Opinión
Algunas preguntas
POR: ANDRÉS L. MATEO
¿Y esto es la democracia? ¿Cuánto costó cada voto del presidente Medina? ¿Si la historia es eso, todos terminaremos recogiendo el rostro de nuestras verdades? ¿Solo él en este universo puede salvarnos? ¿Él sabe adónde nos lleva? ¿Cuánto gastó comprando senadores y diputados para alterar la constitución y reelegirse? ¿Él nos trae el progreso? ¿Él guía nuestros pasos? ¿En un relámpago, sus votos nos hacen sentir la asombrosa grandeza de que él es el tiempo? ¿No es un mentiroso por partida doble, quien miente y nos quiere hacer creer que no ha mentido? ¿El poder que juega a ser Dios no espejea ante los ojos del triunfador? ¿No agota siempre toda la tradición autoritaria de nuestro país ese verbo melifluo, ese catálogo de zalamerías repugnantes? ¿Y en qué se concreta después el “lambonismo” como categoría histórica de lo dominicano? ¿En la marrullería de Lilís, el bozo tieso de Mon Cáceres, el bicornio de Trujillo, el sombrero de Balaguer, o en el Pegaso que erigieron los militares para Hipólito?
¿No es el “liderazgo” de éste hombre que apuesta ser Dios un producto del clientelismo, una “construcción” mercadológica que se sustenta en el poder del dinero? ¿Alguien conoce una idea, un pensamiento, una propuesta teórica que Danilo Medina haya esculpido? ¿No es el conocimiento de la maquinaria partidaria, su capacidad de “amarrar”, su cínica destreza de político pragmático, lo que le ha dado nombradía? ¿Los arrumacos del conmilitón, los “análisis” del escribidor pagado, la ruina moral en que su ambición ha convertido el país, no llevan al despotismo y la exclusión? ¿No es la prédica moralista de Juan Bosch apenas un pálido referente romántico, y sus defensores ortodoxos se les exilia en la burla y la desconsideración, como si Juan Bosch fuera el adorable fantasma de sí mismo? ¿Son intercambiables Juan Bosch por José Ramón Peralta, o Juan Bosch por Gonzalo Castillo? ¿Todas esas andanzas de Juan Bosch no estaban teñidas por el martirio de la inadaptación entre práctica política e idealidad? ¿Juan Bosch hubiera aceptado competir con una abrumadora ventaja que es un pleno acto de inmoralidad política?
¿Ahora que un hombre ambicioso maneja casi el poder absoluto, bajo “la tiranía de la mayoría”, sería bueno aferrarse a lo que no hay que olvidar? ¿En un país en el cual las instituciones no funcionan la desgraciada tradición del autoritarismo no marca a un gobernante que pidió a gritos “su” congreso? ¿Un candidato-presidente mirando con ojos de ternero degollado a un anciano conmovido que lo observa, y exclamando “yo soy un instrumento del destino”, no es una réplica del pasado, una mala copia del poder mesiánico, una caricatura de la verdad? ¿Un diputado que gasta doscientos millones de pesos para ser electo qué es, ¿un tipo popular? un héroe? ¿un corrupto? ¿No fueron las elecciones un torneo de prostitución institucional? ¿No se ha cerrado sobre sí mismo todo el frágil espacio democrático que a duras penas hemos construido en el país después de la muerte de Trujillo? ¿No fue ése 61.7% de Danilo Medina la repetición del guion que la miserable historiografía dominicana reitera, en el que el uso demencial de los fondos públicos construye falsos héroes? ¿Por qué Danilo Medina promete que no nos perseguirá? ¿Quién volverá a creer en elecciones? ¿No fueron sus excesos, su voracidad, en un proceso electoral en el cual lo monopolizó todo, la fuente de su ilegitimidad? ¿Su ambición se detendrá en el 2020? ¿Se puede, en el marco de la “democracia formal y la dictadura real”, parar la práctica de un grupo económico, que es quien en realidad gobierna, y domina todos los tinglados del comercio estatal?
¿Importa para el 2020 que exista un impedimento constitucional para la reelección? ¿Y éste hombre no juró por la constitución del 2010, y la echó al zafacón, y acorraló con dinero y persecuciones al doctor Leonel Fernández, e impuso su reelección sin miramientos? ¿No fue reelección por reelección, llevando al colmo de la inmoralidad política la manipulación de las instituciones? ¿Hubo límites, acaso, en el uso de los fondos públicos y en la manipulación de la voluntad ciudadana?
¿Y esto es la democracia en que vivimos? ¿Y esto es el “orden institucional” en el que se recuestan?
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD.
Las escaseces de divisas, alimentos, medicamentos, salarios y servicios públicos, como la electricidad, etc., predominan y se agravan en Cuba, donde no ha estallado una poblada contra el orden socio-político instaurado principalmente por la comprensión ciudadana del inhumano bloqueo económico-financiero y comercial de Estados Unidos y su inspiración en el líder histórico de su Revolución, Fidel Alejandro Castro Ruz. Ese prodigio comprueba el poder de la ideología y la herencia de los sistemas de valores como pilares para mantener el control del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
La naturaleza sui generis de los tribunales Ad-Hoc los constituye al mismo tiempo como jurisdicciones que tienen un carácter limitado tanto ratione temporis como ratione loci.El Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia solo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de la Ex República Federal Socialista de Yugoslavia mientras que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda tiene una competencia temporal aún más restringida dado que sólo puede juzgar los crímenes cometidos durante el año 1994 en el territorio de Ruanda.
Por su parte, la Corte Penal Internacional es un tribunal permanente que tiene una competencia ratione temporis de carácter prospectivo, vale decir, se aplica sólo a los crímenes cometidos luego del 1 de julio del 2002, fecha de la entrada en vigor de su Estatuto. Además, su competencia ratione loci se basa en el principio de territorialidad y no en el principio de jurisdicción universal.
Por otro lado, conviene destacar que la forma de creación de los tribunales penales internacionales determina a su vez el modo como estos tribunales internacionales se relacionan con las jurisdicciones internas.
Así por ejemplo, la Corte Penal Internacional se rige por el principio de complementariedad en relación a la jurisdicción interna de los Estados. Esto tiene particular relevancia en los casos de competencia concurrente con la jurisdicción nacional, dado que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional no es complementaria de la jurisdicción nacional, sino que en su lugar se trata de una jurisdicción internacional que tiene primacía sobre las instancias nacionales.
Lo anterior permite que en cualquier estado de un proceso ante un tribunal nacional tanto el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda puedan requerir a los tribunales nacionales la remisión del caso a sus respectivas competencias.
En relación a la existencia de mecanismos de cooperación judicial entre los tribunales penales internacionales, es pertinente subrayar que esta instituciones responden a principios distintos de aquellos que son propios del derecho penal internacional propios del derecho internacional privado y es en esta línea conservadora que ninguno de los estatutos de los tribunales internacionales contiene disposiciones específicas sobre cooperación entre ellos.
Así por ejemplo, el Estatuto de Roma regula las relaciones de cooperación y asistencia judicial sólo entre los Estados Parte y la Corte Penal Internacional y conforme al Artículo 2 de su Estatuto, se prevé en virtud del acuerdo entre la CPI y las Naciones Unidas, relaciones de cooperación con esta organización internacional.
Por tanto, el tratado de Roma no contiene referencias relativas a la forma como la Corte Penal Internacional podría vincularse con otros tribunales del sistema de justicia penal internacional.
Finalmente, tal como se observa en las líneas precedentes no existe un vínculo normativo entre la Corte Penal Internacional y los tribunales Ad-Hoc . No obstante, es innegable que la valiosa y extensa jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda servirán como referente en el desarrollo del trabajo jurisprudencial de la CPI.