Nacionales
Abinader insiste en que alianza público-privada es una herramienta para el desarrollo.
Santo Domingo, RD. –Como una herramienta de desarrollo nacional que representa una alternativa clave para impulsar proyectos de infraestructuras estratégicos, definió este lunes el presidente Luis Abinader en La Semanal.
Con relación a las inversiones que se registran en el país y que también se realizan bajo el concepto de las APP, destacó que este lunes el periódico británico Financial Times reconoció el clima de inversión en la República Dominicana.
Al definir las APP, dijo se trata de contratos a largo plazo entre agentes públicos y privados, para proveer, gestionar u operar bienes y servicios sociales con inversión y riesgo compartidos y remuneración ligada al desempeño contractual.
Además, Abinader destacó que este modelo ha sido probado con éxito en Latinoamérica, según informes de The Economist y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), colocando a la nación entre los seis países líderes en esta área.
El informe destaca que República Dominicana está en la posición 10 de 26 países en el puntaje general, cuenta con una sólida base regulatoria y con un portafolio diverso de proyectos de infraestructura a largo plazo.
En este sentido, el jefe de Estado indicó que se han recibido 26 iniciativas, 21 del sector privado y 5 del sector público. Se adjudicó un contrato para la readecuación del Puerto Duarte en Arroyo Barril y está en proceso de licitación la Autopista del Ámbar.
Además, hay 12 iniciativas en evaluación, siendo estas de infraestructura vial, infraestructura y movilidad urbana, infraestructura portuaria y turismo, servicios públicos, energía, seguridad ciudadana y defensa nacional, salud y agua, de las cuales tres fueron declaradas de interés público.
Apuesta por Pedernales
El primer mandatario también se refirió al fideicomiso Pedernales, que es manejado por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, señalando sobre este proyecto que sus obras viales e hidrosanitarias están para entregar en el primer semestre de este año.
Los tres primeros hoteles del área se encuentran en avanzada construcción, el primero de los cuales podría iniciar sus operaciones antes de 2025. Asimismo, la primera fase de la terminal de cruceros ya está operando.
En cuanto a las obras eléctricas, se informó avanzan de acuerdo al cronograma establecido. También se encuentra en construcción el aeropuerto internacional y se contempla la conservación de la biodiversidad de Cabo Rojo.
Se establecieron acuerdos para posicionar a “Cabo Rojo: El Nuevo Caribe”, como destino marca mundial mediante la garantía del manejo adecuado de residuos sólidos, así como la implementación de acciones responsables para reducir las emisiones de gas en la próxima década y alcanzar la neutralidad del carbono antes del 2050.
El tercer aspecto es la prevención de la explotación sexual infantil junto a Save The Children, mediante acciones proactivas y permanentes.
CAID
El mandatario también habló sobre el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) revelando aumento en las evaluaciones, diagnósticos y atenciones médicas brindadas. Informó así que los niños y niñas que recibieron servicio en este centro aumentaron de 2,325 en el 2018, a 4,707 en 2023. En tanto que la cantidad de atenciones recibidas incrementó de 9,400 en 2018 a 19,531 en 2023.
De igual forma ofreció estadísticas sobre las atenciones y terapias brindadas en el CAID. En este aspecto, los niños y niñas que recibieron servicios aumentaron de 1,113 en 2018 a 2,081 en 2023. Mientras, la cantidad de atenciones recibidas pasaron de 49,656 en 2018 a 75,343 en 2023.
Al respecto se pronunció también el Padre Jorge William Hernández Díaz, presidente de su Consejo Directivo, quien aseguró que desde el gobierno se trabaja para acercar el CAID a las comunidades, reiterando se prevé establecer, en este 2024, cinco Unidades de Intervenciones Terapéuticas Territoriales (UTT) que permitan ampliar el modelo de inclusión educativa y puedan brindar atención primaria a quienes la requieran.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.