Opinión
Algunas consideraciones sobre la nueva medición de pobreza y la política social
Inicio estas consideraciones sobre la política social y la nueva medición de la pobreza, felicitando el trabajorealizado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) al coordinar y poner a disposición de la población un nuevo instrumento oficial de medición de la pobreza.
Felicito también al Ministerio de Economía y al Sr. Antonio Morillo por el esfuerzo en sistematizar los indicadores sociales, los cuales son de mucha utilidad y proporcionan una batería de indicadores ordenados que permiten comprender mejor la realidad social y económica del país.
El nuevo instrumento calculado es la línea de pobrezaOficial, la cual sirve para determinar la pobrezamonetaria. Esta se define como la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una determinada canasta de consumo mínimo socialmente satisfactoria. A junio del 2012, el ingreso promedio de pobrezaerade RD$4,324 por persona y el ingreso de extremapobreza, aquel que solamente cubre los alimentos erade RD$1,915.
Como el tamaño promedio de los hogares dominicanos es 3.7 miembros, entonces el ingreso de un hogar que esté por debajo de RD$16,000 se considera pobre y si está por debajo de RD$7,086 está en extrema pobreza.
Obviamente si una familia tiene 5 miembros, que es el tamaño promedio de los hogares más pobres (el 20% de los hogares más pobre), requerirá RD$21,622 y elingreso de extrema pobreza será de RD$9,576.
¿Cómo se calculó el costo de la canasta? A partir de laEncuesta de Ingresos y Gastos realizada en 2007 por la ONE, la cual determinó que las familias compran un total de 2,638 bienes y servicios diferentes de los cuales 902 son alimentos y a partir de una serie de técnicas estadísticas se seleccionan aquellos bienes que reflejan los hábitos de consumo y que tienen más representatividad en los gastos, lo cual se asocia a las normas de consumo calórica de la población por edad, hasta calcular un valor medio.
El concepto de ingreso de pobreza no puede confundirse con el publicado por el Banco Central del “Costo de la Canasta Familiar por Quintiles”. Este se refiere al gasto promedio de un hogar clasificado porquintiles. Los bienes se seleccionan en función de su representatividad en el gasto y el costo se presenta por los quintiles de hogares. Es decir, el total de hogares se dividió en cinco grupos de igual tamaño ordenados por el valor del gasto, así el quintil 1 es el 20% de los hogares más pobres y tiene un costo de la canasta familiar de RD$11,315, el 20% siguiente de los hogares tiene un costo de RD$16,314 y así sucesivamente. El costo de la canasta media es RD$25,439 a junio de 2012.
Es de notar que hasta tanto no vuelva hacerse una nueva Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) los movimientos en el ingreso de pobreza monetaria general y extrema así como en el costo de la canastafamiliar reflejan exclusivamente la variación del nivel de precios. Si la inflación sube o baja así mismo se moverán estos valores.
De los datos recién publicados de la “línea oficial de pobreza” en el país se pueden sacar algunas conclusiones:
1)En 2011, hay 4 millones de personas en condiciones de pobreza, el 40.8% de la poblacióny no el 31.6% como el propio Gobierno había calculado previamente con la anterior metodología.
2)Hay 1 millones de persona en pobreza extrema en 2011 es decir el 10.4% y no 8.8% como se había calculado previamente con la metodología anterior.
3)Entre el 2000 y 2011 se distinguen 3 momentos:
a.La situación pre-crisis (2000-2002) cuando la pobreza estuvo en 32.5% según el nuevo indicador.
b.La crisis del fraude bancario (2003-2005) cuando la pobreza sube 46.3% con un pico en 2004 de 49.8%.
c.La situación post crisis hasta la actualidad, llegando en los dos últimos años a alrededor de 41% de población pobre.
Creo conveniente hacer algunas consideraciones sobre el impacto de la crisis bancaria sobre la pobreza y entender su carácter episódico y no permanente como la “cháchara política” ha argumentado.El impacto de la crisis bancaria sobre la pobreza era muy difícil evitarla por la misma naturaleza de la crisis: un fraude bancario del sector privado del orden del 20% del PIB en menos de un año. Es la única crisis de la economía dominicana en donde están identificados los responsables a través de la sentencia de un juez y están en la cárcel a pesar del esfuerzo de algunos estamentos del gobierno por liberarlos.
La arquitectura de ese fraude bancario empezó a gestarse 12 años antes de que estallara la crisis. La crisis iba reventar el día que lo hizo, antes o después porque no era posible sostener al banco más grande (por mucho) del sistema con unos activos sobrevaluados y cuyos compromisos se pagaban con nuevos depósitos.
El origen de esa crisis estuvo en la falta de supervisión bancaria de las autoridades monetarias y financiera de la década anterior a la crisis, lo querefleja la debilidad de las instituciones del Estado y los niveles de complicidad del sistema político. El fraude de Baninter y de los otros bancos tiene mucha similitud con la “crisis del salami”: ambas crisis reflejan la debilidad institucional del Estado Dominicano. Instituciones que no cumplieron con sus funciones, reguladores que no regularon, empresarios deshonestos y un sistema político indolente, complaciente, cómplice y que promueve la impunidad frente a las necesidades de la población. Afortunadamente hay sus excepciones como Pro-Consumidor en el caso del salami.
La salida de la crisis bancaria ofrecía esencialmente tres alternativas:
a)No hacer nada y dejar que todo el sistema bancario quebrara. La consecuencia de esta opción ni la considero pues sería la pérdida total del ahorro y del sistema de crédito del país.
b)Hacer un “corralito” devolviendo los depósitos de más de RD$500 milcon papeles y redimibles a largo plazo.Confieso que era partidario de esa opción, el riesgo era que se produjera un retiro masivo en los otros bancos por el miedo de los depositantes y se quebrara el sistema bancario. Del tema del “corralito” se habló mucho en la época, más como amenaza que como opción para salir de la crisis.
c)Lo que se hizo, pagar a los depositantes la totalidad de los depósitos en cuyo caso se creó una expansión monetaria que generó devaluación, inflación y pobreza.
En definitiva cualquier salida era mala en términos de pobreza, ya que la pérdida era un 20% del PIB y fue una pérdida generada en menos de un año. Afortunadamente no era una crisis causada en el aparato productivo y que se podía corregir fundamentalmente con política monetaria (para incidir sobre la inflación y devaluación) y reorganizando al sector financiero. Tan pronto se corrigió la expansión monetaria, la pobreza cayó porque se estabilizó la inflación y mejoraron otros indicadores de depresión y recesión económica.
De manera que la crisis del 2003-2004 es un episodio aislado que se corrigió fundamentalmente con la política monetaria y con crecimiento del PIB y por lo tanto no refleja las fuerzas reales que crean pobreza en RD. Para buscaresas fuerzas reales hay que aislar el fenómeno de la crisiscomparando la situación pre-crisis con la situación post-crisis, en particular después de haber transcurrido 7 años haber registrado un crecimiento de 7% promedio anual y una inflación de 6.4% anual.
¿Que ha pasado?
Tomando como referencia el comportamiento de la población intercensal, aplicándoles las nuevas tasas de incidencia de la pobreza y comparando los promedios pre-crisis 2000-2002 y la situación actual (2010-2011) se observa que:
a)La incidencia de la pobreza general se multiplicó por 1.27 veces y la pobreza extrema por 1.31, entre los años pre-crisis y la situación actual.
b)La población en pobreza general aumento en 1.2 millones de personas entre el período pre-crisis y la actualidad, lapobreza extrema en 338 mil y la población total en 1.1 millones, esto significa dos cosas:
·La política social ha sido ineficaz o nula, reduciendo la pobreza general cuando se compara la situación pre-crisis y la situación actual, ya que no la redujo y ni siquiera la pudo contener en el crecimiento vegetativo de la población. En efecto, la tasa de crecimiento acumulativa anual de la población fue de 1.5% entre el período pre-crisis (2000-02) y la situación actual (2010-11), lo que implica que si la política social hubiese limitado a la pobreza general al crecimiento de la población,al final del período debió haber una incidencia de la pobreza general de 34% y no de 41.2% como efectivamente se registró con un crecimiento acumulativo anual de 4.6%, es decir debió haber casi 800 mil personas menos.
·No solamente no se pudo reducir y contener la pobreza, sino que la cantidad de personas en esa condición aumentó en 100 mil más cuando se le compara con el aumento total de la población.
En síntesis, la pobreza monetaria lo que mide es fundamentalmente el efecto de la inflación y del crecimiento económico sobre la situación de pobreza y la evidencia lo que indica es que en el período inmediatamente post crisis actuó la política monetaria bajando la inflación lo cual se combinó con el crecimiento del PIB. Es decir, tan pronto la política montería actuó para recoger la emisión monetaria postcrisis se extinguía este motor de creación de pobreza. Superado el episodio de crisis bancaria, manteniendo bajo control la inflación y con un acelerado de crecimiento económico por 7 años, la situación de pobreza no mejoró comparada con el periodo pre-crisis, por el contrario empeoró, haciendo que las personas en condiciones de pobreza aumentaran más que la población total creando un crecimiento sin inclusión social y haciendo evidente la ineficacia de la política social que se convirtió básicamente en un instrumento de clientelismo político. Esa es una herencia lamentable.
Por Rosario Espinal
40 años de activismo conservador para eliminar derechos
Las dos instituciones claves para lograrlo han sido el Partido Republicado y las iglesias evangélicas blancas. El vínculo entre estas dos instituciones se estableció con fuerza a partir del triunfo de Ronald Reagan en 1980.
En un clásico ensayo de aquel entonces sobre la crisis de la democracia en Estados Unidos, el politólogo Samuel Huntington escribió que la democracia estadounidense tenía una sobrecarga de demandas sociales que no podía atender por más que el Estado intentara; por tanto, había que detenerlas para evitar una crisis de gobernabilidad.
En aquel tiempo el Partido Republicano había perdido legitimidad por el escándalo Watergate y necesitaba forjar una nueva base de apoyo electoral. Su tabla de salvación para recuperar votantes fueron las iglesias evangélicas blancas que se propagaban con el llamado tele evangelismo y comenzaban a aglutinar millones de feligreses en mega iglesias.
El proyecto neoconservador que articuló el Partido Republicano tenía tres componentes esenciales:
1) Geopolítico: ganar finalmente la Guerra Fría, que consiguieron con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS. 2) Económico: limitar los derechos de los trabajadores y beneficiar el capital (el llamado neoliberalismo), de ahí el ataque al sindicalismo y al Welfare State. 3) Socio-religioso: la “moralización” de la política que impulsaron con el apoyo del movimiento denominado “mayoría moral” de origen evangélico.
Esta “mayoría moral” asumió con ahínco las siguientes luchas: 1) lectura de la Biblia en las escuelas públicas, 2) eliminar el derecho al aborto, 3) combatir los avances de la comunidad LGBT y 4) expandir los derechos religiosos mediante garantías constitucionales.
Para el Partido Republicano ha sido muy rentable electoramente asegurar una base evangélica blanca que, en su ala radical, es anti-negra, anti-mujeres con derechos, anti-LGBT, antinmigrante y antiambientalista. Para el liderazgo evangélico blanco, la alianza con el Partido Republicano ha permitido su consolidación de poder en la constelación religiosa de Estados Unidos.
En el post-1960, la Suprema Corte de Justicia jugó un papel crucial otorgando nuevos derechos ciudadanos para responder a las demandas sociales.
Tomó unos 40 años para que los conservadores alcanzaran una mayoría de jueces en la Suprema Corte de Justicia (todos católicos, no evangélicos) que han comenzado ahora a derogar derechos. Su argumento central es que la Constitución no los estableció originalmente. El primer episodio fue el pasado viernes 24 de junio contra el derecho al aborto.
Esa decisión evidencia que los derechos humanos, cívicos y políticos nunca están totalmente garantizados y que las cortes operan con criterios políticos modificando disposiciones legales
Por Narciso Isa Conde
Está plenamente justificada la desbordante alegría desatada a escala colombiana, latino-caribeña y mundial, externadas por las fuerzas partidarias de la libertad, la vida y la paz, ante la confirmación del difícil triunfo electoral de Gustavo Petro, Francia Márquez y el Pacto Histórico de Colombia.
Nadie con un mínimo de sensibilidad humana y amor por la libertad puede no celebrar en grande el desalojo de esa escoria criminal (mezcla de uribismo fascistoide, extrema derecha, narco-política, más oligarquía lacaya e inescrupulosa), del Palacio de Nariño y las estructuras gubernamentales.
Esa victoria –alimentada por una historia y un presente de resistencias y rebeldías heroicas- equivale a la derrota en las urnas de las fuerzas de extrema derecha y neofascista y su desplazamiento del gobierno; lo que marca un viraje político hacia una coyuntura más favorables para acumular fuerzas transformadoras y avanzar hacia victorias más trascendentes.
No se ha ganado la pelea, solo un importante round.
De todas maneras se trata de un hito democrático en la prolongada historia de sufrimientos y penurias para el pueblo colombiano, precedido de las luchas libradas contra las grotescas violaciones a los acuerdos de paz y de la reciente insurrección sin armas provocada por la masacre ejecutada por el nefasto Gobierno de Iván Duque durante la huelga general del 2019.
En ese heroico capítulo, todavía inconcluso en tanto entonces no fue posible resquebrajar las estructuras de poder y el Estado narco-terrorista (satélite de EE.UU e intervenido por el Pentágono, el pueblo urbano terminó de perder el miedo. Los “nadie” se convirtieron en sujetos de cambio al politizarse los movimientos sociales, llegando a reclamar multitudinariamente la destitución de Duque.
Sin esa epopeya el Pacto Histórico no hubiera alcanzado este triunfo electoral de Petro.
Ella convirtió en bagazo despreciado por la mayoría del pueblo a los autores de 60 años de guerra sucia y más de 180 de malos gobiernos.
El regocijo por lo que implica como logro de significativo valor político desplazar del gobierno las bestias que administraban ese Estado, no debe obviar que en las condiciones colombianas el curso electoral del cambio político, limita el alcance del mismo y resta la profundidad necesaria.
También lo limita el predominio de una visión liberal-reformista combinada con socialdemocracia moderada, centrista o centro-izquierdista, del grupo hegemónico del PACTO HISTÓRICO y sobre todo del propio Gustavo Petro. Y esto no lo digo en tono denigrante, sino esforzándome por hablar con apego a la verdad y sin menospreciar el impacto positivo de ese cambio político en la actual sociedad.
Esas realidades, por demás, tienden afectar el potencial reformador del nuevo gobierno en un país en el que predomina el presidencialismo a nivel institucional y en el que el resto de las instituciones (electivas y permanentes) están infectadas de todo lo que representó la execrable facción perdedora en estas elecciones, en tanto fuerza política, social, militar y paramilitar con fuerte apoyo internacional.
Hay que decir las cosas como son y no exagerar: el presidente electo no representa el marxismo, ni posiciones de izquierda revolucionaria, como dicen algunos; dejándose llevar por los calificativos interesados de las derechas y las cadenas imperialistas.
Su izquierdismo, su antiimperialismo, hace tiempo quedaron atrás.
Sus valores se refieren a las libertades, a la lucha contra la corrupción y los crímenes de Estado y al combate de las discriminaciones relevantes.
Petro, como presidente electo, en tono conciliador, anunció su disposición a entenderse con esa ultraderecha y su fuerte componente neofascista, que por ese medio nunca han entrado en razones ni cedido a sus despropósitos; destacándose siempre como persistentes enemigos de la paz.
Incluso desde hace tiempo, desde sus diferentes roles políticos, Petro ha establecido puentes con sectores del poder estadounidense y ciertas elites oligárquicas.
Mientras tanto Biden y el gobierno de EEUU -luego de haberse comprometido durante décadas con el Estado terrorista colombiano- no esconde su interés de “reforzar” las relaciones con el nuevo gobierno; lo que jamás implicaría dejar de intervenir, tutelar y usar a Colombia como plataforma de agresión militar contra otros países soberanos de la región y de cara a una eventual conquista de la Amazonía por la fuerza.
Y Petro no habla de recuperar soberanía, ni toca los peliagudos temas de las bases militares gringas y la brigada de tropas especiales estadounidenses radicadas en territorio colombiano.
Además, luego de anunciar nuevos impuestos a las grandes ganancias capitalistas, tampoco hay señales claras de hasta dónde y en qué grado va enfrentar y/o revertir las contra-reformas neoliberales.
Claro que Petro es diferente en sentido positivo al uribismo y a la extrema derecha criminal: en materia de corrupción y narco-corrupción, en vocación democrática liberal; en política ambiental, en la cuestión de género, el tema racial y otras vertientes.
Y esto en Colombia podría ser importante para abrir contradicciones y determinadas compuertas hacia cambios más profundos.
Por Nelson Encarnación
Son muchos los indicios, y sobre en cierta forma las evidencias concretas, que llevan a considerar que Estados Unidos es una sociedad de marcados contrastes, dicotomías y paradojas que no deberían ser, tomando en cuenta su gran desarrollo político e institucional.
El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que echó por tierra conquistas de derechos de las mujeres logrados hace 50 años, es parte de esas marcadas contradicciones.
Pero vayamos un poco más atrás. A fuerza de sangrientas luchas, las minorías raciales—especialmente la población afrodescendiente—logró que se les reconocieran ciertos derechos civiles y se dejara de tratarlas como a sus ancestros esclavos que valían menos que los animales que cuidaban.
Fueron décadas, no solo de represión pura y simple, sino de persecuciones despiadadas, llegando al borde de la cacería, y asesinatos masivos que solían quedar sin sanciones judiciales, pues se consideraba que los negros no eran seres humanos.
Una masacre tras otra. Una de las peores ocurrió en 1921 en Tulsa, Oklahoma, donde decenas de negros fueron asesinados y sus viviendas y sus negocios arrasados por los incendios provocados por los blancos, increíblemente ayudados por las autoridades, tras lo cual los afrodescendientes que quedaron vivos tuvieron que escapar hacia ninguna parte, pues en todos lados encontrarían el mismo salvajismo.
Esa despiadada acción nunca fue juzgada y los responsables quedaron impunes y cometiendo más barbaries cada vez peores.
Luego de épicos episodios en defensa de las libertades civiles, muchos derechos fueron arrancados, pero todavía hoy los negros son una población preterida y a merced de cualquier criminal blanco que se quiera cebar contra ellos, muy a pesar de las prédicas venidas de lo alto del poder.
Y aquí quiero hacer conexión con el título de esta entrega, pues mientras se predica una cosa para hacer creer que Estados Unidos es una democracia perfecta, en la práctica se generan situaciones que apuntan en la dirección contraria.
El derecho de una mujer a interrumpir un embarazo no deseado o producto de la agresión sexual—que hasta puede ser de un desconocido—no se lo debe regatear ningún poder del Estado sin trasgredir esa prerrogativa individual.
Es justamente lo que han hecho los conservadores que dirigen el Poder Judicial de los Estados Unidos, lo cual remite a ese país a la lista de las naciones atrasadas en ciertos aspectos, una cuestión resuelta desde hace décadas por otros países con menor desarrollo democrático—o supuestamente menor— que la nación norteña.
Un país con semejante historia de violaciones de derechos no puede reivindicarse como el paradigma democrático en que se sustente el mundo que ha pretendido tutelar, y que, en cierto modo, ha logrado.