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Alfredo Pacheco: “Quiero afirmar que en esta legislatura vamos a aprobar el Código Penal”
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que la “generalidad” de los legisladores está en la actitud de que el proyecto de ley, propuesto para reformar el Código Penal de República Dominicana sea aprobado en los próximos días.
“Nunca he visto tanto ánimo para la aprobación de una pieza como la hay hoy para la aprobación de este Código Penal. Quiero afirmar que en esta legislatura yo pienso que lo vamos a tener”, dijo Pacheco durante la sesión desarrollada este miércoles.
Es por esta razón que el congresista afirmó que los representantes entregarán en la presente legislatura ordinaria la transformación del marco penal dominicano, adicionando nuevas tipificaciones a ley orgánica.
Esto podría suceder, según informó Pacheco, en cualquier momento, ya que el periodo hábil de legislación concluye el próximo 26 de julio.
“A esa pieza le llegó el tiempo de ser aprobada y hecha ley, no nos vamos a detener…”, dijo.
Pacheco entiende que es solo cuestión de días para que la cámara baja conozca en el hemiciclo el informe, aun en preparación, elaborado por la comisión bicameral en la cual participan también los representantes del Senado de la República.
“Vamos a continuar, vamos a seguir escuchando sectores. Es el momento de que la República Dominicana cuente con un nuevo Código Penal”, afirmó al destacar que la mesa legislativa dispone, además, del respaldo de otros diputados y senadores.
La comisión presidida por el senador Santiago Zorrilla, estudia cuatro iniciativas, dentro de las que se encuentra una aprobada en dos discusiones por la cámara alta depositada por el senador Rogelio Genao. Lo que significa que en el caso de los diputados favorecerla de la misma manera, esta podría ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Piden reforma penal
En contraste con estas declaraciones, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) se manifestó esta mañana en los alrededores del Congreso Nacional para generar conciencia en quienes integran el Poder Legislativo de lo necesario que es transformación del sistema penal dominicano, a través de la promulgación de un nuevo conjunto de leyes.
“Son más de 25 años de inercia legislativa, de excusas, de indiferencia institucional. El país continúa con un código obsoleto, vetusto, arcaico y anciano con más de 200 años de vigencia, incapaz de responder a los desafíos actuales de mega criminalidad organizada impulsada exponencialmente por la tecnología e inteligencia artificial”, precisó el presidente del gremio, Trajano Potentini.
El pasado lunes, la magistrada de la Procuraduría General de la República (PGR), el presidente del Tribunal Constitucional (TC) y el titular del Defensor del Pueblo exhortaron a los congresistas agilizar los trabajos de reforma este bloque de leyes orgánicas penales de los dominicanos.
“Es indispensable para nuestro trabajo tener una ley sustantiva actualizada. Nuestro código tiene 141 en vigencia. Es evidente que la criminalidad cambia y nuestro código debe actualizarse”, dijo la procuradora Yeni Berenice Reynoso.
En tanto, el presidente del TC, Napoleón Estévez, manifestó al terminar la rendición de cuentas del defensor del pueblo, Pablo Ulloa, que estarán en un estado de atención con relación al curso del proyecto de ley en el Poder Legislativo.
Sin causales
Uno de los principales aspectos que provocaron división fue la despenalización del aborto en las tres causales. Estas son cuando el embarazo representa un riesgo para la vida de la mujer, sea fruto de una violación o existan malformaciones incompatibles con la existencia.
Pero, según ha explicado Pacheco en intervenciones anteriores, en esta ocasión las probabilidades de incluir dentro de un nuevo código penal la despenalización del aborto en estas causales son muy reducidas.
Entre los 72 nuevos tipos penales que contempla el documento legislativo del código penal se encuentra el terrorismo, el sicariato, el genocidio, infracciones muy graves de guerra, infracciones de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, feminicidio, feminicidio agravado, feminicidio conexo, violencia conexa en escenario feminicida, inducción al suicidio, cooperación al suicidio, daños con sustancias químicas (ácido del diablo).
Trato cruel inhumano o degradante, robo de identidad, robo de identidad agravado, perturbación telefónica, difusión de audio e imágenes sin consentimiento, divulgación de información secreta, captación y uso de datos personales, estudios genéticos sin consentimiento, manipulación ilícita de genes, fecundación de óvulos para fines distinto para la procreación, reproducción asistida no consentida, actividad sexual no consentida.
Participación de grupos en infracciones muy graves de guerra, negligencia o imprudencia en el control de los subordinados, atentado imprudente contra la vida, responsabilidad de persona jurídica por atentado culposo contra la vida, bullying, bullying agravado, operaciones comerciales con niños y adolescentes, responsabilidades de persona jurídica que provocan incapacidades con más de 60 días.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.