Opinión
Alicia y Diandino: Biografía del testaferrato
Por Andres L. Mateo
Mientras miraba el programa de Alicia Ortega sobre el Imperio de Diandino Peña, me sobrecogió la imagen del señor envejeciente que caminaba encorvado y en “Santa Paz”; ajeno talvez a la obscena fortuna que poseía. Según los papeles presentados en el programa, una considerable proporción de ése dinero enmarañado le correspondía. Solo que todo era una ilusión. En ése anciano indefenso lo que se fundía era una constante de la historia dominicana: el clientelismo y el rentismo. Ambas categorías nacieron con la fundación de la República. Son prácticas históricamente reiteradas. Pero mientras el ejercicio clientelar usa los recursos del Estado para obtener beneficios políticos, el rentismo se atiene a las características más resaltantes de la inversión capitalista, cuya naturaleza es la reproducción rápida de lo invertido. Rentismo y clientelismo son afines a todos los partidos políticos que han gobernado después de la muerte de Trujillo. El clientelismo propicia la inmovilidad social y almacena favores con fondos públicos (Margarita Cedeño con dos gruesas lágrimas, mientras entrega medicina comprada con dinero de todos a un niño con cáncer), que serán luego capital político. En el rentismo no hay idealismo posible porque es una transacción en la que un empresario invierte en un candidato con probabilidades de triunfo, para luego obtener contratos y otros privilegios de carácter comercial (Diandino invirtiendo en el triunfo de Leonel, José Ramón Peralta invirtiendo en Danilo). Muchas de las fortunas tradicionales dominicanas florecieron al amparo del poder tutelar de una figura política, cuya financiación esos capitales apoyaron. Santana era él y sus compadres finqueros, Báez no se puede desligar de la industria maderera, Jiménez se expandía favoreciendo a sus amigos comerciantes, y a los gobiernos de Ulises Heureaux se vinculan ilustres prosapias del parnaso empresarial (incluso los Vicini, que en el “Epistolario de Lilís” aparecen muchas veces como “salvadores” del sátrapa).
El rentismo y el clientelismo son formas de corrupción, una constante histórica; pero lo que estamos viviendo a partir de los gobiernos del PLD es el fenómeno de la hipercorrupción. La hipercorrupción se evidencia en los montos de la acumulación originaria, en los niveles de reinversión del capital proveniente del saqueo del erario, y en el control de todo el aparato institucional de un país. El trujillismo, por ejemplo, era un gobierno caracterizado por la hipercorrupción. Como modelo, la hipercorrupción puede hacer brotar fortunas insólitas en sociedades que tienen un PIB muy modesto, dejando boquiabiertos al mundo. Es una maquinaria indolente de exacción del Estado. Se trata de un salto cualitativo de la concepción patrimonial del Estado, y para que opere es necesario, además, transformar la naturaleza política de un partido en el poder, y convertirla en ariete económico. Únicamente la expoliación del Estado sin ningún miramiento puede conducir a la formación de fortunas tan exageradas en poco tiempo. Y es imprescindible para ello, también, por el altísimo volumen de capital acumulado, que el aparato institucional sea cómplice.
La hipercorrupción requiere del testaferro. Trujillo tuvo muchos, que incluso se reciclaron y lograron seguir con la fortuna que representaban. Una lectura cuidadosa del expediente de la Procuraduría General de la República contra el senador Félix Bautista, hace mención en por lo menos cuarenta veces de la figura del testaferro. El testaferro viene a ser un significante fundamental de todo el entramado de corrupción erigido. El testaferro alquila o empeña su identidad, presta su nombre y sustituye al mandante. En términos simple, el testaferro encubre al corrupto y facilita evadir el delito. Dado el hecho de que la hipercorrupción genera fortunas descomunales que no pueden ser justificadas, el testaferrato brota de manera natural. Como fenómeno, en cualquier sociedad que se presenta la hipercorrupción, se hermana de inmediato con el testaferrato. El pensamiento se hace de las cosas miradas- decía un pensador- fue mirando la inmensa fortuna de Diandino Peña, en el programa de Alicia Ortega, que pude intuir que el testaferrato convive de manera natural con nosotros, porque en los gobiernos del PLD la corrupción se ha transformado en hipercorrupción. Tanto es así, que si a los testaferros los obligaran a llevar máscaras, éste país fuera un baile de disfraces. Que lo digan Félix Bautista, Díaz Rúa y Diandino.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!