de Áreas Protegidas.
Un recurso judicial expone preocupantes irregularidades en la sentencia relacionada con los reclamos de indemnización en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco. Los argumentos fundamentales presentados destacan la inobservancia de la certificación del historial de la parcela, evidenciando que las acciones registrales de los demandantes datan de 1994, once años después de la declaración del área como Parque Nacional, lo cual debería haber sido imposible debido al bloqueo registral asociado con áreas protegidas.
Además, el recurso señala la violación de la Ley de Registro Inmobiliario (No. 108-05), destacando que el Tribunal Superior Administrativo aceptó un derecho de propiedad no depurado, respaldado solo por una constancia anotada, sin certificado de título. Se subraya la falta de certeza en la ubicación e individualización de estas constancias, ya que carecen de un plano debidamente aprobado, como exige el Reglamento General de Mensuras Catastrales.
La contradicción en la sentencia se hace evidente al ordenar una inspección de campo basada en la constancia anotada, pero el informe revela que solo se realizó una verificación cartográfica sin un plano aprobado. El recurso también argumenta la necesidad de la participación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la disputa inmobiliaria, ya que gestiona el Catastro Nacional de Áreas Protegidas. Este desarrollo refuerza la importancia de una revisión exhaustiva y transparente del caso para garantizar la integridad de las áreas protegidas en la República Dominicana.
La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas está conformada por destacadas organizaciones ambientales, incluyendo la Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Comisión Ambiental de la UASD, Cúa Conservation Agency, la Fundación Acción Verde Inc., la Fundación Moscoso Puello, el Grupo Jaragua, Guaikía Ambiente y la Sociedad Ecológica del Cibao.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.