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Opinión

Algunas consideraciones sobre la nueva medición de pobreza y la política social

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Inicio estas consideraciones sobre la política social y la nueva medición de la pobreza, felicitando el trabajorealizado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) al coordinar y poner a disposición de la población un nuevo instrumento oficial de medición de la pobreza.

Felicito también al Ministerio de Economía y al Sr. Antonio Morillo por el esfuerzo en sistematizar los indicadores sociales, los cuales son de mucha utilidad y proporcionan una batería de indicadores ordenados que permiten comprender mejor la realidad social y económica del país.

El nuevo instrumento calculado es la línea de pobrezaOficial, la cual sirve para determinar la pobrezamonetaria. Esta se define como la insuficiencia de recursos monetarios para adquirir una determinada canasta de consumo mínimo socialmente satisfactoria. A junio del 2012, el ingreso promedio de pobrezaerade RD$4,324 por persona y el ingreso de extremapobreza, aquel que solamente cubre los alimentos erade RD$1,915.

Como el tamaño promedio de los hogares dominicanos es 3.7 miembros, entonces el ingreso de un hogar que esté por debajo de RD$16,000 se considera pobre y si está por debajo de RD$7,086 está en extrema pobreza.

Obviamente si una familia tiene 5 miembros, que es el tamaño promedio de los hogares más pobres (el 20% de los hogares más pobre), requerirá RD$21,622 y elingreso de extrema pobreza será de RD$9,576.

¿Cómo se calculó el costo de la canasta? A partir de laEncuesta de Ingresos y Gastos realizada en 2007 por la ONE, la cual determinó que las familias compran un total de 2,638 bienes y servicios diferentes de los cuales 902 son alimentos y a partir de una serie de técnicas estadísticas se seleccionan aquellos bienes que reflejan los hábitos de consumo y que tienen más representatividad en los gastos, lo cual se asocia a las normas de consumo calórica de la población por edad, hasta calcular un valor medio.

  El concepto de ingreso de pobreza no puede confundirse con el publicado por el Banco Central del “Costo de la Canasta Familiar por Quintiles”. Este se refiere al gasto promedio de un hogar clasificado porquintiles. Los bienes se seleccionan en función de su representatividad en el gasto y el costo se presenta por los quintiles de hogares. Es decir, el total de hogares se dividió en cinco grupos de igual tamaño ordenados por el valor del gasto, así el quintil 1 es el 20% de los hogares más pobres y tiene un costo de la canasta familiar de RD$11,315, el 20% siguiente de los hogares tiene un costo de RD$16,314 y así sucesivamente. El costo de la canasta media es RD$25,439 a junio de 2012.

Es de notar que hasta tanto no vuelva hacerse una nueva Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) los movimientos en el ingreso de pobreza monetaria general y extrema así como en el costo de la canastafamiliar reflejan exclusivamente la variación del nivel de precios. Si la inflación sube o baja así mismo se moverán estos valores.

De los datos recién publicados de la “línea oficial de pobreza” en el país se pueden sacar algunas conclusiones:

1)En 2011, hay 4 millones de personas en condiciones de pobreza, el 40.8% de la poblacióny no el 31.6% como el propio Gobierno había calculado previamente con la anterior metodología.

2)Hay 1 millones de persona en pobreza extrema en 2011 es decir el 10.4% y no 8.8% como se había calculado previamente con la metodología anterior.

 3)Entre el 2000 y 2011 se distinguen 3 momentos:

a.La situación pre-crisis (2000-2002) cuando la pobreza estuvo en 32.5% según el nuevo indicador.

b.La crisis del fraude bancario (2003-2005) cuando la pobreza sube 46.3% con un pico en 2004 de 49.8%.

c.La situación post crisis hasta la actualidad, llegando en los dos últimos años a alrededor de 41% de población pobre.

Creo conveniente hacer algunas consideraciones sobre el impacto de la crisis bancaria sobre la pobreza y entender su carácter episódico y no permanente como la “cháchara política” ha argumentado.El impacto de la crisis bancaria sobre la pobreza era muy difícil evitarla por la misma naturaleza de la crisis: un fraude bancario del sector privado del orden del 20% del PIB en menos de un año. Es la única crisis de la economía dominicana en donde están identificados los responsables a través de la sentencia de un juez y están en la cárcel a pesar del esfuerzo de algunos estamentos del gobierno por liberarlos.

 La arquitectura de ese fraude bancario empezó a gestarse 12 años antes de que estallara la crisis. La crisis iba reventar el día que lo hizo, antes o después porque no era posible sostener al banco más grande (por mucho) del sistema con unos activos sobrevaluados y cuyos compromisos se pagaban con nuevos depósitos.

 El origen de esa crisis estuvo en la falta de supervisión bancaria de las autoridades monetarias y financiera de la década anterior a la crisis, lo querefleja la debilidad de las instituciones del Estado y los niveles de complicidad del sistema político. El fraude de Baninter y de los otros bancos tiene mucha similitud con la “crisis del salami”: ambas crisis reflejan la debilidad institucional del Estado Dominicano. Instituciones que no cumplieron con sus funciones, reguladores que no regularon, empresarios deshonestos y un sistema político indolente, complaciente, cómplice y que promueve la impunidad frente a las necesidades de la población. Afortunadamente hay sus excepciones como Pro-Consumidor en el caso del salami.

La salida de la crisis bancaria ofrecía esencialmente tres alternativas:

 a)No hacer nada y dejar que todo el sistema bancario quebrara. La consecuencia de esta opción ni la considero pues sería la pérdida total del ahorro y del sistema de crédito del país.

b)Hacer un “corralito” devolviendo los depósitos de más de RD$500 milcon papeles y redimibles a largo plazo.Confieso que era partidario de esa opción, el riesgo era que se produjera un retiro masivo en los otros bancos por el miedo de los depositantes y se quebrara el sistema bancario. Del tema del “corralito” se habló mucho en la época, más como amenaza que como opción para salir de la crisis.

c)Lo que se hizo, pagar a los depositantes la totalidad de los depósitos en cuyo caso se creó una expansión monetaria que generó devaluación, inflación y pobreza.

 En definitiva cualquier salida era mala en términos de pobreza, ya que la pérdida era un 20% del PIB y fue una pérdida generada en menos de un año. Afortunadamente no era una crisis causada en el aparato productivo y que se podía corregir fundamentalmente con política monetaria (para incidir sobre la inflación y devaluación) y reorganizando al sector financiero. Tan pronto se corrigió la expansión monetaria, la pobreza cayó porque se estabilizó la inflación y mejoraron otros indicadores de depresión y recesión económica.

 De manera que la crisis del 2003-2004 es un episodio aislado que se corrigió fundamentalmente con la política monetaria y con crecimiento del PIB y por lo tanto no refleja las fuerzas reales que crean pobreza en RD. Para buscaresas fuerzas reales hay que aislar el fenómeno de la crisiscomparando la situación pre-crisis con la situación post-crisis, en particular después de haber transcurrido 7 años haber registrado un crecimiento de 7% promedio anual y una inflación de 6.4% anual.

¿Que ha pasado?

Tomando como referencia el comportamiento de la población intercensal, aplicándoles las nuevas tasas de incidencia de la pobreza y comparando los promedios pre-crisis 2000-2002 y la situación actual (2010-2011) se observa que:

a)La incidencia de la pobreza general se multiplicó por 1.27 veces y la pobreza extrema por 1.31, entre los años pre-crisis y la situación actual.

b)La población en pobreza general aumento en 1.2 millones de personas entre el período pre-crisis y la actualidad, lapobreza extrema en 338 mil y la población total en 1.1 millones, esto significa dos cosas:

·La política social ha sido ineficaz o nula, reduciendo la pobreza general cuando se compara la situación pre-crisis y la situación actual, ya que no la redujo y ni siquiera la pudo contener en el crecimiento vegetativo de la población. En efecto, la tasa de crecimiento acumulativa anual de la población fue de 1.5% entre el período pre-crisis (2000-02) y la situación actual (2010-11), lo que implica que si la política social hubiese limitado a la pobreza general al crecimiento de la población,al final del período debió haber una incidencia de la pobreza general de 34% y no de 41.2% como efectivamente se registró con un crecimiento acumulativo anual de 4.6%, es decir debió haber casi 800 mil personas menos.

·No solamente no se pudo reducir y contener la pobreza, sino que la cantidad de personas en esa condición aumentó en 100 mil más cuando se le compara con el aumento total de la población.

En síntesis, la pobreza monetaria lo que mide es fundamentalmente el efecto de la inflación y del crecimiento económico sobre la situación de pobreza y la evidencia lo que indica es que en el período inmediatamente post crisis actuó la política monetaria bajando la inflación lo cual se combinó con el crecimiento del PIB. Es decir, tan pronto la política montería actuó para recoger la emisión monetaria postcrisis se extinguía este motor de creación de pobreza. Superado el episodio de crisis bancaria, manteniendo bajo control la inflación y con un acelerado de crecimiento económico por 7 años, la situación de pobreza no mejoró comparada con el periodo pre-crisis, por el contrario empeoró, haciendo que las personas en condiciones de pobreza aumentaran más que la población total creando un crecimiento sin inclusión social y haciendo evidente la ineficacia de la política social que se convirtió básicamente en un instrumento de clientelismo político. Esa es una herencia lamentable.

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Opinión

Muerte política e inocencia carcelaria

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(Exposición de este sábado 29-8-2026 en el Segundo Festival Literario y Cultural de Cayoletras al Mar, dedicado a Negro Suero, que conmovió a familiares, entre ellos a su nieto, el gremialista médico Waldo Ariel Suero; poetas de izquierda y dederecha del país y el extranjero, y a Wilson Gómez Ramírez, ex juez del Tribunal Constitucional y presidente del Instituto Duartiano).

Por Oscar López Reyes

BARAHONA.- Angel Augusto Suero Ramírez (Negro Suero) farola en la municipalidad de Barahona en un largometraje multifacético y que, en la aureola de sus resonantes éxitos como empresario agrícola, autoridad edilicia, promotor cultural, funcionario público, escritor y dirigente balaguerista/reformista, guardó prisión imputado de un asesinato, por una confrontación política que ensombreció su peregrinaje existencial.

Nació el 10 de mayo de 1908 y contrajo matrimonio con Juana Lucila Méndez y Méndez, con quien engendró diez hijos: Waldo Ariel (abogado), Angel Augusto (abogado), Willy Eleazar (médico ortopeda), Wanda Amalia (abogada), Luisa Altagracia (farmacéutica), Walter Somer (odontólogo), Wilhelmina o Willita (abogada), Helga Solygeng (ingeniera), Carmen Esdra (odontóloga) y Alda Altagracia, fallecida a destiempo.

Propietario del más pueblerino de los teatros de aquí, el Bahoruco, se destacó en el Partido Dominicano de Trujillo, y figura como miembro fundador en 1963 del Partido Acción Social de Joaquín Balaguer, rebautizado luego como Partido Reformista y hoy timbrado como Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Perteneció a numerosas entidades culturales y publicó 14 libros de cuentos y novelas.

Falleció el 2 de enero de 1997, y por promover los valores históricos y culturales de la región, el 19 de junio de 2008 la sala capitular del Ayuntamiento municipal designó con su nombre una calle de la ciudad.

Confrontación política y cárcel

Negro Suero se estrelló, abruptamente, contra las olas de la adversidad. Su confrontación política con un poderoso sector del Partido Reformista, con asiento en el Palacio Nacional, y su alegada amenaza de muerte a su más cercano rival lo sacudieron emocionalmente, apaciguando su dinamismo y empañando su imagen. Le arropó el desconcierto y a la nave le extrajo el piloto automático, para derrotar las escenificaciones políticas masivas. El recorrido hacia el santuario se volvió un viacrucis, con llantos perturbadores, por la sangre y el dolor.

El espasmo. El sábado 6 de abril de 1968 cayó abatido de un tiro, en las inmediaciones del parque infantil del Malecón, Carlos Julio González Lebreault, quien fuera integrante del Partido Dominicano de Trujillo y síndico municipal en esa época; miembro fundador del Partido Reformista, ayudante civil del presidente Balaguer y casado con Clidia Díaz Santana, hermana de Polibio Díaz, entonces consultor jurídico del presidente Joaquín Balaguer.

¿Y qué pasó…?

La Policía Nacional arrestó y acusó del homicidio a Negro Suero, a su chofer Osiris Peña y a sus colaboradores Félix Féliz, Lila Antonio López y Manuel Ortiz Merette. Por razones de seguridad, el primero fue recluido en el penal de La Victoria, en Santo Domingo, en el que duró seis meses, y los otros imputados hicieron un periplo por prisiones de la capital, La Vega, Moca y Santiago.

Judicialmente, ¿qué ocurrió?

El proceso fue ventilado en Santiago y se interpusieron dos recursos de casación: uno el 9 de diciembre de 1969 y otro el 5 de junio de 1973. Negro Suero apoderó como abogados a Héctor Sánchez Morcelo, a Víctor Manuel Amengual, a Juan Luperón Vásquez y Ernesto Ravelo García; sus guardaespaldas fueron representados por Quintino Ramírez, en tanto que por la parte demandante actuó Ramón Pina Acevedo y Martínez.

La Cámara de Calificación del Distrito Judicial de Santiago dictó sentencia de descargo, sin que el expediente llegara a juicio de fondo. Se tiene el informe de que Negro Suero dejó un libro manuscrito en torno a esta imputación, que atribuye a razones políticas, pero este “no ha podido ser localizado”.

Dos barbaridades políticas

Ahora un antiguo activista del Frente Estudiantil Flavio Suero (Feflas) hace un relato impactante, que desclasifica extraoficialmente un archivo secreto adornado de mentiras. La política, ¡cuántas falacias!

José (Santo) Alcántara, entonces militante del Movimiento Popular Dominicano (MPD) en Barahona, explica que “en el partido del presidente Joaquín Balaguer en esta ciudad había muchas contradicciones, que se manifestaban a través de insultos, empujones y amenazas de muerte, entre otros tipos de intimidación…afloraban inmediatamente los malestares y objeciones entre unos y otros”.

“Para tratar de resolver los conflictos internos dentro de esa entidad política, algunos de los grupos existentes se repartieron los puestos de dirección, empleos y la conducción del Partido Reformista. Es así como llega el rumor a Barahona de que supuestamente el presidente Balaguer había enviado a la ciudad un telegrama dando la información de que el sector Carlos Julio González pasaría a ser el próximo dirigente de la agrupación, por las arbitrariedades cometidas por su directorio. Eso molestó bastante al presidente del partido, César Augusto Suero (Negro), quien amenazó de muerte al señor González”, expuso.

Se intensifica la batahola. “Por el apoyo militar de Negro Suero actuaba con total impunidad”, añade Alcántara. “El MPD lo calificó como objetivo militar, pero nunca pudieron ubicarlo fuera de su entorno debido a que siempre andaba protegido por varios ex miembros del instituto castrense, encabezados por el ex suboficial Félix Feliz, entre otros. No pudiendo ajusticiar a Negro Suero y en vista de las diferentes conspiraciones que se gestaban desde diferentes estamentos militares y de la izquierda revolucionaria para derrocar a Balaguer, conociendo los problemas del reformismo en Barahona, el partido Marxista Leninista se propuso agudizar esas contradicciones”.

Atrapado en esa penumbra, advino la tenebrosidad, que se atraviesa como una afrenta a las leyes, a la dignidad humana y a los principios revolucionarios: “la dirección regional Sur del MPD decide dar de baja al Dr. Carlos Julio González. Para esa organización, su objetivo era matar tres pájaros de un tiro: pegarle esa muerte a Negro Suero y sacarlo de circulación; denunciar el sicariato de los exmiembros del Ejército y agudizar las contradicciones entre los militares y los reformistas para que se agilizara el golpe de Estado revolucionario”.

Aniquilado físicamente el cuñado del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Polibio Díaz, la maquinaria represiva entró en acción, a través del jefe de la Policía, coronel Rafael Guillermo Guzmán Acosta y el comandante de Barahona, coronel Valentín Despradel Brache. Se pusieron a la orden del día los apresamientos y las torturas más crueles, hasta que los imputados –allegados a Negro Suero- admitieron culpabilidad en el asesinato e involucraron al principal dirigente reformista local.

Una fuente de confianza del MPD aclaró -el viernes 28 de agosto de 2026- a quien escribe que el homicidio fue cometido, inconsultamente, por un militar de esa organización, que fue sancionado con su expulsión y que posteriormente abandonó la República Dominicana. Este reside en el exterior.

Si se aplica una encuesta a pobladores de Barahona de las décadas de 1960, 1970 y 1980 sobre la autoría de la muerte de Carlos Julio González, casi a unanimidad se apunta hacia Negro Suero. Hasta años recientes, yo me inscribía en esa lista.

A principios de 1980, Antonio Méndez, el filántropo y comunitario más conspicuo de la historia de Barahona, y la abogada Wilita Suero, otra respetada miembro de esta localidad, en privado y bajo la condición del anonimato me relacionaron el hecho con la izquierda, y guardé los datos para seguir urgando, porque son dos personas altamente creíbles, pero sobresalía que el primero era cuñado y la segunda hija de Negro Suero.

El intachable y puro de Antonio Méndez falleció el 17 de octubre de 2002, y Wilita –que vive menguada severamente en su salud- no pudieron entregarme el libro inédito de Negro Suero, “Historia de una Falsa Trama”, ni la sentencia de descargo, presumo que por la oposición de una parte de la familia para supuestamente no reabrir heridas. ¿Aparecerán esas piezas de valor histórico? Aguardo por los dos.

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El autor: Investigador de Barahona, con 6 libros publicados y 4 inéditos sobre la provincia.

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Opinión

Lo que aplaudimos termina gobernándonos

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Por Isaías Ramos

No siempre admiramos por complicidad. A veces admiramos porque estamos cansados, porque alguien expresa nuestra rabia o nos hace sentir escuchados, o porque confundimos “resolver” con servir.

El cansancio puede explicar nuestra admiración. Pero no debe sustituir nuestro discernimiento.

¿Cómo es posible que personas seriamente cuestionadas por corrupción sean tratadas como celebridades y respaldadas en las urnas? ¿Cómo aceptamos que quienes ejercieron funciones públicas exhiban patrimonios difíciles de conciliar con sus ingresos sin exigir explicaciones? ¿Y cómo devolvemos la confianza a quienes tuvieron la oportunidad de servir y usaron el poder para servirse?

La pregunta más incómoda no es solo qué hicieron ellos. Es qué hacemos nosotros después.

Ninguna figura se convierte sola en referente. La construimos con atención, aplausos, fotografías y aquello que justificamos porque entretiene, tiene dinero, “resuelve” o pertenece al partido con el que simpatizamos.

Antes de votar con la cédula, votamos culturalmente.

La corrupción no siempre se lava en un banco. A veces la lavamos nosotros con aplausos.

Aparece una fortuna que nadie explica. Llegan mansiones, yipetas, relojes y viajes. Y, en lugar de crecer nuestras preguntas, crece nuestra admiración.

No se trata de condenar la riqueza ni de convertir señalamientos en sentencias. Una democracia seria respeta el debido proceso y el derecho ciudadano a preguntar, investigar y exigir cuentas.

Una nación que aspira a progresar debe celebrar a quien trabaja, emprende, innova y prospera legítimamente. Por eso debemos preguntar: ¿de dónde salió todo ese dinero?

Preguntar no es envidia. Es ciudadanía.

Cuando esa fortuna busca influencia o poder político, la pregunta se vuelve democrática. Quien quiere administrar el patrimonio de todos debe explicar el suyo.

Alguien puede apropiarse de recursos para escuelas, hospitales, agua, seguridad y oportunidades y luego regresar, rodeado de opulencia, a repartir fundas, favores o unos cuantos pesos.

Nos quitan derechos y nos devuelven migajas.

La necesidad jamás deshonra a quien recibe. Deshonra a quien la utiliza para comprar gratitud, silencio o votos. El problema no es solo el saqueo: es convertir al ciudadano en cliente y el derecho en deuda de agradecimiento.

Después ocurre algo peor: olvidamos.

A quien nunca ha gobernado no debemos evaluarlo solo por sus propuestas. También cuentan su trayectoria, la coherencia entre palabras y hechos, la credibilidad, el aporte cívico y social y el uso de sus responsabilidades, recursos e influencia.

La candidatura puede ser nueva. El carácter no comienza con ella.

Quien ya gobernó debe responder por su historial: qué hizo, qué permitió, cómo administró, a quién protegió y si dejó una institución mejor o una red de privilegios para allegados y socios políticos.

Quien juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes debe responder por la distancia entre aquel juramento y su manera de ejercer el poder.

Cambian los afiches, las consignas, las alianzas y hasta los partidos. Pero el historial permanece.

Las urnas no son una lavandería de reputaciones.

Además de la impunidad, la corrupción tiene otro aliado poderoso: nuestra amnesia ciudadana.

Esto explica el hartazgo: promesas que regresan cada cuatro años, dirigentes que aparecen cuando necesitan votos y desaparecen cuando necesitamos respuestas, nombres que cambian mientras las prácticas sobreviven.

Ese hartazgo es legítimo. Pero no debemos permitir que también nos lo roben.

Una sociedad decepcionada puede buscar no a quien mejor la conduzca, sino a quien mejor represente su rabia. Puede confundir irreverencia con carácter, agresión con franqueza, espectáculo con autenticidad y popularidad con capacidad.

El sistema no siempre combate el cambio. A veces lo captura.

Puede cambiar de rostro y de lenguaje, sustituir el mitin por un live y conservar el personalismo, los favores, el dinero sin explicar y el poder sin límites.

Ser diferente no consiste en parecerse menos a los políticos. Consiste en hacer política de manera diferente.

Conectar con millones y recuperar la atención de ciudadanos desencantados tiene mérito. Pero gobernar una República exige mucho más: principios, preparación, discernimiento, carácter y coherencia entre discurso, trayectoria y conducta.

Hablar fuerte no es tener carácter. Humillar no es ejercer autoridad. Hacer reír no es saber gobernar. Repartir dinero no es servir.

Audiencia no es ciudadanía.

La popularidad puede abrir las puertas del poder, pero no demuestra qué hará alguien cuando la decisión correcta sea impopular, cuando deba decir que no o cuando hacer lo correcto no produzca aplausos.

Y aquí debemos regresar al espejo.

Cada vez que convertimos dinero en respetabilidad, humillación en autenticidad, fama en mérito, dádivas en generosidad o notoriedad en liderazgo, estamos enseñando.

Una sociedad educa también con sus aplausos.

Nuestros hijos observan qué produce respeto, qué abre puertas y qué significa triunfar.

En el Frente Cívico y Social creemos que cambiar de presidente no basta: la República también debe transformar su sistema de prestigios.

Volvamos a admirar al que cumple, trabaja bien, prospera sin atropellar, sirve sin servirse, ejerce influencia con responsabilidad y conserva sus principios cuando nadie está mirando.

No necesitamos apagar nuestra indignación. Necesitamos convertirla en criterio.

Necesitamos memoria para juzgar a quien ya tuvo poder, discernimiento para evaluar a quien aspira a ejercerlo y carácter ciudadano para dejar de premiar aquello que después decimos combatir.

Porque mucho antes de llegar al Palacio, el poder comienza a construirse en nuestra cultura.

Y, al final, una nación termina pareciéndose a aquello que premia, a aquello que tolera y, sobre todo, a aquello que decide admirar.

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Opinión

La ejecución de las sentencias de la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Diaz

De acuerdo al  Artículo 77 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional puede establecer las siguientes sanciones a las personas que sean encontradas responsables de los crímenes que ha juzgado:

  1. a)La reclusión (privación de libertad) por un número determinado de años que no exceda de 30, o
  2. b)La reclusión (privación de libertad) a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado.

Corresponde a la Corte Penal Internacional designar  al Estado donde se cumplirá la sanción de reclusión que ha decretado en relación a una persona. Esta designación no puede recaer sobre cualquier Estado que ha suscrito el Estatuto de Roma sino sólo respecto de aquellos ¨que hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir condenados¨, según el artículo 103 del Estatuto de Roma.

La precisión del Estatuto de Roma en relación a este tema es importante, puesto que ningún Estado se encuentra obligado a ser la sede para la ejecución de una de las sentencias emitidas por la Corte Penal Internacional.

De otro lado, si un Estado manifiesta su disposición a recibir personas condenadas por la Corte Penal Internacional y es elegida para tal efecto, pero luego manifiesta que no puede continuar ejecutando esa sentencia  en su territorio, el Estatuto de Roma señala en su Artículo 104 que ¨la Corte podrá en todo momento decidir el traslado del condenado a una prisión de un Estado distinto del Estado de ejecución¨.

Es importante destacar la flexibilidad del Estatuto de Roma en relación al tema de la ejecución de la pena, puesto que facilita la actuación de los Estados en relación a la misma.

En cuanto al contenido de las penas, la reclusión o privación de la libertad es una sanción prevista en los ordenamientos jurídicos de la región latinoamericana, por lo que la ejecución de una sentencia de la Corte Penal Internacional no entraría en contradicción con las normas internacionales.

Sin embargo, en donde sí se pueden presentar contradicciones es en relación  a la duración de la pena, pues algunos países prohíben la cadena perpetua  como una sanción por la comisión de un delito, prohibición que incluso en algunos casos se encuentra prevista a nivel constitucional.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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