Nacionales
Allanamiento en oficina política de Abel Martínez genera preguntas y respuestas..
El alcalde del municipio de Santiago y pasado presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, ha sido vinculado desde hace mucho tiempo a unas relaciones muy cuestionables por haber convertido el gobierno municipal en un refugio de consumados delincuentes, la gran mayoría convictos de la justicia.
En la incursión al interior de la oficina política de Martínez las autoridades ocuparon dos ametralladoras que supuestamente pertenecen a dos miembros del Ejército Nacional que vigilan la propiedad allanada.
La pregunta que se hace mucha gente es que cómo es que dos miembros de una institución armada del país sirven de custodia a una propiedad donde opera un proyecto político partidista, pese que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que mantenerse al margen de este tipo de actividad y en consecuencia no pueden estar al servicio de una organización con estos fines, lo cual genera una irregularidad que también debe ser investigada.
Lo otro es que los dos perseguidos por tráfico de drogas y lavado de activos parece que tenían algún tipo de operación desde esa propiedad, ya que, según se ha podido establecer, y así lo reveló el propio alcalde de Santiago, que la Policía mantenía en una permanente vigilancia la casa allanada en el sector El Paraiso de Santiago.
Abel Martínez mantiene un ejército armado, cuyos miembros en su mayoría proceden de los barrios más pobres de Santiago y son ex-agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, quienes no tienen otro lenguaje que actuar con violencia en contra de los ciudadanos.
El asunto es tan grave que durante la pasada campaña electoral el alcalde de Santiago estructuró una banda de delincuentes que se dedicaba a destruir la propaganda impresa de los candidatos de los partidos de la oposición y para colmo empleados del ayuntamiento penetraban a propiedades privadas para tomar por la fuerza vallas pertenecientes a aspirantes de aquellas organizaciones que no tenían alianza con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En Santiago existe la sospecha de que los dos supuestos narcotraficantes buscados por la DNCD, uno de los cuales identificado como Carlos Edelmiro Rossó Peña, vinculados al caso Paya de Baní, donde murió un grupo de personas, pertenecerían a la banda armada que tiene el alcalde Martínez y su centro de operación parece que era la propiedad requisada.
De lo que nadie tiene dudas es de que son muchos los delincuentes de diferentes niveles que se refugian en la alcaldía de Santiago, algunos de los cuales han sido condenados por asesinatos y por otros hechos delictivos.
Algunos delincuentes que cuentan con el apoyo del alcalde Abel Martínez ya ocupan hasta curules en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santiago
Nacionales
Ministerio público dice hermanos Espaillat mostraron “una inmensa irresponsabilidad en el Jet Set
SANTO DOMINGO.– El propietario del Jet Set, Antonio Espaillat, conjuntamente con su hermana, Maribel Espaillat, fueron apresados este jueves, quienes son investigados por el delito de homicidio involuntario, que conlleva una condena de tres meses a dos años de cárcel.
Ambos imputados mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara, como finalmente sucedió, provocando 236 muertos y más de 180 heridos.
Los hermanos Espaillat fueron arrestados tras ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho, quien los citó a su despacho. Los investigados serán presentados ante el juez de atención permanente del Distrito Nacional para que se le conozcan medidas de coerción.
La orden de arresto gestionada por Camacho ante Fátima Scarlette Veloz Suárez, jueza titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, explica que ambos investigados cometieron homicidio involuntario, conforme al Artículo 319 del Código Penal Domincano.
El documento explica que los dos “mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia que cobrara vida del público y de sus empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar, como finalmente ocurrió”.
El documento alude también a movimientos realizados por los imputados para intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que manejaba la discoteca Jet Set Club, y que pueden fungir como testigos en este proceso.
Santo Domingo, R.D. – Como parte de la investigación sobre la tragedia en el Jet Set el Ministerio Público arrestó este jueves a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca, cuyo techo colapsó el pasado 8 de abril, tragedia que dejó un saldo de 234 personas fallecidas y más de 180 heridas.
Espaillat y su hermana llegaron la tarde de este jueves a la Procuraduría General de la República en compañía de su abogado Miguel Valerio y un seguridad. Según el abogado, la familia Espaillat está abierta a cooperar en la investigación.
La visita de Espaillat ante el Ministerio Público ocurrió luego de que se entregara el informe oficial realizado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) sobre las causas del desplome de techo del Jet Set, que ha dejado más de 230 fallecidos.
El informe de ONESVIE está en manos del director de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho.
Una fuente reveló a Noticias SIN que los hallazgos de la investigación son comprometedores y desfavorables para los propietarios del establecimiento.
Espaillat fue interrogado este miércoles en la sede de la Procuraduría General de la República por unas cuatro horas, en el marco de la investigación por el colapso del techo del establecimiento ocurrido el pasado 8 de abril.
El Ministerio Público había solicitado una orden de arresto en su contra, la cual fue emitida por un juez de instrucción, como parte del proceso judicial que busca establecer responsabilidades penales y civiles por el fatídico evento.
La acción judicial se produce en el marco de las múltiples querellas presentadas por familiares de las víctimas, así como por los informes técnicos preliminares que apuntan a fallos estructurales y presuntas negligencias administrativas.
Además de la orden de arresto, el Ministerio Público ha inmovilizado bienes vinculados a Espaillat y a la razón social Inversiones E y L, S.R.L., bajo la cual operaba la discoteca Jet Set, con el objetivo de evitar el traspaso de activos que puedan comprometer el cumplimiento de futuras sentencias o indemnizaciones.
Las autoridades también han dispuesto medidas cautelares sobre el inmueble donde operaba el centro nocturno, mientras continúan las investigaciones estructurales, administrativas y penales del caso.
Espaillat había manifestado previamente su disposición de colaborar con las autoridades. Sin embargo, el avance de las diligencias judiciales y la magnitud de las consecuencias del colapso llevaron al Ministerio Público a ejecutar la orden de arresto en las últimas horas.
El caso continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días el Ministerio Público presente formalmente la solicitud de medida de coerción ante un tribunal competente.
Empleado habría advertido a Espaillat sobre desplome
El empleado Gregory Adames, quien era el encargado de logística operativa del establecimiento, dijo a los investigadores de la Fiscalía que advirtió a Espaillat de que algo grave podía pasar en el Jet Set y que sus reclamos no fueron escuchados.
Una fuente dijo a Noticias SIN que el empleado le sugirió a Espaillat que cancelara la presentación del pasado 8 de abril de 2025 del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en la tragedia, por lo serio del asunto.
Una fuente dijo a Noticias SIN que el empleado Gregory Adames, quien era el encargado de logística operativa del establecimiento, dijo a los investigadores de la Fiscalía que advirtió a Espaillat de que algo grave podía pasar en el Jet Set y que sus reclamos no fueron escuchados.
La fuente explicó a Noticias SIN que el empleado le sugirió a Espaillat que cancelara la presentación del pasado 8 de abril de 2025 del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en la tragedia, por lo serio del asunto. El pedido no fue escuchado
Adames fue a trabajar y por poco se salvó de ser una de las más de 230 víctimas fallecidas en el siniestro.
Según confirmó la fuente a Noticias SIN, el joven llamó por teléfono a Antonio Espaillat inmediatamente después del desplome para informarle de la tragedia.
«Te lo dije Antonio, que esto se iba a derrumbar», fueron las palabras del empleado del centro nocturno, quien salió ensangrentado de los escombros tras recibir un golpe en la cabeza de un pedazo de concreto.
El Ministerio Público interrogó a Adames como un testigo clave. Según sus abogados, el empleado entregó pruebas en las que advertía a Antonio Espaillat sobre el deterioro de la infraestructura de la discoteca Jet Set.
El jurista Plinio Pina explicó que su cliente entregó pruebas en la que le advertía al empresario sobre lo deteriorada que estaba la infraestructura.
Abogados de las víctimas
De acuerdo con algunos abogados de las familias de las víctimas del Jet Set, el informe preliminar depositado por ONESVIE, tiene buenas expectativas.
Los juristas coinciden en que este informe técnico debe ser determinante para establecer responsabilidades claras. Asimismo, aseguran que, si se confirma una falla estructural como origen del colapso, el Estado está obligado a dar una respuesta firme, rápida y sin privilegios.
Desde el punto de vista legal, algunos de los abogados reiteran que no se trata de homicidio involuntario, sino de una responsabilidad civil.
Distrito Nacional, R.D. – Los propietarios del Jet Set fueron arrestados por el Ministerio Público este jueves acusados formalmente de homicidio involuntario, tras el colapso del techo del centro nocturno que dejó un saldo de 236 muertos y más de 180 heridos.
Según la orden de arresto gestionada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, ambos imputados incurrieron en una «grave negligencia e irresponsabilidad» al no tomar las medidas necesarias para reforzar la estructura del techo del establecimiento, a pesar de conocer su estado crítico. El documento señala que los hermanos omitieron “una intervención física adecuada y especializada” que podría haber evitado la tragedia.
La imputación se fundamenta en el Artículo 319 del Código Penal Dominicano, que sanciona el homicidio involuntario derivado de actos de imprudencia o descuido.
Además, el Ministerio Público acusa a los hermanos Espaillat de haber realizado movimientos dirigidos a intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., responsable de la operación del Jet Set Club.
Ambos detenidos fueron interrogados previamente en la sede del Ministerio Público y serán presentados en las próximas horas ante el juez de atención permanente del Distrito Nacional para conocer las medidas de coerción correspondientes.