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Allanamiento en oficina política de Abel Martínez genera preguntas y respuestas..
El alcalde del municipio de Santiago y pasado presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, ha sido vinculado desde hace mucho tiempo a unas relaciones muy cuestionables por haber convertido el gobierno municipal en un refugio de consumados delincuentes, la gran mayoría convictos de la justicia.
En la incursión al interior de la oficina política de Martínez las autoridades ocuparon dos ametralladoras que supuestamente pertenecen a dos miembros del Ejército Nacional que vigilan la propiedad allanada.
La pregunta que se hace mucha gente es que cómo es que dos miembros de una institución armada del país sirven de custodia a una propiedad donde opera un proyecto político partidista, pese que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que mantenerse al margen de este tipo de actividad y en consecuencia no pueden estar al servicio de una organización con estos fines, lo cual genera una irregularidad que también debe ser investigada.
Lo otro es que los dos perseguidos por tráfico de drogas y lavado de activos parece que tenían algún tipo de operación desde esa propiedad, ya que, según se ha podido establecer, y así lo reveló el propio alcalde de Santiago, que la Policía mantenía en una permanente vigilancia la casa allanada en el sector El Paraiso de Santiago.
Abel Martínez mantiene un ejército armado, cuyos miembros en su mayoría proceden de los barrios más pobres de Santiago y son ex-agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, quienes no tienen otro lenguaje que actuar con violencia en contra de los ciudadanos.
El asunto es tan grave que durante la pasada campaña electoral el alcalde de Santiago estructuró una banda de delincuentes que se dedicaba a destruir la propaganda impresa de los candidatos de los partidos de la oposición y para colmo empleados del ayuntamiento penetraban a propiedades privadas para tomar por la fuerza vallas pertenecientes a aspirantes de aquellas organizaciones que no tenían alianza con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En Santiago existe la sospecha de que los dos supuestos narcotraficantes buscados por la DNCD, uno de los cuales identificado como Carlos Edelmiro Rossó Peña, vinculados al caso Paya de Baní, donde murió un grupo de personas, pertenecerían a la banda armada que tiene el alcalde Martínez y su centro de operación parece que era la propiedad requisada.
De lo que nadie tiene dudas es de que son muchos los delincuentes de diferentes niveles que se refugian en la alcaldía de Santiago, algunos de los cuales han sido condenados por asesinatos y por otros hechos delictivos.
Algunos delincuentes que cuentan con el apoyo del alcalde Abel Martínez ya ocupan hasta curules en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santiago
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.