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Abinader insiste en que alianza público-privada es una herramienta para el desarrollo.
Santo Domingo, RD. –Como una herramienta de desarrollo nacional que representa una alternativa clave para impulsar proyectos de infraestructuras estratégicos, definió este lunes el presidente Luis Abinader en La Semanal.
Con relación a las inversiones que se registran en el país y que también se realizan bajo el concepto de las APP, destacó que este lunes el periódico británico Financial Times reconoció el clima de inversión en la República Dominicana.
Al definir las APP, dijo se trata de contratos a largo plazo entre agentes públicos y privados, para proveer, gestionar u operar bienes y servicios sociales con inversión y riesgo compartidos y remuneración ligada al desempeño contractual.
Además, Abinader destacó que este modelo ha sido probado con éxito en Latinoamérica, según informes de The Economist y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), colocando a la nación entre los seis países líderes en esta área.
El informe destaca que República Dominicana está en la posición 10 de 26 países en el puntaje general, cuenta con una sólida base regulatoria y con un portafolio diverso de proyectos de infraestructura a largo plazo.
En este sentido, el jefe de Estado indicó que se han recibido 26 iniciativas, 21 del sector privado y 5 del sector público. Se adjudicó un contrato para la readecuación del Puerto Duarte en Arroyo Barril y está en proceso de licitación la Autopista del Ámbar.
Además, hay 12 iniciativas en evaluación, siendo estas de infraestructura vial, infraestructura y movilidad urbana, infraestructura portuaria y turismo, servicios públicos, energía, seguridad ciudadana y defensa nacional, salud y agua, de las cuales tres fueron declaradas de interés público.
Apuesta por Pedernales
El primer mandatario también se refirió al fideicomiso Pedernales, que es manejado por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, señalando sobre este proyecto que sus obras viales e hidrosanitarias están para entregar en el primer semestre de este año.
Los tres primeros hoteles del área se encuentran en avanzada construcción, el primero de los cuales podría iniciar sus operaciones antes de 2025. Asimismo, la primera fase de la terminal de cruceros ya está operando.
En cuanto a las obras eléctricas, se informó avanzan de acuerdo al cronograma establecido. También se encuentra en construcción el aeropuerto internacional y se contempla la conservación de la biodiversidad de Cabo Rojo.
Se establecieron acuerdos para posicionar a “Cabo Rojo: El Nuevo Caribe”, como destino marca mundial mediante la garantía del manejo adecuado de residuos sólidos, así como la implementación de acciones responsables para reducir las emisiones de gas en la próxima década y alcanzar la neutralidad del carbono antes del 2050.
El tercer aspecto es la prevención de la explotación sexual infantil junto a Save The Children, mediante acciones proactivas y permanentes.
CAID
El mandatario también habló sobre el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) revelando aumento en las evaluaciones, diagnósticos y atenciones médicas brindadas. Informó así que los niños y niñas que recibieron servicio en este centro aumentaron de 2,325 en el 2018, a 4,707 en 2023. En tanto que la cantidad de atenciones recibidas incrementó de 9,400 en 2018 a 19,531 en 2023.
De igual forma ofreció estadísticas sobre las atenciones y terapias brindadas en el CAID. En este aspecto, los niños y niñas que recibieron servicios aumentaron de 1,113 en 2018 a 2,081 en 2023. Mientras, la cantidad de atenciones recibidas pasaron de 49,656 en 2018 a 75,343 en 2023.
Al respecto se pronunció también el Padre Jorge William Hernández Díaz, presidente de su Consejo Directivo, quien aseguró que desde el gobierno se trabaja para acercar el CAID a las comunidades, reiterando se prevé establecer, en este 2024, cinco Unidades de Intervenciones Terapéuticas Territoriales (UTT) que permitan ampliar el modelo de inclusión educativa y puedan brindar atención primaria a quienes la requieran.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.