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Pesquisa en casa de exdirector de Edenorte es parte de la Operación Antipulpo.
La requisa de la vivienda donde reside el exdirector de la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE), Julio Cesar Correa, contemplaba el secuestro de bienes y documentos como parte de las investigaciones de la Operación Anti Pulpo.
El documento, del que tiene copia Diario Libre, se refiere a la necesidad de allanar dos viviendas en el residencial Don Bartolo, calle Chefito Batista, en la provincia La Vega, las que se presume son propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez, el hermano del expresidente Danilo Medina, al que se acusa de ser la cabeza visible de un entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano.
Por la Operación Antipulpo, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó el 8 de diciembre pasado medidas de coerción contra familiares y exfuncionarios de la pasada gestión de gobierno de Danilo Medina, entre ellos, los dos hermanos del exmandatario, Juan Alexis y Magalys Medina Sánchez.
En su solicitud de allanamiento ante el juez Vargas, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) expone que Juan Alexis Medina posee inmuebles de su propiedad donde presumiblemente el presunto entramado societario oculta evidencias.
Cita la residencia del imputado, el apartamento No.T3-29-A, en el vigésimo noveno nivel de la Torre 3, del Malecón Center. También señala el apartamento B-6, Condominio Torre Mediterránea, ubicada en la Calle Manuel De Jesús Troncoso No. 20, en el Distrito Nacional, y el apartamento 2-Sur de la Torre Lloret de Mar, ubicado en la Calle Federico Geraldino esquina. Erwin Walter Palm No. 94, Ensanche Paraíso, Santo Domingo de Guzmán, D.N., R.D.
Sin embargo, indica que, de acuerdo con el resultado de las diligencias de investigación, se determinó que documentaciones y equipos electrónicos que se almacenaban en distintos lugares propiedad del imputado Juan Alexis Medina, fueron movilizados a diferentes residencias pertenecientes al mismo y a sus relacionados, entre estos, familiares.
“En base a lo anterior, el Ministerio Público entiende que es fundamental practicar allanamiento en: 1. Casa color blanco de dos niveles verjas color verde oscuro con cristales y 2. Casa color blanca de dos niveles color blanco con cristales ubicadas en el Residencial Don Bartolo calle Chefito Batista, provincia La Vega, los cuales de acuerdo a las diligencias de inteligencia son propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez a través de sus testaferros y de uno de sus familiares no identificado hasta el momento”.
Dice además que esas residencias constituyen lugares de acopio de la asociación de malhechores, a través de sus testaferros físicos y jurídicos.
La Pepca procuró el secuestro de bienes y documentos, tales como: Informaciones bancarias, financieras, contables, transacciones sobre pagos, servicios, transferencias, descargos, actas de constitución o modificación de compañías, dispositivos de almacenamiento de datos, electrónicos, informáticos, pero sin hacer referencia al nombre de Julio César Correa ni a arresto de personas.
“No han encontrado nada, porque vinieron con una orden de allanamiento otorgada por el juez Alejandro Vargas que establece que esta residencia es propiedad de Juan Alexis Medina Sánchez, cuestión que no es así”, declaró Rodríguez.
“Duraron desde las 5:30 de la tarde hasta la 1:43 de la madrugada en esta casa, revisando cada rincón, y no encontraron un solo documento vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez ni a ningún proceso que se esté conociendo en el Pepca”, insistió la abogada.
Sin embargo, en uno de los videos que circulan sobre el allanamiento, se escucha a un personal actuante que se identifica como el fiscal Pedro Frías decir que se habían encontrado varias cosas, y que seguían indagando, aunque no entró en detalles alegando que se afectan las indagatorias.
Tras indicar que son respetuosos de los derechos de las personas, Frías respondió con un “posiblemente” a las preguntas de que si seguirán allanando a otras personas y que si había más vinculados a Correa en La Vega.
Este lunes, al ser cuestionado sobre las vinculaciones del Correa en el caso Antipulpo, Wilson Camacho declaró que ese caso tiene muchos tentáculos y que ellos siguen buscando información para llegar hasta el último de ellos y procesar a cualquier persona que haya comprometido su responsabilidad.
“Hemos dicho que hay vasos comunicantes entre diferentes entramados que han asaltado el erario en República Dominicana y esto es un rompe cabeza que el Ministerio Público va a armar y, en la medida que vaya saliendo cada pieza, la estará presentando ante los tribunales”, declaró Camacho.
Además de los hermanos del expresidente, por la Operación Antipulpo tienen medidas de coerción el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa y excontralor de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar.
También el exencargado de fiscalización de la Oisoe, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, así como los empresarios Julián Esteban Suriel Suazo, a José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, a quienes se les señala como testaferros de Juan Alexis Medina. El grupo guarda prisión en San Cristóbal, con excepción de Carmen Magalys, Freddy Hidalgo y Rafael Germosén que tienen arresto domiciliario.
Santo Domingo, R.D.-Juan Carlos Bircann Sánchez, procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, solicitó este martes la designación de otros jueces en el turno de la tarde-noche en el tribunal de Atención Permanente en el distrito judicial de Valverde.
Bircann Sánchez explicó que con esa designación podrán canalizar las solicitudes que requieren autorización judicial.
Detalló que desde hace un tiempo se ha hecho difícil para el Ministerio Público obtener algunas de esas autorizaciones, ya que el horario de servicio termina a las 4:30 de la tarde.
Indicó que en el mismo distrito la labor judicial sería más eficiente si el Tribunal Colegiado operara por más tiempo. Actualmente, dicha sala solo trabaja dos días a la semana.
Bircann Sánchez planteó que con la implementación de mejoras en el funcionamiento del servicio judicial, como la designación de jueces fijos en la sala unipersonal y la ampliación del horario de atención, se podrán obtener resultados significativos.
El procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, que también abarca la provincia Valverde, hizo la solicitud durante los actos con motivo al Día del Poder Judicial.
En su intervención, el funcionario también se refirió al tema de la violencia de género. Consideró que ese tema sigue como tarea pendiente, aunque, según dice, este año lograron avances significativos.
Expresa la necesidad de que en ese tipo de delitos se concientice más a los jueces y fiscales.
«Aparte de las actitudes que revictimizan a las usuarias en algunas salas de audiencias, existe un divorcio con los estándares probatorios y la doctrina jurisprudencial trazada por la Suprema Corte de Justicia en esta materia», declaró.
Aseguró que en su despacho tiene disponibles las pruebas documentales de lo que está afirmando.
Santo Domingo, R.D.-Tras tres reclusos sufrir sobredosis por consumo de drogas, ha quedado en evidencia un grave problema que afecta las cárceles dominicanas, lo cual ha permitido observar la competencia en torno a este flagelo a partir de lo ocurrido en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca.
Este no es un fenómeno nuevo; a lo largo de los años, múltiples denuncias han revelado la presencia de sustancias ilícitas dentro de los centros penitenciarios del país, a pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema de seguridad.
El dirigente comunitario Guanchi Comprés, de Los Peregrinos de Moca, dio a conocer el caso el lunes 6 de enero, señalando que los internos involucrados en este suceso se encontraban en el módulo dos del penal cuando se produjo la sobredosis.
El incidente ha puesto de relieve no solo el problema del consumo de drogas en las cárceles dominicanas, sino también las graves fallas de seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta.
El dirigente destacó que las cámaras de vigilancia del penal están inoperativas desde hace más de una década, lo que dificulta cualquier intento de esclarecer los hechos. “¿Cómo pueden investigar este hecho si no tienen medios para saber lo que ocurrió?”, cuestionó Comprés, exigiendo una respuesta clara de las autoridades.
“Pedimos el traslado inmediato de todos los agentes de este centro, que son cómplices de lo que pasa”, añadió el dirigente, subrayando que el director del penal, aunque honesto, no tiene control total sobre lo que ocurre en las instalaciones.
Un problema de drogas que no es nuevo en las cárceles de RD
Este caso en Moca se suma a una serie de denuncias similares que han salido a la luz en otros centros penitenciarios de República Dominicana en los últimos años. En marzo de 2024, se reveló que en la cárcel de San Francisco de Macorís los reclusos tenían acceso a drogas y otros artículos ilícitos gracias a mafias internas y la complicidad de algunos agentes penitenciarios.
Por otro lado, en noviembre de 2024, la Penitenciaría Nacional de La Victoria se vio envuelta en una denuncia sobre la venta ilegal de bebidas alcohólicas, drogas y estimulantes sexuales dentro del recinto. Las sustancias ingresaban al penal a través de redes de contrabando, lo que ponía en peligro la seguridad y el orden dentro de la cárcel.
Incluso en el 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció el tráfico de drogas, armas, prostitución y abusos sexuales dentro de las cárceles de República Dominicana, describiendo un panorama de sobrepoblación y falta de control en los centros del viejo modelo penitenciario, como la emblemática Penitenciaría de La Victoria.
El silencio del sistema penitenciario ante las denuncias
El sistema penitenciario de la República Dominicana ha sido blanco de múltiples críticas por su incapacidad para erradicar el consumo de drogas y otros ilícitos dentro de sus recintos. Aunque las autoridades han intentado implementar reformas, como la creación del Nuevo Modelo Penitenciario, los problemas persisten.
En varios casos, la complicidad entre reclusos y agentes penitenciarios ha permitido que sustancias ilícitas sigan entrando a las cárceles. Tambien, en la cárcel de Neiba, agentes de la policía y el Ministerio Público incautaron armas, drogas y otros objetos prohibidos.
Además, la falta de una respuesta oficial y la escasa transparencia en cuanto a las investigaciones sobre estos hechos contribuyen a la desconfianza en el sistema. Aunque el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Prisiones han prometido tomar medidas para mejorar la seguridad, la situación sigue siendo grave.
Santo Domingo, R.D.-Fue convertido en ley este martes por la Cámara de Diputados un proyecto legislativo que tiene el objetivo de modificar la Ley Orgánica 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a través de la cual se altera la integración del pleno y el mecanismo de elección del procurador General de la República (PGR).
Esta iniciativa, propuesta por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; y el senador Omar Fernández, es una respuesta al dictamen colocado el pasado 27 de octubre en el artículo 171 de la Constitución dominicana, luego de ser promulgada por el Poder Ejecutivo la cuadragésima modificación.
¿Quiénes integrarán el CNM?
Este órgano constitucional está conformado, además, por el presidente de la República, quien lo encabeza; el presidente del Senado; un senador del bloque político opositor; el presidente de la Cámara de Diputados; un diputado de bancada no oficialista y un magistrado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Dentro de las funciones del CNM se encuentra designar los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), del TC y sus suplentes. Al igual que elegir al titular de la PGR y la mitad de los procuradores adjuntos, a propuesta de jefe del Estado.
Abstención
La alteración al artículo 16 ordena que “en todos los casos”, en los cuales un miembro del CNM aspire o acepte su postulación como juez o procurador general deberá abstenerse de participar en la elección de este puesto.
“Tampoco podrá participar en la elección de un candidato a juez o al cargo de Procurador General de la República o uno de sus procuradores adjuntos, cuando le unan vínculos sanguíneos o de afinidad hasta el cuarto grado inclusive”, indica el párrafo de este apartado.
Procurador
Esta pieza indica con claridad que el gobernante será quien deba presentar en modo de propuesta al ciudadano que dirigirá la PGR. Sin embargo, precisa que, aun siendo aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional, el CNM deberá desarrollar un reglamento para determinar cuál será el mecanismo que utilizará el primer mandatario.
La etapa de selección pasará por un proceso de entrevistas en el que participarán los 8 integrantes del órgano y deberá realizarse durante los primeros 100 días de promulgada la Carta Magna, que culminan a finales de enero del 2025.
El Consejo Nacional de la Magistratura designará al Procurador General de la República y la mitad de los procuradores adjuntos por un periodo de dos años.
Este plazo tendrá un carácter de inamovilidad, a excepción de que decidan rectificar al ciudadano en el puesto.
Importancia del reglamento
El CNM deberá en un plazo “máximo” de 30 días adecuar el reglamento de aplicación del marco legal de esta entidad independiente del tren gubernamental, según establece la pieza legislativa.
Posible salida de Miriam Germán
Abinader reveló el pasado 12 de agosto que le pediría a la procuradora general, Miriam Germán Brito, que continué en el cargo, hasta tanto se den las modificaciones a la Constitución que pretende el mandatario.
A lo que Brito respondió días después aceptando la solicitud anunciada por el presidente Abinader.
No obstante, no adelantó si optaría nuevamente por ocupar la posición, ni tampoco el gobernante ha anunciado a quien presentará ante el CNM.