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Piden a diputados respetar criterios individuales para garantizar nuevo Código Penal
Santo Domingo, R.D.-Se han reactivado en el Congreso Nacional las discusiones sobre el contenido de lo que podría ser el nuevo Código Penal, luego de que fuesen depositados varios proyectos de ley en las secretarías legislativas de ambas cámaras.
Sin embargo, ante la diferencia en las diversas visiones que imperan dentro el órgano constitucional, sobre todo con temas como el aborto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se refirió este jueves al respecto.
Pacheco le pidió a sus 189 compañeros de la cámara baja utilizar el respeto como base fundamental en el ejercicio de sus labores legislativas.
“Hagamos el firme compromiso de respetar a cada quien. El que quiera colocar en su curul un pañuelo de cualquier color, que lo Haga. (Pero) el que no quiera, no…”, dijo.
Esta declaración de Pacheco surge después de que los legisladores retomaran la práctica de representar sus convicciones sobre el aborto y el embarazo con pañuelos de colores (azul para los provida y verde para favorecer las tres causales), lo que en algunas ocasiones ha generado cierta “molestia” dentro del hemiciclo.
“Invadir la curul de otro diputado o diputada es un acto incorrecto…”, expresó.
No obstante, Pacheco no se comprometió a que la pieza de reforma al marco penal sea realizada en la actual legislatura.
“Respeten, verá que, lo he hablado con muchos senadores, probablemente vamos a tener Código Penal. Vamos a tratar que en este cuatrienio, ojalá en esta legislatura, (podamos) dotar al país de esta pieza”, precisó.
Esto, a pesar de que la Cámara de Diputados solo necesitaba aprobar, en segunda lectura, pieza del senador Rogelio Genao, la cual mantenía la penalización del aborto.
Presiones
“A los amigos y amigas externos que luchan con mucha pasión, que por favor nos dejen trabajar tranquilos…”, expresó Pacheco.
El legislador oficialista dijo que la extensa divergencia provocada por el Código Penal ha causado una ola de difamación y latigazos para algunos representantes, dentro de los cuales se identificó.
“Por este proyecto hemos pagado un precio alto. Difamación, yo tengo en mi espalda los latigazos de las dos facciones que se disputan en el país, con mucho radicalismo”, acotó Pacheco.
Comisión bicameral
Pacheco informó, al emitir estas declaraciones en la sesión realizada esta mañana, que confirmará en los próximos días una comisión bicameral para que los proyectos sobre el Código Penal registrados en ambas cámaras legislativas puedan ser analizados de manera conjunta.
La propuesta de Pacheco, aprobada por 112 y rechazada por un diputado, permitirá que la pieza que contiene la firma de alrededor de 60 diputados y la elaborada por el representante Rogelio Lanza sean estudiadas con el objetivo de fusionarlas.
Estos dos documentos legislativos mantienen la judicialización de las mujeres y personas que realicen un aborto, dejando fuera las tres cáusales. Estas se refieren a los casos en los que se produzca la inviabilidad del feto, cuando la salud de la madre esté en peligro o si el feto fuese producto de una violación sexual.
Comisión del Senado
Mientras tanto, el Senado de la República designó el pasado martes una comisión especial para el estudio del proyecto de autoría del senador Rogelio Genao, el cual ha sido aprobado en varias ocasiones en la cámara alta, pero perimido en la cámara baja.
La comisión está presidida por el senador Santiago José Zorrilla e integrada por los senadores Pedro Catrain, Omar Fernández, Franklin Romero, Antonio Tavéras Guzmán, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Lía Inocencia Díaz, Aracelis Villanueva, Rafael Duluc y Cristóbal Venerado Castillo.
Estos senadores se reunirán la próxima semana para iniciar el proceso de consulta, que pretende incluir a la nueva procuradora general de la República, Yeni Berenice, para que comparta sus observaciones al respecto
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Pepca asegura que pruebas del caso Calamar sustentarán solicitud de condena contra imputados
Mirna Ortiz afirmó que el Ministerio Público presentará pruebas testimoniales y periciales para sustentar su acusación; la lectura del expediente continuará el lunes 21 de septiembre
SANTO DOMINGO.– La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público considera que las pruebas que presentará durante el juicio de fondo del denominado caso Calamar permitirán sustentar su solicitud de condena contra los imputados.
“Indiscutiblemente, frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que en su momento vamos a solicitar”, declaró Ortiz al referirse a la acusación que conoce el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La procuradora de Corte sostuvo que, conforme a la tesis del órgano acusador, el expediente describe una presunta estructura que habría utilizado instituciones del Estado para desarrollar un esquema de corrupción destinado a obtener beneficios económicos.
“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método y el lucro para enriquecerse y permanecer en el poder”, manifestó.
Acusación contiene 3,383 páginas
Ortiz explicó que las distintas líneas de investigación contenidas en las 3,383 páginas de la acusación están acompañadas de referencias a pruebas testimoniales y periciales que el Ministerio Público pretende incorporar y debatir durante el juicio.
Entre los procesados figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero, junto a otros imputados incluidos en el expediente del caso Calamar.
La lectura de la acusación estuvo encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, acompañado por el equipo de fiscales litigantes.
El conocimiento del expediente continuará el lunes 21 de septiembre, cuando está previsto proseguir con la lectura de la acusación.
Ministerio Público dice que investigaciones continúan
Consultada sobre empresarios y una empresa que hasta el momento no forman parte del proceso, Ortiz indicó que las investigaciones relacionadas con el caso permanecen abiertas.
“El Ministerio Público sigue investigando, seguimos avanzando. Ustedes saben que las investigaciones no se agotan en un solo proceso y más adelante veremos”, expresó.
Por su parte, el abogado José Martínez Hoepelman señaló que la jornada judicial transcurrió con normalidad y que las defensas permitieron que el Ministerio Público desarrollara sus alegatos de apertura sin interrupciones.
Tribunal deberá valorar las pruebas
Las declaraciones de Ortiz representan la posición y teoría acusatoria del Ministerio Público. Corresponderá al Tercer Tribunal Colegiado valorar durante el juicio las pruebas presentadas por la acusación y las defensas, así como los argumentos de todas las partes, antes de determinar si existe o no responsabilidad penal.
Los imputados en el caso Calamar mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva dictada conforme al debido proceso.
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Expresidente de la JCE defiende permanencia de partidos minoritarios en el sistema político dominicano
Julio César Castaños Guzmán sostiene que las organizaciones pequeñas representan sectores minoritarios y forman parte de la tradición democrática del país
SANTO DOMINGO.– El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán se pronunció a favor de preservar la participación de los partidos políticos minoritarios en República Dominicana, al considerar que estas organizaciones contribuyen a la representación de distintos sectores de la sociedad.
“Esos partidos deben mantenerse todos por el bien de la democracia”, expresó el jurista al referirse al papel que desempeñan las organizaciones de menor tamaño dentro del sistema político dominicano, según declaraciones publicadas este miércoles por El Día.
Castaños Guzmán argumentó que los partidos pequeños no constituyen un fenómeno reciente y señaló que han formado parte de la vida política nacional desde los orígenes de la República.
A su juicio, eliminar esas organizaciones reduciría las alternativas disponibles para determinados sectores del electorado.
Defiende representación de las minorías
El expresidente de la JCE sostuvo que la importancia de una organización política no debería analizarse exclusivamente a partir de su tamaño o de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.
Según explicó, también deben considerarse aspectos como sus ideas, estructuras internas y capacidad para establecer alianzas.
“La fortaleza de un partido se evalúa por su pensamiento, por sus estructuras y las alianzas que hace”, manifestó Castaños Guzmán, de acuerdo con el reporte periodístico suministrado.
El jurista vinculó además su posición con la representación política de los grupos minoritarios, señalando que estos tienen reconocimiento dentro del orden constitucional dominicano.
“Las minorías están en la Constitución”, afirmó al defender la continuidad de espacios políticos que permitan canalizar distintas expresiones de la sociedad.
Partidos políticos y democracia
Castaños Guzmán sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial del régimen democrático y relacionó la existencia de organizaciones políticas institucionalmente sólidas con la calidad de la democracia.
Sus declaraciones se producen en medio de discusiones públicas sobre el funcionamiento, reconocimiento y permanencia de las organizaciones políticas en República Dominicana.
El régimen de partidos dominicano está regulado, entre otras normas, por la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, mientras que la Constitución reconoce el papel de estas organizaciones en el fortalecimiento de la democracia y establece principios relativos a su organización y funcionamiento.
La posición expresada por Castaños Guzmán constituye su valoración sobre el sistema de partidos y la representación de las minorías, dentro del debate sobre el papel que deben desempeñar las organizaciones políticas de menor tamaño en la democracia dominicana.
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Abinader rechaza propuesta para hacer obligatoria la enseñanza del creole en escuelas dominicanas
El mandatario calificó la iniciativa como un “despropósito” y afirmó que el Gobierno apuesta por fortalecer la enseñanza del inglés
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, rechazó la propuesta legislativa que busca establecer como obligatoria la enseñanza del creole en las escuelas públicas y privadas de República Dominicana, iniciativa que también contempla incorporar el inglés y el francés al modelo educativo. El mandatario calificó la enseñanza obligatoria del creole como un “despropósito” y aseguró que la propuesta no cuenta con el respaldo de su administración.
Abinader manifestó que el Gobierno tiene interés en fortalecer la enseñanza del inglés en los centros educativos, pero marcó distancia respecto a la inclusión obligatoria del creole. También señaló que la iniciativa no fue discutida ni respaldada por el Gobierno ni por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
¿Qué plantea el proyecto?
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por Julio César Beltré Méndez, diputado del PRM por la provincia Azua. El proyecto propone incorporar obligatoriamente la enseñanza de creole, inglés y francés desde el nivel primario hasta el secundario.
De acuerdo con el contenido de la propuesta, la medida abarcaría centros educativos públicos, privados y de gestión mixta autorizados por el Ministerio de Educación y no estaría limitada exclusivamente a las provincias fronterizas.
El legislador fundamenta la inclusión del creole en las relaciones históricas, comerciales, culturales y migratorias existentes entre República Dominicana y Haití, así como en la dinámica de las comunidades fronterizas. En el caso del inglés, destaca su importancia para sectores como turismo, comercio, tecnología y servicios, mientras que al francés le atribuye relevancia internacional, diplomática y cultural.
Aplicación sería gradual
El proyecto contempla que, en caso de convertirse en ley, el Ministerio de Educación disponga de 12 meses para elaborar el currículo, establecer contenidos, carga horaria y estándares de competencia lingüística.
Su implementación sería progresiva, con un período máximo de cinco años, comenzando por el primer ciclo del nivel primario. También contempla programas para la formación y certificación de docentes capaces de impartir los idiomas.
Una propuesta que genera debate
La iniciativa ha provocado posiciones diferentes entre sectores políticos, educativos y sociales. Mientras sus promotores argumentan que el conocimiento de otros idiomas ampliaría las competencias de los estudiantes y facilitaría la comunicación y las relaciones internacionales, otros sectores cuestionan que el creole deba establecerse como materia obligatoria en todo el sistema educativo.
Incluso dentro del sector magisterial se han divulgado posiciones distintas. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aclaró posteriormente que su Comité Ejecutivo Nacional no había adoptado una posición institucional oficial sobre la propuesta.
Por el momento, la enseñanza obligatoria del creole no está vigente en República Dominicana. Se trata de una propuesta legislativa que deberá agotar el procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional antes de que pueda convertirse en ley.