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Abinader insiste en que alianza público-privada es una herramienta para el desarrollo.
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2 años agoon
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LA REDACCIÓN
Santo Domingo, RD. –Como una herramienta de desarrollo nacional que representa una alternativa clave para impulsar proyectos de infraestructuras estratégicos, definió este lunes el presidente Luis Abinader en La Semanal.
Con relación a las inversiones que se registran en el país y que también se realizan bajo el concepto de las APP, destacó que este lunes el periódico británico Financial Times reconoció el clima de inversión en la República Dominicana.
Al definir las APP, dijo se trata de contratos a largo plazo entre agentes públicos y privados, para proveer, gestionar u operar bienes y servicios sociales con inversión y riesgo compartidos y remuneración ligada al desempeño contractual.
Además, Abinader destacó que este modelo ha sido probado con éxito en Latinoamérica, según informes de The Economist y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), colocando a la nación entre los seis países líderes en esta área.
El informe destaca que República Dominicana está en la posición 10 de 26 países en el puntaje general, cuenta con una sólida base regulatoria y con un portafolio diverso de proyectos de infraestructura a largo plazo.
En este sentido, el jefe de Estado indicó que se han recibido 26 iniciativas, 21 del sector privado y 5 del sector público. Se adjudicó un contrato para la readecuación del Puerto Duarte en Arroyo Barril y está en proceso de licitación la Autopista del Ámbar.
Además, hay 12 iniciativas en evaluación, siendo estas de infraestructura vial, infraestructura y movilidad urbana, infraestructura portuaria y turismo, servicios públicos, energía, seguridad ciudadana y defensa nacional, salud y agua, de las cuales tres fueron declaradas de interés público.
Apuesta por Pedernales
El primer mandatario también se refirió al fideicomiso Pedernales, que es manejado por la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, señalando sobre este proyecto que sus obras viales e hidrosanitarias están para entregar en el primer semestre de este año.
Los tres primeros hoteles del área se encuentran en avanzada construcción, el primero de los cuales podría iniciar sus operaciones antes de 2025. Asimismo, la primera fase de la terminal de cruceros ya está operando.
En cuanto a las obras eléctricas, se informó avanzan de acuerdo al cronograma establecido. También se encuentra en construcción el aeropuerto internacional y se contempla la conservación de la biodiversidad de Cabo Rojo.
Se establecieron acuerdos para posicionar a “Cabo Rojo: El Nuevo Caribe”, como destino marca mundial mediante la garantía del manejo adecuado de residuos sólidos, así como la implementación de acciones responsables para reducir las emisiones de gas en la próxima década y alcanzar la neutralidad del carbono antes del 2050.
El tercer aspecto es la prevención de la explotación sexual infantil junto a Save The Children, mediante acciones proactivas y permanentes.
CAID
El mandatario también habló sobre el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) revelando aumento en las evaluaciones, diagnósticos y atenciones médicas brindadas. Informó así que los niños y niñas que recibieron servicio en este centro aumentaron de 2,325 en el 2018, a 4,707 en 2023. En tanto que la cantidad de atenciones recibidas incrementó de 9,400 en 2018 a 19,531 en 2023.
De igual forma ofreció estadísticas sobre las atenciones y terapias brindadas en el CAID. En este aspecto, los niños y niñas que recibieron servicios aumentaron de 1,113 en 2018 a 2,081 en 2023. Mientras, la cantidad de atenciones recibidas pasaron de 49,656 en 2018 a 75,343 en 2023.
Al respecto se pronunció también el Padre Jorge William Hernández Díaz, presidente de su Consejo Directivo, quien aseguró que desde el gobierno se trabaja para acercar el CAID a las comunidades, reiterando se prevé establecer, en este 2024, cinco Unidades de Intervenciones Terapéuticas Territoriales (UTT) que permitan ampliar el modelo de inclusión educativa y puedan brindar atención primaria a quienes la requieran.
Nacionales
Triple asesinato vinculado a narcontráfico y sicariato, según la Policia.
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3 días agoon
mayo 21, 2026
Santo Domingo, R.D.-Eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico dos hombres y una mujer que fueron encontrados muertos con múltiples impactos de balas en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa y la ciudad de Santiago, según la La Policía Nacional.
informó que los dos hombres encontrados muertos con múltiples impactos de bala en la carretera Federico Basilis de Jarabacoa, eran presuntos miembros de una red criminal dedicada al narcotráfico, y se les vincula directamente con el reciente asesinato de una mujer en Santiago de los Caballeros.
Los fallecidos fueron identificados como Natanael Peña, alias “El Cha”, y un hombre conocido hasta el momento como “La Rata”.
Según el informe preliminar, estos hombres mantenían una disputa por el control de puntos de drogas con Margarita Díaz García, alias “La China”, quien fue ultimada recientemente en La Yagüita de Pastor, en Santiago.
Las autoridades señalan que Díaz García y su pareja, Roberto Hans Sánchez Tejada, alias “El Flaco”, operaban la distribución de sustancias en esa zona.
El cruce de información entre la Dirección de Investigación (Dicrim) de La Vega y Santiago conectó ambos casos. La Policía Científica confirmó que los casquillos recolectados en la escena del asesinato de «La China» en Santiago coinciden en todas sus características con los levantados donde hallaron a «El Cha» y «La Rata», en el sector La Virgen de Jarabacoa.
El análisis de cámaras de seguridad permitió a las autoridades identificar el vehículo utilizado en el ataque de Santiago: una yipeta Honda CR-V, rojo vino (placa G-763855). El vehículo había sido rentado por Ruddy Manuel Moran Almonte, alias “La Pólvora”, un reconocido delincuente de la zona.
Durante los operativos desplegados en Jarabacoa, la Policía retuvo la yipeta mencionada, la cual era conducida por Erika Martínez Peralta, de 26 años. Al ser interrogada, la joven confesó que «La Pólvora» le había ordenado abandonar el vehículo.
Martínez Peralta guió a unidades élites de la Policía hasta una villa en el sector El Pedregal, donde se escondían los prófugos. Al notar la presencia policial, los hombres armados huyeron hacia una zona boscosa cerca del río Baiguate. Durante la persecución cayó abatido Miguel Marine Rodríguez, alias “La Cabra”.
A «La Cabra» se le ocupó una pistola calibre 9 milímetros. Los análisis balísticos confirmaron que esa fue el arma utilizada tanto en el asesinato de «La China» en Santiago, como en la ejecución de «El Cha» y «La Rata» en Jarabacoa.
La información del GPS proporcionada por la empresa de alquiler de vehículos evidenció que el sistema registró que la yipeta hizo una parada a las 4:15 de la madrugada del 20 de mayo de 2026 en el sector La Virgen, en Jarabacoa. Este fue el lugar y la hora exacta en la que los sicarios ejecutaron y abandonaron los cuerpos de Natanael Peña y el apodado «La Rata».
Nacionales
Diputados aprueban proyecto que modificaría el Código de Trabajo.
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3 días agoon
mayo 21, 2026
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados el proyecto que tiene el objetivo de reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo, el cual contiene diversas variaciones con respecto al documento actual.
Una de las alteraciones está centrada en la licencia por paternidad otorgada a los trabajadores. Para el Gobierno, el nuevo contenido que tendría la regulación laboral representa “un aumento del 100%”, ya que elevaría el periodo de dos a cuatro días.
“Hemos logrado consensos en aumento en un 100% de la licencia por paternidad a cargo de la empresa”, comunicó el 26 de agosto de 2024 el entonces ministro Luis Miguel De Camps, quien dirigió los diálogos realizados con empresarios y sectores sindicales antes de presentar la base del proyecto de ley que en la actualidad conoce el Congreso Nacional.
En las discusiones que han desarrollado durante más de un año, los legisladores habían acordado elevar la cantidad de días a siete, pero, finalmente, se limitaron a respaldar la recomendación enviada por el Poder Ejecutivo.
“Cuatro días laborables de licencia por paternidad con disfrute de salario para el caso de alumbramiento de la esposa o de la pareja debidamente registrada en la empresa”, dicta el nuevo texto que contendría el artículo 54 del documento.
Asimismo, algunos congresistas entendían necesario incluir a los hermanos en la lista de parientes que son considerados cuando el empleado requiera de una licencia por duelo establecida en cuatro días.
Esto significa que únicamente los familiares que aplican para ese caso son los abuelos, padres, hijos o la pareja del asalariado.
Por otro lado, los representantes de la cámara baja aprobaron también la realización de un cambio en la entrega de las propinas a los empleados de hoteles, restaurantes, cafés, barras y bares, “en general en los establecimientos comerciales donde se expande comida o bebida para su consumo en esos mismos lugares”.
Aunque se registraron intentos por parte de algunos senadores y diputados de eliminar ese apartado, la propuesta legislativa mantuvo el 10% de gratificación que debe entregar el empleador, recolectado de un tributo colocado a cuenta pagada por el consumidor. Esta bonificación no incluye al personal que integra el área gerencial y administrativa.
Según establece la pieza, los trabajadores y empleadores de los establecimientos podrán acordar que el repartimiento porcentual de la propina derive de criterios que “tomen en consideración la generación del porcentaje de propina en cada una de las áreas de servicios de los establecimientos, así como la posibilidad de incluir a quienes no asistieron a sus labores ese día”.
Uno de los temas más conflictivos dentro del proceso de debate que ha causado el tema de la reforma laboral es la cesantía, luego de que el sector empresarial haya manifestado en diversas ocasiones la intención que tienen de modificarla, a través de la colocación de un límite.
El proyecto legislativo también agrega una figura antes no contemplada para los procesos judiciales: El juez conciliador.
Este tendría la responsabilidad de proponer soluciones razonables, a través de reflexiones que considere oportunas, para intentar que el empleador y el asalariado logren un acuerdo cuando tengan conflictos reportados ante los juzgados.
Asimismo, los diputados colocaron un tope para establecer una duración máxima de 24 meses para el término de los procesos judiciales.
Momentos después de que la sociedad conociera sobre la aprobación del documento legislativo, alrededor de 80 colectivos comerciales se pronunciaron a través del Consejo Nacional de las Empresas Privadas (Conep) para expresar su rechazo, ya que “aspectos pueden incrementar costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultad para generar nuevos empleos formales”.
Los diputados aún no han reaccionado a las debilidades, según aseguran los comerciantes, que contiene supuestamente el proyecto de ley.
Santiago, R.D. – Las labores en los tribunales del pais fueron paralizadas por jueces, juezas y servidores judiciales que denuncian “abandono”, sobrecarga laboral y el deterioro extremo en que aseguran opera actualmente el Poder Judicial.
Vestidos de negro, con pancartas en alto y lanzando consignas frente al Palacio de Justicia de Santiago, cientos de magistrados y empleados judiciales protagonizaron una jornada de protesta que suspendió miles de audiencias y dejó prácticamente paralizada gran parte de la administración de justicia en República Dominicana.
La manifestación, respaldada por más de 450 jueces y más de 2,000 servidores judiciales a nivel nacional, fue definida por sus organizadores como un “grito desesperado” ante años de reclamos ignorados por las autoridades del sistema judicial.
“Este es un día histórico y trascendental para la judicatura nacional”, declaró la magistrada Esther Carolina Reyes Aracena, jueza sustituta de presidente en funciones del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, al explicar que la protesta busca obligar a las autoridades a escuchar las denuncias acumuladas durante años.
Tras el acto, jueces y empleados se trasladaron a sus respectivos tribunales para realizar la cancelación simbólica de los roles de audiencia, oficializando así el paro nacional de 24 horas, que impactará directamente miles de procesos judiciales pendientes.
La jornada alcanzó su punto más fuerte con la lectura del “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, pronunciado por el magistrado Rubén Uceta, quien lanzó duras críticas contra la gestión administrativa del Poder Judicial y denunció un escenario de “crisis institucional”.
“La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales”, expresó el juez ante decenas de magistrados y servidores que respondían con aplausos y consignas.
El documento describe un sistema judicial golpeado por la falta de jueces, déficit de personal, bajos salarios, exceso de expedientes, renuncias masivas, inseguridad y deterioro de las infraestructuras judiciales.
Según denunciaron, la escasez de personal ha obligado a muchos empleados a asumir funciones equivalentes a las de dos, tres y hasta cuatro personas, mientras magistrados manejan cargas laborales que calificaron como “inhumanas”.
Los jueces también cuestionaron el manejo del presupuesto institucional, denunciando que, mientras tribunales operan en precariedad, se destinan millones de pesos a gastos considerados innecesarios.
Entre los ejemplos señalados, mencionaron el montaje de un árbol navideño valorado en cerca de 11 millones de pesos, así como gastos en publicidad, eventos, viajes, restaurantes e influencers.
“No a la industrialización de la justicia. No a la desigualdad salarial. No a la dilapidación de recursos en privilegios y campañas publicitarias”, proclamó Uceta durante la lectura del manifiesto.
“Ya no es tiempo de diagnósticos ni de planificación; es tiempo de decisiones concretas y ejecutables”, advirtieron.
El manifiesto dejó claro que la protesta no está dirigida contra una persona específica, sino contra “un modelo de gestión” que, según denunciaron, ha ignorado sistemáticamente los reclamos de jueces y servidores judiciales.
