Opinión
Algo ominoso sobre la estrategia de EEUU-Biden en el Gran Caribe
Una ruta de luchas dirigidas a alcanzar la unidad multinacional y multicultural latino-caribeña camino a una Patria Grande auto-determinada y liberada socialmente.
Por Narciso Isa Conde
“En esa ruta la República Dominicana es muy tenida en cuenta por el Pentágono, la CIA, el FBI y el Departamento de Estado, para sus planes políticos-militares en el Gran Caribe;sobre todo decara a Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua…”
El Comando Sur del PENTÁGONO, con asiento en Florida y jurisdicción militar-imperial hasta Tierra de Fuego, ha estado sumamente activo en los últimos meses, especialmente con no pocas incursiones en República Dominicana.
Igual los buques de guerra de la IV Flota norteamericana.
SE INTENSIFICAN LOS AMORES CON EL COMANDO SUR.
Las visitas a nuestro país han sido frecuentes de cara a toda la isla compartida con Haití, seguidas de acuerdos e iniciativas altamente lesivos a las soberanías de ambos países, ya sensiblemente conculcadas; lo que incluyó intercambios con los jefes militares y con el presidente de la República, acompañados de cursos de instrucción a suboficiales dominicano y convenios sobre programas de formación y ejercicio militares conjuntos.
A raíz del magnicidio de Presidente haitiano Jovenel Moises, ejecutado dentro la lógica imperial de relevar lo que se pudre y combinarlo con la prolongación y profundización del caos bajo su control, visitó nuestro país el Buque USSS BILLINGS de la Armada estadounidense concomitantemente con la presencia del Contralmirante y el Vicealmirante del Comando Sur y de la IV Flota, Donald Gabrielson y Sinclair M.Harris, precisamente en el momento en que se consumaba el hecho criminal con la participación de un componente paramilitar de su plataforma colombiana.
Días después, el Ministro de Defensa del Gobierno dominicano, que preside el empresario metido a político, Luis Abinader Corona -caracterizado por su extrema subordinación a EEUU en todo lo relacionado con la política exterior y con las políticas públicas internas- visitó recientemente la sede del Comando Sur y ofreció la siguiente información a través del Portal del Ministerio de Defensa:
Ministro de Defensa visita sede del Comando Sur; RD estrecha vínculos con ejército de los EE.UU.
MIAMI, FLORIDA /Agosto 8, 2021.- “El Ministro de Defensa, Teniente General CARLOS LUCIANO DÍAZ MORFA, ERD, realizó la pasada semana una visita de trabajo a la sede del Comando Sur de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, ubicada en la ciudad de Miami, para conversar con el Almirante CRAIG STEPHAN FALLER, comandante de esa unidad.”
“La agenda del intercambio del Ministerio de Defensa (MIDE) con el Comando Sur incluyó temas relacionados con las acciones conjuntas en el campo de la seguridad regional, y diferentes asuntos de la tradicional cooperación entre las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y las de los Estados Unidos.”
“Díaz Morfa y Faller, además, hablaron sobre el programa de ejercicios binacionales para aumentar la operatividad de la fuerza, y acerca de la colaboración para mejorar la capacidad profesional de soldados dominicanos con los programas de entrenamiento que ofrece el Comando Sur.”
“Acompañaron al Ministro de Defensa: el General de Brigada Santo Domingo Guerrero Clase, ERD, Director de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto (J-3), del MIDE y una comitiva de oficiales y suboficiales.”
Recientemente, inició un proceso de revisión para fortalecer el aspecto académico de los programas de la carrera de suboficiales en las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos, la Guardia Nacional de Puerto Rico y el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC) por sus siglas en inglés.”
Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto, J-5 y Relaciones Públicas, MIDE.
A esto se suma que la frontera terrestre dominico-haitiana y su valla en construcción están bajo control del Comando Sur del Pentágono y de Israel.
DE RODILLAS ANTE UN IMPERIO DECADENTE Y DESTRUCTIVO.
El compromiso de realizar “acciones conjuntas en el campo de la seguridad nacional” no tiene otra traducción que no sea la participación de las fuerzas armadas dominicanas, cuyo Comandante en Jefe es el Presidente de turno Luis Abinader, en operaciones, agresiones e invasiones militares de EEUU contra los países de Nuestra América que han emprendido la ruta de la nueva independencia.
Algo realmente bochornoso, indignante e inaceptable, que a tono con la estrategia de la Administración de Biden confirma la determinación del actual gobierno de convertir el Estado Dominicano y sus fuerzas militares en un instrumento de la agresiva y destructiva decadencia del imperialismo estadounidense, armónico al anuncio de “la colaboración para mejorar la capacidad profesional de soldados dominicanos con los programas de entrenamiento que ofrece el Comando Sur.”
La Administración Biden trabaja para lograr niveles más alto de aportes y mayor despliegue de la guerra de cuarta generación desde su plataforma de colombiana y desde otros países de la región con gobiernos dispuestos a acompañarla en sus terribles aventuras intervencionista: sin desmontar los planes estructurados por el Comando Sur, ni afectar el papel de la IV Flota que a menudo merodea las aguas caribeñas, más bien articulando ambas vertientes.
En esa ruta la República Dominicana es muy tenida en cuenta por el Pentágono, la CIA, el FBI y el Departamento de Estado, para sus planes políticos-militares en el Gran Caribe; sobre todo de cara a Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua, en cada caso teniendo presente sus particularidades.
Eso les exige no solo completar con gran intensidad -haciendo provecho de la pandemia- la recolonización económica y cultural emprendida hace tres décadas, profundizando ahora el endeudamiento externo oneroso, el asalto empresarial a la funciones ejecutivas, las recetas privatizadoras del patrimonio público y natural del país (vía Alianzas Publico-Privadas-APP y ventas de activos estatales), la captura de la fuentes de aguas, del sistema energético, de puertos y aeropuertos, y muy especialmente la desnacionalización total de los medios de comunicación, las universidades y escuelas…sino además pasar a una fase más directa de la intervención, colaboración y complicidad militar.
A eso responde el anuncio -lanzado inmediatamente después de informado el acuerdo con el Comando Sur del Pentágono- de la concesión de la remodelación y gerencia del estratégico Puerto de Manzanillo al ARMY estadounidense; punto clave para sus agresivos planes respecto Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y para un mayor control del transporte marítimo transoceánico.
A los compases de toda esa avalancha tutelar en el plano militar, el Centro de Investigación Padre Alemán de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCAMAIMA) -una de las más articuladas a las academias y a la intelectualidad orgánica del imperio estadounidense- publica un estudio con dos conclusiones funestas destinadas a alienar en el peor sentido la conciencia colectiva de la sociedad dominicana, a saber:
1.-Que el principal desafío de la República Dominicana en este momento es la situación haitiana debido a que las tensiones están llegando a un límite que puede desembocar en violencia social.
2 .- Y concluye sugiriendo una intervención militar multilateral…
(Diario HOY lunes 6 de septiembre 2021, págs. 1 y 5)
LOS HECHOS APLASTAN LAS MENTIRAS
La verdad de los hechos es otra: el principal desafío del pueblo dominicano es rescatar la soberanía pisoteada y negada por EEUU y abrir las compuertas de las grandes transformaciones sociales hacia una sociedad justa y solidaria, como también los es para el pueblo haitiano; ambas naciones abatidas y saturadas por tantas intervenciones y agresiones militares -y de todo tipo- que lo han empeorado todo.
Una ruta de luchas dirigidas a alcanzar la unidad multinacional y multicultural latino-caribeña camino a una Patria Grande auto-determinada y liberada socialmente.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?