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Opinión

Algo ominoso sobre la estrategia de EEUU-Biden en el Gran Caribe

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Una ruta de luchas dirigidas a alcanzar la unidad multinacional y multicultural latino-caribeña camino a una Patria Grande auto-determinada y liberada socialmente.

Por Narciso Isa Conde

“En esa ruta la República Dominicana es muy tenida en cuenta por el Pentágono, la CIA, el FBI y el Departamento de Estado, para sus planes políticos-militares en el Gran Caribe;sobre todo decara a Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua…”

El Comando Sur del PENTÁGONO, con asiento en Florida y jurisdicción militar-imperial hasta Tierra de Fuego, ha estado sumamente activo en los últimos meses, especialmente con no pocas incursiones en República Dominicana.

Igual los buques de guerra de la IV Flota norteamericana.

SE INTENSIFICAN LOS AMORES CON EL COMANDO SUR.
Las visitas a nuestro país han sido frecuentes de cara a toda la isla compartida con Haití, seguidas de acuerdos e iniciativas altamente lesivos a las soberanías de ambos países, ya sensiblemente conculcadas; lo que incluyó intercambios con los jefes militares y con el presidente de la República, acompañados de cursos de instrucción a suboficiales dominicano y convenios sobre programas de formación y ejercicio militares conjuntos.

A raíz del magnicidio de Presidente haitiano Jovenel Moises, ejecutado dentro la lógica imperial de relevar lo que se pudre y combinarlo con la prolongación y profundización del caos bajo su control, visitó nuestro país el Buque USSS BILLINGS de la Armada estadounidense concomitantemente con la presencia del Contralmirante y el Vicealmirante del Comando Sur y de la IV Flota, Donald Gabrielson y Sinclair M.Harris, precisamente en el momento en que se consumaba el hecho criminal con la participación de un componente paramilitar de su plataforma colombiana.

Días después, el Ministro de Defensa del Gobierno dominicano, que preside el empresario metido a político, Luis Abinader Corona -caracterizado por su extrema subordinación a EEUU en todo lo relacionado con la política exterior y con las políticas públicas internas- visitó recientemente la sede del Comando Sur y ofreció la siguiente información a través del Portal del Ministerio de Defensa:

Ministro de Defensa visita sede del Comando Sur; RD estrecha vínculos con ejército de los EE.UU.

MIAMI, FLORIDA /Agosto 8, 2021.- “El Ministro de Defensa, Teniente General CARLOS LUCIANO DÍAZ MORFA, ERD, realizó la pasada semana una visita de trabajo a la sede del Comando Sur de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, ubicada en la ciudad de Miami, para conversar con el Almirante CRAIG STEPHAN FALLER, comandante de esa unidad.”

“La agenda del intercambio del Ministerio de Defensa (MIDE) con el Comando Sur incluyó temas relacionados con las acciones conjuntas en el campo de la seguridad regional, y diferentes asuntos de la tradicional cooperación entre las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y las de los Estados Unidos.”

“Díaz Morfa y Faller, además, hablaron sobre el programa de ejercicios binacionales para aumentar la operatividad de la fuerza, y acerca de la colaboración para mejorar la capacidad profesional de soldados dominicanos con los programas de entrenamiento que ofrece el Comando Sur.”

“Acompañaron al Ministro de Defensa: el General de Brigada Santo Domingo Guerrero Clase, ERD, Director de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto (J-3), del MIDE y una comitiva de oficiales y suboficiales.”

Recientemente, inició un proceso de revisión para fortalecer el aspecto académico de los programas de la carrera de suboficiales en las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos, la Guardia Nacional de Puerto Rico y el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC) por sus siglas en inglés.”

Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto, J-5 y Relaciones Públicas, MIDE.

A esto se suma que la frontera terrestre dominico-haitiana y su valla en construcción están bajo control del Comando Sur del Pentágono y de Israel.

DE RODILLAS ANTE UN IMPERIO DECADENTE Y DESTRUCTIVO.
El compromiso de realizar “acciones conjuntas en el campo de la seguridad nacional” no tiene otra traducción que no sea la participación de las fuerzas armadas dominicanas, cuyo Comandante en Jefe es el Presidente de turno Luis Abinader, en operaciones, agresiones e invasiones militares de EEUU contra los países de Nuestra América que han emprendido la ruta de la nueva independencia.

Algo realmente bochornoso, indignante e inaceptable, que a tono con la estrategia de la Administración de Biden confirma la determinación del actual gobierno de convertir el Estado Dominicano y sus fuerzas militares en un instrumento de la agresiva y destructiva decadencia del imperialismo estadounidense, armónico al anuncio de “la colaboración para mejorar la capacidad profesional de soldados dominicanos con los programas de entrenamiento que ofrece el Comando Sur.”

La Administración Biden trabaja para lograr niveles más alto de aportes y mayor despliegue de la guerra de cuarta generación desde su plataforma de colombiana y desde otros países de la región con gobiernos dispuestos a acompañarla en sus terribles aventuras intervencionista: sin desmontar los planes estructurados por el Comando Sur, ni afectar el papel de la IV Flota que a menudo merodea las aguas caribeñas, más bien articulando ambas vertientes.

En esa ruta la República Dominicana es muy tenida en cuenta por el Pentágono, la CIA, el FBI y el Departamento de Estado, para sus planes políticos-militares en el Gran Caribe; sobre todo de cara a Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua, en cada caso teniendo presente sus particularidades.

Eso les exige no solo completar con gran intensidad -haciendo provecho de la pandemia- la recolonización económica y cultural emprendida hace tres décadas, profundizando ahora el endeudamiento externo oneroso, el asalto empresarial a la funciones ejecutivas, las recetas privatizadoras del patrimonio público y natural del país (vía Alianzas Publico-Privadas-APP y ventas de activos estatales), la captura de la fuentes de aguas, del sistema energético, de puertos y aeropuertos, y muy especialmente la desnacionalización total de los medios de comunicación, las universidades y escuelas…sino además pasar a una fase más directa de la intervención, colaboración y complicidad militar.

A eso responde el anuncio -lanzado inmediatamente después de informado el acuerdo con el Comando Sur del Pentágono- de la concesión de la remodelación y gerencia del estratégico Puerto de Manzanillo al ARMY estadounidense; punto clave para sus agresivos planes respecto Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y para un mayor control del transporte marítimo transoceánico.

A los compases de toda esa avalancha tutelar en el plano militar, el Centro de Investigación Padre Alemán de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCAMAIMA) -una de las más articuladas a las academias y a la intelectualidad orgánica del imperio estadounidense- publica un estudio con dos conclusiones funestas destinadas a alienar en el peor sentido la conciencia colectiva de la sociedad dominicana, a saber:

1.-Que el principal desafío de la República Dominicana en este momento es la situación haitiana debido a que las tensiones están llegando a un límite que puede desembocar en violencia social.

2 .- Y concluye sugiriendo una intervención militar multilateral…

(Diario HOY lunes 6 de septiembre 2021, págs. 1 y 5)

LOS HECHOS APLASTAN LAS MENTIRAS
La verdad de los hechos es otra: el principal desafío del pueblo dominicano es rescatar la soberanía pisoteada y negada por EEUU y abrir las compuertas de las grandes transformaciones sociales hacia una sociedad justa y solidaria, como también los es para el pueblo haitiano; ambas naciones abatidas y saturadas por tantas intervenciones y agresiones militares -y de todo tipo- que lo han empeorado todo.

Una ruta de luchas dirigidas a alcanzar la unidad multinacional y multicultural latino-caribeña camino a una Patria Grande auto-determinada y liberada socialmente.

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Opinión

Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad

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La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.

  • El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
  • Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
  • La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.

Por Narciso Isa Conde

Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.

Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.

 Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.

 El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:

·         La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.

·          Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.

·         Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.

·         En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.

·         Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.

·         La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».

·         El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.

Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:

¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?

 Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:

Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.

En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.

La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.

Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.

Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.

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Opinión

Descalifican libros y ganadores con IA (6 de 10)

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Por Oscar López Reyes

Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.

Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.

La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.

¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?

Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.

También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.

Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.

El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.

La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.

¿Cuáles son las respuestas?

Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.

Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.

Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.

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Referencias bibliográficas:

1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/

2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.

3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.

5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.

6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.

8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

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Opinión

La Constitución como medida del poder

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Por Isaías Ramos

 Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.

El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.

El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.

Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.

La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.

Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.

En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.

El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.

El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.

Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.

Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.

Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.

El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.

Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.

Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.

En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder

siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.

El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.

¡El 2044 comienza hoy!

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